Chile 2024
A pesar de la sentencia condenatoria sin precedente dictada contra dos miembros de Carabineros por cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2019, imperaba la impunidad y no se presentó ningún proyecto de ley de reparación. Persistían las barreras para acceder al aborto. Las condiciones de las reclusas embarazadas seguían siendo deficientes. Se introdujeron modificaciones en el marco normativo sobre el uso de la fuerza. El Congreso Nacional siguió debatiendo varios proyectos de ley que planteaban la criminalización de las personas refugiadas y migrantes. Persistía la práctica de detener a mujeres indígenas por vender productos en lugares públicos. Se implementó la tecnología de reconocimiento facial sin un marco legislativo claro.
Información general
En febrero, Chile firmó la Convención de Liubliana-La Haya de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de Lesa Humanidad, los Crímenes de Guerra y otros Crímenes Internacionales, de 2023.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En agosto, dos miembros de Carabineros (fuerza policial) fueron declarados culpables de cometer actos de tortura contra un manifestante durante las protestas de 2019. Era la primera vez que se dictaba sentencia condenatoria contra agentes de ese cuerpo. Continuó la causa penal relativa a las lesiones oculares sufridas por Gustavo Gatica. En octubre se presentaron cargos penales contra tres miembros del antiguo alto mando de Carabineros por no haber impedido las violaciones de derechos humanos cometidas por el personal a su cargo durante las protestas. Pese a estos avances, persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional perpetrados en ese periodo, y varias autoridades políticas pusieron indebidamente en duda las acciones de la fiscalía, especialmente en relación con la investigación sobre el antiguo alto mando de Carabineros.
El gobierno revocó las pensiones de gracia concedidas a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas cuando hubieran sido declaradas culpables de delitos antes de ese periodo. No hubo ningún proyecto de ley en relación con la reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas, pese a las exhaustivas conclusiones de la Mesa de Reparación Integral que se habían entregado al gobierno.
En agosto surgieron quejas en relación con posibles irregularidades graves en la aplicación del Plan Nacional de Búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). Tales irregularidades tenían que ver con el programa informático utilizado para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, y provocaron que uno de los principales expertos dimitiera y que familiares de las personas desaparecidas expresaran su inquietud sobre la situación. Por otro lado, no se adoptaron medidas que garantizaran la vigencia permanente del plan. El limitado apoyo que el gobierno proporcionaba a los sitios de memoria relacionados con ese periodo seguía siendo motivo de preocupación y su continuidad corría peligro.
Derechos sexuales y reproductivos
Persistían las barreras para acceder a los servicios de aborto en los establecimientos públicos de atención sanitaria, incluso cuando la legislación permitía abortar. Había instituciones y profesionales de atención sanitaria que se negaban a prestar servicios de aborto por sus creencias religiosas o morales, en menoscabo del derecho de las personas embarazadas a acceder a esos servicios. En cinco hospitales públicos, todo el personal obstétrico se negaba a practicar abortos cuando los embarazos eran consecuencia de una violación, lo que podía constituir tortura u otros malos tratos.
En mayo, el gobierno presentó unas modificaciones de la normativa sobre los servicios de aborto. Las enmiendas propuestas tenían por objeto exigir a las instituciones sanitarias que llevaran listados del personal que se negaba a prestar servicios de aborto legal por sus creencias religiosas o sus convicciones morales, especificando las circunstancias en las que se oponía. Además, obligaban a que se informara a las pacientes de la negativa del personal sanitario a prestar servicios de aborto legal por motivos religiosos o morales, cuando procediera. En diciembre, la Contraloría General de la República no había aprobado la normativa modificada.
En junio, el presidente asumió el compromiso de presentar al Congreso un proyecto de ley sobre el aborto legal antes de que terminara el año, pero no lo cumplió.
En enero, una reclusa del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique dio a luz en una de las celdas del establecimiento. El Comité para la Prevención de la Tortura de Chile afirmó que ese suceso ponía de relieve cuestiones urgentes e importantes que requerían una atención inmediata, como la necesidad de mejorar la atención prenatal que se brindaba a las reclusas embarazadas y de garantizar su acceso a una nutrición adecuada, y la presencia permanente de personal cualificado para atender partos.
Libertad de expresión y de reunión
Las autoridades seguían exigiendo autorización previa para celebrar reuniones en lugares públicos, lo que obligaba a notificarlas y obstaculizaba el ejercicio del derecho a la libertad de reunión de quienes se manifestaban. Durante el año, el Congreso no debatió la eliminación del requisito de autorización previa.
Uso excesivo e innecesario de la fuerza
El Congreso siguió debatiendo un proyecto de ley que regulaba el uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, consagrando en la legislación los protocolos y normativas vigentes dictados por los ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional. Suscitaba preocupación la falta de claridad de las propuestas de regulación del uso de la fuerza y su aprobación inminente.1
Pese a que desde 2019 se compraban armas de proyectiles paralizantes para Carabineros y que en 2024 se habían comprado para Gendarmería (policía penitenciaria), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no había publicado ningún protocolo para utilizarlas correctamente. No había constancia de ningún uso autorizado de este tipo de armas, pero se anunció la puesta en marcha de un proyecto piloto para su uso hacia finales del primer trimestre de 2025.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Durante el año, el Congreso siguió debatiendo varios proyectos de ley que planteaban la criminalización de la población refugiada y migrante. Preocupaba especialmente la propuesta de imponer penas de prisión a las personas que fueran declaradas culpables de entrada o estancia irregulares en el país.
En septiembre, la Superintendencia de Pensiones aseguró que las personas venezolanas que trabajaban en Chile no podían retirar sus fondos de pensiones porque al organismo no le era posible comprobar la validez de los documentos que les requerían. Por otra parte, la población refugiada venezolana seguía soportando la retórica y los ataques xenófobos de sectores de la ciudadanía y de algunas personalidades públicas.
Derechos de los pueblos indígenas
Carabineros y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley seguían deteniendo a las mujeres indígenas que vendían sus productos en lugares públicos, lo que creaba barreras importantes al ejercicio de sus tradiciones ancestrales y derechos culturales. Un caso especialmente preocupante fue la detención con esposas de una mujer aimara en Pica, comuna de la región de Tarapacá —en el norte de Chile—, por vender hojas de coca. La vendedora quedó en libertad después de que su defensa sostuviera que esa actividad era práctica tradicional y cultural del pueblo Aimara.
Vigilancia masiva
Se implementó la tecnología de reconocimiento facial con fines policiales sin que se hubieran establecido unos marcos normativos expresos y claros que delimitaran su uso.
Se aprobó un proyecto de ley dirigido a regular la recopilación de datos personales cuya aplicación estaba pendiente.
En diciembre se aprobaron varias enmiendas a la legislación antiterrorista que permitían la implantación de tecnología para interceptar mensajes, llamadas y metadatos y realizar operaciones de georreferenciación masiva, sin que se hubieran establecido salvaguardias adecuadas sobre el uso de esa tecnología y el acceso a ella.