Filipinas 2025
La Corte Penal Internacional (CPI) detuvo al expresidente Rodrigo Duterte, después de que se hubiera emitido una orden de arresto por el crimen de lesa humanidad de asesinato. Continuaron los homicidios en el contexto de la “guerra contra las drogas”. Al menos cuatro periodistas fueron asesinados y una periodista fue detenida por presuntas violaciones de la legislación antiterrorista, que también se utilizó contra activistas y trabajadores y trabajadoras del ámbito del desarrollo. Cientos de personas, entre las que había menores de edad, fueron arrestadas y quedaron detenidas tras las protestas contra la corrupción en los proyectos de control de las inundaciones. El acoso online de las autoridades creó un clima de temor entre jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos.
Información general
En mayo se celebraron las elecciones de mitad de legislatura al Senado, la Cámara de Representantes y las administraciones locales. En septiembre y octubre murieron más de 80 personas en los terremotos que se registraron en las provincias de Cebú y Dávao. Varios ciclones tropicales causaron inundaciones y corrimientos de tierras, a consecuencia de los cuales cientos de personas murieron, desaparecieron o resultaron heridas, y más de dos millones sufrieron desplazamiento.
Impunidad
El 11 de marzo, el expresidente Rodrigo Duterte fue arrestado por la policía en la capital, Manila, en aplicación de una orden emitida por la CPI por el crimen de lesa humanidad de asesinato. La orden, dictada en relación con los homicidios ilícitos cometidos en el contexto de la “guerra contra las drogas” durante su presidencia1 y con los homicidios cometidos en Ciudad Dávao cuando Duterte era alcalde de esta localidad (2013-2016), fue acogida con satisfacción por las familias de las víctimas y la sociedad civil.2 Posteriormente, Duterte fue trasladado a La Haya y continuaba detenido al acabar el año.3 La Fiscalía de la CPI se disponía a solicitar que se presentaran contra él tres cargos de crimen de lesa humanidad de asesinato, pero su defensa alegó que no estaba en condiciones de ser juzgado. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI pospuso la vista de confirmación de los cargos, programada originalmente para el 23 de septiembre. Al acabar el año no se había fijado una nueva fecha.
La rendición de cuentas a nivel nacional por parte de agentes de policía y otras personas implicadas en operaciones antidroga con víctimas mortales continuaba siendo escasa. Se siguieron denunciando casos de homicidios ilegítimos durante operaciones policiales relacionadas con la “guerra contra las drogas” y, al finalizar el año, el grupo universitario Dahas había registrado al menos 271 muertes por esta causa. En septiembre, un tribunal declaró culpable a Dante Lubos, un alto mando policial, de la muerte de Ryan Dave Almora durante una operación de la policía en julio de 2016. A pesar de que desde 2016 ha habido miles de homicidios ilícitos, sólo en cinco casos se han dictado sentencias condenatorias (contra un total de nueve agentes de policía) en relación con la “guerra contra las drogas”. En mayo, un tribunal negó la libertad bajo fianza a tres agentes de policía acusados de haber matado al empresario español Diego Bello Lafuente durante una operación policial en 2020. En diciembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres agentes de policía por matar a Kian delos Santos, de 17 años, en una operación contra las drogas llevada a cabo en 2017.
En octubre, un tribunal desestimó definitivamente el último cargo formulado contra Leila de Lima, persona crítica con la “guerra contra las drogas” y miembro de la Cámara de Representantes, tras retirar la fiscalía del Estado su recurso de apelación contra una decisión anterior de desestimar la causa.
Represión de la disidencia
En abril, una investigación reveló prácticas de acoso online por parte de las autoridades, incluido el “etiquetado en rojo”, consistente en calificar a las personas de “comunistas”, lo que creó un clima de temor entre jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos.4
En junio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión informó de que los avances del gobierno en la aplicación de las recomendaciones formuladas tras su visita de enero de 2024 no eran suficientes para cambiar significativamente la situación de la libertad de expresión. La relatora pidió al gobierno que pusiera fin a la práctica del “etiquetado en rojo”, despenalizara la difamación, modificara la Ley sobre el Terrorismo, de 2020, y suprimiera la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista.5
Uso ilícito de la fuerza
El 21 de septiembre, más de 200 personas, entre las que había menores de edad, fueron arrestadas y puestas bajo custodia por la policía en Manila durante las protestas contra la corrupción.6 La policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes.
Las autoridades condenaron la violencia que, según informes, habían empleado algunas personas en las protestas. Las personas que habían sido arrestadas y puestas bajo custodia denunciaron que durante su arresto y detención la policía había perpetrado violaciones de derechos humanos —como propinarles golpes— y que les había negado el acceso a sus abogados y familiares.7 La policía negó estas acusaciones. Según los informes, durante las protestas murieron dos personas: un muchacho de 15 años, apuñalado por un hombre que alegó defensa propia, y un trabajador de la construcción que, según informes, fue alcanzado por una bala perdida.
Al final, las personas menores de edad quedaron en libertad sin cargos, pero las demás (más de 90) fueron acusadas de delitos como “sedición” y “conspiración”, entre otros. En noviembre se desestimaron otros cargos, como “reunión ilegal” y “agresión contra la autoridad”.
Libertad de expresión y de asociación
Continuaron los asesinatos de periodistas. Durante el año hubo al menos cuatro, cuyas víctimas fueron el defensor de la libertad de prensa y expolítico Juan Dayang y la defensora de los derechos humanos y excomunicadora Ali Macalintal,8 y los comentaristas radiofónicos Erwin Segovia y Noel Bellen Samar. La policía aseguró haber detenido a un sospechoso del asesinato de Segovia. Las investigaciones sobre los otros tres casos continuaron, incluido el de Juan Dayang. Según la policía, se había identificado a un sospechoso del asesinato de este último.
Las autoridades continuaron utilizando la legislación antiterrorista para atacar a periodistas, activistas y trabajadores y trabajadoras humanitarios y del ámbito del desarrollo. En enero fueron detenidos y acusados de financiar el terrorismo un hombre y una mujer miembros del grupo Paghidaet sa Kauswagan Development Group.9 El caso fue desestimado en marzo y en abril un tribunal rechazó los intentos de la fiscalía para que se revocara la desestimación.
En julio, el consorcio de ONG Red de Recursos para el Empoderamiento Comunitario (CERNET, por sus siglas en inglés) emprendió acciones penales y administrativas contra la fiscalía por su presunta imprudencia al presentar cargos de financiación del terrorismo contra 27 personas relacionadas con el consorcio.
Continuaron los procedimientos judiciales en el caso de la periodista Frenchie Mae Cumpio y de la trabajadora del ámbito del desarrollo Marielle Domequil, detenidas desde hacía más de cinco años por posesión ilegal de armas de fuego y financiación del terrorismo, cargos que los grupos de la sociedad civil afirmaban que eran falsos. En noviembre, un tribunal desestimó el cargo de asesinato contra Cumpio.
Derechos laborales
El 6 de octubre, el Departamento de Trabajo y Empleo ordenó a una empresa de externalización de procesos empresariales de la provincia de Cebú que cesara sus actividades por carecer de un plan de respuesta ante catástrofes. La orden se produjo tras un terremoto de 6,9 grados de magnitud que sacudió la provincia el 30 de septiembre y causó al menos 75 víctimas mortales. A otra empresa se le ordenó que aplicara correcciones tras revelar la inspección de inmuebles deficiencias de seguridad e higiene en el trabajo. El Departamento de Trabajo y Empleo afirmó que llevaría a cabo más inspecciones tras las quejas de personas que trabajaban en centros de atención telefónica, que, entre otras cosas, denunciaban haber sido obligadas a seguir respondiendo llamadas durante el terremoto y no haber podido salir de sus edificios porque las salidas habían sido bloqueadas deliberadamente.
Derecho a un medioambiente saludable
Las investigaciones revelaron que el gobierno no había consultado adecuadamente a los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Las autoridades no habían obtenido su consentimiento para proyectos de extracción de níquel que provocaban deforestación, contaminación con metales y problemas de salud en estas comunidades.10
En agosto y septiembre, respectivamente, comenzaron en el Senado y la Cámara de Representantes las sesiones de examen de las denuncias de corrupción en proyectos de control de las inundaciones e infraestructuras relacionadas. Ambas investigaciones revelaron la implicación de figuras políticas de alto nivel, cargos públicos y contratistas privados en extorsiones, cohechos y otras formas de corrupción, unas revelaciones que provocaron protestas públicas multitudinarias.
Derechos económicos, sociales y culturales
En febrero, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió al gobierno que tomara medidas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, aprobara leyes para proteger a los defensores y las defensoras de los derechos humanos y llevara ante los tribunales todos los casos de corrupción, entre otras recomendaciones.
- Filipinas: La detención del expresidente Duterte es un paso enorme en favor de la justicia, 11 de marzo ↩︎
- Filipinas: “No tengo motivos para guardar silencio”. Familiar de una víctima de la “guerra a las drogas” habla de la lucha por la justicia, 24 de septiembre ↩︎
- Filipinas: La comparecencia de Duterte ante la Corte Penal Internacional es un momento simbólico para las víctimas de la “guerra contra las drogas”, 14 de marzo ↩︎
- Left to their own devices: The chilling effects of online harassment on young human rights defenders in the Philippines, 4 de abril ↩︎
- Oral statement. Item 3. Interactive dialogue with the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression: Human Rights in the Philippines. UN Human Rights Council, 59th session, 16 June – 11 July 2025, 19 de junio ↩︎
- Philippines: Unnecessary and excessive use of force by PNP against protesters must be investigated, 23 de septiembre ↩︎
- Philippines: Testimony points to torture and other abuses by police as new protests loom, 24 November ↩︎
- Philippines: Deadly situation for journalists continues under Marcos presidency, 23 de junio ↩︎
- Philippines: End use of anti-terror laws to target development and human rights workers, 5 de febrero ↩︎
- What do we get in return? How the Philippines nickel boom harms human rights, 9 de enero ↩︎