El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un régimen de excepción en respuesta a los reportes sobre el aumento en el número de homicidios relacionados con pandillas. Desde entonces, según indica la información disponible, más de 25.000 personas han sido detenidas, y los derechos humanos de la población están gravemente amenazados. Amnistía Internacional pide al presidente Nayib Bukele que tome todas las medidas necesarias para poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del régimen de excepción, y que diseñe estrategias de seguridad pública que garanticen los derechos fundamentales.
