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EL SALVADOR 2020

Miles de personas estuvieron detenidas en centros de contención (centros de cuarentena) por presunto incumplimiento de la cuarentena obligatoria impuesta durante la pandemia de COVID-19. Se tuvo noticia de las condiciones precarias y de insalubridad presentes en esos centros, así como de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. El presidente hizo declaraciones públicas que estigmatizaban a periodistas y a organizaciones de derechos humanos. Los derechos de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno estaban amenazados. Durante el año se denunciaron restricciones y ataques a la libertad de prensa y limitación del acceso a información oficial. Continuaba vigente la prohibición total del aborto.

Información general

En febrero, el Consejo de Ministros celebró una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa acompañada de un despliegue de las fuerzas de seguridad. En su transcurso se denunció la presencia de francotiradores apostados en las proximidades, así como restricciones a la libertad de prensa.1

En abril, el presidente rechazó públicamente sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.2 En agosto, una investigación llevada a cabo por los medios de comunicación puso de manifiesto que el gobierno del presidente Bukele podría haber negociado con una pandilla local para reducir las tasas de delincuencia.

No se hizo pública ninguna información detallada sobre el contenido del Plan Control Territorial, en el que se establecía la política de seguridad nacional del país. Las organizaciones locales expresaron su preocupación por la continuación del enfoque militarizado y represivo de la seguridad pública.

Derecho a la salud

Según las cifras oficiales, más de 2.000 personas estuvieron detenidas —algunas hasta 40 días— en centros de contención por presunto incumplimiento de la cuarentena nacional obligatoria impuesta a finales de marzo. Los centros no cumplían las normas internacionales de condiciones sanitarias y distanciamiento físico, lo que exponía a las personas internadas en ellos a un riesgo innecesario de contagio de COVID-19.3

Entre el 13 de marzo y el 27 de mayo, la Corte Suprema recibió 330 recursos de hábeas corpus y 61 peticiones de amparo en el contexto de la pandemia de COVID-19. En muchos de estos casos, las personas afectadas alegaban que las condiciones de los centros de contención eran inadecuadas, que carecían de productos de limpieza y de agua potable, y que no tenían acceso a medicación para enfermedades crónicas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador también identificó al menos 44 casos de personas privadas de libertad durante la cuarentena entre marzo y mayo que tenían dolencias previas.

En abril, una defensora de los derechos humanos que padecía diabetes fue detenida cuando salió de su casa para comprar alimentos y medicamentos para su hijo de tres años. La mujer pasó más de un mes en el centro de contención en condiciones precarias, lo que podría haber incrementado su exposición a la COVID-19.

Ese mismo mes, y pese a que se denunciaban casos de personal sanitario contagiado de COVID-19 y la falta de equipos adecuados, el presidente vetó el Decreto 620. La disposición, que tenía por objeto garantizar un seguro de vida y equipos de bioseguridad para el personal sanitario, fue posteriormente declarada constitucional por la Sala de lo Constitucional.

Hasta finales de julio, al menos 104 profesionales de la salud habían muerto a causa de la COVID-19.4

Detención arbitraria

Cientos de personas detenidas por presunto incumplimiento de las medidas de cuarentena fueron llevadas a centros de contención o comisarías policiales como si hubieran cometido un delito.

En ese contexto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema determinó finalmente que las autoridades carecían de base jurídica para recluir a gente en esos centros como forma de castigo. Algunas personas declararon en los recursos que presentaron ante la Sala que habían sido detenidas sólo por salir de casa para comprar alimentos o medicamentos.

Uso excesivo de la fuerza

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió cientos de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidos uso excesivo de la fuerza y malos tratos, durante la aplicación de la cuarentena.

En marzo, un muchacho de 17 años denunció que la policía lo había detenido cuando salía de trabajar en una plantación de caña de azúcar. El joven y su familia manifestaron que la policía lo había golpeado y llevado a un centro de detención donde estuvo recluido con adultos durante casi 3 días antes de quedar en libertad sin cargos.

En otro caso, un joven denunció que había salido a comprar alimentos y combustible después de haber cobrado su salario cuando un policía lo detuvo, lo golpeó y le disparó dos veces en las piernas.5

Defensores y defensoras de los derechos humanos

A lo largo del año, el presidente emitió declaraciones públicas en las que desacreditaba a colectivos de la sociedad civil como los periodistas y las organizaciones de derechos humanos, y estigmatizaba a quienes pedían más transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno.

En junio, las organizaciones de derechos humanos denunciaron que, tras la introducción de las medidas para abordar la COVID-19, los ataques contra organizaciones locales y mujeres defensoras de los derechos humanos habían aumentado considerablemente, sobre todo a través de los medios de comunicación digitales. Estas organizaciones también denunciaron un aumento de las declaraciones gubernamentales que ponían en peligro a quienes defendían los derechos humanos.6

La Asamblea Legislativa no aprobó la Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos, cuyo proyecto había sido presentado ante la Asamblea en 2018.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que contenía la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. La Ley incluía disposiciones que obstaculizaban la investigación y el castigo efectivo de los responsables de crímenes de derecho internacional. El presidente vetó el decreto a finales de ese mismo mes.7 Sin embargo, el gobierno no hizo pública la información relativa a las operaciones militares que habían tenido lugar durante el conflicto armado interno (entre 1980 y 1992) y negó el acceso judicial a los archivos relacionados con la masacre de El Mozote, cometida en 1981.

En septiembre, la Audiencia Nacional de España declaró culpable a un excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño del asesinato de cinco sacerdotes jesuitas cometido en 1989 durante el conflicto armado.8

Derechos de las mujeres

Continuaba vigente la prohibición total del aborto y, hasta junio, al menos 18 mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas.


  1. El Salvador: Despliegue de fuerzas de seguridad en la Asamblea Legislativa debe alertar sobre el futuro de los derechos humanos (noticia, 9 de febrero)
  2. El Salvador: Carta abierta al presidente Nayib Bukele con respecto a las medidas tomadas por COVID-19 (AMR 29/2234/2020)
  3. Cuando la protección se vuelve represión. Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas (AMR 01/2991/2020)
  4. Global: Análisis de Amnistía revela que más de 7.000 profesionales de la salud han muerto a causa de la COVID-19 (noticia, 3 de septiembre)
  5. El Salvador: Represión y promesas rotas, el nuevo rostro del país a un año de gobierno del presidente Bukele (noticia, 1 de junio)
  6. El Salvador: Las medidas del gobierno ante la COVID-19 han propiciado un entorno violento y hostil para las defensoras de derechos humanos (AMR 29/2560/2020)
  7. El Salvador: Las autoridades deben garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado (AMR 29/1930/2019)
  8. El Salvador: Condena contra uno de los responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas debe romper la cadena de impunidad (noticia, 11 de septiembre)