La continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19. Continuó la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno. Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas. Empeoró la emergencia humanitaria y persistían las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad. La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó y condenó la impunidad sistémica, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que había motivos para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y anunció la apertura de una investigación formal.
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