Resumen

Tras decenios de gobierno de la familia Al Asad caracterizados por la represión y por graves violaciones de derechos humanos, el presidente Bachar al Asad fue derrocado en diciembre, lo que despertó la esperanza de que por fin se proporcionara justicia y reparación a las víctimas. Durante el año, todas las partes en el conflicto y sus aliados llevaron a cabo ataques ilícitos contra la población civil e infraestructuras de carácter civil. El gobierno del presidente Al Asad, guardias de fronteras turcos y facciones del Ejército Nacional Sirio y de las Fuerzas Democráticas Sirias fueron responsables de homicidios ilícitos y de tortura y otros malos tratos. Decenas de miles de personas seguían detenidas arbitrariamente o en situación de desaparición forzada. Más de 56.000 personas continuaron siendo objeto de violaciones de derechos humanos bajo custodia de las autoridades autónomas en el noreste de Siria. Tras el derrocamiento del presidente Al Asad, los grupos de oposición liberaron a las personas recluidas en los centros de detención que había gestionado su gobierno por todo el país. Muchas de ellas habían sido sometidas a tortura y otros malos tratos y había miles de personas detenidas más en paradero desconocido. Durante el año, la situación humanitaria en Siria continuó siendo desoladora; millones de personas vivían en la pobreza y dependían de la ayuda humanitaria para sobrevivir.