Rusia 2024
Rusia continuó su guerra de agresión contra Ucrania. Persistían duras restricciones del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Quienes expresaban su disidencia se enfrentaban a procesamientos arbitrarios, juicios injustos, cuantiosas multas y largas penas de prisión en aplicación de un sinfín de leyes que incumplían las normas internacionales de derechos humanos. Se utilizó la legislación antiextremista y antiterrorista para procesar a personas críticas con el gobierno y a grupos religiosos, así como a menores. Creció el número de personas procesadas por traición y espionaje. Más de 60 organizaciones fueron declaradas “extremistas” y prohibidas. Los juicios incumplían las normas internacionales de imparcialidad. Persistían la tortura y otros malos tratos bajo custodia, cometidos con absoluta impunidad. Aumentó la persecución de personas LGBTI. Las autoridades regionales continuaron poniendo obstáculos para el acceso al aborto. Rusia no demostró ningún compromiso para abordar el cambio climático.
Información general
Rusia continuó su guerra de agresión contra Ucrania y cometió múltiples violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra (véase el apartado sobre Ucrania).
En agosto, las fuerzas ucranianas ocuparon parte de la región rusa de Kursk. Según informes sin confirmar de las autoridades, decenas de personas civiles resultaron muertas; cientos, heridas; cientos más desaparecieron y más de 150.000 sufrieron desplazamiento interno. La defensora del Pueblo rusa informó de que las autoridades habían ofrecido alojamiento temporal a unas 50.000 de estas personas desplazadas. Muchas personas evacuadas se quejaban de que las autoridades rusas no habían llevado a cabo una evacuación organizada al comienzo de la ofensiva ucraniana. Los combates en la región obstaculizaban la llegada de ayuda humanitaria a quienes permanecían en esos territorios ocupados. En noviembre, la defensora del Pueblo rusa informó de la devolución a Rusia de 46 civiles a quienes las fuerzas ucranianas habían trasladado a Ucrania. En diciembre, ataques con misiles sobre las localidades de Rylsk y Lgov, en la región de Kursk, mataron a nueve personas e hirieron a 19. Continuaron los ataques de Ucrania en la región de Bélgorod, y medios de comunicación rusos informaron de la muerte de al menos 161 civiles al final del año. Ucrania empleó drones para atacar depósitos de petróleo y otros objetivos en Rusia. Algunos de estos ataques mataron o hirieron a civiles y dañaron infraestructuras de carácter civil.
El 22 de marzo, un grupo armado mató a 145 personas e hirió a 551 en un ataque contra la sala de conciertos Crocus City Hall de la capital, Moscú.
En agosto, las autoridades rusas indultaron, liberaron y expulsaron a 15 personas presas, entre las que había prominentes activistas de la sociedad civil, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, como parte de un intercambio negociado con algunos países europeos y Estados Unidos.
Rusia abandonó el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa en agosto, y siguió sin reconocer el mandato de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Rusia, prorrogado otro año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre.
A pesar de los informes de crecimiento económico impulsado por el enorme gasto militar, el coste de la vida aumentó para muchas personas debido a una inflación desbocada y a la continuidad de las sanciones internacionales.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Según la información recibida, fuerzas rusas mataron a tiros a nueve prisioneros de guerra ucranianos en la región de Kursk en octubre; no se investigaron las denuncias (véase Ucrania).
El 2 de noviembre, la Comisión Militar de Investigación informó de que estaba “documentando pruebas de crímenes cometidos por nacionalistas ucranianos” basándose en una fotografía (no facilitada) donde al parecer se veían “soldados rusos prisioneros sin signos de vida” en la región de Kursk.
Impunidad
En febrero murió bajo custodia el destacado líder de la oposición Alexei Navalny en circunstancias sospechosas. Las autoridades retrasaron la entrega de su cadáver nueve días e insistieron en que su funeral fuera en secreto, a lo que su madre se negó. En septiembre, un periodista de investigación de The Insider publicó denuncias documentadas de que Alexei Navalny había sido envenenado. No hubo una investigación efectiva sobre las circunstancias de su muerte.
La Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra dos altos mandos militares rusos en marzo, y contra el exministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Valery Gerasimov en junio, todas ellas por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Una ley aprobada en marzo legalizó la práctica existente de poner en libertad a presos y presuntos delincuentes y eximirlos de responsabilidad penal si aceptaban ingresar en las fuerzas armadas rusas para entrar en combate.
Libertad de expresión
Las autoridades utilizaron la legislación sobre “agentes extranjeros”, “organizaciones indeseables” y “censura de guerra” para perseguir a la sociedad civil y silenciar las críticas sobre la guerra en curso contra Ucrania y sobre otras políticas. Al menos se abrieron 98 causas penales y se condenó a 171 personas en aplicación de la legislación sobre “censura de guerra”.
Creció el uso de la legislación antiextremista y antiterrorista contra quienes criticaban al gobierno. Se abrieron al menos 114 causas penales por “justificación del terrorismo” sólo por la difusión de opiniones sobre hechos o personas concretas.
Libros, películas y producciones teatrales y televisivas fueron censurados o retirados por hacer referencia a relaciones homosexuales u otros temas prohibidos, o porque sus autores eran considerados “agentes extranjeros”.
Las autoridades bloquearon las plataformas de mensajería Signal y Viber en agosto y diciembre, respectivamente.
En febrero, Oleg Orlov, destacado defensor de los derechos humanos y copresidente de la organización Memorial, fue condenado a 30 meses de prisión tras ser declarado culpable de “desacreditar a las fuerzas armadas” por un artículo publicado en los medios de comunicación franceses. Fue liberado en agosto como parte de un canje de prisioneros.
En marzo, el periodista Roman Ivanov fue condenado a siete años de prisión por “difundir a sabiendas información falsa sobre las fuerzas armadas” por sus publicaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania.
En julio, la directora teatral Evgenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petriychuk fueron condenadas a seis años de prisión por “justificación del terrorismo” debido a su premiada obra de teatro sobre unas mujeres que se habían casado con miembros de grupos armados en Siria.
También en julio, el pianista Pavel Kushnir, detenido, se declaró en huelga de hambre “seca” (sin ingesta de líquidos) y murió a los 10 días. Había sido detenido por “llamamientos públicos al terrorismo” por expresar pacíficamente en YouTube sus opiniones contra la guerra.
Tras la muerte de Alexei Navalny, las autoridades continuaron sus represalias contra la Fundación Anticorrupción y otros grupos relacionados con él. Los juicios contra sus tres abogados y contra cuatro periodistas por el cargo arbitrario de “participación en una asociación extremista” comenzaron en septiembre y octubre, respectivamente.
En octubre se inició el juicio de seis activistas del movimiento juvenil Vesná (Primavera) en San Petersburgo por varios cargos relacionados con su oposición pacífica a la guerra en Ucrania. Se enfrentaban a hasta 15 años de prisión.
En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en una causa presentada por 107 particulares y organizaciones declaradas “agentes extranjeros”, que Rusia había violado los derechos a la libertad de expresión y de asociación y el derecho a la vida privada y familiar.
Libertad de reunión pacífica
Las autoridades continuaron violando el derecho a la libertad de reunión pacífica al no autorizar protestas o disolverlas, mientras que sí permitían las reuniones progubernamentales.
En enero, las autoridades disolvieron una manifestación en gran medida pacífica en protesta por el fallo condenatorio del activista de la sociedad civil Fail Alsynov en la ciudad de Baymak (república de Bashkortostán), y procesaron al menos a 81 personas que participaron en ella. Muchas denunciaron tortura y un hombre murió bajo custodia policial. Al final del año proseguían algunos de los juicios contra manifestantes y seguían sin investigarse las denuncias de tortura.
En febrero, las autoridades arrestaron arbitrariamente al menos a 387 personas en 39 ciudades de toda Rusia por llorar públicamente la muerte de Alexei Navalny. Se impusieron duras sanciones administrativas a decenas de ellas, como multas y breves periodos de detención.
Ese mismo mes, la policía arrestó a unas 30 personas, en su mayoría periodistas, que estaban informando sobre una concentración organizada por “Camino a Casa”, grupo de mujeres que reclamaban el regreso de sus familiares movilizados para combatir en la guerra contra Ucrania.
En mayo, el grupo fue declarado “agente extranjero”. Sus concentraciones de junio y septiembre también fueron disueltas. Se impusieron multas al menos a cuatro participantes por infringir las restrictivas normas que regulaban las reuniones públicas.
Libertad de asociación
Las autoridades continuaron atacando a la sociedad civil mediante legislación represiva, añadiendo a 169 particulares, organizaciones y medios de comunicación a la lista de “agentes extranjeros” y calificando de “indeseables” a 65 organizaciones más. Decenas de personas se enfrentaron a sanciones administrativas o penales por presuntas infracciones de la legislación sobre “agentes extranjeros” u “organizaciones indeseables”. Muchas actuaciones se celebraron in absentia.
Se intensificaron las restricciones impuestas a personas y organizaciones declaradas “agentes extranjeros”. En marzo se aprobó una ley que prohibía promover las plataformas pertenecientes a “agentes extranjeros” o anunciarse en ellas, y lo castigaba con cuantiosas multas o hasta dos años de prisión.
En mayo, las modificaciones a la legislación sobre “agentes extranjeros” prohibieron que éstos se presentaran a cualquier tipo de elecciones. Al menos seis figuras políticas locales declaradas “agentes extranjeros” fueron expulsadas de órganos designados por elección.
Las modificaciones a la legislación sobre “organizaciones indeseables” que entraron en vigor en agosto extendieron su ámbito de aplicación, que ya no se limitaba a las organizaciones no gubernamentales sino también a las establecidas por un gobierno extranjero o con su participación.
En junio, el Tribunal Supremo prohibió por “extremista” un grupo, al parecer inexistente, al que llamaba Movimiento Separatista Antirruso. Tras esta decisión, el Ministerio de Justicia publicó en julio una lista con 55 organizaciones “extremistas”, incluidas organizaciones de pueblos indígenas.
En septiembre comenzó el juicio de Grigory Melkonyants, copresidente de la organización de observación electoral Golos. Acusado en relación con los presuntos vínculos de Golos con la “indeseable” Red Europea de Organizaciones de Observación Electoral, se enfrentaba a hasta seis años de cárcel.
Libertad de religión o de creencias
Continuó el enjuiciamiento arbitrario de miembros de los Testigos de Jehová por “extremismo”: se abrieron 24 nuevas causas penales contra 34 fieles y se declaró culpables a 116, de los que 43 fueron condenados a hasta ocho años de prisión. En diciembre había 171 testigos de Jehová procedentes de Rusia y de territorio ucraniano ocupado por Rusia cumpliendo condena en colonias penitenciarias.
Clérigos ortodoxos rusos que expresaron posturas contrarias a la guerra fueron expulsados del clero o sometidos a medidas disciplinarias; más de 60 habían sido sancionados desde febrero de 2022.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
Rusia continuó enjuiciando ilícitamente a personas prisioneras de guerra ucranianas, acusándolas de delitos relacionados exclusivamente con su participación en las hostilidades y condenándolas a largas penas de prisión en juicios injustos.
En julio, el defensor de los derechos humanos Aleksei Sokolov fue puesto en prisión preventiva acusado de “extremismo” por haber publicado el logo de Facebook en Internet. En septiembre pasó dos semanas en un hospital psiquiátrico para ser “examinado”. Al acabar el año continuaba detenido en espera de juicio. Cada vez se juzgaba a más disidentes in absentia.
Los juicios por cargos de terrorismo, extremismo, traición o espionaje eran cada vez más habituales. En el primer semestre del año, las condenas por traición (52) y espionaje (18) multiplicaron por más de tres y de nueve, respectivamente, las registradas en el mismo periodo de 2023.
Proliferaron las actuaciones por nuevos cargos falsos contra disidentes que estaban en prisión. La periodista Maria Ponomarenko fue juzgada por atacar a funcionarios de prisiones. Aleksei Gorinov, exconcejal municipal que cumplía siete años de prisión en aplicación de la legislación sobre “censura de guerra”, fue condenado a tres años más por “justificación del terrorismo”.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo endémicos, y los perpetradores disfrutaban de una impunidad casi total.
Cuatro hombres sospechosos del ataque armado contra la sala de conciertos Crocus City Hall en marzo comparecieron ante el tribunal con evidentes signos de tortura. En imágenes que circularon por Internet, al parecer se veía cómo un agente de seguridad cortaba las orejas a uno de los sospechosos durante su interrogatorio y otro sospechoso era sometido a descargas eléctricas. No se abrió una investigación a raíz de las imágenes.
Las personas ucranianas prisioneras de guerra y civiles detenidas estaban recluidas en condiciones inhumanas y eran sometidas sistemáticamente a tortura y otros malos tratos y a desaparición forzada.
Las condiciones de reclusión en todo el país normalmente constituían trato o pena cruel, inhumana o degradante, y a menudo se negaba una asistencia médica adecuada. Las autoridades atacaban a las personas encarceladas por motivos políticos privándolas de contacto con su familia y sometiéndolas a sanciones disciplinarias arbitrarias, como reclusión en régimen de aislamiento.1
Aleksei Gorinov (véase supra) continuó en reclusión prolongada en régimen de aislamiento como sanción disciplinaria impuesta arbitrariamente, y privado de asistencia médica adecuada.
En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Rusia que proporcionara el tratamiento médico necesario a Igor Baryshnikov, activista de la sociedad civil de la región de Kaliningrado que llevaba más de siete años encarcelado en aplicación de las leyes sobre “censura de guerra”. En septiembre fue sometido a una operación que necesitaba desde hacía mucho tiempo.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Creció la persecución de las personas LGBTI, por medios como sanciones administrativas o penales impuestas arbitrariamente por “extremismo” y “propaganda LGBTI”. La policía llevó a cabo al menos 24 registros en clubes nocturnos LGBTI de todo el país.
En marzo, el propietario de un club nocturno de la ciudad de Oremburgo y un hombre y una mujer miembros de su personal fueron detenidos y recluidos en espera de juicio por “extremismo”, delito punible con hasta 10 años de prisión. Los mismos cargos se presentaron en octubre contra la propietaria de un club nocturno registrado por la policía en la ciudad de Chita.
También en octubre, la policía irrumpió en un club nocturno de la ciudad de Yaroslavl. Los agentes agredieron físicamente y humillaron a las personas que se encontraban en el local, obligándolas a permanecer varias horas tumbadas boca abajo en el suelo. Algunas fueron arrestadas y acusadas de infracciones administrativas en aplicación de la ley sobre “propaganda LGBTI”.
Derechos sexuales y reproductivos
Las autoridades regionales continuaron poniendo obstáculos para acceder al aborto. En junio, el Parlamento de la República de Komi prohibió “la coacción para abortar”, lo que en la práctica suponía la introducción de cuantiosas multas por facilitar el proceso. Se aprobaron leyes parecidas en otras 14 regiones. Varias clínicas privadas se negaron a practicar abortos a pesar de que ese procedimiento no estaba expresamente prohibido.
En noviembre se promulgó una ley federal que prohibía “hacer propaganda de no querer tener descendencia”. Esta ley preveía censura, cuantiosas multas y detención por difundir información para promover la decisión voluntaria de no tener descendencia.
Derecho a la educación
En octubre se informó de que las “Conversaciones sobre cosas importantes” —lecciones de adoctrinamiento introducidas en los centros escolares en 2022— se extenderían a la etapa preescolar. Los temas tratados en esas clases incluían la promoción de los “valores tradicionales” y el enaltecimiento de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Una ley aprobada en diciembre prohibía escolarizar a los hijos e hijas de personas extranjeras salvo que aprobaran un examen de ruso y estuvieran legalmente en el país.
Derechos de la infancia
Las autoridades persiguieron a personas menores de edad por su postura contra la guerra e inventaron acusaciones penales contra ellas empleando la legislación “antiterrorista”.2
En junio, un tribunal militar de Moscú condenó a Arseniy Turbin, de 15 años, a cinco años de prisión por presunta “participación” en la Legión por la Libertad de Rusia, unidad militar formada en Ucrania por ciudadanos rusos y bielorrusos y declarada organización “terrorista” en Rusia. En noviembre se confirmó la sentencia en apelación.
Derechos de las personas migrantes
Persistían las violaciones de derechos de las personas migrantes y la discriminación contra ellas estaba muy extendida. Las autoridades de otras 24 regiones prohibieron que las personas migrantes desempeñaran determinados trabajos por motivos de seguridad nacional o para “priorizar a la ciudadanía rusa en el empleo”, a pesar de los informes de escasez de mano de obra. En siete regiones se amplió la lista de empleos prohibidos a migrantes ya existente.
Tras el ataque a la sala Crocus City Hall, cuyos presuntos autores fueron descritos como migrantes, las autoridades intensificaron sus discursos y prácticas contra las personas migrantes.
Migrantes que habían obtenido la nacionalidad rusa fueron reclutados acto seguido para servir en las fuerzas armadas. En junio hubo informes de redadas policiales en al menos ocho regiones para identificar a migrantes sin documentación o con la nacionalidad rusa pero que no estaban inscritos en comisariados militares. También en junio, el presidente de la comisión de investigación aseguró que había más de 10.000 migrantes con la nacionalidad rusa desplegados en Ucrania.
Las reformas aprobadas en agosto, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2025, introducían más restricciones de los derechos de las personas migrantes indocumentadas y otras categorías de migrantes.
En noviembre, tener nacionalidad extranjera pasó a ser circunstancia agravante en la comisión de un delito.
Derecho a un medioambiente saludable
Rusia elevó aún más su producción de petróleo y gas, en torno a un 10%, y no demostró ningún compromiso con la adopción de medidas para combatir el cambio climático o para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Sólo alrededor del 1% de su energía provenía de fuentes renovables, lo que distaba mucho de su poco ambicioso compromiso de llegar al 4,5% antes de 2024.