Resumen

La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada. Los cuerpos de seguridad respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas a protestas para reclamar derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua, en las que participaron diversos sectores de la población. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales continuas que cometían las fuerzas de seguridad. Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Un informe de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló patrones de crímenes de lesa humanidad y pidió que se investigara a varios cargos gubernamentales identificados. Las condiciones penitenciarias seguían siendo un importante motivo de preocupación, especialmente en relación con el hacinamiento y el uso de centros de detención ilegales, así como con el acceso a derechos fundamentales tales como el agua y la alimentación. Pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, las víctimas seguían teniendo dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación. Entre 240 y 310 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado dirigió sus políticas represivas contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco. El aborto seguía penalizado en casi todas las circunstancias. Persistía la violencia contra las mujeres, pese al marco jurídico existente. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI. Al terminar el año, más de 7,1 millones de personas venezolanas habían huido del país.