- El Tribunal Penal Especial corre el peligro de tener que cerrar para 2028, con miles de víctimas esperando justicia.
- A parte de la ONU y la UE, ningún Estado está prestando apoyo económico al Tribunal Penal Especial en este momento.
- La Corte Penal Internacional (CPI) ha archivado investigaciones. Los tribunales nacionales carecen de recursos e independencia para asumir los casos del Tribunal Penal Especial.
Presuntos responsables de crímenes de derecho internacional en República Centroafricana, incluidos algunos de los más altos cargos del país, podrían eludir la acción de la justicia si el Tribunal Penal Especial no recibe los fondos necesarios para continuar con sus investigaciones y con el enjuiciamiento de casos, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
“The perpetrators are still here” – The Central African Republic’s Special Criminal Court on borrowed time, as victims await justice (“Los perpetradores siguen aquí” – El Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana, en la cuerda floja, mientras las víctimas esperan justicia) analiza los avances y las dificultades del Tribunal Penal Especial, que desde su inauguración el 22 de octubre de 2018 ha juzgado seis casos y declarado a 19 personas culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las víctimas de los crímenes más graves cometidos durante algunos de los periodos más sangrientos de la historia de República Centroafricana, incluidos el golpe de Estado encabezado por François Bozizé y el conflicto armado interno de 2012 a 2014, siguen esperando el enjuiciamiento de todos los responsables que ocupan cargos de gran autoridad.
Con todo, el Tribunal, que depende únicamente de las contribuciones voluntarias de los Estados y las organizaciones internacionales, corre peligro de ser clausurado para 2028. Tras el sentimiento inicial de esperanza, sobrevivientes y víctimas están empezando a perder la fe.
“El derecho de las víctimas a justicia, verdad y reparación no puede depender de las prioridades cambiantes de los donantes. Miles de civiles fueron víctimas de homicidio, violación, secuestro, mutilación, lesiones o desplazamiento, o vieron cómo quemaban sus casas durante las oleadas de violencia y conflicto armado ocurridas durante los últimos 25 años. Cada una de estas personas merece justicia”, ha manifestado Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Amnistía Internacional pide a las autoridades centroafricanas, la ONU, la Unión Europea y todos los Estados socios que proporcionen —o sigan proporcionando— apoyo económico al Tribunal Penal Especial para cubrir su presupuesto de funcionamiento.”
El Tribunal Penal Especial se creó a petición del pueblo y la sociedad civil centroafricanos. Si el Tribunal no recibe los recursos necesarios para continuar con su labor esencial, les estará fallando.
Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
“Las víctimas quieren [que se haga] justicia”
De los seis casos juzgados por el Tribunal Penal Especial, se ha dictado sentencia en primera instancia al menos en los cuatro primeros, y se ha declarado a 19 personas culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En un caso, las víctimas también recibieron reparación. Se espera que la sentencia del quinto juicio, sobre los ataques perpetrados en 2014 en Guen (en el oeste de República Centroafricana), se dicte el próximo diciembre, mientras que el juicio de Bossembélé, en el que figura como acusado el expresidente Bozizé, entre otros, está actualmente en curso.
Pese a los notables progresos en la lucha contra la impunidad en República Centroafricana, numerosos crímenes graves siguen sin castigo, como las campañas generalizadas de asesinatos, violaciones y saqueos llevadas a cabo en 2002 y 2003, en particular por las fuerzas de seguridad del expresidente Ange-Félix Patassé y combatientes del grupo armado que Jean-Pierre Bemba reclutó para frustrar el golpe de François Bozizé; así como numerosos crímenes de homicidio, violación, tortura y desaparición forzada cometidos entre 2012 y 2014, en el contexto del conflicto entre los grupos armados Seleka y antibalaka.
A pesar de una mejora significativa en la ejecución de las órdenes de detención dictadas por el Tribunal Penal Especial durante los últimos años, decenas de personas siguen en busca y captura, y todavía hay importantes obstáculos que impiden su detención. François Bozizé reside en Guinea-Bissau, mientras que otros sospechosos objeto de órdenes de detención están en Chad.
El Tribunal Penal Especial ha juzgado in absentia a varias personas, incluido Bozizé, pero este tipo de juicios socava de manera significativa el derecho al debido proceso y a la defensa, y no satisface las necesidades de las víctimas.
“Las víctimas quieren [que se haga] justicia. Sus corazones hallarán paz cuando los perpetradores comparezcan ante la justicia y estén en prisión”, declaró un representante de una organización centroafricana de apoyo a las víctimas. Otras víctimas manifestaron su satisfacción con las sentencias in absentia.
Una crisis económica sin precedentes
En 2025, Estados Unidos retiró su apoyo económico al Tribunal Penal Especial, con lo que éste entró en una crisis de financiación sin precedentes, con más de 4,15 millones de dólares estadounidenses comprometidos pero que no pagados. La ONU y la Unión Europea son actualmente los únicos contribuyentes del Tribunal.
Los recortes de financiación obligaron al Tribunal Penal Especial a despedir al 25% de su personal, incluido personal experto extranjero, entre agosto y septiembre de 2025. Su unidad de protección de testigos ha perdido más de la mitad de sus empleados, lo que puede comprometer su capacidad de limitar las represalias contra quienes testifican. Debido a la falta de personal y recursos, la fiscalía ya no puede iniciar ninguna nueva investigación, y los casos ante las distintas salas están sufriendo retrasos.
Hasta donde sabe Amnistía Internacional, a excepción de la ONU y la UE, ningún Estado u organización se ha comprometido a aportar futuras contribuciones económicas al Tribunal Penal Especial, lo que plantea la posibilidad de cierre cuando concluya su mandato, en 2028.
Los Estados y las organizaciones internacionales deben proporcionar financiación urgente, preferiblemente mediante compromisos plurianuales, para que se imparta justicia todo el tiempo que sea necesario.
Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
Sin alternativa para juzgar los crímenes más graves en República Centroafricana
A pesar de que ha habido avances, los tribunales nacionales de República Centroafricana no disponen actualmente de recursos humanos y materiales, ni gozan de la independencia necesaria, para asumir los casos del Tribunal Penal Especial. “Si los casos se trasladan a tribunales nacionales, los verán nuestros jueces, que estarán influidos por sus superiores”, ha manifestado un representante de las víctimas.
La Corte Penal Internacional también tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio cometidos en República Centroafricana a partir de 2002. Ha abierto dos investigaciones a petición del gobierno centroafricano. Sin embargo, en diciembre de 2022, la fiscalía de la CPI anunció que iba a archivar sus investigaciones.
Una jurisdicción esencial en el contexto del conflicto persistente
En República Centroafricana, la intensidad de la violencia ha disminuido desde su apogeo en 2021, pero todas las partes en el conflicto siguen cometiendo violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el noreste y el sureste del país.
“El Tribunal Penal Especial se creó a petición del pueblo y la sociedad civil centroafricanos. Si el Tribunal no recibe los recursos necesarios para continuar con su labor esencial, les estará fallando, y se envalentonarán aquellos que hoy siguen cometiendo atrocidades”, ha afirmado Marceau Sivieude.
“Las autoridades centroafricanas deben prestar apoyo y protección al Tribunal Penal Especial y ampliar su mandato más allá de 2028, hasta que haya cumplido su misión. Deben ayudar a conseguir fondos adicionales para su presupuesto.”
“Los Estados y las organizaciones internacionales deben cooperar plenamente ejecutando las órdenes de detención dictadas por el Tribunal Penal Especial y proporcionando financiación urgente, preferiblemente mediante compromisos plurianuales, para que se imparta justicia todo el tiempo que sea necesario.”
Información complementaria
Este informe se basa en el trabajo de investigación que Amnistía Internacional ha estado llevando a cabo durante más de un decenio sobre cuestiones de justicia, verdad y reparación por crímenes de derecho internacional en República Centroafricana. Para este informe, la organización realizó en abril de 2026 una visita a Bangui, la capital del país, y entrevistó a 63 personas. También examinó sentencias judiciales, textos jurídicos, informes de organizaciones internacionales, ONG y donantes, artículos académicos, declaraciones oficiales y artículos informativos.
Las conclusiones del informe se enviaron a las autoridades centroafricanas el 6 de octubre de 2026. Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta en el momento de la publicación.
El Tribunal Penal Especial tiene el mandato de investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional cometidos durante los conflictos en República Centroafricana desde 2003. Es un tribunal híbrido respaldado por la ONU y compuesto por fiscales y jueces tanto centroafricanos como extranjeros. Comenzó su segundo mandato de cinco años el 22 de octubre de 2023, que está previsto que finalice en octubre de 2028.