
La agitación política, la represión y los conflictos armados contribuyeron a configurar en la región un preocupante panorama en materia de derechos humanos. Sin embargo, pese a los enormes riesgos a los que se enfrentaban, quienes defendían los derechos humanos y hacían activismo continuaron reclamando sus derechos y denunciando la opresión.
Se adoptó legislación que restringió aún más los derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión. Con frecuencia, se respondió a las protestas haciendo un uso ilícito de la fuerza, lo cual provocó víctimas en numerosas ocasiones. Figuras políticas de oposición, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas, fueron sometidas a vigilancia, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y víctimas de homicidios ilícitos. La impunidad facilitó tanto éstas como otras violaciones de derechos humanos, si bien una decisión judicial y las recomendaciones formuladas por una comisión de la verdad ofrecieron esperanzas de reparación para las víctimas en Japón y en Corea del Sur.
Las condiciones climáticas extremas, el aumento del nivel del mar y otros fenómenos de aparición lenta provocaron más devastación, pese a lo cual los gobiernos siguieron sin tomar las medidas urgentes necesarias para abordar el cambio climático y adaptarse a los daños asociados a él.
En Myanmar, el considerable recrudecimiento del conflicto armado dio lugar a nuevas violaciones graves del derecho internacional. En Afganistán, los derechos se restringieron aún más bajo el gobierno talibán, sobre todo los de las mujeres y las niñas, mientras que en China y Corea del Norte se siguió reprimiendo con dureza la disidencia.
En algunos países avanzó el reconocimiento de los derechos LGBTI. Sin embargo, la discriminación y la violencia sistemáticas por motivos de género contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI siguieron siendo prácticas generalizadas. En los proyectos extractivos y de infraestructuras, habitualmente se hizo caso omiso de los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías étnicas y basadas en la ascendencia. Siguieron cometiéndose numerosas violaciones de los derechos económicos y sociales, entre ellos los relativos a la vivienda y a la educación. Las expulsiones y la detención arbitraria por tiempo indefinido a menudo pusieron en peligro a las personas que huían de los conflictos y de la represión.
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