El proyecto de ley presentado en Francia para obligar a manifestantes a sufragar los daños a la propiedad causados por los actos de violencia en las protestas callejeras, aunque no hayan intervenido directamente en ellos, tendrá un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y debe ser rechazado por el poder legislativo; así lo ha manifestado Amnistía Internacional antes del debate que tendrá lugar durante dos días en el Senado.
Este proyecto de ley amenaza con disuadir aún más a la ciudadanía de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Nathalie Godard, Amnistía Internacional Francia
De aprobarse, la ley comúnmente llamada “los alborotadores pagan” haría responsables a personas concretas de actos que no han cometido personalmente, si se demostrara que participaron “a sabiendas” en una reunión en la que hubo actos de violencia, robo, destrucción y daños a la propiedad. Un manifestante podría tener que pagar hasta 10.000 euros; además, podría ver embargadas sus prestaciones sociales si no abonara la indemnización, medida que pondría en mayor riesgo de pobreza a familias ya marginadas. También se podría pedir responsabilidad civil a padres y madres por actos que sus hijos o hijas no cometieron.
“Este proyecto de ley, que sucede a una serie de reformas jurídicas para restringir el derecho de protesta en Francia, amenaza con disuadir aún más a la ciudadanía de salir a la calle para ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, ha dicho Nathalie Godard, directora del Departamento de Acción de Amnistía Internacional Francia.
“Exigir a manifestantes que respondan de actos cometidos por otras personas y que paguen por ellos supone un riesgo de castigo arbitrario y es contrario a las obligaciones internacionales de Francia. De aprobarse, esta ley supondría un grave retroceso; el poder legislativo debe rechazarla rotundamente.”
Según el derecho internacional, a quienes participan en una manifestación sólo se les puede exigir que respondan de sus propios actos, y esa exigencia de responsabilidades debe basarse en pruebas de culpabilidad individual.
De aprobarse, esta ley supondría un grave retroceso; el poder legislativo debe rechazarla rotundamente.
Natalie Goddard, Amnistía Internacional Francia
Según la legislación francesa actual, las prestaciones familiares de seguridad social y ayudas a la vivienda están generalmente protegidas del embargo por reclamación de deudas. El proyecto de ley incluye excepciones adicionales a esta protección y permite embargar tales prestaciones y ayudas para reclamar indemnizaciones. Los daños causados por menores entrarían dentro de esas excepciones, lo que supondría una reducción de la ayuda económica a las familias para cubrir sus gastos y necesidades básicas. Además, el proyecto de ley contempla la posibilidad de embargar los pagos de la Renta de Solidaridad Activa (Revenu de Solidarité Active), dirigida a proporcionar unos ingresos mínimos a personas que de otro modo tendrían unos ingresos ínfimos o nulos.
“Embargar prestaciones familiares, ayudas a la vivienda o la renta de solidaridad activa podría tener consecuencias catastróficas para algunas de las personas más vulnerables, ya que afectaría a su capacidad de acceder a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias”, ha afirmado Natalie Goddard.
El proyecto de ley presentado, además, amplía el ámbito de aplicación de la pena de expulsión del territorio francés para incluir a las “personas de nacionalidad extranjera” que sean declaradas culpables de ciertos delitos graves cometidos durante reuniones públicas, como ataques a la integridad física de terceras personas, daños graves a la propiedad —incluidos incendios provocados— y robos con agravantes o saqueos.
Amnistía Internacional pide al Parlamento que garantice que la pena de expulsión del territorio francés no da lugar en ningún caso a una violación del principio de no devolución (non-refoulement), que es absoluto y prohíbe expulsar a cualquier persona, al margen de su condición, a un lugar donde correría peligro real de persecución o de violaciones de derechos humanos.
“La legislación existente ya contempla la pena de expulsión del territorio francés. Por eso nos preocupa profundamente que esta reforma pueda introducir un discurso xenófobo en el debate legislativo y fomentar la utilización de las personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo y de grupos minoritarios como chivos expiatorios”, ha dicho Nathalie Godard.
Información complementaria
El proyecto de ley se someterá a debate en el Senado francés los días 27 y 28 de octubre.
El gobierno francés anunció el verano de 2026 el proyecto de ley presentado con el título “Indemnización por daños derivados de actos violentos o daños materiales en espacios públicos, y cobro de indemnizaciones”, tras los episodios de violencia y daños a la propiedad ocurridos durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA en mayo de 2026. Las autoridades francesas incluyeron este proyecto de ley en el orden del día del Parlamento e iniciaron un procedimiento acelerado para su tramitación en el contexto de las protestas en curso en Francia, que comenzaron el 31 de agosto de 2026 en los territorios de ultramar y el 18 de septiembre en la Francia continental.