Malta 2025
La supervisión independiente de los centros de detención, entre otros motivos para prevenir los malos tratos, resultaba insuficiente. Hubo nuevos informes de que Malta no respondía a las llamadas de socorro de personas refugiadas y migrantes en peligro en el mar. Persistió la detención arbitraria de personas refugiadas y migrantes. El trato y las condiciones de reclusión en los centros de detención de inmigrantes seguían siendo punitivos. El aborto continuó siendo ilegal en casi todas las circunstancias. No hubo avances en el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos.
Tortura y otros malos tratos
En julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, del Consejo de Europa, publicó el informe de su visita de 2023 a Malta en el que reiteró su preocupación de larga data por la falta de independencia y de competencias del Mecanismo Nacional de Prevención y subrayó la necesidad de reformar el sistema disciplinario en las prisiones, que permitía mantener a la población reclusa encerrada 23 horas al día en una celda. El Comité recibió varias denuncias de malos tratos y señaló que las condiciones en la prisión de Corradino seguían siendo deficientes.
Una investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo, publicada en julio y centrada en la mala administración del sistema penitenciario entre 2018 y 2021, también reveló denuncias de trato degradante a personas reclusas.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Al finalizar el año, 246 personas habían llegado a Malta irregularmente por mar, tras ser rescatadas por las autoridades. Sin embargo, persistieron los informes de que Malta había retrasado su respuesta o no había respondido en absoluto a casos de peligro en el mar. En septiembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abordó una denuncia de 41 personas sobrevivientes de un naufragio en agosto que habían estado abandonadas durante días en un barco de suministro en la zona de búsqueda y salvamento de Malta. Según el Comité, Malta e Italia tenían la obligación de coordinarse para garantizar el rescate y el desembarco en un lugar seguro. El procedimiento para determinar la responsabilidad de ambos Estados en el incidente seguía pendiente al terminar el año. En marzo, en un caso distinto en el que 32 personas habían quedado varadas en una plataforma de gas, el Comité había solicitado que Malta coordinara una operación de salvamento y garantizara el desembarco de esas personas en el lugar seguro más próximo.
Malta siguió cooperando con Libia en la interceptación de personas que intentaban llegar a Europa por mar en la zona de búsqueda y salvamento maltesa y su devolución a Libia, que no era un país seguro para el desembarco de personas rescatadas en el mar.
En mayo, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada expresó preocupación ante los informes de “omisión de socorro y de devolución sumaria de migrantes en el mar, por ejemplo, las informaciones sobre retrasos en las operaciones de búsqueda y salvamento”, y señaló la ausencia de salvaguardias frente a las desapariciones forzadas en el memorándum de entendimiento firmado por Malta y Libia en 2020 para controlar la migración.
Malta persistió en detener automáticamente a quienes llegaban irregularmente por mar. La detención por motivos de salud pública dejó de prorrogarse tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, las autoridades adoptaron nuevas prácticas que implicaban la detención automática por otros motivos de la mayoría de las personas solicitantes de asilo. Los procesos de apelación disponibles seguían siendo en gran medida ineficaces.
En julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló en relación con su visita en 2023 que, pese a algunas mejoras, el régimen general del sistema de detención de inmigrantes seguía siendo “profundamente punitivo”. Las condiciones y el trato en los centros de Safi y Hal Far continuaban “socavando la dignidad de las personas detenidas”. También hubo algunas denuncias de violencia ejercida por el personal.
Continuaba abierta ante el tribunal penal de la capital, La Valeta, la causa contra dos solicitantes de asilo que, junto a un tercero, se habían opuesto a los intentos de devolverlos ilegalmente a Libia en 2019, cuando dos de ellos aún eran menores de edad. Los cargos en su contra incluían actos terroristas y, de ser declarados culpables, ambos podían ser condenados a cadena perpetua. El tercer hombre implicado en la causa iba a ser extraditado a Malta desde Reino Unido.1
En marzo, el Tribunal Constitucional ordenó repetir el juicio en la causa presentada por un grupo de solicitantes de asilo que habían sido objeto de devolución ilegal a Libia en 2020 en un barco comercial contratado por el gobierno maltés y que recibía instrucciones de éste. La causa, conocida como “devolución sumaria del Lunes de Pascua”, había sido desestimada por el tribunal por motivos de procedimiento.
Derechos sexuales y reproductivos
El aborto seguía estando tipificado como delito en la mayoría de las circunstancias.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En junio, dos hombres fueron declarados culpables de complicidad en el homicidio de Daphne Caruana Galizia en 2017 por haber suministrado la bomba que explotó en el vehículo de la periodista. El juicio del empresario acusado de encargar el asesinato no había comenzado al concluir el año.
Según las conclusiones de un informe de la UE sobre el Estado de derecho en el país, no se había hecho ningún avance en el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, y los avances en la adopción de medidas para reforzar la independencia del poder judicial habían sido limitados. Los periodistas seguían encontrando dificultades para acceder a información oficial.