Chile 2025

Continuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019. Siguió sin implementarse una reforma policial reclamada en múltiples ocasiones. La política migratoria seguía careciendo de enfoque de derechos humanos. Persistió la violencia contra niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas defensoras de los derechos humanos. Se mantuvo el estado de excepción en el sur del país, que acumulaba más de 60 prórrogas.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En marzo, el Ministerio Público decidió no proseguir con 1.509 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019. Entre las que seguían vigentes, menos del 2% alcanzó sentencia condenatoria y algunas estaban próximas a prescribir o ya habían prescrito al concluir el año; entre las pendientes figuraba el juicio contra los altos mandos de Carabineros (fuerza policial).

La Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social se retiró en mayo de la mesa de diálogo con el gobierno y denunció incumplimientos en la elaboración de una ley de reparación integral y en la creación de una comisión calificadora permanente de víctimas de violaciones de derechos humanos.

En agosto se conoció la condena impuesta a tres integrantes de Carabineros por los delitos de “apremios ilegítimos”, “obstrucción a la investigación” y “falsificación de instrumento público” a raíz del ataque sufrido por Moisés Órdenes en 2019 mientras se manifestaba de manera pacífica. La levedad de la sanción impuesta fue criticada desde distintos sectores.¹

David Gómez, víctima y sobreviviente de violencia institucional, se suicidó en septiembre. Desde el estallido social de 2019 se habían suicidado al menos seis personas víctimas de violaciones de derechos humanos.

En octubre se denunció la persistencia de fallas en el acceso y la calidad de la atención brindada a las personas usuarias del Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO), así como la falta de transparencia y rendición de cuentas y los problemas de coordinación entre servicios.

El Plan Nacional de Búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) avanzó, pero enfrentó cuestionamientos serios. Entre otras demandas, las agrupaciones de familiares exigieron que se priorizaran las medidas sobre verdad y reparación y se evitara la toma de decisiones apresuradas o que vulneraran su confianza.

Desde 2022 se habían declarado 29 sitios de memoria a lo largo del país, que representaban el 41% del total de los declarados desde el fin del régimen militar de Augusto Pinochet. A pesar de ello, en 2025 persistían los problemas de financiamiento y el ejecutivo presentó un proyecto de ley en septiembre con la finalidad de garantizar su funcionamiento permanente.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Continuó sin llevarse a cabo una reforma policial reclamada en múltiples ocasiones.²

La compra y el uso de armas menos letales siguieron sin contar con una regulación adecuada y persistieron las carencias severas de transparencia con respecto a la selección de armas que habían de utilizarse y los procesos de adquisición, control y evaluación conexos. Hubo adquisiciones masivas sin procedimientos transparentes, entre ellas la compra de más de 10.000 dispositivos de contención remota BolaWrap. Asimismo, la implementación del plan piloto del gobierno para la utilización de pistolas de descarga eléctrica quedó pendiente.

El proyecto de ley sobre el uso de la fuerza continuó en trámite legislativo a pesar de ser cuestionado por su falta de precisión normativa, la carencia de un enfoque integral de derechos humanos y una protección insuficiente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El país siguió sin contar con una política migratoria con enfoque de derechos humanos. Mientras tanto, se profundizaron los discursos hostiles contra las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la campaña presidencial que tuvo lugar en el segundo semestre, y en el Congreso continuó el debate de varios proyectos de ley que planteaban la criminalización de estas personas. Preocupaba especialmente una propuesta que buscaba restringir el acceso a beneficios sociales a la población que se encontraba en situación migratoria irregular.

Derechos de la infancia

El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) presentó problemas de funcionamiento, principalmente asociados a la sobreocupación, la falta de centros de cuidado residencial especializados y las listas de espera.

Durante el año se registraron diversos casos de explotación infantil, incluida la de niños y niñas migrantes y refugiados. En enero se informó de que la Comisión Presidencial para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, recomendada en 2018 por el Comité de los Derechos del Niño, se había creado a finales de 2024.

Derechos sexuales y reproductivos

En mayo se aprobó un nuevo reglamento sobre el aborto que pretendía evitar los traslados forzosos y garantizar una atención oportuna. Ese mismo mes, el gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto en todos los casos durante las primeras 14 semanas de gestación.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas continuó suscitando preocupación. Se denunciaron 444 femicidios consumados, frustrados o intentados. Además, durante el año se registraron 118.234 denuncias policiales por violencia intrafamiliar y 18.776 por delitos sexuales; el 79% de las víctimas de estos casos eran mujeres. En total, 14.734 niñas fueron víctimas de delitos contra la vida o la integridad física, de los cuales el 41% correspondían a violaciones y delitos sexuales, y 3.644 fueron víctimas de violencia intrafamiliar.

Condiciones de reclusión inhumanas

El sistema penitenciario siguió atravesando una crisis estructural grave marcada por el hacinamiento extremo —que aumentó y alcanzó el 143% en varias cárceles—, la falta de preparación para afrontar el crimen organizado, múltiples fugas y diversos errores de gestión. A ello se sumaron denuncias de abusos, actos de tortura y negligencias graves contra personas privadas de libertad, evidenciados por el Comité contra la Tortura.

Derechos de los pueblos indígenas

En abril y mayo fueron detenidas dos personas indígenas en el contexto de un patrón de criminalización y detenciones arbitrarias dirigido contra personas mapuche-williches que defendían su territorio frente al proyecto hidroeléctrico Los Lagos.

Se criticó un informe de Gendarmería (policía penitenciaria) que clasificaba a la población reclusa por contener un conjunto de afirmaciones criminalizantes y discriminatorias respecto de una persona dirigente mapuche privada de libertad.

El estado de excepción constitucional de emergencia vigente en la Macrozona Sur alcanzó los 1.505 días de duración, consecuencia de las más de 64 prórrogas aprobadas desde mayo de 2022. La excepcionalidad perpetuaba la restricción constante de derechos humanos como las libertades de reunión y de circulación, sin una evaluación seria sobre la eficacia o proporcionalidad de las medidas implementadas, y afectaba una región con una alta densidad de población indígena.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante el año persistió la desprotección de las personas defensoras de derechos humanos en el país. Entre otros hechos, la investigación sobre la desaparición de la defensora Julia Chuñil en 2024 no avanzó; en junio desapareció la defensora María Ignacia González; el dirigente williche Miguel Raín recibió amenazas de muerte; la machi Miriam Mariñan fue hostigada por una empresa forestal, y la vivienda de la machi Millaray Huichalaf fue allanada por la policía en relación con una investigación de un conflicto existente con una central hidroeléctrica.

Derecho al agua

Chile continuó registrando niveles elevados de estrés hídrico según el Atlas de Riesgos Hídricos de Aqueduct y experimentó una crisis asociada a una disminución prolongada de las precipitaciones y falta de agua en las cuencas.