En toda la región confluyeron la represión, la desigualdad y la impunidad, impulsadas por prácticas autoritarias, una discriminación sistémica y una falta de rendición de cuentas profundamente arraigada. Las autoridades cada vez imponían más restricciones excesivas a los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, incorporando el control a través de la legislación, la vigilancia policial y la vigilancia digital. Estas medidas se reforzaban mutuamente, reduciendo el espacio cívico y erosionando las libertades fundamentales. Los Estados normalizaron la supresión de la disidencia con medidas represivas letales en Nepal e Indonesia, el uso de leyes antiterroristas en India, una oleada de detenciones arbitrarias en Myanmar antes de las elecciones de diciembre impuestas por el ejército y arrestos de activistas en Hong Kong.
A nivel internacional se lograron victorias en materia de rendición de cuentas, entre ellas la detención y el traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, y las órdenes de detención dictadas por la CPI contra dos líderes talibanes por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. Por lo demás, la impunidad continuó arraigada sin que hubiera nuevos avances respecto a las órdenes de detención emitidas por la Corte contra las autoridades responsables de crímenes internacionales contra la población rohinyá ni tampoco medidas significativas de las autoridades chinas para abordar los crímenes contra la humanidad cometidos en Xinjiang. Los mecanismos nacionales de rendición de cuentas se desmantelaron aún más en Afganistán y en Sri Lanka seguían siendo en gran medida ineficaces para abordar los abusos cometidos durante la guerra.
Los Estados expandieron la represión transfronteriza. Tailandia deportó a personas uigures a China y extraditó a defensores y defensoras montagnard a Vietnam, a pesar del riesgo de que se violaran sus derechos. Malasia colaboró con las autoridades tailandesas para perseguir a un periodista, mientras que Hong Kong y China utilizaron la legislación para perseguir a activistas en el extranjero, acosando a sus familiares y amistades que aún permanecían en Hong Kong.
La discriminación agravó el daño causado a los grupos marginados y vulnerables. Las personas rohinyás fueron sometidas a trabajos forzados en Myanmar y se vieron afectadas de manera desproporcionada por los recortes en la ayuda humanitaria destinada a los campos de refugiados en Bangladesh. Las minorías religiosas fueron objeto de persecución sistemática en Afganistán, China continental y Pakistán, mientras que los pueblos indígenas de Australia e Indonesia continuaron siendo desposeídos de sus tierras. Las personas dalits de toda Asia meridional se vieron relegadas a trabajos peligrosos.
La violencia por motivos de género persistió en toda la región y los abusos facilitados por la tecnología ocuparon los titulares en Corea del Sur, Tailandia y Vietnam.
La trata de seres humanos y el trabajo forzoso aumentaron en el sudeste asiático. En puntos críticos como Camboya y Myanmar se esclavizaba y torturaba a personas en los centros de ciberestafas.
La crisis climática, la vulnerabilidad ante otras catástrofes y la fragilidad económica aumentaron la privación de derechos. En Afganistán, con terremotos y deportaciones desde Irán y Pakistán, millones de personas dependían de la ayuda humanitaria, mientras que en Filipinas, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam las inundaciones causaron víctimas mortales y desplazamientos masivos, arruinaron las cosechas y agravaron la pobreza. El cambio climático y las catástrofes que azotaron Bangladesh, Kiribati, Pakistán y Tuvalu siguieron provocando el desplazamiento de comunidades, lo que reforzó las desigualdades estructurales. La escasez crónica de productos de primera necesidad en Corea del Norte y los recortes en las prestaciones sociales impulsados por la austeridad en Sri Lanka pusieron de relieve cómo las políticas económicas agravaban la vulnerabilidad.
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