El 11 de marzo de 2025, el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido en aplicación de una orden de la Corte Penal Internacional por el crimen contra la humanidad de asesinato.
Unos días después se cumplió el octavo aniversario de la muerte del esposo de Maria (nombre ficticio). Estaba entre las decenas de miles de personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades pobres y marginadas, que fueron asesinadas durante la “guerra a las drogas” del gobierno de Duterte.
Aquí, Maria nos habla de su lucha constante por obtener verdad, justicia y rendición de cuentas junto a los familiares de otras víctimas.
A mi esposo lo abatieron a tiros en 2017 en una estación llena de gente en la ciudad de Caloocan. Era conductor de yipni*. La última vez que lo vi con vida estaba esperando el yipni, cuyo uso alternaba con otro conductor. Esa noche no volvió a casa.
A la mañana siguiente les dije a mis hijos que tenía que ir a buscar a su padre. Horas más tarde, supe por los padres de mi esposo que lo habían matado dos hombres “que montaban en tándem”*.
En un instante perdí a mi esposo. Cuando volví a verlo estaba en el depósito. Parecía tan simple. Alguien lo estaba esperando y lo mató a tiros. Sin más.
Solidaridad nula con las víctimas de tokhang
Hubo testigos pero ninguno quiso declarar. Ninguno quiso hablar conmigo. Parecía que mataban a cualquiera sólo por el gusto de hacerlo.
Quise presentar una denuncia pero sólo podía pensar en que necesitaba un empleo. ¿Cómo iba a alimentar a mis hijos o enviarlos a la escuela? ¿Cómo iba a pagar el alquiler y las demás facturas? ¿Cómo íbamos a sobrevivir?
Necesitaba testigos, pero nuestros parientes y amistades ni siquiera pudieron asistir al velatorio de mi esposo por miedo a que los identificaran y a convertirse en el siguiente objetivo. Así eran las cosas entonces: nadie quería mostrar solidaridad a la familia de una víctima de tokhang*.
Los niños sufrieron acoso escolar en relación con la muerte de su padre.
La vida no ha sido fácil desde entonces. Mi esposo era el sostén económico de la familia. No sabía por dónde empezar ni qué hacer. Incluso mientras celebrábamos el velatorio de mi marido, tuve que empezar a trabajar.
Mis hijos sufrieron acoso escolar. Me sentía muy mal cuando venían a mí llorando y diciendo: “mamá, unos niños me han dicho que a papá lo mataron porque era drogadicto. ¿Eso es verdad?” ¿Qué podía responder a eso?
Cuando indicaban que su padre había muerto en formularios de la escuela, sus profesores les preguntaban qué había sucedido. Lo asesinaron; no murió de una enfermedad. La sociedad ve la muerte de distinta forma dependiendo de cómo haya muerto la persona. Cuando dices que alguien ha muerto a tiros siempre se ve como algo negativo, porque ha sido víctima de tokhang.
Apoyo de abogados, abogadas y miembros de la iglesia
Me hice organizadora comunitaria de nuestro grupo, Rise Up for Life and for Rights (En Pie por la Vida y los Derechos), formado por familiares de víctimas de la “guerra a las drogas” y apoyado por miembros de la iglesia y abogados y abogadas de la Unión Nacional de Abogados y Abogadas Populares (NUPL). Al principio sólo buscaba algo más que hacer aparte del trabajo, y empecé a asistir a sus reuniones.
Cuando ya tuvimos confianza durante las reuniones, empezamos a compartir nuestras historias. Sentíamos confianza y comodidad para hablar, sabiendo que los demás iban a escuchar nuestra historia de cómo perdimos a un esposo, un padre o un hijo.
De vez en cuando llevaba a mis hijos a las reuniones, para que comprendieran por qué tenía que ausentarme de casa tan a menudo. Quería mostrarles lo orgullosa que estoy de pertenecer a este grupo, que vieran cómo he recuperado la confianza en mí misma.
“No tengo motivos para detenerme”
También lo hacía por mi interés personal en demostrar que mi esposo no hizo nada malo, que no consumía ni vendía drogas. Quería limpiar su nombre.
Al final, empecé a preguntarme: ¿por qué tuvieron que matarlo, y matar a tantos otros? ¿Qué pasa con las familias que quedan atrás? Incluso si fueran realmente malas personas que hubieran infringido la ley, ¿por qué había que matarlas?
Mi esposo sólo tenía 34 años cuando lo mataron. Tenía muchas esperanzas, quería conseguir más. Ni siquiera pudo ver crecer a sus hijos. No dejo de repetirme que no tengo motivos para guardar silencio. No tengo motivos para detenerme.
La detención de Duterte ha sido gracias a nosotros
Estaba trabajando, en la cafetería de un colegio, cuando me enteré de la noticia. Di saltos de alegría. Empecé a gritar en la cocina: “¡sí, sí, sí!”. Al llegar a casa pregunté a mis hijos si habían oído la buena noticia. Les dije que entraran en sus redes sociales y pusieran la tele. Duterte había sido detenido. Les dije a mis hijos: “¿Lo veis? Podemos hacerlo si sumamos fuerzas”.
Hablé por teléfono con las demás familias, y quedamos en reunirnos para llevar a cabo una acción de solidaridad. Estaba impaciente por ver a todos. Aunque Duterte sólo había sido arrestado, sentimos que ya habíamos ganado.
Llamaron amistades para felicitarme por la detención de Duterte, y les dije que había sido gracias a nosotros, gracias a mí. Sí, me atribuí el mérito de esa detención. Nos costó mucho librar esa batalla, hacer protestas y alzar la voz en la calle, a pesar de que tenemos hijos y otros familiares que atender.
Hubo un aluvión de solicitudes de entrevista. Llegó en un momento en el que ya no podía decir que estuviera contenta. Me sentía agotada, sobre todo porque la detención de Duterte me hizo recordar todas las dificultades que había tenido que afrontar.
Sentí autocompasión, porque esto es una lotería. Sentía la necesidad de decir que quiero ser una persona normal. Esta no soy yo. No tenía que estar en la calle protestando, ni concediendo entrevistas a programas de televisión. No necesito nada de eso.
Pero es lo que las circunstancias me han llevado a hacer. A menudo pienso en las demás familias. Me dieron fuerza, porque sabían lo que podemos conseguir si nos unimos.
Ausencia constante de justicia y rendición de cuentas
Quiero que la CPI y el mundo sepan que no somos números; somos gente real, familias reales. No somos simplemente víctimas del pasado; seguimos victimizados por la ausencia de verdad, justicia y rendición de cuentas. Aunque tengamos un nuevo gobierno, seguimos sintiendo inseguridad.
Quiero que Duterte y todas las demás personas responsables respondan de sus actos. Cuando eso ocurra, podremos enorgullecernos de haber sido capaces de lograrlo contra todo pronóstico. No queremos seguir viviendo con miedo.
Queremos protección para nosotros y nuestras familias frente a toda represalia por alzar la voz. Espero que la CPI se ponga del lado de la verdad. Aunque no podamos obtener justicia en nuestro país, agradecemos que cualquiera venga a darnos alguna esperanza.
Fuerza y oportunidad de luchar
Espero que las políticas de nuestro país sirvan realmente para protegernos y no para perseguirnos y matarnos, como la política de “guerra a las drogas”. Espero que esto no vuelva a suceder porque, si no hubiera más gente como nosotros, ¿quién lucharía colectivamente por la justicia?
De momento, sentimos que tenemos la oportunidad y la fuerza para luchar. Pienso aprovecharla para seguir contando mi historia y la de incontables víctimas que aún aspiran a que se haga justicia.
El texto es una traducción del filipino y ha sido editado para mayor concisión y claridad.
*El yipni es un vehículo de servicio público que es el principal medio de transporte en Filipinas.
*En todo Filipinas, sobre todo en plena “guerra a las drogas”, individuos enmascarados llegaban en motocicletas, por parejas, y disparaban selectivamente a personas que supuestamente consumían o vendían drogas, práctica comúnmente conocida como “montar en tándem”.
*La tristemente célebre operación “Oplan Tokhang” consistía en visitas de la policía casa por casa para invitar a quienes presuntamente usaban o vendían drogas a entregarse “voluntariamente” a las autoridades, poner fin a sus actividades con drogas e ingresar en programas de tratamiento y rehabilitación de drogas que en realidad eran una forma de detención arbitraria. No obstante, en la práctica muchas de esas personas han sufrido una acción punitiva e incluso la muerte.