“Las autoridades sirias deben suspender la aplicación de la Ley núm. 20 de 2022 para Combatir los Delitos Informáticos, promulgada por el anterior gobierno —de Bachar al Asad—, y reformarla sustancialmente para hacerla compatible con las obligaciones contraídas por Siria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. A pesar de que, en junio de 2026, el Ministerio de Justicia sirio anunció una revisión de la Ley sobre Delitos Informáticos e introdujo algunas limitaciones a su uso, la Ley sigue aplicándose para restringir el derecho a la libertad de expresión.
Amnistía Internacional ha documentado cinco casos de periodistas y activistas que, entre enero y junio de 2026, permanecieron detenidos durante periodos de hasta siete días por sus opiniones expresadas en Internet en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos de 2022. Estas cinco personas fueron arrestadas en virtud de disposiciones contenidas en la Ley que criminalizan la expresión pacífica en Internet a través de delitos definidos de forma general y poco precisa como “menoscabar el prestigio del Estado”, “menoscabar la posición económica del Estado” y “difamación electrónica”. Dos de ellas se enfrentan a un proceso penal que podría acarrearles severas penas de prisión.
“Desde la caída del gobierno de Asad, la sociedad civil siria ha abierto un espacio para la libertad de expresión y de asociación a pesar del represivo marco legal vigente. Es alarmante que las autoridades de transición hayan seguido usando la represiva Ley de Delitos Informáticos de la época de Asad contra quienes critican a las autoridades sirias. Aunque la Declaración Constitucional de 2025 garantiza el derecho a la libertad de expresión, el hecho de que se siga aplicando la Ley de Delitos Informáticos hace que quienes critican a las autoridades corran el riesgo de ser objeto de arrestos y enjuiciamientos por la mera expresión de sus opiniones en Internet”, dijo Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades han declarado en reiteradas ocasiones su intención de construir una nueva Siria y han tomado varias medidas positivas para romper con ese pasado represivo, pero el uso de leyes antiguas y abusivas para inhibir y restringir el diálogo, el debate y la crítica socava gravemente ese camino. Ahora que ya hay un Parlamento, hay que dar prioridad a la reforma del represivo marco legislativo heredado para hacer que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos, empezando con las abusivas disposiciones contenidas en la Ley de Delitos Informáticos de 2022 y el Código Penal. Ninguna persona debería ser arrestada, enjuiciada ni castigada solo por expresar pacíficamente sus opiniones en Internet”.
El 21 de junio de 2026, el Ministerio de Justicia anunció la creación de comités jurídicos y técnicos para revisar varias leyes, incluida la Ley de Delitos Informáticos.
Amnistía Internacional entrevistó a seis personas: dos arrestadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, dos que tenían información sobre casos adicionales de arresto y dos profesionales de la abogacía con información sobre casos. Además, la organización estudió resúmenes de documentos judiciales; informes de organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, y de medios de comunicación creíbles, así como declaraciones y circulares de las autoridades.
Nuevos límites a la detención previa al juicio y otras salvaguardias
Las autoridades han anunciado algunas salvaguardias de procedimiento que afectan a la aplicación de la Ley de Delitos Informáticos. El 26 de junio, el Ministerio de Justicia emitió una circular que exigía que la investigación de delitos informáticos obtuviera autorización judicial antes de que se iniciaran investigaciones especializadas y prohibía la detención previa al juicio salvo en circunstancias excepcionales como “preservar pruebas, impedir que se influya a testigos o a la víctima, o prevenir un peligro para la sociedad o la persona sospechosa”.
Es alarmante que las autoridades de transición hayan seguido usando la represiva Ley de Delitos Informáticos de la época de Asad contra quienes critican a las autoridades sirias.
Heba Morayef, Amnistía Internacional
La circular también limita los anuncios de búsqueda de personas y las medidas de búsqueda a circunstancias excepcionales, y establece una revisión de los anuncios de búsqueda emitidos con anterioridad. Sin embargo, incluso con estas salvaguardias de procedimiento, la Ley de Delitos Informáticos permite la injerencia en el derecho a la privacidad y prevé penas de prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión que están amparados por esta.
Aunque la circular establece los límites adecuados a la remisión a la policía judicial especializada de ciertos delitos relacionados con la expresión de opiniones en Internet, no garantiza que la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la expresión de opiniones en Internet —como la difamación, los insultos y el libelo— sigan siendo del todo compatibles con las protecciones conferidas al derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional pide, por tanto, la suspensión total de la aplicación de la Ley hasta que sea reformada.
El 21 de julio, Mazen Arja, activista de la ciudad de Idlib, fue arrestado al presentarse en la División de Delitos Informáticos de Damasco, donde había sido citado. Basándose en la información disponible públicamente, su arresto podría tener relación con su anuncio público de su intención de presentarse como candidato presidencial. El arresto de Mazen Arja es incompatible con la circular del Ministerio de Justicia, puesto que no cumple los criterios que justifican la detención excepcional.
Amnistía Internacional había documentado un arresto arbitrario anterior de Mazen Arja por orden de la Fiscalía de Idlib, en julio de 2025, a raíz de publicar en Facebook un texto sobre el trato que le había dado el sistema de justicia. Estuvo detenido 63 días acusado de “menoscabar el prestigio del poder judicial”. En abril de 2026 fue detenido de nuevo tras una denuncia presentada por el ex ministro de Salud, acusado de “menoscabar el prestigio del Estado, la Oficina de la Presidencia y la Oficina de la Secretaría Presidencial dirigida por Maher al Sharaa” por un post en Facebook que describía la relación entre el ex ministro de Salud y Maher al Sharaa, en enero de 2025.
En virtud del derecho internacional, las autoridades podrían mantener en detención preventiva a una persona sometida investigación penal o en espera de juicio, solo como medida excepcional y estrictamente necesaria basada en una evaluación individualizada.
Las autoridades deben presentar pruebas que demuestren que la detención es necesaria y proporcional debido a un riesgo sustancial de fuga, de daño grave a otros, de reincidencia o de injerencia en las pruebas o en la investigación. Si no hay ninguna de estas pruebas, la persona en detención previa al juicio debe ser puesta en libertad.
Personas arrestadas por expresar su opinión en Internet
La organización ha documentado tres casos —los de dos periodistas y un activista— de personas arrestadas y acusadas de “menoscabar la reputación y el prestigio del Estado” y de “difamación e insultos electrónicos”, delitos tipificados en la Ley de Delitos Informáticos. La organización recibió información sobre otros dos activistas más, arrestados y acusados de “difundir noticias falsas” y de difamación e “insultos”. Los cinco fueron puestos en libertad tras periodos de detención e investigación de entre 24 horas y siete días.
La fiscalía acusó formalmente a tres de ellos —un periodista y dos activistas—, mientras que los otros dos —periodista y activista— fueron objeto de sendas demandas de particulares. Las dos demandas de particulares fueron retiradas posteriormente debido a la presión pública. En los casos en los que la acusación fue formulada por el Estado, el periodista sigue corriendo el riesgo de ser procesado, mientras las actuaciones judiciales seguidas contra los dos activistas siguen pendientes de juicio.
Amnistía Internacional revisó el contenido en Internet sobre el que se basaban las acusaciones o los cargos de los cinco casos y no halló ninguna indicación de que incitaran a la violencia o al odio, ni ninguna de las circunstancias que podrían constituir una limitación de la libertad de expresión que pudiera conllevar arresto o enjuiciamiento penal. Por tanto, sus expresiones estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y la organización pide a las autoridades que retiren inmediatamente todos los cargos formulados contra los tres por derivarse exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos.
En un destacado caso reciente, las fuerzas de seguridad arrestaron al artista y director Hassan Akkad sin orden judicial, en un café del barrio de Al Malki, de Damasco, el 17 de junio de 2026. Practicaron la detención ocho hombres vestidos de civil, dos de ellos enmascarados y portando rifles, que posteriormente se identificaron como miembros del Departamento de Seguridad Criminal.
Hassan Akkad había lanzado la campaña “Hato El Flous” (Paguen) en abril de 2026 para pedir responsabilidades a particulares, figuras del mundo empresarial y autoridades por compromisos económicos que habían asumido en apoyo de iniciativas de asistencia humanitaria, proyectos de reconstrucción y servicios públicos, y que no habían cumplido.
Fue arrestado a raíz de que, en junio de 2026, un ciudadano particular lo denunciara acusándolo de difamación e “insultos”, delitos tipificados en la legislación siria; la denuncia fue remitida a la fiscalía. Según un abogado, el arresto se basó en los artículos 23 y 24 de la Ley de Delitos Informáticos de 2022. Tras importantes protestas públicas, fue puesto en libertad cinco días después de que el denunciante retirase la denuncia.
“La transición desde un marco legislativo enormemente represivo nunca es fácil. Sin embargo, como medida inmediata y mientras se desarrolla el proceso de reforma, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía pueden dictar instrucciones para poner fin a todos los arrestos y detenciones en espera de juicio por delitos relacionados con la libertad de expresión que en ningún caso reunirían los criterios que establece el derecho internacional para justificar la detención previa al juicio”, concluyó Heba Morayef.
La Ley de Delitos Informáticos de 2022 incumple las normas internacionales de derechos humanos
La Ley de Delitos Informáticos de 2022 penaliza varias formas de expresión protegidas que Siria, como parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) desde 1969, tiene la obligación de proteger.
La Ley de Delitos Informáticos de 2022 de Siria penaliza varias formas de expresión protegidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Los artículos 24, 25, 27 a 29 y 31 prevén duras penas por delitos que no son reconocidos como tales en el derecho internacional, como los de “cometer insultos o falta de respeto”, “crímenes contra la Constitución”, “menoscabar el prestigio del Estado”, “socavar la confianza en la moneda o el sistema financiero nacional” e “insultar religiones, símbolos sagrados, rituales religiosos o incitar al odio o la violencia”. También criminaliza la difamación que, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos vigentes, debería tratarse como infracción civil y no como delito.
La transición desde un marco legislativo enormemente represivo nunca es fácil. Sin embargo, como medida inmediata y mientras se desarrolla el proceso de reforma, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía pueden dictar instrucciones para poner fin a todos los arrestos y detenciones en espera de juicio por delitos relacionados con la libertad de expresión.
Heba Morayef, Amnistía Internacional
En virtud de sus disposiciones generales y poco precisas, una persona podría ser arrestada y enjuiciada por la expresión en Internet de opiniones que las autoridades perciban como críticas al gobierno.
La Ley confiere asimismo amplias atribuciones en materia de aplicación. Los artículos 34 y 35 clasifican la mayoría de las publicaciones y republicaciones en Internet como difusión pública, extendiendo la responsabilidad penal a quienes comparten contenido incluso cuando no son sus autores.
También permite una censura de amplio alcance. El artículo 37 autoriza a los tribunales el bloqueo de sitios web o sistemas de información durante periodos de entre tres meses y la clausura permanente cuando se usen para cometer delitos tipificados en la Ley. Además, el artículo 43 permite restricciones al acceso a sitios web mediante órdenes judiciales o medidas administrativas de la autoridad reguladora.
El artículo 19 del PIDCP garantiza a todas las personas el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio. En virtud de su artículo 19.3, están permitidas las restricciones al derecho a la libertad de expresión únicamente en ciertas circunstancias estrictamente definidas, y las sanciones penales solo se consideran una limitación legítima cuando la expresión constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
Toda restricción de este derecho debe estar prescrita por la ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria y proporcionada. Es responsabilidad del Estado demostrar que la restricción persigue un objetivo legítimo y que es tanto necesaria como proporcionada para alcanzar dicho objetivo.
En sus observaciones finales sobre Siria de julio de 2024, el Comité de Derechos Humanos señaló que la ley impone penas severas para ciertas formas de expresión y cuestionó su compatibilidad con el artículo 19 del PIDCP, recomendando que Siria reformase la ley para eliminar disposiciones de redacción imprecisa y garantizar que toda restricción de la expresión cumple los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
“En 2025, la Comisión Nacional de Justicia Transicional y el Ministerio de Justicia dijeron a Amnistía Internacional que la reforma legislativa era una prioridad. Ahora que hay un Parlamento, la Comisión y el Ministerio de Justicia tienen la oportunidad de indicar que están dando prioridad a las libertades políticas acelerando el trámite de reforma de las leyes represivas que socavan la protección de los derechos humanos y haciéndolas compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”, concluyó Heba Morayef.