Haití 2022
Aproximadamente 4,5 millones de personas no disponían de los alimentos suficientes conforme el precio de los combustibles aumentaba, y la violencia de las bandas provocó el desplazamiento de miles de habitantes. La impunidad de las masacres, los secuestros y la violencia sexual continuaba arraigada. La población haitiana seguía huyendo a los países de América Latina y a Estados Unidos en busca de seguridad, pero su acceso a la protección internacional era limitado y la discriminación contra las personas negras equivalía en algunos casos a tortura por motivos raciales.
Información general
La violencia de las bandas provocó una situación de inseguridad generalizada, dio lugar a una crisis de secuestros y ocasionó el desplazamiento interno de miles de personas.
En septiembre, la ONU ordenó la evacuación de Haití de su personal no esencial.
En octubre, después de que se supiera que las bandas bloqueaban el acceso al combustible, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un régimen de sanciones dirigidas contra sus líderes, que incluían el congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y el embargo de armas de quienes se considerara que participaban en actividades delictivas y violentas o que las apoyaban.
Derechos económicos, sociales y culturales
Miles de personas protestaron por la escasez de alimentos y de combustible a lo largo del año. Las protestas se intensificaron en septiembre, después de que el primer ministro anunciara un aumento del precio de los combustibles.
En septiembre, 4,5 millones de personas —más del 40% de la población— se hallaban en situación de crisis o de emergencia alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos.
A finales de octubre, UNICEF señaló que, tras varios años de ausencia de cólera, se habían detectado 1.700 presuntos casos de esta enfermedad —que había matado a miles de personas haitianas tras el terremoto de 2010—, la mitad de ellos entre la población infantil.
Impunidad y violencia
La impunidad frente a las masacres, los secuestros y la violencia sexual seguía siendo crónica.
Entre enero y finales de junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó 934 homicidios, 684 lesiones y 680 secuestros en la capital, Puerto Príncipe. En julio, en tan sólo 5 días, al menos 234 personas resultaron muertas o heridas en actos de violencia relacionada con las bandas en la zona de Cité Soleil, también según la OACNUDH.
A finales de abril, una disputa territorial entre bandas se saldó con la muerte de 188 personas en Puerto Príncipe. Según la OACNUDH, en el enfrentamiento concurrieron formas extremas de violencia como “degüellos, desmembramientos y quema de cadáveres, así como asesinatos de menores de edad acusados de servir de informantes a bandas rivales”, además del uso de violencia sexual, incluida la violación masiva de niños y niñas —algunos de ellos de tan sólo 10 años—, para “atemorizar y castigar a los vecinos que viv[ía]n en barrios controlados por pandillas rivales”.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas también seguían corriendo peligro. A principios de septiembre, dos periodistas que desempeñaban su labor informativa en Cité Soleil fueron asesinados, y sus cuerpos, quemados, según señaló el Comité para la Protección de los Periodistas.
En octubre, la OACNUDH hizo público un informe sobre la violación y otras formas de violencia sexual empleadas como arma por las bandas para infundir miedo y ampliar su zona de influencia. Concluía que “h[abí]a afectado a mujeres, niñas, niños y hombres. Las personas LGBTI+, tradicionalmente marginadas y rechazadas en la sociedad haitiana, también ha[bía]n sido blanco especial de las agresiones”.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
A medida que la situación humanitaria y de derechos humanos continuaba deteriorándose rápidamente, la población haitiana en busca de asilo recurrió a huir de la isla en embarcaciones, lo que dio lugar a ahogamientos en el mar.
Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, Estados Unidos expulsó a más de 25.000 personas haitianas sirviéndose frecuentemente del Título 42, una orden que permitía a las autoridades expulsar sumariamente a las persona migrantes y solicitantes de asilo a sus países de origen o al último país de tránsito, lo que contravenía el derecho nacional e internacional.
Las autoridades estadounidenses sometieron a las personas haitianas solicitantes de asilo a detención arbitraria y malos tratos humillantes y discriminatorios que constituían tortura por motivos de raza.1
Los malos tratos que las personas haitianas sufrían en los centros de detención estadounidenses incluían falta de acceso a alimentos suficientes, atención sanitaria, información, intérpretes y asistencia jurídica. Algunas personas haitianas solicitantes de asilo informaron también de que habían sido devueltas a Haití en avión, esposadas y con grilletes, lo que les había causado dolor y sufrimiento psicológicos debido a que tales instrumentos estaban vinculados con la esclavitud y la delincuencia. Esa medida contravenía el derecho internacional de los derechos humanos, que prohibía taxativamente la tortura y otros malos tratos.