El Salvador 2025

Se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción. Continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas. El gobierno continuó priorizando la seguridad punitiva en un contexto de aumento de la pobreza extrema. Se profundizó el cierre del espacio cívico mediante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros para fiscalizar y sancionar a las organizaciones sociales; se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas.

Información general

En enero, la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficialista— ratificó la modificación del artículo 248 de la Constitución, que reducía drásticamente el espacio deliberativo y limitaba la participación pública en decisiones de interés general. En julio se impulsó una reforma que habilitaba la reelección presidencial indefinida, lo que modificaba elementos sustantivos del sistema político y electoral del país y debilitaba aún más los contrapesos institucionales. Estas medidas, adoptadas sin diálogo con la sociedad civil, consolidaban la discrecionalidad del ejecutivo y erosionaban el Estado de derecho.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

El estado de excepción, prorrogado todo el año, continuó fundamentando miles de detenciones arbitrarias. Las organizaciones locales e internacionales denunciaron que más de 90.000 personas permanecían privadas de libertad sin pruebas suficientes. Según las mismas entidades, muchas detenciones eran resultado de la presión que recibía la policía para cumplir cuotas diarias de arrestos y se basaban en pruebas falsas o sin corroborar, denuncias anónimas o perfiles discriminatorios.

En febrero se aprobaron reformas penales y penitenciarias que autorizaban el traslado de adolescentes con condena a centros penitenciarios para personas adultas y eliminaban beneficios carcelarios en los casos vinculados con la delincuencia organizada. Estos cambios establecían un tratamiento penitenciario desproporcionado y punitivo para niños, niñas y adolescentes, en contravención de instrumentos internacionales.¹ .

En agosto, al expirar el Decreto Legislativo 803 —que hasta entonces regulaba de manera transitoria los plazos y formas de presentación de acusaciones en los procesos derivados del estado de excepción—, la Asamblea Legislativa reformó ocho artículos de la Ley contra el Crimen Organizado. Las modificaciones introducidas ampliaban los plazos de detención provisional hasta un máximo de dos años, lo que constituía una restricción desproporcionada del derecho a la libertad personal y facultaba a la Fiscalía General de la República para agrupar a varias personas imputadas en una sola causa bajo el criterio de pertenencia a “células de pandillas”, lo que abría la vía a la celebración de juicios masivos sin atribución individualizada de responsabilidades penales. Diversas organizaciones nacionales advirtieron de que estas disposiciones afectaban garantías procesales fundamentales, entre ellas el derecho de defensa y el derecho a un juicio en un plazo razonable, en contravención con las obligaciones internacionales contraídas por El Salvador en materia de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró el llamamiento al Estado salvadoreño para que pusiera fin a la suspensión de los derechos y a la restricción de garantías en el marco del estado de excepción y cumpliera con su obligación de proporcionar garantías judiciales a todas las personas detenidas.

Condiciones de reclusión inhumanas

Las condiciones de reclusión continuaron caracterizándose por hacinamiento extremo y falta de acceso a servicios básicos. Las organizaciones de derechos humanos señalaron que, a inicios de año, la población penitenciaria superaba ampliamente la capacidad instalada, con niveles críticos de ocupación en la mayoría de los centros. Según datos de organismos internacionales, el país presentaba la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y contaba con aproximadamente 1.650 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, más del doble respecto al segundo país de la lista.

El gobierno mantuvo una política de incomunicación sistemática. Miles de personas privadas de libertad permanecían sin contacto con familiares o abogados y sin que se proporcionara información oficial sobre su paradero o su estado de salud. Esta práctica, denunciada de manera reiterada, colocaba a las familias en una situación de angustia permanente y favorecía la comisión de abusos y actos de corrupción en las cárceles.

Tortura y otros malos tratos

Las muertes bajo custodia ascendían aproximadamente a 470 desde el inicio del estado de excepción, con causas relacionadas con tortura, negación injustificada de atención médica adecuada y oportuna y condiciones de detención insalubres. Ninguno de esos decesos había sido investigado exhaustiva, pronta e independientemente. Ante la ausencia de mecanismos nacionales efectivos de rendición de cuentas, varias organizaciones locales acudieron a instancias internacionales de protección de derechos humanos para denunciar estos hechos y señalaron un patrón de impunidad estructural.

La Organización Mundial contra la Tortura calificó a El Salvador como país de riesgo muy alto en materia de tortura y malos tratos, incluidas prácticas sistemáticas documentadas de palizas, humillación sexual, privación del sueño y castigo colectivo. Las autoridades no llevaban a cabo un registro adecuado de los casos ni realizaban investigaciones independientes, en contravención de estándares internacionales como el Protocolo de Estambul

Desapariciones forzadas

A mediados de marzo, Estados Unidos trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a 252 personas venezolanas y 36 salvadoreñas expulsadas ilegalmente de ese país. A su llegada a El Salvador, estas personas permanecieron privadas de libertad sin que quedara registro oficial, en régimen de incomunicación, sin acceso a defensa ni contacto con familiares —que carecían de información sobre su paradero— y, por tanto, fuera de la protección de la ley, en una situación que podía constituir desaparición forzada según las normas internacionales. Según informes, todas las personas venezolanas habían sido devueltas en julio a su país de origen, donde varias denunciaron públicamente haber sido víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.² En septiembre, algunos medios de comunicación señalaron que al menos tres salvadoreños de ese grupo permanecían en situación de desaparición, sin que las autoridades hubieran proporcionado información sobre su suerte o paradero. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en octubre medidas cautelares a un hombre salvadoreño deportado desde Estados Unidos y presuntamente recluido en el CECOT, y cuya situación también fue calificada de desaparición forzada. La Comisión instó a El Salvador a redoblar esfuerzos para establecer su localización o destino de manera inmediata.

Derechos económicos, sociales y culturales

En la primera mitad del año se cerraron 44 escuelas públicas y se registró una disminución de 25.000 inscripciones en los centros educativos públicos. Según organizaciones del sector, la deserción escolar aumentó —particularmente en las zonas rurales— debido a la migración, el estado de excepción y la falta de infraestructura, en un contexto de escasez de recursos y pérdida de plazas docentes. Paralelamente, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples presentó por tercer año consecutivo un aumento de la pobreza extrema, que alcanzaba el 9,6%.

Los megaproyectos y el ordenamiento urbano provocaron desalojos forzosos que afectaban directamente a comunidades de ingresos bajos. Las organizaciones locales señalaron en junio que cerca de 11.000 familias campesinas estaban afectadas por desalojos vinculados a proyectos turísticos, urbanos o mineros, lo que ocasionó pérdida de tierras, inseguridad alimentaria y desplazamientos internos.

Los medios de comunicación locales informaron entre enero y abril sobre el desalojo de más de 1.400 personas dedicadas a la venta informal y la retirada de más de 1.000 puestos en el centro histórico de la capital, San Salvador, medidas que afectaban de manera significativa las condiciones de subsistencia de miles de familias en las zonas urbanas.

Represión de la disidencia

El gobierno intensificó la aplicación de medidas que restringían el espacio cívico y la labor de las organizaciones sociales, el gremio periodístico y las comunidades organizadas, y respondió a las expresiones de descontento social con detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, uso ilegítimo de fuerzas militares y leyes para restringir indebidamente el trabajo de quienes atendían a las víctimas de abusos.

En mayo, las autoridades detuvieron de forma arbitraria a 16 transportistas que, según algunos medios de comunicación, fueron acusados de varios delitos —entre ellos, incumplimiento de deber y denegación de auxilio— sin fundamento jurídico; uno de ellos falleció bajo custodia estatal pocos días después.

Ese mismo mes, más de 300 familias de la comunidad El Bosque fueron reprimidas durante una protesta pacífica contra un desalojo inminente en la que se llevó a cabo un despliegue indebido de la Policía Militar y se detuvo arbitrariamente a personas defensoras y líderes comunitarios.³

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que obligaba a las organizaciones que recibían financiación internacional a registrarse como “agentes extranjeros”, imponía un impuesto del 30% sobre esos fondos y otorgaba al ejecutivo facultades para multar o cancelar personerías jurídicas. La definición amplia e imprecisa de “agente extranjero” abría la puerta a una aplicación arbitraria de la ley y generaba un ambiente de incertidumbre y autocensura. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que la ley no tenía por objeto garantizar la transparencia, sino institucionalizar la persecución contra la sociedad civil independiente.⁴

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En 2025 se intensificó la criminalización selectiva de personas defensoras y voces críticas mediante el uso instrumental del sistema penal.

En febrero, Fidel Zavala, portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, y en abril fue detenido y trasladado a la prisión de Mariona, hecho que las organizaciones sociales calificaron de represalia y riesgo para su integridad personal.⁵

En mayo, la abogada Ruth López —jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal—, el defensor ambiental Alejandro Henríquez y el líder comunitario y religioso José Ángel Pérez fueron detenidos, acusados de cargos arbitrarios y sometidos a régimen de incomunicación y condiciones de reclusión inhumanas.

En junio, el abogado constitucionalista Enrique Anaya fue privado de libertad en circunstancias que las organizaciones de la sociedad civil calificaron de desaparición forzada. Durante las primeras 48 horas, fue llevado a diferentes centros de detención sin que constara registro oficial de sus traslados, y permaneció en régimen de incomunicación y sin acceso a defensa. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en su favor.

Estos casos reflejaban un patrón sistemático de hostigamiento caracterizado por la estigmatización oficial, la reserva judicial indebida de los procesos, la prolongación indebida de la detención preventiva y la falta de garantías judiciales. En julio, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, al concluir que habían sido detenidos y privados de su libertad exclusivamente por ejercer su labor de defensa de los derechos humanos.⁶ Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez fueron excarcelados el 17 de diciembre.

Derechos sexuales y reproductivos

La prohibición absoluta del aborto continuó vigente, lo que criminalizaba a las mujeres que sufrían emergencias obstétricas y vulneraba sus derechos sexuales y reproductivos. Al finalizar 2025, al menos 6 mujeres enfrentaban procesos penales por esta causa.