Resumen

Las protestas que siguieron al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en julio se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales. Se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad. Las personas detenidas, incluidas mujeres, niñas y niños, fueron presuntamente torturadas. Las condiciones de reclusión siguieron deteriorándose. Persistía la impunidad de las violaciones de derechos humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó que se reanudara la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Quienes ejercían el periodismo seguían corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento y el gobierno persistió en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes. Se amenazó a las ONG de derechos humanos con clausurarlas, y las personas defensoras seguían corriendo grave peligro. Al terminar el año, más de 7,89 millones de personas venezolanas habían huido del país. Los derrames de petróleo en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, tuvieron consecuencias graves para la fauna marina. Persistían los niveles elevados de pobreza y la población carecía de acceso suficiente a alimentos, agua y atención médica. Persistía también la violencia contra las mujeres y el aborto seguía estando penalizado. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. Se expulsó del país al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Se renovó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.