En respuesta a la reforma propuesta por la Comisión Europea del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Reglamento Frontex), que amplía enormemente el presupuesto, las facultades, el personal y el mandato de la agencia, sin ampliar de forma proporcional sus salvaguardias de derechos humanos y sus obligaciones en materia de transparencia, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:
“Los cambios propuestos por la Comisión Europea al mandato de Frontex priorizan una vez más la ampliación de las facultades de la agencia para deportar, controlar las fronteras y actuar más allá de la UE sin ampliar al mismo tiempo sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
“Esta reforma incluye otorgar a Frontex nuevos poderes para llevar a cabo devoluciones forzosas entre países no pertenecientes a la UE, lo que allana el camino a un papel más amplio en los ‘centros de retorno’ en terceros países. La reforma agrava el riesgo de que la UE sea cómplice de violaciones de derechos humanos, y pone trabas adicionales a la transparencia y la rendición de cuentas. Debe ser rechazada de plano.”
“Una y otra vez, vemos a la Comisión Europea redoblar la Fortaleza Europa: aumento de la seguridad fronteriza, la vigilancia y las deportaciones sin cuestionar siquiera los crecientes poderes de una agencia que ha facilitado que haya gente que se vea atrapada en abusos contra los derechos humanos.”
“El mandato de Frontex exige explícitamente respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, en lugar de corregir las deficiencias estructurales y las políticas equivocadas que propician abusos y violaciones de derechos contra personas en las fronteras europeas, la decisión adoptada hoy intensificará aún más este enfoque fallido en los países que no pertenecen a la UE.”
“Mientras la población de toda Europa protesta por el acceso a la vivienda y por la falta de financiación para la educación y los servicios públicos, la Comisión Europea sigue presentando el control de la migración como el problema existencial del continente, y dedicando recursos desproporcionados a deportaciones y control de fronteras. Hace ya mucho que se necesita una reevaluación fundamental de las prioridades.”
Información complementaria
El 27 de octubre, la Comisión Europea presentó dos propuestas: por un lado, una reforma del Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que incrementó el número de agentes de Frontex hasta los 30.000 y otorga a la agencia un papel más importante en las devoluciones y la “respuesta a la crisis”, y por otro, un reglamento para digitalizar los procedimientos de devolución, readmisión y reintegración.
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo siguiendo el trabajo de Frontex, y fue miembro de su Foro Consultivo sobre Derechos Fundamentales desde su creación en 2012 hasta final de 2022. En Frontex se han introducido una serie de reformas que han ampliado rápidamente sus poderes, su presupuesto y su capacidad operativa desde su creación en 2004, y que han aumentado su presupuesto hasta más de mil millones de euros anuales para 2026.
Amnistía Internacional ha planteado su preocupación por el papel de Frontex en actividades de vigilancia marítima y aérea en el Mediterráneo durante interceptaciones ilegales de personas refugiadas y migrantes por parte de la Guardia Costera libia.
Amnistía Internacional también ha cuestionado en numerosas ocasiones la continuación de las operaciones de Frontex en países de la UE que adoptan prácticas que son incompatibles con la legislación europea sobre asilo y migración, y ha instado a esta agencia de la UE a actuar con rapidez en casos de informes de violaciones o presuntas violaciones de derechos fundamentales, y a iniciar procedimientos, de acuerdo con las disposiciones del artículo 46 del actual Reglamento de Frontex, con el fin de suspender o terminar sus operaciones en esos casos.