Resumen

Hubo tenues destellos de esperanza para los derechos humanos en la región de Asia y Oceanía, con modestos logros en relación con los derechos de las mujeres y las personas LGBTI en varios países, una nueva ley que penalizaba la tortura en Pakistán y la abolición de la pena de muerte en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, el panorama siguió siendo poco alentador en general. La población civil sufrió las peores consecuencias de la escalada del conflicto armado de Myanmar. Cada vez fueron más visibles en toda su plenitud las consecuencias para los derechos humanos del régimen talibán en Afganistán y, en concreto, el nefasto retroceso que sufrieron los derechos de las mujeres y las niñas. La crisis económica —agravada por la recesión derivada de la pandemia, la mala gestión económica y los conflictos armados dentro y fuera de la región— repercutió con fuerza en los derechos económicos y sociales de países tales como Afganistán, Laos y Sri Lanka, en los que era cada vez más difícil acceder a alimentación, atención médica y un nivel de vida adecuado. Disminuyó el grado de tolerancia hacia la disidencia, mientras las autoridades de numerosos países endurecían las restricciones sobre la libertad de expresión y asociación y detenían de manera arbitraria a quienes las criticaban. En toda la región, la población salió a la calle a protestar contra la injusticia, las privaciones y la discriminación, pero en países como Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia, sus protestas fueron recibidas con fuerza excesiva y, en ocasiones, letal. La impunidad se vio agravada por la incapacidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar de manera efectiva motivos graves de preocupación en China y Filipinas. También persistieron arraigados patrones de discriminación contra minorías, mujeres y niñas, personas LGBTI y pueblos indígenas. La reanudación de las ejecuciones en Afganistán y Myanmar supuso un importante retroceso.