- Las investigaciones de Amnistía contradicen el discurso del Estado sobre su ofensiva contra las ciberestafas masivas.
- La connivencia de la policía con las bandas delictivas contribuye a evitar las redadas en los centros de ciberestafas.
- Ninguna de las 73 personas sobrevivientes entrevistadas ha sido identificada o reconocida por el Estado como víctima de trata.
La publicitada ofensiva del gobierno de Camboya contra los centros de ciberestafas no ha desmantelado la inmensa mayoría de ellos en el país ni ha brindado protección y apoyo a los miles de personas sometidas a trata, tortura y esclavitud; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informeque ha publicado hoy.
Falling through the Cracks: Cambodia’s “Crackdown” on Scamming Compounds documenta cómo, en gran medida, las autoridades no han identificado a las víctimas de trata ni han hecho rendir cuentas a los responsables. La investigación realizada por Amnistía revela que varios centros están cambiando de ubicación para eludir las medidas enérgicas del gobierno contra ellos, y ofrece información detallada sobre varios testimonios de violación en dichos centros.
“El gobierno camboyano ha gestionado cuidadosamente la imagen pública de sus medidas contra las ciberestafas, pero, detrás de cada titular sobre una redada o una detención en uno de esos centros, hay sobrevivientes de esclavitud, tortura y violación a quienes se ha dejado prácticamente sin ninguna ayuda”, ha declarado Montse Ferrer, codirectora regional de Investigación de Amnistía Internacional.
“Esta muy pregonada campaña contra la delincuencia no ha hecho lo suficiente para poner fin al sufrimiento de las personas atrapadas en los centros de ciberestafas. Más del 70% de los centros identificados por Amnistía parecen haber eludido las medidas del gobierno y, al mismo tiempo, las ineficaces intervenciones policiales en otros centros han ignorado a las víctimas, que han seguido sufriendo abusos terribles; todo ello mientras el gobierno se felicita por su propia labor.”
La policía “vino a retirar cadáveres”
En junio de 2025, un informe de Amnistía Internacional describía que más de 50 centros de ciberestafas de toda Camboya eran lugares de esclavitud, trata de seres humanos, trabajo forzoso y tortura, y que funcionaban como instalaciones similares a prisiones controladas por grupos de delincuencia organizada.
La nueva investigación de 150 páginas publicada hoy identifica otros 33 centros de ciberestafas e incluye los testimonios de otras 73 personas sobrevivientes, de 16 países distintos, que han permanecido recluidas en esos centros durante la ofensiva del gobierno contra ellos. Todas esas personas describen los mismos reiterados abusos documentados en el informe anterior de Amnistía.
La total falta de transparencia del gobierno de Camboya hace imposible comprobar sus afirmaciones y socava la confianza en todo el proceso.
Montse Ferrer, directora regional de Investigación de Amnistía Internacional
A raíz de ese informe de Amnistía, en julio de 2025, el gobierno de Camboya lanzó su mayor operación hasta la fecha contra las ciberestafas y prometió erradicar las redes delictivas responsables de fraudes a gran escala en todo el mundo. Desde entonces, varios destacados líderes de bandas han sido arrestados y las autoridades afirman haber clausurado más de 200 centros de ciberestafas.
Sin embargo, las conclusiones de Amnistía arrojan serias dudas sobre el impacto de tales medidas. De un total de 86 centros identificados por la organización, tan sólo en 24 había indicios de intervención del Estado. Amnistía Internacional ha obtenido pruebas de liberaciones y fugas masivas en al menos otros siete centros.
Amnistía ha concluido que, incluso cuando las intervenciones sí se llevaban a cabo, a menudo resultaban ineficaces, pues se veían socavadas por la evidente connivencia entre los jefes de los centros y la policía, o únicamente se realizaban como reacción a algún tipo de presión pública. En tres casos distintos, la policía intervino en un centro, pero Amnistía Internacional entrevistó a personas que posteriormente habían sido víctimas de abusos en ese mismo lugar.
Víctimas tratadas como delincuentes
Las personas sobrevivientes entrevistadas en el informe de Amnistía son de distintos lugares del mundo —entre ellos, África, América Latina y Asia—, lo que pone de relieve la naturaleza transnacional de la industria de las ciberestafas. Winta, una sobreviviente procedente de África Oriental y sometida a trata cuando tenía 16 años tras recibir una oferta falsa para trabajar en un crucero, describió cómo la habían trasladado de un centro a otro durante las operaciones de la policía a fin de burlarlas.
“Me esposaron a una silla y me obligaron a estar de pie durante dos días. Luego nos golpearon y nos metieron en un automóvil”, contó.
Finalmente, fue abandonada de noche junto con otras víctimas. Según su testimonio, cuando la policía llegó, en vez de ofrecerle ayuda, los agentes la amenazaron con llevarla de nuevo al centro de ciberestafas. Al no tener donde ir, pidió ayuda a vecinos de la zona, que la ayudaron a salir de allí. Su historia refleja un patrón recurrente según el cual las autoridades de Camboya no desmantelan las actividades de ciberestafa, al tiempo que empujan a sobrevivientes de estos abusos a situaciones de mayor peligro.
Ninguna de las 73 personas sobrevivientes entrevistadas por Amnistía Internacional ha sido reconocida como víctima de trata de seres humanos, pese a que la organización ha concluido que todas ellas se ajustan a la definición reconocida internacionalmente.
A muchas personas liberadas o que habían escapado de esos centros se las dejó durmiendo en la calle o se las recluyó en centros de detención de inmigrantes en condiciones de hacinamiento, y en algunos casos la policía extorsionó y amenazó a las víctimas de trata. Mientras tanto, las personas sobrevivientes no están recibiendo suficiente ayuda de sus propias embajadas.
“Tratamos de despertarla, pero ya estaba muerta”
Las conclusiones del informe señalan que la connivencia entre la policía y los jefes de los centros de ciberestafas ha socavado la eficacia de la ofensiva del gobierno contra ellos. Varios sobrevivientes contaron a Amnistía que la policía acudía periódicamente a un centro de Prey Veng (PV01), para, entre otras cosas, retirar cadáveres y beber café con los jefes y, sin embargo, no se llevó a cabo ni una sola detención durante las operaciones policiales.
Elise, una joven keniana, contó que había recibido golpes y que había visto morir a una mujer en el centro PV01. “Tratamos de despertarla, pero ya estaba muerta […]. La policía vino a llevarse el cadáver”. Añadió que la policía no había liberado al resto de personas que estaban atrapadas allí.
Los testimonios de sobrevivientes indican que en ocasiones los jefes sabían de las intervenciones policiales antes de que éstas se produjeran, de modo que podían huir y trasladarse a otra ubicación, lo que apunta a la existencia de coordinación o connivencia.
“Dijeron que la policía estaba de camino, nos metieron en un autobús y nos llevaron a la montaña”, contó una persona sobreviviente.
El último testimonio de Amnistía también incluye varios relatos de violencia sexual dentro de los centros de ciberestafas, en los que seis mujeres describen haber sufrido violación y otros malos tratos. Cinco contaron que habían sido violadas por jefes o coordinadores de equipo —dos de ellas se quedaron embarazadas a consecuencia de la violación—, y una mujer brasileña, Cecilia, dijo que un jefe invitó a un grupo de estafadores que habían tenido buenos resultados a violarla.
“Era como un premio por el buen trabajo. Dijo que yo era como ‘un regalo’”, contó. Cecilia mostró numerosos hematomas en el cuerpo causados por los golpes que le había propinado su jefe con un bate de béisbol tras descubrir que el padre de ella había llamado a la policía.
Falta de transparencia
Pese a alabar el éxito de sus propias medidas, las autoridades camboyanas no han publicado información detallada sobre los lugares que se investigaron ni sobre las pruebas que respalden la clausura de centros de ciberestafas. El gobierno no ha respondido a las preguntas enviadas por Amnistía Internacional relativas a su investigación. Al mismo tiempo, periodistas y personal de rescate han sido sometidos a arrestos e intimidación, lo que ha limitado aún más el escrutinio independiente.
“La total falta de transparencia del gobierno de Camboya hace imposible comprobar sus afirmaciones y socava la confianza en todo el proceso. La conclusión inevitable es que muchas de las personas que están detrás de los centros de ciberestafas más abusivos no han sido llevadas ante la justicia”, ha afirmado Montse Ferrer.
“Aunque la ofensiva ha dado lugar a liberaciones masivas de miles de personas esclavizadas, se ha visto socavada por que el gobierno no trata con dignidad a las víctimas.”
Una investigación de Amnistía Internacional publicada en abril concluyó que una docena de casinos relacionados con los centros de ciberestafas habían recibido la aprobación del Estado pese a las medidas que se estaban aplicando contra ellos. El nuevo informe de Amnistía identifica otros cuatro casinos que habían presentado planes en los que figuraban como propietarios de edificios utilizados como centros de ciberestafas.
“Si el gobierno de Camboya realmente pretende poner fin a la esclavitud y la tortura en la industria de las ciberestafas, debe investigar todos los centros y los casinos relacionados, identificar y ayudar de manera adecuada a todas las víctimas de trata de personas y otros abusos graves contra los derechos humanos, y abordar los fallos que han impedido el éxito de las medidas que se han tomado”, ha afirmado Montse Ferrer.
“La comunidad internacional también puede hacer más. Es probable que la presión ejercida sobre el gobierno camboyano por otros dirigentes mundiales haya sido el motor principal de la acción del gobierno de Camboya, pero nuestras conclusiones muestran que dicha labor está muy lejos de haberse completado y que ha de redoblarse la presión, además de que se necesitan más fondos para ayudar a las personas sobrevivientes.”
Información complementaria
Para la elaboración de este informe, Amnistía entrevistó, entre julio de 2025 y abril de 2026, a 73 sobrevivientes de abusos en centros de ciberestafas procedentes de Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Ghana, Indonesia, Kenia, Liberia, Madagascar, Marruecos, Níger, Uganda y Venezuela.
En virtud del derecho internacional, Camboya debe identificar a las víctimas de trata de personas y garantizar su seguridad. Asimismo, debe proporcionarles refugio, atención médica y apoyo jurídico, y abstenerse de sancionarlas por los delitos cometidos a consecuencia de su explotación.