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Resumen

Se reprimió severamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación. La autoridades actuaron contra defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política y otros activistas mediante citaciones ilegales, interrogatorios coercitivos, medidas extrajudiciales de libertad condicional, investigaciones penales, enjuiciamientos injustos e inclusión en una “lista de terroristas”. Miles de personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, miembros de la oposición, propietarios y propietarias de empresas, y manifestantes pacíficos, continuaron recluidas arbitrariamente. Decenas de personas fueron declaradas culpables en juicios manifiestamente injustos o fueron juzgadas por tribunales de excepción por cargos derivados del ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Persistieron las desapariciones forzadas y la tortura. Las condiciones de reclusión seguían siendo crueles e inhumanas, y a las personas presas se les negaba atención médica adecuada, lo que dio lugar o contribuyó a la muerte bajo custodia de al menos 56. Se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos y se llevaron a cabo ejecuciones, incluso por delitos relacionados con las drogas. Las autoridades no investigaron ni castigaron adecuadamente la violencia sexual y de género, e introdujeron disposiciones legales que menoscababan aún más los derechos y la autonomía de las mujeres. Personas LGBTI fueron detenidas, enjuiciadas y condenadas a largas penas de cárcel por su orientación sexual o identidad de género. Las autoridades restringieron las huelgas, los sindicatos independientes y la expresión de quejas o críticas. La campaña de vacunación contra la COVID-19 estuvo marcada, entre otras cosas, por demoras en la administración de vacunas a la población más expuesta a riesgos. Se llevaron a cabo desalojos forzosos de personas residentes en asentamientos informales, entre las cuales se practicaron detenciones por protestar. Las autoridades discriminaron a la población cristiana en la legislación y en la práctica, y enjuiciaron a miembros de minorías religiosas y a quienes abrazaban opiniones religiosas no autorizadas por el Estado. Se recluyó por tiempo indefinido a personas refugiadas y migrantes por cruzar fronteras de forma irregular, y se las expulsó sin el debido proceso y sin acceso a los procedimiento de asilo.

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Estado de pena de muerte

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Conserva la pena de muerte en la ley

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