Las autoridades declararon un estado de excepción que conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho, así como el deterioro grave y continuo del acceso a la información pública. Los ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo habituales. Las autoridades no aprobaron legislación que garantizara los derechos de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado (1980-1992). Continuaba vigente la prohibición total del aborto.
Leer másMantiene la pena de muerte sólo para crímenes graves, como los cometidos en tiempos de guerra