A lo largo del año, varios países de la región de Asia y Oceanía cayeron en profundas crisis de derechos humanos. En Myanmar, la feroz respuesta del ejército a la oposición generalizada al golpe de Estado de febrero se cobró cientos de vidas y supuso la detención arbitraria de miles de personas. En Afganistán, la toma del poder por los talibanes en agosto fue acompañada de crímenes de guerra y de un brusco recorte de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, que tanto había costado conquistar. En China persistieron los crímenes de lesa humanidad contra la población musulmana residente en Xinjiang, y la situación de los derechos humanos se deterioró, sobre todo en Hong Kong. Durante muchos años no se inculcó respeto por los derechos humanos ni se hizo rendir cuentas a los responsables de violarlos, y esto contribuyó claramente a estas catástrofes de derechos humanos.
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