Resumen

Las elecciones presidenciales se celebraron en un entorno represivo, en el que se impidió concurrir a candidaturas de auténtica oposición y se restringió con severidad el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las autoridades excarcelaron a 834 personas recluidas por motivos políticos, pero arrestaron a casi el triple durante 2023. Miles de personas que criticaban al gobierno —o que se consideraba que lo hacían— continuaron detenidas de manera arbitraria o fueron procesadas injustamente. Las desapariciones forzadas, y la tortura y otros malos tratos continuaban siendo endémicos. Se impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, pero el índice de ejecuciones descendió. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2023 y en años anteriores. Se sometió a mujeres y niñas, personas LGBTI y miembros de minorías religiosas a discriminación, violencia y procesamiento por ejercer sus derechos humanos. Las autoridades no abordaron el problema de los derechos económicos y sociales afectados por la cada vez más grave crisis económica ni protegieron a los trabajadores y trabajadoras de los despidos improcedentes de las empresas privadas. Continuaron los desalojos forzosos de asentamientos informales, y se prohibió regresar a sus hogares a decenas de miles de habitantes de Sinaí del Norte. Se detuvo arbitrariamente a personas refugiadas y solicitantes de asilo por entrar o permanecer de manera irregular en Egipto y se llevaron a cabo expulsiones.