Amnistía Internacional lanza campaña global para hacer frente a amenaza mundial sin precedentes contra el derecho a protestar

El derecho a la protesta está sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con motivo del lanzamiento de su campaña global contra las medidas cada vez más amplias y enérgicas que adoptan los Estados para erosionar este derecho humano fundamental.

De Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal y de Irán a Nicaragua, las autoridades de los Estados están adoptando cada vez más medidas de todo tipo para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta; uso indebido de la fuerza; expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet, y abusos y estigmatización. Mientras, se están levantando aún más barreras para los grupos marginados y discriminados.

La campaña Protejamos la Protesta de Amnistía Internacional desafiará los ataques a la protesta pacífica, defenderá a quienes los sufren y apoyará las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.

“En los últimos años han tenido lugar algunas de las mayores movilizaciones de protesta que hemos visto en varias décadas. Los movimientos Black Lives Matter, MeToo y contra el cambio climático han llevado a millones de personas en todo el mundo a salir a la calle y actuar en Internet para exigir justicia racial y climática, equidad y medios de vida, y el fin de la violencia y la discriminación basadas en el género. En otros lugares, miles de personas han alzado la voz contra la violencia y los homicidios de la policía y la opresión y represión del Estado”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Casi sin excepción, esta ola de protestas multitudinarias se ha encontrado con respuestas obstructivas, represivas y frecuentemente violentas de las autoridades estatales. En lugar de facilitar el derecho a la protesta, los gobiernos están yendo cada vez más lejos para reprimirlo. Por eso, como la mayor organización de derechos humanos del mundo que somos, hemos elegido este momento para lanzar esta campaña. Es hora de alzar la voz para recordar a quienes ejercen el poder que tenemos el derecho inalienable a protestar, expresar quejas y exigir cambios libre, colectiva y públicamente.”

En lugar de facilitar el derecho a la protesta, los gobiernos están yendo cada vez más lejos para reprimirlo.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Es hora de alzar la voz para recordar a quienes ejercen el poder que tenemos el derecho inalienable a protestar, expresar quejas y exigir cambios libre, colectiva y públicamente.

Agnès Callmard, secretaria general de Amnistía Internacional

Legislación restrictiva, prohibiciones generales y poderes excepcionales

No son pocos los problemas —entre ellos la crisis ambiental, la desigualdad creciente, las amenazas para los medios de vida, el racismo sistémico y la violencia de género— que hacen que la acción colectiva sea más necesaria que nunca. Los gobiernos han reaccionado aprobando legislación que impone restricciones ilegítimas sobre el derecho a la protesta. Por ejemplo, hemos visto prohibiciones generales de las protestas en Grecia y Chipre durante la pandemia de COVID-19. En Reino Unido se ha aprobado una leycon disposiciones que otorgan amplios poderes a los agentes de policía, incluida la capacidad de prohibir “protestas ruidosas”, mientras que en Senegalestán prohibidas las manifestaciones políticas en el centro de Dakar desde 2011 para evitar las protestas cerca de edificios gubernamentales.

Toda clase de gobiernos están incrementando también el uso de los poderes excepcionales como excusa para reprimir la disidencia. Así se vio en los peores momentos de la pandemia de COVID-19 en algunos países, como Tailandia, mientras que en República Democrática del Congo, en virtud de un “estado de sitio” impuesto por el gobierno, los agentes de la policía y el ejército tienen amplios poderes para restringir las protestas en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional desde mayo de 2021.

Un hombre huye de piedras y gas lacrimógeno lanzados durante una protesta con motivo de la votación de una nueva ley antiterrorista en Dakar el 25 de junio de 2021 que, según sus detractores, podría ser utilizada para impedir protestas en la calle contra el gobierno.

Demonización de la gente que se manifiesta

Gobiernos de todo el mundo justifican las restricciones afirmando que la protesta constituye una amenaza para el orden público y estigmatizando a los manifestantes al calificarlos de “problemáticos”, “alborotadores” e incluso “terroristas”. Definiendo de este modo a las personas que se manifiestan, las autoridades justifican sus medidas de tolerancia cero: introducción y uso indebido de leyes de seguridad ambiguas y draconianas, actuación policial de mano dura y medidas disuasorias con carácter preventivo.

Este enfoque se observó en Hong Kong, donde la Ley de Seguridad Nacionaly su amplia definición de “seguridad nacional” se ha utilizado arbitrariamente para restringir las protestas, entre otras cosas.

Y en India, la Ley de Prevención de Actividades Ilegalescontra el terrorismo y el delito de “sedición” se han utilizado repetidamente contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que se manifestaban pacíficamente.

La policía moviliza a las personas congregadas en el distrito de Causeway Bay de Hong Kong donde han quedado bolsas de basura por el suelo tras el paso de los y las manifestantes el 4 de junio de 2021. La policía cerró el emplazamiento donde la población hongkonesa se reunía tradicionalmente cada año en señal de duelo por las víctimas de la represión de la plaza de Tiananmen de China de 1989, acto prohibido por las autoridades a causa, según aducen, de la pandemia de coronavirus, del mismo modo que se han propuesto acabar con cualquier acto de protesta por el aniversario.

Manifestantes en situación de riesgo

Vahid Afkari
Vahid Afkari fue detenido arbitrariamente tras su participación pacífica en las protestas que estallaron en todo Irán en 2017 y 2018.
Chow Hang-tung
La abogada de derechos humanos y defensora de los derechos laborales Chow Hang-tung, actualmente en prisión, fue acusada el 9 de septiembre de 2021 de “incitar a la subversión” en aplicación de la nueva Ley de Seguridad Nacional y se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.
Cecillia Chimbiri, Joanah Mamombe y Netsai Marova
Las activistas políticas Cecillia Chimbiri, Joanah Mamombe y Netsai Marova fueron detenidas el 13 de mayo de 2020 en un control policial de carretera instalado en Harare, capital de Zimbabue, por encabezar una protesta contra el gobierno en relación con la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19 y al hambre generalizada en el país.
Gustavo Gatica
Estudiante universitario chileno, Gustavo Gatica quedó ciego por disparos de la policía efectuados con armas antidisturbios cuando participaba en una de las muchas manifestaciones multitudinarias que hubo en Chile a finales de 2019.
Madres del Sábado
El 25 de agosto de 2018, la policía de Estambul empleó gas lacrimógeno y cañones de agua para disolver una concentración pacífica en la que participaban principalmente mujeres, algunas de ellas octogenarias, conocidas como las Madres del Sábado.

Militarización de la función policial

Si bien los gobiernos llevan tiempo apoyándose en tácticas agresivas para controlar policialmente las protestas, en los últimos años ha aumentado la cantidad de fuerza empleada por las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones.

Las llamadas “armas menos letales” —como porras, pulverizadores de pimienta, gas lacrimógeno, granadas paralizantes, cañones de agua y balas de goma— son utilizadas indebidamente por las fuerzas de seguridad de forma sistemática. Y, desde principios de la década de 2000, Amnistía Internacional ha documentado una tendencia a la militarización de la respuesta estatal a las protestas, incluido el despliegue de fuerzas armadas y uso de equipo militar. En países como Chiley Francia, las fuerzas de seguridad van bien equipadas con material antidisturbios y suelen estar respaldadas por vehículos acorazados, aeronaves de uso militar, drones de vigilancia, fusiles y armas de asalto, granadas aturdidoras y cañones de sonido.

Durante la sublevación masiva que siguió al golpe de Estado de 2021 en Myanmar, las fuerzas armadas usaron ilegalmente medios letales contra manifestantes pacíficos. Según observadores, más de 2.000 personas han sido asesinadas y más de 13.000 han sido detenidas desde que los militares tomaron el poder.

Manifestantes con pancartas gritando consignas mientras los soldados del ejército de Myanmar desplegados para custodiar el Banco Central durante la noche levantan barricadas con alambre de espino, 15 de febrero de 2021, Yangón (Myanmar). La Embajada de Estados Unidos en Myanmar avisó a los estadounidenses presentes en Myanmar de que se pusieran a resguardo donde estuvieran (shelter-in-place) tras los movimientos militares observados y los informes recibidos sobre posibles interrupciones de las telecomunicaciones durante la noche. Se vieron vehículos acorazados en las calles de la capital de Myanmar, pero los manifestantes se concentraron en gran número a pesar de la presencia militar.

Desigualdad y discriminación

Las personas que sufren desigualdad y discriminación, ya sea por motivo de su raza, género, orientación sexual, identidad de género, religión, edad, discapacidad, ocupación o situación social, económica o migratoria, también resultan más afectadas por las restricciones del derecho a protestar y sufren mayor represión.

Por ejemplo, las mujeres, la comunidad LGBTI y las personas que no se ajustan a las convenciones de género sufren distintas formas de violencia de género, marginación e imposiciones sociales y legales. En países como Sudán, Colombiay Bielorrusiase han cometido agresiones sexuales contra mujeres por participar en protestas, mientras que en Turquía, por ejemplo, las marchas del Orgullo llevan años prohibidas.

“Nuestra campaña llega en un momento crítico. El valioso derecho a la protesta se está erosionando a una velocidad de vértigo y debemos hacer todo lo posible para evitarlo”, ha manifestado afirmado Agnès Callamard.

“Incontables manifestantes han perdido la vida en los últimos años y ahora, también en su nombre, debemos alzar nuestra propia voz y defender nuestro derecho a decir la verdad al poder a través de protestas en la calle y en Internet.”

Manifestantes del movimiento Black Lives Matter sostienen pancartas y gritan consignas durante una marcha por el aniversario de la muerte de George Floyd en Brooklyn (Nueva York) el 25 de mayo de 2021. – La familia de George Floyd reclamó una reforma radical de la policía durante su encuentro con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca el 25 de mayo, aniversario del asesinato del afroamericano por un agente de policía blanco.

Información complementaria

El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la protesta en una serie de disposiciones separadas que figuran en varios tratados regionales e internacionales y que, tomadas en conjunto, protegen íntegramente las protestas. Aunque el derecho a la protesta no figure como un derecho diferenciado en los tratados de derechos humanos, las personas que participan en una protesta, ya sea individual o colectivamente, están ejerciendo múltiples derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

A lo largo de la Historia, protestar ha sido un poderoso instrumento para lograr cambios. Pero gobiernos de todo el mundo están reprimiendo protestas y debe protegerse este derecho.

Protejamos la protesta

Suma tu voz a nuestro llamamiento global para proteger la protesta y únete hoy mismo a nuestra campaña.