Chile 2022
Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas multitudinarias de 2019. Las autoridades crearon algunos mecanismos para reparar a las víctimas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y agresiones. Las reformas propuestas en relación con el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos seguían pendientes de tramitación al terminar el año. Las personas refugiadas y migrantes continuaban encontrando obstáculos considerables para permanecer en el país.
Información general
En septiembre, la ciudadanía rechazó por una amplia mayoría la propuesta de una nueva Constitución que reforzaba la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Distintos sectores políticos se comprometieron a iniciar un nuevo proceso constituyente.
En algunos territorios del norte y el sur del país se mantuvo un prolongado estado de excepción durante gran parte del año debido a la crisis migratoria y al conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche.
En mayo, Chile ratificó el acuerdo de Escazú.
Uso excesivo de la fuerza, y derecho a verdad, justicia y reparación
Se registraron algunas protestas, principalmente en la capital, Santiago. En algunos casos, la policía respondió haciendo un uso excesivo de la fuerza.
Al finalizar el año, la Fiscalía Nacional había presentado cargos solamente en 140 de las 10.938 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado en relación con la agitación social que había tenido lugar a finales de 2019. Las causas dieron lugar a 17 sentencias condenatorias y 2, absolutorias.
Un tribunal declaró culpable a un excapitán de Carabineros (la policía chilena) del delito de apremios ilegítimos en relación con las lesiones sufridas por Fabiola Campillai, que había perdido la visión y los sentidos del olfato y el gusto después de que un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la policía le alcanzara en el rostro cuando se dirigía a una parada de autobús en noviembre de 2019.
Un ex alto mando policial fue acusado formalmente en relación con el caso de Gustavo Gatica, que había resultado herido durante las protestas de noviembre de 2019 y perdido la visión; al finalizar el año seguía abierta una investigación.
Un tribunal civil condenó a cinco años de prisión a un militar declarado culpable del homicidio de Kevin Gómez, cometido en la ciudad de Coquimbo en octubre de 2019.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte seguía investigando a altos cargos del gobierno del expresidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad y tortura y otros malos tratos (apremios ilegítimos, según el Código Penal chileno). Entre las personas sometidas a investigación figuraban miembros de la jefatura de Carabineros acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos durante la crisis social de 2019.
El gobierno presentó la Comisión y la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías y la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social, y creó la Mesa de Reparación Integral para llevar adelante la redacción de la política y la ley relativas a la reparación.
El gobierno anunció un nuevo programa para ofrecer reparación a las más de 400 personas que habían sufrido lesiones oculares durante las protestas y reemplazar el programa en curso, que había recibido muchas críticas.
Un tribunal condenó a un oficial de Carabineros a cuatro años de libertad vigilada intensiva por haber infligido lesiones oculares a un manifestante en una marcha estudiantil en 2013.
Los tribunales declararon culpables a 10 exmiembros de las fuerzas armadas en el “Caso Quemados”, en el que estaban acusados de haber golpeado y quemado con combustible a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana durante una protesta en 1986; Rodrigo Rojas había muerto debido a las heridas sufridas.
El gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda para determinar el paradero de más de un millar de personas que habían sido sometidas a desaparición forzada durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Detención y reclusión arbitrarias
Continuaban detenidas personas acusadas de presuntos delitos cometidos durante las manifestaciones multitudinarias de 2019. Muchas fueron absueltas por falta de pruebas tras permanecer largos periodos detenidas en espera de juicio; en algunos casos se determinó que las pruebas eran falsas. Las protestas para exigir su puesta en libertad continuaron durante el año. En el Congreso Nacional seguía debatiéndose una ley de amnistía para las personas acusadas en relación con las protestas sociales de 2019. Al finalizar el año, el gobierno concedió 13 indultos, casi todos a personas detenidas durante la crisis.
Derechos de los pueblos indígenas
Un tribunal declaró a tres carabineros culpables de vejaciones injustas y apremios ilegítimos por haber obligado a niños del pueblo Mapuche a desnudarse durante un control de identidad efectuado en Ercilla en 2018.
Se celebró un nuevo juicio por la muerte de Alex Lemún —adolescente mapuche al que la policía había disparado en la comuna de Angol en noviembre de 2002— después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera una decisión sobre el caso en la que responsabilizaba a Chile de diversas violaciones de derechos humanos. En noviembre, un tribunal condenó a un coronel de Carabineros a siete años de cárcel en relación con esa muerte.
Derechos sexuales y reproductivos
El Ministerio de Educación anunció un proyecto de ley sobre educación sexual integral, pero no lo presentó al Congreso.
Derecho a la salud
Chile registró en 2022 uno de los índices de mortalidad asociada a la COVID-19 más elevados de las Américas, con 3.215 muertes por millón de habitantes. Una de las promesas electorales del nuevo gobierno fue una reforma para implantar un sistema de atención médica universal.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
El Congreso Nacional derogó el artículo que establecía una edad superior de libre consentimiento para mantener relaciones homosexuales. En cambio, la revisión por parte del Congreso de los cambios a la Ley Antidiscriminación para abordar los derechos de las personas LGBTI apenas avanzó.
Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos
Verónica Vilches, defensora del derecho al agua en la provincia de Petorca, recibió nuevas amenazas de muerte; y la vivienda de Lorena Donaire, otra defensora del agua de la misma provincia, fue incendiada en junio. Las investigaciones sobre estos incidentes continuaban al concluir el año.
Durante una marcha del Día Internacional del Trabajo, una reportera de un canal de televisión comunitaria recibió un disparo efectuado por un civil, y posteriormente murió a causa de las lesiones que había sufrido.
Degradación ambiental
Los elevados niveles de contaminación afectaron a las ciudades de Quintero y Puchuncaví (región de Valparaíso) y provocaron graves riesgos para la salud pública en varias ocasiones durante el año. Las autoridades anunciaron el cierre progresivo de la fundición Ventanas, planta responsable de algunas de las mayores emisiones de dióxido de azufre de la región.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades siguieron empleando prácticas ilegítimas de preadmisibilidad para negar el acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, que muy pocas personas obtenían al cabo del largo periodo de entre dos y cuatro años que duraba el proceso. Las autoridades reanudaron la expulsión inmediata de personas extranjeras sin evaluar si necesitaban protección internacional ni los riesgos que afrontarían en caso de ser expulsadas.
Tortura y otros malos tratos
El Comité para la Prevención de la Tortura de Chile confirmó que en un hospital psiquiátrico de la región de Valparaíso se habían cometido violaciones de derechos humanos. No obstante, la Fiscalía de Valparaíso solicitó el cierre definitivo de la investigación.