Resumen

Todas las partes en el prolongado conflicto de Siria y sus aliados seguían perpetrando ataques ilegítimos, homicidios de civiles y destrucción de infraestructuras vitales. Grupos armados apoyados por Turquía mataron ilegítimamente a cuatro civiles. El gobierno y los grupos armados negaron a la población civil el acceso a la ayuda humanitaria. El gobierno seguía sometiendo a decenas de miles de personas a desaparición forzada; la Asamblea General de la ONU creó una institución internacional para esclarecer la suerte de quienes habían desaparecido y ofrecer reparación a sus familias. El gobierno y las fuerzas armadas detuvieron arbitrariamente a varias personas por expresar sus opiniones. Las personas refugiadas seguían corriendo el riesgo de ser detenidas a su regreso a Siria. El gobierno seguía impidiendo a la población del noroeste de Siria —incluida la desplazada internamente allí— el acceso a servicios esenciales, con lo que violaba sus derechos económicos y sociales. El gobierno violó el derecho a la vivienda de habitantes de la ciudad de Alepo cuyas casas se habían visto afectadas por fuertes terremotos el 6 de febrero. El ejército israelí sofocó violentamente protestas contra la instalación de aerogeneradores en los Altos del Golán, zona siria ocupada por Israel desde hacía 56 años.