Rusia 2023

Rusia continuó su guerra de agresión contra Ucrania y permitió que sus fuerzas cometieran crímenes de guerra con impunidad. Mientras, la situación de los derechos humanos seguía empeorando en el país. Se impusieron más restricciones graves sobre la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Quienes criticaban al gobierno se enfrentaban a enjuiciamiento arbitrario, largas penas de prisión, ataques violentos cometidos impunemente y otras represalias. Las autoridades utilizaron una amplia legislación antiterrorista y antiextremista contra personas críticas, profesionales de la abogacía, y grupos opositores y religiosos. La tortura y otros malos tratos bajo custodia eran generalizados y quedaban en gran medida impunes. Los juicios eran injustos, sobre todo en las causas políticas y las que afectaban a las personas ucranianas aprehendidas en calidad de prisioneros de guerra. Se aprobó nueva legislación tránsfoba y se calificó de “extremista” al “movimiento LGBT”. Rusia rehusó cooperar con las instituciones internacionales de derechos humanos y tipificó como delito la asistencia a la Corte Penal Internacional después de que ésta dictara una orden de detención contra el presidente Vladimir Putin. Las autoridades no impidieron la violencia contra las personas refugiadas ni la violencia antisemita. Las medidas para abordar la crisis climática eran insuficientes y se prohibió la presencia en el país de importantes ONG de defensa del medioambiente.

Información general

Rusia cometió numerosas violaciones del derecho internacional humanitario en Ucrania, aunque su invasión estaba en gran medida estancada (véase el apartado sobre Ucrania). Los ataques militares ucranianos se adentraron más en territorio ruso y las autoridades rusas informaron de decenas de víctimas civiles. El gobierno continuó manipulando y controlando férreamente la información sobre la guerra. Se calculaba que las víctimas militares rusas sumaban cientos de miles entre muertos y heridos. Se denunciaron ataques incendiarios contra centros de reclutamiento y otros edificios gubernamentales en todo el país. Los días 23 y 24 de junio, Evgeny Prigozhin dirigió al Grupo Wagner, empresa militar privada fundada por él, en un golpe militar frustrado. Evitó el procesamiento, pero resultó muerto en un sospechoso accidente de avión el 25 de agosto.

Rusia siguió siendo objeto de aislamiento internacional. En septiembre, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa informó sobre “la intensificación de las medidas represivas contra el ejercicio pacífico de los derechos humanos”. Las autoridades se negaron a reconocer el mandato y permitir una visita al país. En noviembre, Rusia se retiró del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa.

A pesar de su negativa a cooperar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, Rusia intentó volver al Consejo de Derechos Humanos, pero perdió la votación en octubre. Las autoridades continuaron ignorando las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con las infracciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos cometidas por Rusia cuando era Estado Parte.

Libertad de expresión

Se reprimió con dureza toda forma de crítica a las autoridades.¹ Medios de comunicación, plataformas de redes sociales y particulares se enfrentaron a fuertes multas, bloqueos arbitrarios, procesamientos y otras represalias en aplicación de un conjunto cada vez mayor de normas legales punitivas por las que podían ser calificados de “agentes extranjeros” y acusados de “extremismo”, “justificación del terrorismo”, “difusión deliberada de información falsa”, “desacreditación”, “incitación al odio” y “propaganda” LGBTI.

El 29 de marzo, las autoridades arrestaron al periodista estadounidense Evan Gershkovich por cuestionables cargos de espionaje. Su juicio seguía pendiente al final del año.

El 4 de mayo, la directora teatral Evgenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petriychuk fueron detenidas por cargos falsos de “justificación del terrorismo” por su premiada obra de teatro sobre mujeres que se habían casado con miembros de grupos armados en Siria. Ambas continuaban bajo custodia en espera de juicio al concluir el año.

Se perseguía con especial dureza a quienes expresaban su oposición a la invasión de Ucrania, a las violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia allí o a la guerra en general.² Al menos 140 personas fueron condenadas a prisión por declaraciones, protestas u otras actividades de oposición a la guerra, en comparación con las 22 del año anterior.

En abril, Vladimir Kara-Murza, activista de la oposición y de derechos humanos, fue condenado a 25 años de prisión por cargos falsos de traición al Estado, difusión de “información falsa” sobre las fuerzas armadas y participación en una “organización indeseable”.

Aleksei Moskalyov, empresario y padre de familia monoparental de la región de Tula, fue arrestado el 27 de febrero por “desacreditar a las fuerzas armadas” al haber criticado la guerra contra Ucrania en redes sociales. Las autoridades ingresaron a su hija de 13 años en un orfanato, pero, tras una campaña en favor de la niña, la entregaron a miembros de su familia. La condena de dos años de prisión impuesta a Aleksei Moskalyov fue anulada en diciembre.

El 13 de abril, un tribunal confirmó la condena de tres años impuesta a Vladimir Rumyantsev, fogonero de la ciudad de Vologda, por “difusión deliberada de información falsa sobre las fuerzas armadas rusas”. Vladimir Rumyantsev había usado un estudio de radio doméstico para retransmitir programas de medios de comunicación prohibidos que informaban sobre la guerra.

Oleg Orlov, popular defensor de los derechos humanos, fue sometido a juicio por publicar un artículo donde criticaba la invasión rusa de Ucrania.

Al parecer, un gran número de docentes de escuelas y universidades perdieron su trabajo por criticar a las autoridades o la invasión de Ucrania. Svetlana Drugoveyko-Dolzhanskaya fue despedida de la Universidad Estatal de San Petersburgo el 11 de octubre tras haber declarado como experta lingüística en favor de la presa de conciencia Aleksandra Skochilenko.

Algunas personas que ya estaban en prisión se enfrentaron a nuevos cargos mientras cumplían su condena. Por ejemplo, Aleksei Gorinov, preso de conciencia y exconcejal municipal de la oposición que había sido condenado a siete años de prisión en 2022 por pronunciar un discurso contra la guerra en una reunión del ayuntamiento, fue acusado en octubre de “justificación del terrorismo”.

En noviembre, otra presa de conciencia, la periodista Maria Ponomarenko, condenada a seis años de prisión por difundir un vídeo sobre el bombardeo ruso del Teatro Dramático de Mariúpol (Ucrania), fue acusada de nuevos cargos cuestionables por “causar lesiones” al personal de la colonia penitenciaria.

Libertad de reunión pacífica

Persistía la represión de la libertad de reunión. La legislación pertinente, indebidamente restrictiva, estaba redactada de forma imprecisa, lo que permitía una interpretación arbitraria. Prohibía las reuniones y protestas espontáneas cerca de edificios gubernamentales y en otros muchos sitios, y contenía muchas restricciones más sobre el lugar de celebración y quienes las organizaban. Las autoridades usaron sus amplias competencias para denegar autorizaciones y la policía mostró tolerancia cero con las reuniones “no autorizadas”, por muy reducidas y excepcionales que fueran.

En algunas partes del país, las concentraciones pacíficas continuaron prohibidas con el pretexto de la normativa sobre la COVID-19. Las restricciones solían ser discriminatorias; por ejemplo, el 29 de septiembre, las autoridades municipales de Moscú prohibieron una vigilia para recordar a las víctimas de represión en la era soviética mientras permitían una gran concentración progubernamental ese mismo día.

Libertad de asociación

Las autoridades continuaron actuando contra organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos de derechos humanos, mediante una amplia legislación represiva. En 2023, 172 personas y 54 organizaciones fueron calificadas de “agentes extranjeros”, y 56 organizaciones, de “indeseables”.

Grupos destacados de derechos humanos, como el Grupo Moscovita de Helsinki, el Centro Sájarov y el Centro SOVA, fueron oficialmente disueltos con el pretexto de que infringían la normativa sobre “agentes extranjeros” o por tecnicismos.

Se iniciaron varias causas penales por motivos políticos contra miembros de Memorial, la organización de derechos humanos más antigua del país, disuelta en 2022. Los cargos incluían “desacreditar a las fuerzas armadas” y “rehabilitar el nazismo”. El miembro de Memorial Aleksandr Chernyshov fue arrestado el 5 de mayo y acusado de “contrabando de artículos de valor cultural” por intentar presuntamente sacar el archivo de Memorial del país. Al final del año continuaba en prisión.

Grigory Melkonyants, copresidente de Golos, principal organización de observación electoral de Rusia, fue arrestado el 17 de agosto por cooperar con una coalición internacional de observatorios electorales calificada de “organización indeseable” y sometido a detención preventiva.

Se utilizaron cargos de extremismo contra personas y grupos críticos con las autoridades. El 17 de mayo, un tribunal confirmó la calificación arbitraria del grupo juvenil prodemocrático Vesna de organización “extremista” y prohibió sus actividades. Seis personas acusadas de participación en Vesna permanecían bajo custodia al final del año.

El destacado opositor Alexéi Navalni y quienes colaboraban con él se enfrentaron a más cargos de “extremismo” por su vinculación a ONG fundadas por éste. El 4 de agosto, Alexéi Navalni, privado de libertad arbitrariamente desde 2021, volvió a ser condenado por motivos políticos, lo que elevó a 19 años su pena de prisión. Al final del año, sus colaboradores Lilia Chanysheva, Ksenia Fadeeva, Daniel Kholodny y Vadim Ostanin habían sido detenidos, juzgados y condenados o estaban cumpliendo penas de cárcel. También fueron procesadas personas que habían hecho donaciones, con independencia de la cuantía, entre ellas el activista Gleb Kalinychev, quien estaba bajo custodia en espera de juicio por la presunta donación de unos 30 dólares estadounidenses a la Fundación Anticorrupción de Navalni.

En agosto se reformó el Código Penal para castigar las “actividades” de ONG extranjeras sin sede registrada en Rusia. En la práctica, se castigaban todas las formas de cooperación con la mayoría de los grupos de la sociedad civil que estaban fuera del país.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades continuaron enjuiciando sin fundamento a miembros de la confesión Testigos de Jehová desde la prohibición arbitraria de su iglesia en 2017. En diciembre, más de un centenar de sus fieles seguían en prisión.

Miembros de grupos musulmanes como Hizb ut Tahrir se enfrentaban a procesamiento y juicio injusto por cargos de extremismo y terrorismo debido a sus ideas religiosas.

Derechos de objetores y objetoras de conciencia

El 16 de marzo, un tribunal permitió excepcionalmente que Pavel Mushumansky, creyente cristiano que había sido llamado a filas para participar en la guerra de Rusia contra Ucrania, realizara un servicio civil alternativo. Sin embargo, esta posibilidad seguía siendo inalcanzable para la inmensa mayoría de las personas objetoras de conciencia.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo prácticas generalizadas. Sus autores disfrutaban de impunidad o recibían condenas leves. Sólo una causa desembocó en un fallo condenatorio en aplicación del artículo del Código Penal que castigaba la tortura introducido en 2022.

Las autoridades actuaron selectivamente contra personas presas como Alexéi Navalni, sometiéndolas a malos tratos que incluían negación de asistencia médica adecuada, encierro arbitrario en celdas de castigo (a menudo durante múltiples periodos consecutivos), presión psicológica, amenazas y uso de la fuerza física.

El activista contra la guerra Anatoly Berezikov fue hallado muerto el 14 de junio, víspera de su liberación, en un centro de detención de la ciudad de Rostov del Don, donde estaba recluido a raíz de unas actuaciones administrativas cuestionables. Poco antes había manifestado a su abogada y a un tribunal que temía por su vida, ya que había sido amenazado por agentes del Servicio Federal de Seguridad y torturado con descargas eléctricas. Las autoridades ignoraron estas acusaciones y la policía declaró que su muerte había sido por suicidio. Su abogada y una defensora de los derechos humanos que estaba ayudando a Anatoly Berezikov tuvieron que salir del país después de que la policía registrara sus domicilios.

Juicios injustos

Los tribunales penales demostraron arraigados prejuicios contra las personas acusadas. Sólo en el 0,4% de los casos dictaron la absolución o archivaron la causa. Los miembros de la judicatura aceptaban las pruebas de la acusación por sistema y sin reservas, incluso declaraciones obtenidas mediante tortura, y rechazaban sólidas pruebas de inocencia. Los juicios, especialmente si tenían relación con cargos de terrorismo, extremismo o alta traición, solían celebrarse a puerta cerrada.

Quienes trabajaban en calidad de profesionales de la abogacía en casos políticos de gran resonancia, sobre todo si implicaban acusaciones de terrorismo o extremismo, sufrían presiones y hostigamiento. El 13 de octubre, las autoridades arrestaron a tres abogados de Alexéi Navalni y los acusaron de “participación en una asociación extremista” por sus actividades profesionales. Al final del año estaban detenidos en espera de juicio.³

El 4 de julio, unas personas no identificadas humillaron, atacaron salvajemente e hirieron de gravedad a la periodista Elena Milashina y al abogado Aleksandr Nemov cuando iban de camino a una vista judicial en la República Chechena. No se llevó a cabo una investigación adecuada sobre el ataque.

Las autoridades sometieron a juicios injustos a personas aprehendidas en calidad de prisioneros de guerra y a civiles de Ucrania. El 22 de agosto, un tribunal de Moscú confirmó la condena a 13 años de prisión impuesta a Maksym Butkevych, prisionero de guerra y defensor de los derechos humanos ucraniano, por crímenes de guerra que no podía haber cometido según las pruebas sobre su ubicación en ese momento. Probablemente, fue obligado a “confesar” los crímenes ante una cámara.⁴

También se celebraron juicios injustos contra activistas y disidentes. El 12 de septiembre, Abdulmumin Gadzhiev, periodista de Daguestán, fue condenado a 17 años de prisión por cargos falsos de terrorismo. El mismo día, Zarema Musayeva, madre del defensor de los derechos humanos checheno Abubakar Yangulbaev, fue condenada a cinco años y medio de prisión por cargos falsos de usar la violencia contra un agente de policía.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 24 de julio, el presidente Putin sancionó una ley tránsfoba que prohibía a las personas trans el tratamiento de afirmación de género y el reconocimiento legal de la identidad de género. Además, anulaba matrimonios inscritos con anterioridad y prohibía la adopción a las personas transgénero.

El 30 de noviembre, el Tribunal Supremo calificó lo que denominó el “movimiento público internacional LGBT” de “organización extremista” y prohibió sus actividades. Varias organizaciones y activistas LGBTI tuvieron que suspender su trabajo o irse de Rusia tras la sentencia. Pocos días después, fuerzas policiales de varias ciudades irrumpieron en clubes afines a la población LGBTI, intimidaron a sus clientes y fotografiaron su documentación.

Las autoridades impusieron decenas de multas a servicios de streaming de vídeo por alojar “propaganda LGBT”. Numerosas películas y programas de televisión fueron objeto de censura para eliminar cualquier referencia a las relaciones entre personas del mismo sexo.

Derecho a la educación

El 1 de septiembre, en un claro ejemplo de adoctrinamiento que violaba el derecho a una educación igualitaria, se impuso un libro de texto de Historia “unificado” al alumnado de educación secundaria de todo el país y en los territorios ocupados de Ucrania. La intención era encubrir el historial de derechos humanos de las autoridades soviéticas y rusas, así como sus políticas coloniales, y a la vez justificar con falsedades la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania como acto de autodefensa.

Impunidad

El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su comisaria para los Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, por cargos relacionados con el crimen de guerra de deportar y trasladar ilegalmente a niños y niñas ucranianos desde los territorios ocupados.⁵ Rusia rehusó cooperar con la CPI y tipificó como delito prestar asistencia a organizaciones internacionales o gobiernos extranjeros en el procesamiento de personal militar o de autoridades rusas. El Comité de Investigación abrió una causa penal contra miembros de la magistratura de la CPI y contra su fiscal, acusándolos de procesar a personas “claramente inocentes”. En julio, el presidente Putin decidió no asistir a una cumbre de los países BRICS en Sudáfrica poco antes de que un tribunal de este país resolviera que debía ser detenido a su llegada.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La discriminación y la violencia contra las personas migrantes seguían siendo generalizadas, incluso por parte de la policía. En mayo, la policía arrestó a cientos de personas migrantes presuntamente indocumentadas en redadas practicadas por todo el país; muchas denunciaron malos tratos físicos y psicológicos bajo custodia.

Las autoridades reclutaron a migrantes para el servicio militar mediante engaños y presiones.

Discriminación

El 29 de octubre, cientos de personas irrumpieron en el aeropuerto de Majachkalá de Daguestán (Cáucaso Septentrional) con la intención de actuar contra las personas judías que suponían que acababan de llegar de Israel. La policía intervino horas más tarde para restablecer el orden. Hubo incidentes antisemitas parecidos en otras partes del Cáucaso Septentrional.

Derecho a un medioambiente saludable

Rusia siguió siendo líder en producción y exportación de combustibles fósiles, así como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Pero, en lugar de adoptar medidas efectivas para reducir sus efectos nocivos en el medioambiente, planeaba incrementar enormemente su producción y exportación de carbón y gas, y continuó invirtiendo en nueva producción en el extranjero. Climate Action Tracker calificó de “gravemente insuficientes” los objetivos de emisiones de Rusia, así como sus políticas y provisión de fondos para alcanzarlos.

Los incendios forestales desatados entre mayo y septiembre, a menudo descontrolados durante semanas y agravados por el calentamiento global, elevaron aún más las emisiones de carbono y redujeron la absorción de CO2.

En mayo y julio, las autoridades calificaron de “indeseables” a dos importantes organizaciones ecologistas, Greenpeace y World Wildlife Fund, y prohibieron su entrada en el país. Con anterioridad, Greenpeace había desempeñado un papel importante en la lucha contra los incendios forestales en Rusia.