- El Informe Anual de Amnistía Internacional en 2022 pone en evidencia el doble rasero que existe en materia de derechos humanos en todo el mundo, así como la inacción de la comunidad internacional a la hora de unirse en torno a unos derechos humanos y unos valores universales aplicados sistemáticamente.
- La contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania contrasta marcadamente con la deplorable falta de medidas significativas ante las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto.
- Los derechos de las mujeres y la libertad de protesta corren peligro ante la inacción de los Estados a la hora de proteger y respetar estos derechos en su territorio.
- Cuando se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional insiste en que un sistema internacional basado en normas debe fundamentarse en los derechos humanos y aplicarse a todas las personas en todas partes.
La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 ha desencadenado numerosos crímenes de guerra, ha generado una crisis energética y alimentaria mundial y ha alterado aún más el sistema multilateral, ya de por sí debilitado. También ha puesto de manifiesto la hipocresía de los Estados occidentales que reaccionaron con contundencia a la agresión del Kremlin pero consienten violaciones graves de los derechos humanos en otros lugares. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional al presentar su análisis anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
El Informe 2022/23 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y la insuficiencia de las respuestas a los abusos de derechos humanos que se cometen en todo el mundo, incluidos el silencio clamoroso respecto al historial de derechos humanos de Arabia Saudí, la pasividad a propósito de Egipto y la negativa a hacerle frente al sistema de apartheid israelí contra la población palestina, han reforzado la impunidad y la inestabilidad.
El informe también destaca el empleo por parte de China de tácticas de mano dura para impedir la acción internacional sobre los crímenes contra la humanidad que ha cometido, así como la inacción de las instituciones globales y regionales —maniatadas por los intereses individuales de sus miembros— a la hora de responder adecuadamente a conflictos en los que miles de personas están perdiendo la vida, como son los de Etiopía, Myanmar y Yemen.
“La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo espeluznante de lo que sucede cuando los Estados creen que pueden incumplir el derecho internacional y violar los derechos humanos sin pagar sus consecuencias”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La Declaración Universal de Derechos Humanos surgió hace 75 años de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En su esencia está el reconocimiento universal de que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales. Aunque las dinámicas de poder mundiales están inmersas en el caos, los derechos humanos no pueden perderse en mitad de tanta confusión. Deben ser el faro que guíe al mundo en un entorno cada vez más volátil y peligroso. No esperemos a que el mundo arda de nuevo.”
Aunque las dinámicas de poder mundiales están inmersas en el caos, los derechos humanos no pueden perderse en mitad de tanta confusión.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
El vergonzoso doble rasero facilita nuevos abusos
La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha desatado una de las peores emergencias humanitarias y de derechos humanos de la historia reciente. El conflicto no sólo ha dado lugar a desplazamientos masivos, crímenes de guerra e inseguridad energética y alimentaria en todo el mundo, sino que también ha agitado el inquietante avispero de la guerra nuclear.
La respuesta no ha tardado en llegar: los Estados occidentales han impuesto sanciones económicas a Moscú y enviado apoyo militar a Kiev; la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa y calificarla acto de agresión. Esta iniciativa firme, por más que bien recibida, contrasta marcadamente con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar.
Si la guerra de agresión rusa deja algo claro para el futuro del mundo, es la importancia de un orden internacional basado en normas, eficaz y aplicado con coherencia.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“Si el sistema hubiese funcionado y se hubiese hecho rendir cuentas a Rusia por sus crímenes documentados en Chechenia y Siria, podrían haberse salvado miles de vidas entonces y ahora, en Ucrania y en otros lugares. Y, en cambio, nos toca lidiar con más sufrimiento y devastación”, ha dicho Agnès Callamard.
“Si la guerra de agresión rusa deja algo claro para el futuro del mundo es la importancia de contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente. Todos los Estados deben intensificar sus esfuerzos para contar con un orden basado en reglas y renovado, que beneficie a todas las personas en todas partes.”
Para la población palestina de la Cisjordania ocupada, 2022 fue uno de los años más mortíferos desde que en 2006 la ONU comenzara a llevar un registro sistemático de las víctimas. Y es que las fuerzas israelíes mataron al menos a 151 personas palestinas, incluidas decenas de niños y niñas. Las autoridades israelíes continuaron obligando a personas palestinas a abandonar sus hogares, y el gobierno está poniendo en marcha planes para ampliar drásticamente los asentamientos ilegales en toda la Cisjordania ocupada. En lugar de exigir el fin del sistema de apartheid israelí, muchos gobiernos occidentales optaron por atacar a quienes lo denunciaban.
Estados Unidos ha criticado enérgicamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Rusia en Ucrania y ha admitido en su territorio a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra. Sin embargo, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 expulsó a más de 25.000 personas haitianas en aplicación de políticas y prácticas arraigadas en el racismo contra las personas negras, y sometió a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos.
Los Estados de la Unión Europea abrieron sus fronteras a la población ucraniana que huía de la agresión rusa y, siendo uno de los bloques más ricos del mundo, demostraron tener capacidad más que de sobra para acoger a grandes cantidades de personas que buscaban seguridad y ofrecerles acceso a salud, educación y alojamiento. Sin embargo, muchos mantuvieron sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia.
“La respuesta a la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto lo que se puede hacer cuando hay voluntad política: el mundo entero la condenó, se iniciaron investigaciones sobre los crímenes que se estaban cometiendo y se abrieron las fronteras a las personas refugiadas. Esta respuesta debe servirnos de modelo para abordar todas las violaciones de derechos humanos masivas”, ha afirmado Agnès Callamard.
Este doble rasero de Occidente ha envalentonado a países como China, y ha permitido a Egipto y Arabia Saudí eludir, ignorar y desviar las críticas que se les han hecho sobre sus respectivos historiales de derechos humanos.
Pese a las masivas violaciones de derechos humanos —equivalentes a crímenes de lesa humanidad— cometidas contra la población uigur y otras minorías musulmanas, China ha eludido la condena internacional de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y estableció un mecanismo de investigación sobre Irán a raíz de las cruentas protestas que estallaron en ese país. Sin embargo, votó no seguir investigando ni debatiendo siquiera las propias conclusiones de la ONU sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang (China), y suspendió una resolución sobre Filipinas.
“Los países aplicaron el derecho de los derechos humanos dependiendo del caso, en un asombroso espectáculo de hipocresía y doble moral palmarias. Los Estados no pueden criticar las violaciones de derechos humanos primero, y luego consentir abusos similares en otros países solamente por proteger sus propios intereses. Es inadmisible y erosiona los fundamentos del sistema universal de derechos humanos”, ha dicho Agnès Callamard.
“También necesitamos que los Estados que hasta ahora no han osado alzar la voz tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan. Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos.”
Represión implacable de la disidencia en todo el mundo
En 2022, en Rusia se denunció judicialmente a disidentes y se clausuraron medios de comunicación por el mero hecho de mencionar la guerra de Ucrania. Se encarceló a periodistas en Afganistán, Bielorrusia, Etiopía, Myanmar, Rusia y decenas de países más en los que arreciaban los conflictos.
En Australia, India, Indonesia y Reino Unido, las autoridades aprobaron legislación que imponía restricciones a las manifestaciones, mientras que en Sri Lanka se emplearon los poderes del estado de excepción para reprimir las protestas masivas contra una crisis económica rampante. La legislación de Reino Unido otorgaba a los agentes policiales amplias facultades, incluida la de prohibir “protestas ruidosas”, lo que socavaba la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La tecnología —utilizada para silenciar, impedir reuniones públicas o desinformar— se convirtió en un arma contra muchas personas.
Las autoridades iraníes respondieron al levantamiento sin precedentes contra decenios de represión empleando fuerza ilegítima mediante munición real, perdigones metálicos, gas lacrimógeno y palizas, lo que causó centenares de muertes, entre ellas las de decenas de menores. En diciembre, las fuerzas de seguridad peruanas emplearon fuerza ilegítima, especialmente contra población indígena y campesina, para sofocar las protestas que estallaron durante la crisis política que siguió a la destitución del presidente Castillo. También se reprimió a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y figuras políticas de la oposición en países como Zimbabue y Mozambique.
En respuesta a la creciente amenaza al derecho a protestar, en 2022 Amnistía Internacional lanzó una campaña global para hacer frente a la intensificación de las iniciativas de los Estados para erosionar el derecho fundamental a la libertad de reunión pacífica. Como parte de esta campaña, la organización pide la adopción de un tratado sobre el comercio sin tortura que prohíba la producción y el comercio de material utilizado para hacer cumplir la ley intrínsecamente abusivo y que controle el comercio de este material, utilizado para infligir tortura y otros malos tratos.
Las mujeres sufren las peores consecuencias de la inacción de los Estados a la hora de proteger y respetar los derechos
La represión de la disidencia y los planteamientos incoherentes en materia de derechos humanos también tuvieron claras consecuencias en los derechos de las mujeres.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una antigua garantía constitucional del derecho al aborto, lo que puso en peligro el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la intimidad, la seguridad y la no discriminación de millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas.
En 2022 se aprobó legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto en varios estados de Estados Unidos, y en Polonia se enjuició a activistas por ayudar a mujeres a conseguir píldoras abortivas.
El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Las mujeres indígenas continuaban sufriendo violaciones y otros actos de violencia sexual en un grado desproporcionadamente elevado en Estados Unidos. En Pakistán, pese a que se denunciaron varios casos de gran resonancia de asesinatos de mujeres a manos de familiares, el Parlamento no promulgó una ley sobre violencia de género en el ámbito familiar pendiente desde 2021. En India se cometieron impunemente actos violentos contra mujeres dalits y adivasis, entre otros crímenes de odio basados en la casta.
En Afganistán se constató un deterioro particularmente notorio en los derechos de las mujeres y las niñas a la autonomía personal, la educación, el trabajo y el acceso a los espacios públicos a raíz de una serie de edictos de los talibanes. En Irán, la “policía de la moral” detuvo violentamente a Mahsa (Zhina) Amini por llevar fuera del pañuelo unos mechones de cabello. Unos días después, Mahsa murió bajo custodia y hubo informes verosímiles de tortura, lo que desencadenó protestas en todo el país en las que resultaron heridas, detenidas o muertas muchas más mujeres y niñas.
“El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial”, ha afirmado Agnès Callamard.
La acción global contra las amenazas a la humanidad ha sido lamentablemente insuficiente
En 2022, el mundo siguió sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El cambio climático, los conflictos y las perturbaciones económicas causadas en parte por la invasión rusa de Ucrania agravaron aún más los riesgos para los derechos humanos.
Como consecuencia de la crisis económica, el 97% de la población de Afganistán vivía en la pobreza. En Haití, la violencia generalizada de las bandas agravó una crisis política y humanitaria que llevó a más del 40% de la población a sufrir inseguridad alimentaria aguda.
Si nuestras instituciones internacionales no están a la altura de las circunstancias no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir a estas crisis.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Las condiciones climáticas extremas, agravadas por la celeridad del calentamiento global, provocaron hambrunas y enfermedades en varios países de Asia meridional y África subsahariana, incluidos Pakistán y Nigeria, donde las inundaciones tuvieron consecuencias catastróficas en la vida y los medios de subsistencia de la población y desencadenaron un brote de enfermedades transmitidas por el agua que causaron cientos de muertes.
Con esta situación como telón de fondo, los gobiernos no actuaron en favor del interés superior de la humanidad y no abordaron la dependencia de los combustibles fósiles, principal factor que nos aboca a la mayor amenaza para la vida tal como la conocemos. Esta inacción colectiva fue otro claro ejemplo de la debilidad de los sistemas multilaterales actuales.
“Los embates de varias crisis simultáneas asedian al mundo, como los conflictos generalizados, una economía mundial cruel que lastra a demasiados Estados con una deuda insostenible, el fraude tributario de las empresas, el uso de la tecnología como arma, la crisis climática y los desplazamientos de las placas tectónicas del poder. Si nuestras instituciones internacionales no están a la altura de las circunstancias no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir a estas crisis”, ha añadido Agnès Callamard.
Es preciso reformar las instituciones internacionales disfuncionales
En lugar de socavar las instituciones y los sistemas internacionales que deben proteger nuestros derechos, es esencial fortalecerlos. La primera medida es garantizar la plena financiación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, de manera que puedan investigar, hacer rendir cuentas e impartir justicia.
Amnistía Internacional también pide que se reforme el principal órgano de toma de decisiones de la ONU —el Consejo de Seguridad— a fin de dar voz a países y situaciones que han sido tradicionalmente ignorados, especialmente en el Sur global.
“Para reflejar las realidades de hoy, es preciso acometer una reforma profunda del sistema internacional. No podemos permitir que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU continúen ejerciendo su poder de veto y haciendo un uso abusivo de sus privilegios sin control. La falta de transparencia y eficacia del proceso de toma de decisiones del Consejo deja a todo el sistema expuesto a la manipulación, los abusos y un funcionamiento deficiente”, ha manifestado Agnès Callamard.
Sin embargo, mientras la actuación interesada de los gobiernos elude la priorización de nuestros derechos humanos, el movimiento de derechos humanos demuestra que las personas a las que esos Estados deberían haber protegido siguen siendo fuente de inspiración y esperanza.
En Colombia, el tesón del activismo en favor de los derechos de las mujeres y la acción judicial contribuyeron a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. En Sudán del Sur se excarceló a Magai Matiop Ngong —que tenía 15 años cuando fue condenado a muerte en 2017— después de que miles de personas de todo el mundo pidieran su libertad a las autoridades.
Ante las atrocidades y los abusos, es fácil caer en la desesperanza, pero durante 2022 la gente ha demostrado que no estamos indefensos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
El activista ambiental indígena maya Bernardo Caal Xol quedó en libertad condicional tras pasar cuatro años en prisión en Guatemala por cargos falsos. Tras años de campañas llevadas a cabo por movimientos de mujeres en España, el Parlamento nacional aprobó una ley que determinaba que el consentimiento constituía el elemento clave de la definición jurídica de la violación. Kazajistán y Papúa Nueva Guinea abolieron la pena de muerte.
“Ante las atrocidades y los abusos, es fácil caer en la desesperanza, pero durante 2022 la gente ha demostrado que no estamos indefensos”, ha concluido Agnès Callamard.
“Hemos presenciado actos icónicos de resistencia, como los de las mujeres afganas que salieron a la calle a protestar contra el régimen talibán y los de las iraníes que caminaron en público sin velo o se cortaron el pelo como protesta por las leyes del país sobre la obligatoriedad de llevarlo. Millones de personas oprimidas sistemáticamente por el patriarcado y el racismo tomaron las calles para exigir un futuro mejor. Lo hicieron en años anteriores y volvieron a hacerlo en 2022, lo que debería servir para que nuestros gobernantes tengan presente que jamás vamos a permanecer impasibles ante sus ataques a nuestra dignidad, igualdad y libertad.”
El doble rasero y las respuestas insuficientes han menoscabado los derechos humanos
A lo largo del año pasado, Estados de todo el continente de las Américas fallaron a su población con promesas vacías, aplicando un doble rasero e incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al presentar su informe anual sobre la región. “Pese a prometer prosperidad, seguridad, avances sociales y protección ambiental, los gobiernos de las Américas dieron la espalda a las mujeres, las personas refugiadas y otros grupos históricamente marginados; no abordaron de forma adecuada la crisis climática, y reprimieron con brutalidad a quienes se atrevían a levantar la voz contra la injusticia y la desigualdad. Es hora de que los Estados asuman su responsabilidad en relación con los derechos humanos y pongan fin a las injusticias que asolan la región”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Es hora de que los Estados asuman su responsabilidad en relación con los derechos humanos y pongan fin a las injusticias que asolan la región.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
Américas: Datos clave
Represión implacable de la disidencia
En respuesta a las crecientes amenazas que pesaban sobre el derecho a la protesta, Amnistía Internacional lanzó una campaña global en 2022 contra las medidas cada vez más enérgicas que los Estados estaban adoptando para erosionar el derecho fundamental a libertad de reunión pacífica.
Millones de personas en las Américas, junto a movimientos sociales y activistas, tomaron las calles para exigir derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente. En muchos países, las autoridades respondieron violando los derechos a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física.
El uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad eran prácticas muy extendidas en la región, y con frecuencia se dirigían contra los barrios de ingresos bajos y población racializada. En Brasil, el 84% del total de víctimas de homicidios policiales eran personas negras, como las 23 que murieron de forma violenta en una redada que tuvo lugar en Río de Janeiro en mayo. En Estados Unidos, más de 75 personas fueron detenidas en relación con las protestas que tuvieron lugar después de que la policía disparara 46 veces contra Jayland Walker —hombre negro— en Akron (Ohio) en junio.
En Venezuela, según la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), las fuerzas de seguridad efectuaron entre enero y septiembre 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los informes de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacaban la manipulación del sistema judicial al objeto de proteger de la justicia a los agentes de policía y los militares responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas, e identificaban las cadenas de mando que vinculaban a los presuntos autores con el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la primera de ese tipo que se llevaba a cabo en la región.
En Perú, las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva y letal con un sesgo racista contra la población indígena y campesina para sofocar las manifestaciones que tuvieron lugar durante la crisis política que siguió a la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo. Desde el inicio de la crisis han muerto al menos 49 personas por la represión estatal —11 en bloqueos de carreteras—, además de un policía y 6 soldados, y han resultado heridas centenares más.
Las detenciones arbitrarias siguieron siendo generalizadas en la región. Con frecuencia se sometía a las personas detenidas a tortura u otros malos tratos y, en algunos casos, a desaparición forzada. En marzo del año pasado, las autoridades de El Salvador declararon un estado de excepción como respuesta a un aumento notable de los homicidios, presuntamente cometidos por pandillas. Esta medida dio lugar a violaciones masivas de derechos humanos, más de 65.000 detenciones y la generalización de los juicios injustos.
En Nicaragua, hasta diciembre del año pasado, las autoridades habían cancelado la personería jurídica de al menos 3.144 organizaciones, cerrado al menos 12 universidades, encarcelado a periodistas y hostigado a personas que ejercían el activismo político y pertenecían a la oposición. En febrero de 2023, el gobierno sometió a exilio forzado a más de 222 personas y despojó de su nacionalidad a más de 300; entre ellas figuraban personas destacadas del ámbito de la defensa de los derechos humanos, la literatura y el periodismo.
La defensa de los derechos humanos continúa siendo una actividad peligrosa en toda la región y, sólo en Colombia, el año pasado se registró el homicidio de al menos 189 líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de los derechos sociales. En Venezuela, también el año pasado se cometieron al menos 396 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidos actos de intimidación, estigmatización y amenazas; y en Guatemala, jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras de los derechos humanos y manifestantes se vieron sometidos a procesos penales infundados. La libertad de prensa siguió corriendo peligro: México vivió el año más mortífero de su historia, con al menos 13 periodistas asesinados; también hubo muertes de periodistas en Colombia, Haití y Venezuela.
La aplicación descarada de un doble rasero fomenta los abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas
Las crisis humanitarias y de derechos humanos que atravesaron las Américas provocaron aumentos bruscos en el número de personas que abandonaban su país en búsqueda de protección. Al menos 7,17 millones de venezolanos y venezolanas han abandonado ya su país, y el número de quienes se marchan de Cuba y Haití también se ha incrementado de manera significativa, lo que se suma al flujo constante de población que huye de América Central. Según UNICEF, 5.000 niños, niñas y adolescentes atravesaron el peligroso Tapón del Darién —entre Colombia y Panamá— en el primer semestre de 2022, cifra que duplicaba la registrada en el mismo periodo de 2021.
Además, los tribunales federales de Estados Unidos confirmaron los Protocolos de Protección a Migrantes y el Título 42 del Código de Estados Unidos, lo que causó daños irreparables a decenas de miles de personas solicitantes de asilo que fueron expulsadas a México, donde su vida corría peligro. Por su parte, las autoridades mexicanas siguieron colaborando con las estadounidenses para impedir que personas de otros países buscaran seguridad en Estados Unidos; recluyeron al menos a 281.149 personas en centros de detención migratoria masificados y expulsaron al menos a 98.299 —en su mayoría de América Central—, entre las que había miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados.
Estados Unidos ha criticado abiertamente las violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania y ha recibido a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra; sin embargo, en aplicación de unas políticas y prácticas basadas en el racismo contra la población negra, expulsó a más de 25.000 personas haitianas entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, y sometió a muchas de ellas a detención arbitraria y tratos humillantes y discriminatorios que constituían tortura por motivos raciales.
Las mujeres y las personas LGBTQI+ sufren las peores consecuencias porque los Estados no protegen sus derechos
Los derechos de las mujeres estuvieron en la mira debido a que las autoridades de varios países tomaron medidas que ponían en grave peligro los derechos sexuales y reproductivos. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una antigua garantía constitucional de acceso al aborto, lo que puso en peligro otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la privacidad, a la seguridad y a la no discriminación de millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Al concluir 2022, varios estados de ese país habían aprobado legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto.
En El Salvador continuaba vigente la prohibición total del aborto; al menos dos mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas, y una de ellas cumplía la pena de prisión máxima, 50 años. En República Dominicana, el Congreso siguió sin presentar un Código Penal renovado, en el que se despenalizaba el aborto.
El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas contra la arraigada violencia de género ni abordaron la impunidad por estos delitos. El número de violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres indígenas seguía siendo desproporcionadamente alto en Estados Unidos, y se registraron centenares de femicidios en países como Argentina, México y Venezuela. El gobierno de México siguió estigmatizando a las feministas que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas de seguridad golpearon con violencia y detuvieron arbitrariamente a manifestantes.
“El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial”, ha afirmado Agnès Callamard.
No obstante, se lograron algunos avances con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, así como a los de las personas LGTBI. En Colombia, la perseverancia del activismo en favor de los derechos de las mujeres y una sofisticada acción judicial contribuyeron a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. Ese mismo tribunal reconoció también un marcador de género no binario en el documento nacional de identidad, estableciendo un precedente jurídico en favor de la diversidad de género en el país. Por su parte, Cuba aprobó tras un referéndum el nuevo Código de las Familias, que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitía a las parejas homosexuales adoptar.
Sin embargo, la población LGBTI de varios países continuaba expuesta a homicidios, ataques, discriminación y amenazas, y tenía dificultades para conseguir el reconocimiento legal. En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, las personas transgénero corrían especial peligro de ser asesinadas. Brasil continuaba siendo el país más mortífero del mundo para las personas transgénero, a pesar de que dos mujeres transgénero fueron elegidas diputadas federales por primera vez en la historia del país.
Una acción regional sumamente insuficiente contra las amenazas para la humanidad
La región de las Américas siguió sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y el cambio climático y la inestabilidad económica agravaron el peligro que corrían los derechos humanos. Las autoridades no garantizaban el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. La inflación agravó las dificultades económicas, y el número de personas que vivían en situación de pobreza se mantuvo por encima de los niveles anteriores a la pandemia.
En Venezuela, la mayor parte de la población sufría inseguridad alimentaria, y el país presentaba en agosto la tercera mayor tasa de inflación de los alimentos del mundo. La escasez de alimentos en Cuba obligaba a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos; y en Haití, en un contexto de resurgimiento del cólera, más del 40% de la población se hallaba en situación de crisis o de emergencia alimentaria. Más de la mitad de la población de Brasil carecía también de acceso seguro y en cantidad suficiente a alimentos.
La mayoría de los países no aplicaron medidas para reforzar la protección del derecho a la salud, pese a que la pandemia había demostrado que los sistemas de salud necesitaban importantes reformas. En Chile, una amplia mayoría de la ciudadanía rechazó la propuesta de una nueva Constitución que reforzaba la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En este contexto, los países no actuaron en favor del interés superior de la humanidad ni abordaron la dependencia de los combustibles fósiles, principal factor de la crisis climática que amenaza la vida tal como la conocemos. Pese a su retórica en favor de la reducción de las emisiones globales, muchos gobiernos no pasaron de las palabras a los hechos.
El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de legislación sobre el cambio climático —el primero de la historia del país—, pero también restableció las antiguas subastas de contratos de arrendamiento de petróleo y gas en terrenos federales y en el Golfo de México, que el gobierno del presidente Joseph Biden había intentado cancelar, y obligó a las autoridades a celebrar varias subastas nuevas. Por su parte, el organismo de fomento de las exportaciones de Canadá había inyectado a mediados de año 2.500 millones de dólares estadounidenses al sector del petróleo y el gas, aun cuando el país puso en marcha un plan para eliminar de forma gradual la financiación pública de nuevos proyectos de combustibles fósiles.
Pese a los graves desafíos a los que nos enfrentamos, la gente de las Américas ha demostrado una y otra vez que tiene el poder de lograr cambios en la región.
Erika Guevara-Rosas
En otro lugar de la región, Brasil, se presentó un plan nacional de mitigación climática que era insuficiente en relación con la contribución del país al cambio climático. Sin embargo, tras ganar las elecciones presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva anunció que promovería la protección de los biomas del país prestando especial atención a la Amazonía, zona que los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático habían declarado muy vulnerable a las sequías y las altas temperaturas.
En Guatemala, el ambientalista de etnia maya Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad condicional después de pasar cuatro años en prisión por cargos falsos. Aun así, las personas activistas en materia ambiental y los pueblos indígenas siguieron sufriendo ataques por intentar abordar la crisis climática, y se registraron homicidios en Brasil, Colombia, Ecuador y México.
“Pese a los graves desafíos a los que nos enfrentamos, la gente de las Américas ha demostrado una y otra vez que tiene el poder de lograr cambios en la región. Desde las personas indígenas activistas que encabezan la defensa de nuestro planeta, la población valiente que se opone a la injusticia racial, o las mujeres y niñas que se alzan y reclaman el control de su cuerpo constantemente emergen nuevas generaciones de defensores y defensoras de los derechos humanos que hacen rendir cuentas a nuestros gobiernos”, ha añadido Erika Guevara-Rosas.