Siria 2024

Tras decenios de gobierno de la familia Al Asad caracterizados por la represión y por graves violaciones de derechos humanos, el presidente Bachar al Asad fue derrocado en diciembre, lo que despertó la esperanza de que por fin se proporcionara justicia y reparación a las víctimas. Durante el año, todas las partes en el conflicto y sus aliados llevaron a cabo ataques ilícitos contra la población civil e infraestructuras de carácter civil. El gobierno del presidente Al Asad, guardias de fronteras turcos y facciones del Ejército Nacional Sirio y de las Fuerzas Democráticas Sirias fueron responsables de homicidios ilícitos y de tortura y otros malos tratos. Decenas de miles de personas seguían detenidas arbitrariamente o en situación de desaparición forzada. Más de 56.000 personas continuaron siendo objeto de violaciones de derechos humanos bajo custodia de las autoridades autónomas en el noreste de Siria. Tras el derrocamiento del presidente Al Asad, los grupos de oposición liberaron a las personas recluidas en los centros de detención que había gestionado su gobierno por todo el país. Muchas de ellas habían sido sometidas a tortura y otros malos tratos y había miles de personas detenidas más en paradero desconocido. Durante el año, la situación humanitaria en Siria continuó siendo desoladora; millones de personas vivían en la pobreza y dependían de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Información general

Antes de la caída del gobierno del presidente Bachar al Asad en diciembre, la población de las zonas controladas por él sufría unas condiciones socioeconómicas cada vez peores, violencia y peligro de detención arbitraria. Entre enero y junio, en As Suwayda, ciudad mayoritariamente drusa del suroeste de Siria, hubo protestas contra el deterioro de la situación económica y se exigieron reformas políticas. En zonas fronterizas de la gobernación de As Suwayda, unos ataques atribuidos a las fuerzas aéreas jordanas y efectuados, presuntamente, para luchar contra el tráfico de estupefacientes y de armas se saldaron con varias víctimas. Deraa, en el suroeste de Siria, sufrió múltiples ataques de fuerzas progubernamentales y grupos armados de oposición que causaron víctimas civiles, según la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la situación en la República Árabe Siria (Comisión de Investigación de la ONU).

Las fuerzas israelíes aumentaron sus operaciones militares en Siria en el contexto de los conflictos de Gaza y Líbano. El 1 de abril, un ataque aéreo israelí alcanzó el consulado iraní en la capital siria, Damasco. Según los medios de comunicación, 16 personas perdieron la vida, entre ellas varios altos asesores militares iraníes.

Entre febrero y julio, el noroeste de Siria vivió protestas multitudinarias sin precedente contra el grupo armado Hayat Tahrir al Sham, en las que se pedía la destitución de su líder, Ahmed al Sharaa (también llamado Abu Mohammad al Jolani), la liberación de personas detenidas por motivos políticos y reformas socioeconómicas.

En agosto se informó de una significativa escalada de las hostilidades en la gobernación de Deir ez Zor, en el noreste de Siria, que se saldó con la muerte de al menos 25 civiles, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Las hostilidades provocaron una situación humanitaria terrible, y la OCHA informó de escasez de agua, alimentos, medicamentos y otros suministros básicos.

El 8 de diciembre, fuerzas de la oposición lideradas por Hayat Tahrir al Sham tomaron Damasco, derrocaron el gobierno del presidente al Asad y pusieron fin a cinco decenios de gobierno de su familia en Siria.¹ Tras la caída del presidente Al Asad, el ejército israelí lanzó cientos de ataques sobre el país alegando que iban dirigidos contra arsenales de armas e infraestructuras militares abandonados por las fuerzas del gobierno derrocado, con el fin de garantizar que no cayeran en manos de los rebeldes. Israel también desplegó tropas a lo largo de la frontera del territorio sirio de los Altos del Golán, bajo ocupación israelí.

Ataques ilícitos

Todas las partes en el conflicto y sus aliados siguieron llevando a cabo ataques ilícitos contra la población civil y contra bienes de carácter civil en el norte de Siria, donde mataron e hirieron a decenas de civiles y destruyeron infraestructuras civiles.

Gobierno del presidente Al Asad y Rusia

Durante la primera mitad del año, el gobierno del presidente Al Asad, respaldado por Rusia, continuó intensificando los ataques iniciados a finales de 2023 sobre zonas del noroeste de Siria controladas por grupos armados de oposición.

La Comisión de Investigación de la ONU hizo indagaciones sobre 13 de esos ataques —12 atribuidos al ejército sirio y uno a las fuerzas rusas—, que habían causado víctimas civiles, y concluyó que probablemente todos ellos hubieran violado el derecho internacional humanitario. Determinó que era probable que algunos hubieran sido ataques directos contra la población civil, como uno del 28 de mayo en el que las fuerzas gubernamentales habían disparado un misil antitanque teledirigido contra un vehículo agrícola en el pueblo de Kafr Nuran y matado a dos niños. Era probable que otros ataques hubieran sido indiscriminados, como el efectuado con cohetes el 1 de abril sobre la localidad de Sarmin y en el que habían muerto una mujer y dos niñas y resultado dañadas viviendas, una escuela y un mercado.

La Comisión de Investigación de la ONU y la organización Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, acusaron al gobierno sirio de usar bombas de racimo en zonas densamente pobladas de la ciudad de Idlib los días 6 y 7 de enero.

Cuando los grupos de la oposición iniciaron su avance hacia territorios controlados por las fuerzas del presidente Al Asad, las fuerzas aéreas sirias, respaldadas por fuerzas gubernamentales rusas, intensificaron sus ataques sobre zonas del norte de Siria, especialmente en las gobernaciones de Idlib y Alepo, donde causaron muertes y desplazamiento de civiles. Según la OCHA, al menos 75 civiles, incluidos 28 niños y niñas, perdieron la vida, y 282 sufrieron heridas en el noroeste de Siria entre el 26 de noviembre y el 8 de diciembre.

Turquía

Turquía continuó realizando ataques aéreos ilícitos contra civiles y bienes de carácter civil en el noreste de Siria, que seguía bajo el control kurdo de la Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria, adversaria acérrima de Turquía y del Ejército Nacional Sirio, coalición de grupos armados que contaban con apoyo turco. Tras el derrocamiento del presidente Al Asad, Turquía amplió su ofensiva contra los grupos kurdos en esa zona.

En enero, NES NGO Forum, coalición de ONG internacionales del noreste de Siria, afirmó que más de un millón de personas carecían de electricidad y más de dos millones tenían acceso limitado a agua apta para el consumo en esa parte del país. Durante la primera mitad del año, Turquía realizó al menos 345 ataques aéreos en el noreste de Siria que destruyeron decenas de instalaciones, incluidos centros de salud, centrales de transferencia de energía y yacimientos de petróleo y gas, según Synergy-Hevdesti, grupo de defensa de las víctimas del conflicto.

En octubre, las fuerzas turcas llevaron a cabo operaciones militares en el norte y el este de Siria, señalando que lo hacían como represalia por un atentado perpetrado en Turquía contra las instalaciones de Turkish Aerospace Industries en Kahramankazan, provincia de Ankara. Las Fuerzas Populares de Defensa, el brazo armado del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), reivindicaron la autoría del atentado. Las Fuerzas Democráticas Sirias, grupo armado bajo dirección kurda, afirmaron que los ataques de Turquía en Siria habían matado a 12 civiles, entre quienes había dos menores, y herido a 25 personas.

Según una asociación de periodistas, dos profesionales que trabajaban para medios de comunicación kurdos perdieron la vida el 19 de diciembre a consecuencia, según informes, del ataque de un dron turco mientras cubrían los enfrentamientos entre facciones del Ejército Nacional Sirio apoyadas por Turquía y grupos kurdos. Al día siguiente, las fuerzas kurdas dijeron que el ataque de un dron turco contra un automóvil en la gobernación de Hasaka había matado a tres civiles.

Grupos armados

Según la Comisión de Investigación de la ONU, los ataques del grupo armado Estado Islámico aumentaron significativamente.

Homicidios ilícitos, y tortura y otros malos tratos

Gobierno del presidente Al Asad

Entre enero y octubre, la Red Siria de Derechos Humanos documentó la detención por las autoridades sirias de al menos 208 personas refugiadas que habían sido deportadas desde Líbano. En seis casos que registró, las personas retornadas habían sido sometidas a tortura al regresar y habían muerto bajo custodia.

Tras el derrocamiento del presidente Al Asad, un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó muchos de los centros de detención gestionados por su gobierno en Damasco y halló indicios de las torturas descritas por sobrevivientes. Las personas que acababan de ser liberadas de esos centros también describían tortura y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y condiciones de reclusión inhumanas.

Ejército Nacional Sirio

Human Rights Watch documentó atrocidades, como secuestros, reclusión ilícita y violencia sexual y tortura, cometidas por varias facciones del Ejército Nacional Sirio. En marzo, la Comisión de Investigación de la ONU declaró que en diversos centros de detención administrados por estas facciones se seguía sometiendo a civiles a detención arbitraria y, en algunos casos, a tortura y otros malos tratos.

Fuerzas Democráticas Sirias

El 25 de abril, las Fuerzas Democráticas Sirias arrestaron a Khirou Rafat al Shlash en la gobernación de Alepo. Lo golpearon brutalmente, le dispararon en la espalda y lo llevaron a la prisión de Al Maliya acusado de vinculación con el gobierno sirio. El 27 de abril, informaron a su familia de que había muerto bajo custodia. Según la Red Siria de Derechos Humanos, había sido sometido a tortura y otros malos tratos durante su detención.

Detención arbitraria y desapariciones forzadas

La Red Siria de Derechos Humanos informó de que durante el año se habían documentado al menos 2.623 casos de detención arbitraria, la inmensa mayoría atribuidos a las fuerzas gubernamentales sirias. De ellos, 1.084 fueron clasificados posteriormente como desapariciones forzadas.

Gobierno del presidente Al Asad

En diciembre, los grupos de oposición liberaron a las personas que se encontraban detenidas en las prisiones y los centros de detención que el gobierno derrocado había gestionado por todo el país. Según la Red Siria de Derechos Humanos, se puso en libertad a 24.200, sólo una pequeña parte de las más de 100.000 personas en paradero desconocido que se pensaba que estaban detenidas en dichos centros, lo que planteaba interrogantes sobre la suerte de las desaparecidas (véase, infra, “Derecho a verdad, justicia y reparación”).

Hayat Tahrir al Sham

En la gobernación de Idlib, Hayat Tahrir al Sham reprimió la libertad de expresión, al someter a periodistas, activistas o cualquiera que criticara su régimen a detención arbitraria, sin acceso a asistencia letrada ni contacto con familiares.

Ejército Nacional Sirio

De enero a junio, Synergy-Hevdesti documentó 338 detenciones arbitrarias practicadas por facciones del Ejército Nacional Sirio en el norte de Siria. En julio, informó de que en las prisiones de esta coalición seguían sometidas a desaparición forzada 231 personas.

El 26 de agosto, la policía militar del Ejército Nacional Sirio arrestó en un control de seguridad de Al Bab a la periodista Nabiha Taha y a su colega Bakr al Qassem. Ella fue puesta en libertad ese mismo día y él quedó en libertad sin cargos el 2 de septiembre.

Autoridades autónomas / Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria

Las autoridades autónomas del norte y el este de Siria fueron responsables de la violación en gran escala de los derechos de más de 56.000 personas a quienes mantenían bajo custodia por su presunta vinculación con el Estado Islámico. Las víctimas —según cálculos, alrededor de 30.000 niños y niñas, 14.500 mujeres y 11.500 hombres— se hallaban privadas de libertad en al menos 27 centros de detención y dos campos de detención: Al Hol y Al Roj. Muchas llevaban detenidas desde 2019.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En aplicación del principio de jurisdicción universal, en concreto, algunos países europeos siguieron investigando y procesando en sus tribunales nacionales a presuntos responsables de crímenes de derecho internacional cometidos en Siria.

Por ejemplo, el 17 de enero, el Tribunal Supremo de Francia confirmó su sentencia de septiembre de 2021 contra la cementera francesa Lafarge por cargos de complicidad en crímenes de lesa humanidad y financiación del terrorismo.

El 11 de marzo, la Fiscalía General de Suiza remitió la causa contra Rifaat al Asad —tío de Bachar al Asad y ex jefe militar— al Tribunal Penal Federal para que lo juzgara por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad siria de Hama en 1982.

El 24 de mayo, el Tribunal Judicial de París condenó in absentia a los altos cargos sirios Ali Mamlouk, Jamil Hassan y Abdel Salam Mahmoud por complicidad en crímenes de lesa humanidad y por un delito que constituía crimen de guerra.

El 26 de junio, el Tribunal de Apelación de París confirmó las órdenes de arresto dictadas contra Bachar al Asad, su hermano Maher al Asad y dos altos mandos militares sirios por cargos de complicidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al emplear armas químicas prohibidas contra la población civil de Guta y de Duma en agosto de 2013.

Tras el derrocamiento del presidente Al Asad, una investigadora de Amnistía Internacional constató de primera mano que los registros oficiales de los centros de detención y las prisiones se habían dejado en gran medida desprotegidos y que había gente, como familiares de personas que habían estado detenidas y periodistas, que los habían saqueado y habían destruido o se habían llevado gran parte de ellos. Según testigos, en algunos casos, el personal de seguridad e inteligencia quemó documentos antes de huir, y los grupos armados que tomaron el control de los centros y las personas que acababan de ser liberadas también quemaron y saquearon documentos. Los registros contenían probablemente información esencial sobre la estructura del aparato de seguridad e inteligencia del Estado sirio, la identidad de responsables de crímenes de derecho internacional y datos de personas detenidas y de la suerte que habían corrido.

Derechos económicos y sociales

La situación humanitaria en Siria continuó siendo desoladora. En agosto, la ONU informó de que 16,7 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria para sobrevivir, la cifra más alta desde el comienzo de la crisis siria en 2011. Al menos el 90% de la población vivía en la pobreza y 12,9 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria.

Según la OCHA, el Plan de Respuesta Humanitaria para Siria seguía adoleciendo de una financiación alarmantemente insuficiente. A fecha de diciembre de 2024, sólo se había garantizado el 33,4% de los 4.407 millones de dólares estadounidenses que se necesitaban.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Poco después del derrocamiento del presidente Al Asad, al menos 21 países europeos anunciaron que revisarían sus prácticas de asilo, la mayoría para considerar o ejecutar la suspensión de las solicitudes de asilo sirias pendientes.

Al concluir el año, seguía siendo escasa la información fiable sobre la situación de la seguridad en Siria. No se sabía bien qué grupos armados tenían el control de varios pueblos y ciudades ni cómo pretendían gobernar. Los ataques constatados de Estados Unidos, Israel y Turquía en Siria, así como los combates entre grupos armados, amenazaban con poner aún más en peligro a la población civil. A consecuencia de ello, en diciembre, Amnistía Internacional pidió a los Estados europeos que siguieran tramitando las solicitudes de asilo sirias y rechazaran todo llamamiento a devolver a las personas procedentes de Siria o a restringir la reagrupación familiar.²

Altos del Golán ocupados

Los Altos del Golán seguían bajo la ocupación y la anexión ilegal de Israel. Tras el derrocamiento del presidente Al Asad, las fuerzas armadas israelíes desplegaron tropas en la zona desmilitarizada de separación establecida por la ONU.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que su gobierno había aprobado por unanimidad un plan dotado de 11 millones de dólares para fomentar el crecimiento demográfico, lo que indicaba la expansión del asentamiento ilegal israelí en los Altos del Golán.

El 26 de julio, un ataque con cohetes alcanzó la localidad de Majdal Shams, en el norte de los Altos del Golán, y mató a 12 menores y jóvenes de la comunidad drusa.