El Salvador

Volver a El Salvador

EL SALVADOR 2021

Se intensificó la erosión de los derechos humanos en El Salvador. Hubo denuncias de un aumento significativo de los ataques y obstáculos contra los medios de comunicación independientes, y varios altos cargos gubernamentales —incluido el presidente— estigmatizaron públicamente a las organizaciones de derechos humanos. Seguían sin respetarse los derechos de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno (1980-1992). Continuaba en vigor la prohibición total del aborto.

Información general

El partido gobernante y sus aliados obtuvieron la mayoría de los escaños de la Asamblea Legislativa en las elecciones celebradas en febrero.

Una Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos señaló en su informe el uso de la infraestructura del Estado para promover públicamente la gestión del gobierno incluso durante el periodo de silencio electoral contemplado en la legislación. La Misión también recibió denuncias sobre el uso de recursos públicos para influir en el electorado.

En septiembre, sin que mediara consulta pública alguna, se adoptó el bitcoin —una de las criptomonedas más populares del mundo— como moneda de curso legal. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió ese mismo mes una resolución que permitía a quien ocupara la presidencia del país presentarse a la reelección inmediata, dando así luz verde al presidente Bukele para presentarse a un posible segundo mandato.

A partir de septiembre se celebraron manifestaciones multitudinarias contra una serie de políticas gubernamentales. El presidente Bukele trató de desacreditarlas públicamente ese mismo mes y amenazó con la posibilidad de utilizar gas lacrimógeno contra quienes se manifestaran a partir de entonces.

Libertad de expresión

Varios periodistas y medios de comunicación denunciaron nuevos ataques contra la libertad de prensa como, por ejemplo, un aumento significativo de las acusaciones públicas infundadas contra el sector, obstáculos para llevar a cabo su labor incluso para acceder a la información pública y la negativa de algunos altos cargos a responder preguntas.1

En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de 34 miembros del personal del periódico digital El Faro. La CIDH declaró que la información recibida sugería que el hostigamiento, las amenazas y la intimidación que estas personas manifestaban estar sufriendo tenían como propósito no sólo intimidarlas sino también impedirles ejercer su trabajo como periodistas.

En junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que las publicaciones de algunos medios de comunicación hacían apología del delito y que las autoridades estaban “dando seguimiento a muchos periodistas”. Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, el vicepresidente afirmó públicamente en octubre que algunos profesionales de la información debían ser enjuiciados por calumnia.

En septiembre, la Mesa de Protección de Periodistas denunció que algunos miembros del personal de la Asamblea Legislativa, altos cargos públicos e incluso el presidente Bukele habían intensificado sus ataques, amenazas y difamaciones contra profesionales de este sector. Afirmó además que el principal asesor jurídico de la Casa Presidencial había amenazado al medio de comunicación GatoEncerrado para tratar de obligarlo a revelar las fuentes de una investigación relacionada con su persona. Por otra parte, en noviembre se informó de que en El Salvador se utilizaba la tecnología de espionaje Pegasus de la empresa NSO Group para someter a vigilancia a periodistas y miembros de la sociedad civil.

Derecho a un juicio justo

En mayo, la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República, un hecho que diversos sectores consideraron un ataque contra el derecho a acceder a la justicia y contra el derecho a la independencia judicial.2

A finales de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó un conjunto de reformas que reducía la carrera judicial de 35 a 30 años y establecía en 60 años la edad máxima para el ejercicio de la magistratura. La CIDH rechazó las reformas y pidió a las autoridades que respetasen la independencia judicial.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Persistía la impunidad por la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 durante el conflicto armado. En marzo, las víctimas de la matanza notificaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las autoridades se habían negado a entregar información sobre el caso, especialmente la que figuraba en los archivos militares, y que la Fiscalía General de la República no había avanzado de forma significativa en la investigación de ninguna de las decenas de denuncias presentadas por las víctimas.

En septiembre, varias organizaciones locales manifestaron que los principales cambios que afectaban a la judicatura como consecuencia de la reforma legal repercutirían también en los casos de las víctimas del conflicto armado que se habían reabierto.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Varios altos cargos gubernamentales estigmatizaron y menospreciaron públicamente a las personas que defendían los derechos humanos y a sus organizaciones, y las acusaron de formar parte de la oposición política.

Los espacios de diálogo regular y efectivo entre los organismos gubernamentales y las organizaciones de derechos humanos cuyo fin era contribuir a diseñar las políticas públicas estaban cerrados o eran prácticamente inexistentes.

En mayo, una comisión de la Asamblea Legislativa archivó la propuesta de ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender tales derechos, presentada ante la Asamblea varios años antes. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron que esta situación podía perpetuar el contexto de hostilidad al que se enfrentaban quienes defendían los derechos humanos.

En septiembre, la CIDH dictó medidas cautelares en favor de la defensora de los derechos humanos Bertha Deleón, y señaló que se había generado una situación de animadversión y hostilidad que podría dar lugar a una situación de riesgo para su vida e integridad física.

En noviembre, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley sobre agentes extranjeros. De aprobarse, la ley afectaría a la financiación, la actividad y la libertad de asociación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país.3

Derechos sexuales y reproductivos

Continuaba vigente la prohibición total del aborto y, hasta diciembre, al menos 11 mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas.

En mayo, una comisión de la Asamblea Legislativa archivó una propuesta de reforma del Código Penal, presentada varios años antes, para despenalizar el aborto en cuatro circunstancias. Además, el presidente declaró públicamente que no propondría ninguna reforma constitucional que incluyera la despenalización del aborto.

En octubre, la Asamblea Legislativa archivó otra nueva propuesta en favor de la despenalización del aborto en determinadas circunstancias presentada por grupos que defendían los derechos de las mujeres.


  1. El Salvador: La receta de Nayib Bukele para limitar el ejercicio de los derechos humanos, 19 de julio
  2. El Salvador: Los derechos humanos están en peligro, 2 de mayo
  3. El Salvador: Una iniciativa de ley pone en peligro a las ONG, las personas defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación (Índice: AMR 29/5041/2021), 24 de noviembre