Continuaron los homicidios ilegítimos en la “guerra contra las drogas”, y se mantuvo arraigada la impunidad por miles de homicidios cometidos en el pasado. Se intensificó la represión de la disidencia y se restringió aún más la libertad de expresión, al tiempo que defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas que ejercían el activismo político, entre otras, eran víctimas de homicidios ilegítimos y de detenciones y reclusiones arbitrarias. Las autoridades bloquearon sitios web y ordenaron el cierre de medios de comunicación independientes.
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