FILIPINAS 2020

Volver a Filipinas

FILIPINAS 2020

Continuaron las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos en la “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas dedicadas al activismo político fueron víctimas de homicidio, hostigamiento, detención y acusaciones injustas. Se restringió de manera indebida la libertad de los medios de comunicación y se aprobó una peligrosa legislación antiterrorista. Diversos grupos condenaron el planteamiento de mano dura con el que el gobierno reaccionó a la pandemia de COVID-19. El presidente Duterte volvió a pedir al Congreso la restauración de la pena de muerte.

Información general

Las medidas aplicadas por el gobierno para frenar la propagación de la COVID-19 dieron lugar a numerosos abusos contra los derechos humanos. El presidente Duterte ordenó a las fuerzas de seguridad y a las autoridades locales “disparar a matar” a quienes provocaran “problemas” durante las cuarentenas.1 Se presentaron cargos contra autoridades locales por haber encerrado a personas en jaulas de perros por presuntas violaciones de la cuarentena.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para facilitar al gobierno asistencia técnica y fomento de la capacidad. Sin embargo, la resolución no satisfizo a quienes pedían acciones más firmes para atajar las constantes violaciones que tenían lugar en el país.

Ejecuciones extrajudiciales e impunidad

Continuaron los homicidios y otras violaciones de los derechos humanos en la “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno. En varias ocasiones, el presidente Duterte incitó a la violencia contra personas sospechosas de consumir o vender drogas, y prometió proteger a quienes las mataran.2 Aumentaron las noticias de homicidios en ciudades donde se había elegido para ocupar la jefatura de policía a personas que habían estado ya al mando de operaciones en las que se habían cometido abusos. Según datos oficiales, entre abril y julio la policía mató al menos a 155 personas, mientras que entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 habían sido 103. Continuaron los homicidios perpetrados por individuos no identificados, muchos de ellos sospechosos de vinculación con la policía. La abrumadora mayoría de las víctimas eran personas que vivían en la pobreza.

La vicepresidenta Leni Robredo publicó en enero un informe en el que rebatía la información del gobierno sobre la “guerra contra las drogas”. La vicepresidenta afirmó que las iniciativas gubernamentales se centraban en quienes consumían o vendían pequeñas cantidades de drogas ilícitas y pidió al gobierno que pusiera fin a su mortífera forma de abordar el problema conocida como operación “Oplan Tokhang” (“Llamar e invitar”), procesara a quienes estuvieran implicados en el tráfico de drogas y mejorara la recogida e interpretación de datos relacionados con las drogas.3

En junio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe en el que, entre otras violaciones, mencionaba ejecuciones extrajudiciales y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, personas dedicadas al activismo político y medios de comunicación.

En julio, el gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para “revisar” casos de homicidios policiales relacionados con las drogas. Los grupos de derechos humanos afirmaron que el grupo se había creado para proteger al gobierno del escrutinio internacional.

Pese a los repetidos llamamientos en favor de una investigación internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en octubre una resolución para facilitar al gobierno asistencia técnica y fomento de la capacidad. En la resolución se pedía a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que siguiera proporcionando información actualizada al Consejo a lo largo de los dos años siguientes.4

En diciembre, la Corte Penal Internacional afirmó que durante la “guerra contra las drogas” se habían cometido delitos y añadió que, previsiblemente, en 2021 decidiría si abrir o no una investigación.

Represión de la disidencia

En febrero, la senadora y presa de conciencia Leila de Lima cumplió su tercer año de cárcel por cargos de motivación política que se le imputaron tras haber intentado investigar homicidios relacionados con las drogas.5 También en febrero, un tribunal dictó orden de arresto contra el exsenador Antonio Trillanes IV, crítico con la “guerra contra las drogas”; el sacerdote y activista Flaviano (“Flavie”) Villanueva, y otras 9 personas por cargos de conspiración con fines de sedición. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 5 activistas en redadas efectuadas en la ciudad de Tacloban.

En marzo, un tribunal dictó orden de arresto por perjurio contra varios activistas que habían solicitado protección judicial tras haber sido calificados de “terroristas” por el ejército filipino.

En julio, el presidente Duterte sancionó la Ley de la República núm. 11479 (Ley Antiterrorista de 2020).6 Los grupos de derechos humanos criticaron la nueva ley, argumentando que contravenía normas internacionales y concedía al gobierno facultades ilimitadas para detener a quienes considerara enemigos del Estado. Al concluir el año quedaban por resolver ante el Tribunal Supremo más de 30 recursos de inconstitucionalidad contra ella.

El 10 de agosto, el activista y defensor de la paz Randall Echanis fue asesinado, junto con un vecino suyo, en el área metropolitana de Manila (Gran Manila).7 Una semana después, la defensora de los derechos humanos Zara Alvarez murió abatida a tiros en la ciudad de Bacólod.8 Tanto Echanis como Alvarez aparecían como “terroristas” en una lista elaborada por el gobierno en 2018. Otros defensores y defensoras de los derechos humanos y personas dedicadas al activismo político fueron detenidos de manera arbitraria y sufrieron más amenazas y actos de hostigamiento después de que el gobierno los calificara de “comunistas” o los vinculara a grupos comunistas armados.

En octubre la opinión pública se indignó con la forma en que la policía trató a la activista detenida Reina Mae Nasino cuando asistió al funeral de su hija de tres meses.

El 10 de diciembre, en las redadas efectuadas en el área metropolitana de Manila (Gran Manila), la policía detuvo a la periodista Lady Ann Salem y a seis sindicalistas por posesión de armas de fuego y explosivos. Los grupos de derechos humanos afirmaron que los cargos eran falsos.

El 30 de diciembre, la policía mató a 9 personas y detuvo a 17 en las provincias de Cápiz e Iloílo. Según grupos locales, se trataba de personas que pertenecían a una comunidad indígena y estaban defendiendo sus tierras, mientras que, según la policía, eran miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, y 9 de ellas se resistieron a ser detenidas, por lo que las mataron.

Libertad de expresión

En mayo, unos individuos no identificados mataron a tiros en la ciudad de Dumaguete al locutor de radio Cornelio Pepino, crítico con la corrupción. El suyo fue el primero de una serie de asesinatos, con seis víctimas mortales más, que tuvieron lugar en la provincia de Negros Oriental a lo largo de nueve días.

En junio fueron declarados culpables de ciberdifamación Maria Ressa, directora ejecutiva del sitio web de noticias Rappler, y Reynaldo Santos Jr., exinvestigador de Rappler.9 Un mes después, el Congreso denegó la solicitud de renovación de licencia de la red de medios de difusión ABS-CBN.10 Tanto Rappler como ABS-CBN informaban sobre homicidios y otras violaciones relacionados con la “guerra contra las drogas”. En diciembre se acusó por segunda vez de ciberdifamación a Maria Ressa por haber compartido un tuit.

Libertad de reunión y de asociación

Se violó el derecho a la libertad de reunión en el marco de la pandemia de COVID-19. En abril, la policía dispersó con violencia a residentes de una comunidad urbana pobre de Ciudad Quezón que reclamaban pacíficamente ayuda del gobierno.

En junio, en la ciudad de Cebú, la policía detuvo y recluyó durante 3 días a 8 personas que protestaban contra las leyes antiterroristas. Asimismo, durante una marcha del Orgullo celebrada en la capital, Manila, la policía detuvo al menos a 20 personas, 3 de ellas menores de edad, a las que acusó —entre otras presuntas infracciones— de no haber respetado las restricciones que afectaban a las concentraciones multitudinarias durante la pandemia. Las personas detenidas quedaron en libertad cuatro días más tarde en espera de investigación.

Derecho a la salud

Se pidió en reiteradas ocasiones la liberación de ciertos grupos de presos —entre ellos, los detenidos por motivos políticos— para frenar la propagación de la COVID-19 en las cárceles, donde cientos de reclusos y trabajadores habían dado ya positivo en las pruebas del coronavirus. El Tribunal Supremo declaró que, hasta octubre, habían quedado en libertad más de 80.000 personas.

Durante la pandemia preocupó la protección del personal de salud, al que en noviembre se le revocó parcialmente la prohibición de trabajar en el extranjero.

Abusos cometidos por grupos armados

Continuaron los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el Nuevo Ejército del Pueblo, de ideología comunista. En agosto murieron dos jóvenes de la tribu manobo durante la escalada de violencia en la provincia de Surigao del Sur.

Pena de muerte

En julio, en su discurso sobre el estado de la nación, el presidente Duterte pidió de nuevo al Congreso la restauración de la pena de muerte para una serie de delitos, incluidos los relacionados con drogas. Al concluir el año había al menos 24 proyectos de ley pendientes de tramitación que proponían la restauración de la pena de muerte.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En febrero, la policía de la ciudad de Makati provocó una oleada de indignación por haber registrado los datos de 67 personas para su identificación en el marco de la operación “Oplan X-Men”, centrada en las mujeres transgénero.

En abril, un funcionario del gobierno local sometió a trato degradante a tres personas LGBTI, a las que obligó a realizar actos sexualmente insinuantes como castigo por su presunta violación del toque de queda impuesto a causa de la COVID-19. En diciembre, un grupo de trabajo del Senado aprobó un proyecto de ley que prohibía la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género.


  1. Philippines: President Duterte gives “shoot to kill” order amid pandemic response (noticia, 2 de abril)
  2. “My job is to kill”: Ongoing human rights violations and impunity in the Philippines (ASA 35/3085/2020)
  3. Philippines: Vice President’s ‘insider account’ shows failure of deadly anti-drugs campaign (noticia, 6 de enero)
  4. Filipinas: La resolución de la ONU es una oportunidad perdida para la justicia, pero el escrutinio continúa (noticia, 7 de octubre)
  5. Philippines: Free senator and end attacks on human rights defenders (ASA 35/1854/2020)
  6. Filipinas: Peligrosa ley antiterrorista, un retroceso más para los derechos humanos (noticia, 3 de julio)
  7. Philippines: Cold-blooded murder of another activist and peace advocate must be investigated (declaración pública, 10 de agosto)
  8. Filipinas: Otra defensora de derechos humanos asesinada; el ciclo de derramamiento de sangre debe terminar (noticia, 18 de agosto)
  9. Filipinas: Anulen sentencia condenatoria de Maria Ressa y Rey Santos, periodistas de Rappler (noticia, 15 de junio)
  10. Philippines: Denial of ABS-CBN franchise another nail in the coffin of press freedom (declaración pública, 10 de julio)