En respuesta a la decisión judicial de conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los presos de conciencia y ex autoridades ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán; Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“Celebramos que Luis Pacheco y Héctor Chaclán puedan regresar con sus familias y comunidades después de más de un año privados injustamente de su libertad. La decisión de otorgarles una medida sustitutiva a la prisión preventiva representa un avance importante para sus derechos y un alivio para ellos, sus seres queridos y todas las personas que nunca dejaron de exigir justicia.”
Celebramos que Luis Pacheco y Héctor Chaclán puedan regresar con sus familias y comunidades después de más de un año privados injustamente de su libertad. ”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Sin embargo, ambos líderes no serán liberados de manera inmediata. La medida está condicionada al pago de una fianza de 160.000 quetzales por cada uno, por lo que continuarán privados de libertad hasta que se cumpla este requisito. Una suma de esta magnitud puede convertirse, en la práctica, en un obstáculo para hacer efectiva la decisión judicial.”
Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron encarcelados por ejercer pacíficamente sus derechos humanos y por desempeñar el papel de liderazgo que sus comunidades les confiaron. Permanecieron en prisión preventiva tras ser detenidos en abril de 2025 por cargos relacionados con las protestas nacionales de 2023. En mayo de 2026, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia al concluir que estaban siendo perseguidos por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión.
Si bien la decisión les permitirá regresar con sus seres queridos mientras continúa el proceso, esta medida no subsana las violaciones a derechos humanos que enfrentaron durante su detención y su liberación no será inmediata. Su encarcelamiento prolongado, las demoras injustificadas en el proceso y las restricciones al ejercicio pleno de sus derechos constituyen motivos de preocupación que las autoridades deben abordar.
Además, la continuación de los procesos penales en su contra mantiene vigente el riesgo de criminalización contra quienes ejercen liderazgos comunitarios, participan en protestas pacíficas o defienden los derechos de sus pueblos. Las autoridades guatemaltecas deben asegurar que el sistema de justicia no sea utilizado para castigar el ejercicio legítimo de los derechos humanos.
“La liberación de Luis y Héctor debe servir para reafirmar un principio fundamental: ejercer pacíficamente los derechos humanos nunca puede ser motivo de castigo. Las autoridades guatemaltecas deben garantizar la protección de la protesta pacífica, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las condiciones para que las autoridades comunitarias desempeñen su labor sin temor a criminalización.” concluyó Ana Piquer.
La liberación de Luis y Héctor debe servir para reafirmar un principio fundamental: ejercer pacíficamente los derechos humanos nunca puede ser motivo de castigo.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
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