A un año de la detención arbitraria de Ruth López, Amnistía Internacional reitera su preocupación por las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra y llama a las autoridades salvadoreñas a garantizar plenamente sus derechos al debido proceso, poner fin a su incomunicación y cumplir integralmente con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Ruth López es una presa de conciencia, detenida injustamente desde hace un año por su lucha incansable contra la corrupción y su defensa de la justicia social. Exigimos su liberación inmediata e incondicional,” dijo Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional. “Tras un año de detención, las autoridades salvadoreñas continúan sometiendo a Ruth a condiciones incompatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La incomunicación prolongada, las restricciones a la defensa y la falta de publicidad del proceso generan una profunda preocupación sobre el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso, no solo en su caso, sino también para miles de personas detenidas arbitrariamente en El Salvador.”
Tras un año de detención, las autoridades salvadoreñas continúan sometiendo a Ruth a condiciones incompatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos…Exigimos su liberación inmediata e incondicional”
Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.
Ruth López fue detenida el 18 de mayo de 2025 en un contexto de creciente de actos de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas en El Salvador. Durante las primeras horas posteriores a su detención, sus familiares y equipo legal denunciaron desconocer su paradero, lo que generó preocupación sobre una posible situación de desaparición forzada de corta duración. Posteriormente, las autoridades modificaron los señalamientos iniciales en su contra, en medio de restricciones de acceso a información sobre el proceso y cuestionamientos sobre el respeto a las garantías judiciales desde las etapas iniciales de la detención. En junio de 2025, Amnistía Internacional reconoció a Ruth López como presa de conciencia.
Actualmente, permanece privada de libertad bajo un régimen de incomunicación que le ha impedido mantener contacto regular con su familia y restringido severamente el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa. A ello se suma la falta de acceso a un juicio público y las limitaciones al acceso a información sobre el proceso judicial en su contra, lo que profundiza la preocupación sobre el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso. En Septiembre de 2025, la Comisión Interamericana De Derechos Humanos dictó medidas cautelares para Ruth López que deben ser integralmente cumplidas por el Estado, en particular, garantizar acceso efectivo a su defensa legal, comunicación regular con su familia y protección de su integridad física y psicológica.
Amnistía Internacional expresa preocupación por la ausencia de mecanismos nacionales independientes y eficaces que supervisen de manera adecuada la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador. En diciembre de 2025, la organización dirigió una carta pública a la Procuradora para la Defensa de los Derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, señalando preocupaciones sobre la falta de una actuación diligente y con enfoque de protección frente al caso de Ruth López, incluyendo la necesidad de realizar verificaciones rigurosas sobre sus condiciones de detención, acceso a defensa y estado de salud. La organización recuerda que no cuestiona la obligación del Estado salvadoreño de investigar posibles delitos, sino la necesidad de que cualquier proceso penal se lleve a cabo con pleno respeto a los derechos humanos y garantías judiciales de la persona acusada y que la prisión preventiva debe ser utilizada en casos excepcionales y siempre responder a criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad y revisión periódica conforme a estándares internacionales.
“El respeto al debido proceso y al derecho a la defensa no protege únicamente a una persona en particular; constituye una garantía esencial para todas las personas sometidas a procesos penales. Mientras Ruth López permanezca detenida, las autoridades salvadoreñas deben revisar urgentemente la medida de detención preventiva impuesta en su contra y garantizar condiciones compatibles con sus derechos y dignidad”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Mientras Ruth López permanezca detenida, las autoridades salvadoreñas deben revisar urgentemente la medida de detención preventiva impuesta en su contra y garantizar condiciones compatibles con sus derechos y dignidad.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización también expresa preocupación por el impacto humano y social que la detención de Ruth López ha tenido en sus entornos familiares, comunitarios y profesionales. Además de su labor como defensora de derechos humanos, Ruth ha sido reconocida por su liderazgo cercano en espacios educativos, comunitarios y de organización social, donde acompañaba y apoyaba el reclamo de otras demandas sociales.
“Su ausencia ha dejado una profunda huella en los espacios en los que participaba y contribuía activamente. Ruth López no sólo ha acompañado a víctimas y denunciando abusos; también ha sido una persona comprometida con fortalecer redes de apoyo y organización social en El Salvador. La defensa de derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social son actividades legítimas que deben ser protegidas y no castigadas”, agregó Ana Piquer.
Su ausencia ha dejado una profunda huella en los espacios en los que participaba y contribuía activamente. Ruth López no sólo ha acompañado a víctimas y denunciando abusos; también ha sido una persona comprometida con fortalecer redes de apoyo y organización social en El Salvador. ”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en toda sociedad y el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar que puedan ejercer su labor sin represalias, criminalización ni restricciones arbitrarias a sus derechos.
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