Del 9 al 20 de noviembre, gobiernos, científicos, activistas, representantes de grupos de presión empresariales, diplomáticos, pueblos indígenas y comunidades afectadas por el cambio climático se reunirán en Antalya (Turquía) con motivo de la COP31, la conferencia anual de la ONU sobre el clima.
La COP31 llega tras un año en el que se ha vuelto aún más difícil ignorar la crisis climática. En septiembre de 2026, la ONU reconoció por primera vez que el mundo va camino de rebasar en los próximos años su objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C sobre los niveles preindustriales. La advertencia llegó mientras las temperaturas del planeta seguían disparándose, cuando en los dos últimos meses se batieron récords mundiales de calor.
La ciencia es innegable; las obligaciones legales, irrefutables; y lo que está en juego en materia de derechos humanos, inconmensurable. Las actividades humanas, en especial la extracción y la quema de carbón, petróleo y gas, calientan el planeta y agravan las amenazas contra los derechos humanos. Los gobiernos no pueden presentar la inacción climática como una postura neutral. La inacción climática y, peor aún, el apoyo fiscal, político y normativo que prestan los gobiernos a la industria de los combustibles fósiles son decisiones deliberadas, adoptadas pese a las pruebas abrumadoras y con consecuencias devastadoras para las personas y sus derechos. Sin embargo, si actúan de forma conjunta y sitúan la justicia en el centro de la acción climática, los gobiernos aún pueden limitar nuevos daños y construir un futuro más equitativo.
¿Qué es una reunión de la COP?
COP son las siglas en inglés de Conferencia de las Partes. Es el principal foro de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado internacional aprobado en 1992 del que deriva el Acuerdo de París de 2015.
Las COP reúnen a casi todos los países para negociar medidas colectivas, basadas en la responsabilidad histórica y la capacidad de cada uno, en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático y apoyo a los países y las comunidades que sufren pérdidas y daños.
El inusual reparto de funciones de este año otorga una gran responsabilidad tanto a Turquía como a Australia, en calidad de países coanfitriones. Turquía acogerá la COP31 y Australia dirigirá las negociaciones oficiales. Ambos países deben demostrar un liderazgo climático creíble y no escudarse el uno en el otro para desviar la atención de su falta de acción. La persistente dependencia de Turquía respecto del carbón y su apuesta por el gas fósil amenazan con dejar al país atrapado en una trayectoria de altas emisiones. Australia debe afrontar la contradicción que supone dirigir las negociaciones climáticas mundiales y, al mismo tiempo, seguir apoyando la extracción y el uso de combustibles fósiles.
El Pacífico, protagonista en la antesala de la COP31
Las reuniones oficiales previas a la COP y los encuentros de mandatarios ya se celebraron en Fiyi y Tuvalu del 5 al 8 de octubre y situaron el liderazgo y las prioridades del Pacífico en el centro de los preparativos de la cumbre principal. Amnistía Internacional ha documentado cómo el cambio climático está vulnerando ya los derechos humanos en Tuvalu, Kiribati y otros Estados insulares del Pacífico. En Tuvalu, en Kiribati y en toda la región, la subida del nivel del mar, el calor extremo, la sequía y la intrusión de agua salada amenazan los derechos de la población al agua, la alimentación, la salud, la vivienda, la cultura y un futuro seguro.
Un grupo de estudiantes de Oceanía llevó la lucha contra el cambio climático hasta la más alta instancia judicial internacional, y gracias a su iniciativa, en julio de 2025 la Corte Internacional de Justicia emitió una histórica opinión consultiva en la que dejó claro que los gobiernos tienen la obligación legal de proteger los derechos humanos frente a los efectos del cambio climático.
Tras más de 30 años de negociaciones climáticas, los gobiernos ya no pueden ampararse en promesas de medidas futuras. La ciencia es concluyente, las soluciones están al alcance y los recursos existen. Seguir aplazando la acción es una decisión política que protege los intereses de la industria de los combustibles fósiles mientras las comunidades del Pacífico pierden tierras, medios de vida, derechos y patrimonio cultural.
En calidad de país que preside las negociaciones, Australia debe garantizar que las reivindicaciones del Pacífico se traduzcan en resultados concretos de la COP31. No puede atribuirse de forma creíble un liderazgo climático en el exterior mientras amplía en su propio territorio proyectos de combustibles fósiles que agravan los daños que sufren los pueblos indígenas, sus vecinos del Pacífico y otras comunidades en primera línea. Australia debe poner fin a esta contradicción deteniendo la expansión de los combustibles fósiles, acelerando una transición justa y garantizando un apoyo mucho mayor a las comunidades que sufren pérdidas y daños irreversibles.
¿Por qué es tan importante la COP31?
Todas las COP son importantes, pero el margen para evitar daños cada vez mayores e irreversibles se agota con rapidez. En octubre de 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió de que el mundo tiene que reducir las emisiones de carbono en casi una quinta parte en los próximos cuatro años, y en cerca de la mitad en el plazo de una década, para no rebasar los objetivos climáticos por un margen desastroso. Cuanto mayor y más prolongado sea el rebasamiento, mayor será el peligro para las personas, los ecosistemas y las economías. Los daños causados no se pueden revertir.
Rebasar el umbral de 1,5 °C no puede convertirse en una excusa para la resignación. Cada décima de grado cuenta para la vida humana y la del planeta. Los gobiernos deben reducir las emisiones con urgencia mediante una eliminación gradual, justa y equitativa de los combustibles fósiles, proteger a las comunidades afectadas e impedir que el calentamiento alcance niveles aún más peligrosos.
Sin embargo, muchas de las principales economías siguen aprobando nuevos proyectos de producción de combustibles fósiles y prolongando la dependencia del carbón, el petróleo y el gas, entre otras cosas mediante subsidios, exenciones fiscales y otras formas de apoyo. En muchos contextos, la industria de los combustibles fósiles es un agente poderoso que influye en la política y la legislación, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Mientras tanto, fuerzas autoritarias estatales y empresariales socavan la ciencia climática y fracturan de forma deliberada la solidaridad social necesaria para impulsar la acción. El resultado es un círculo vicioso de desinformación, sabotaje normativo, diplomacia coercitiva y dependencia estructural de los combustibles fósiles. Esta situación pone de manifiesto una brecha cada vez mayor entre, por un lado, lo que según la ciencia es necesario y lo que el derecho de los derechos humanos exige a los gobiernos y, por otro, lo que éstos están dispuestos a hacer.
Más información sobre cómo la deriva del mundo hacia prácticas autoritarias está acelerando la crisis climática:
¿Cómo afecta el cambio climático a los derechos humanos?
Todo el mundo tiene derecho a vivir en un medioambiente limpio, saludable y sostenible. El cambio climático amenaza también los derechos a la vida, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vivienda, a la cultura y a un nivel de vida adecuado.
En 2026 se produjeron en el mundo desastres sin precedentes relacionados con el clima, cuyas consecuencias humanas fueron evidentes:
- en el Himalaya, el colapso catastrófico de un glaciar provocó una inundación que anegó una zona entre Nepal y Tíbet; murieron más de 1.400 personas;
- a principios de año, Mozambique, Esuatini, Sudáfrica y Zimbabue se vieron afectados por graves inundaciones que causaron la muerte de más de 200 personas, destruyeron casas, dañaron centros de salud y escuelas y arrasaron tierras de cultivo y medios de vida;
- unas olas de calor y sequías que batieron récords mataron a decenas de miles de personas y provocaron enormes incendios en todo el mundo, incluidos lugares como Turquía, Indonesia, Europa, el norte de África y Canadá. Todo ello tuvo como consecuencia importantes daños y evacuaciones.
Es imposible seguir ignorando el coste humano del colapso climático.
¿Por qué deben abandonarse gradualmente los combustibles fósiles?
Sabemos que la quema de combustibles fósiles por parte de los seres humanos es la fuente principal de los gases de efecto invernadero que se concentran en nuestra atmósfera. Estos gases atrapan el calor del sol y provocan un incremento a largo plazo en la temperatura media del planeta, causando cambios en los patrones meteorológicos, así como un aumento del nivel del mar que provocará la desaparición de los pequeños Estados insulares y de gran parte de las tierras costeras bajas.
Por consiguiente, para proteger los derechos humanos tanto ahora como en el futuro, y para prevenir un daño aún mayor, los gobiernos deben lograr una eliminación progresiva completa, rápida, justa y debidamente financiada de los combustibles fósiles.
Hay muchas alternativas a los combustibles fósiles, como la energía eólica y la solar, que nos permitirán reducir nuestra dependencia de estos combustibles. El impulso global hacia la electrificación utilizando energías renovables es un elemento fundamental, pero la transición debe respetar los derechos humanos y no reproducir los abusos y desigualdades de la economía basada en los combustibles fósiles.
¿Qué deben acordar los gobiernos en la COP31?
Amnistía Internacional insta a los gobiernos a promover tres prioridades:
- Detener la crisis climática en su fuente: poner fin a la expansión de los combustibles fósiles y acelerar una transición completa, rápida, justa, apoyada económicamente y que respete los derechos humanos para abandonar el carbón, el petróleo y el gas, en la que los Estados con mayor responsabilidad histórica en las emisiones lleguen más lejos y actúen con mayor rapidez.Las energías renovables son más baratas que los combustibles fósiles; los gobiernos deben dejar de apoyar a sus aliados en el sector de estos combustibles con subvenciones financiadas por los contribuyentes;
- Apoyar a las comunidades durante la transición: poner en marcha el Mecanismo de Transición Justa, organismo establecido en la COP30 con el fin de coordinar la cooperación internacional para iniciativas de transición justa, dotarlo de financiación adecuada y garantizar su rendición de cuentas, y que los pueblos indígenas, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades afectadas participen directamente en las decisiones;
- Aumentar la financiación climática: los países de altos ingresos y altas emisiones deben gravar con impuestos a los grandes contaminadores y aumentar sustancialmente la financiación climática basada en subvenciones para apoyar el abandono justo y gradual de los combustibles fósiles, la adaptación, la ayuda ante pérdidas y daños y la protección de los bosques y otros ecosistemas fundamentales de almacenamiento de carbono. Este apoyo debe respetar los derechos humanos y evitar que los países de bajos ingresos se endeuden aún más.
La justicia exige que los principales responsables del calentamiento del planeta, y los que tienen mayor capacidad de actuación, actúen y paguen la parte que en justicia les corresponde.
Más información sobre por qué la crisis climática no puede resolverse a puerta cerrada en este artículo de opinión conjunto firmado por las directoras y los directores de Amnistía Internacional en Brasil, Turquía y Australia.
Turquía, en el punto de mira
En septiembre, las autoridades turcas pusieron en marcha una operación en todo el país contra organizaciones LGBTI+, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se asaltaron domicilios particulares, lugares de reunión y oficinas, se detuvo a más un centenar de personas, decenas de las cuales fueron recluidas después en espera de juicio, y se bloquearon o restringieron más de 1.000 cuentas de redes sociales pertenecientes a activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, incluida la de Amnistía Internacional Turquía. En octubre, en otra grave escalada que constituyó un importante golpe a la libertad de prensa, las autoridades asaltaron un importante canal de televisión de la oposición y se hicieron con su control.
No se trata de un ataque aislado o limitado a una sola comunidad. Forma parte de una represión sostenida que, en el último decenio, ha impuesto restricciones arbitrarias a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión. Los defensores y defensoras ambientales, los y las periodistas, quienes ejercen activismo en favor de los derechos de las mujeres, las personas pertenecientes a la oposición política y las comunidades LGBTI+ pueden sufrir ataques de distintos tipos, pero cuyo efecto es el mismo: se silencia la disidencia, se promueven las divisiones y se difunde el miedo, lo que dificulta que la gente pida cuentas a su gobierno por la acción climática o por cualquier otra cuestión de derechos humanos.
Para que, en la COP31, las vitales negociaciones sobre la protección de nuestro futuro común sean efectivas y equitativas, Turquía debe poner fin a su represión de los derechos humanos y de quienes los defienden.
¿Por qué es importante la protección del espacio cívico en una cumbre de la ONU como la COP?
Las conferencias climáticas de la ONU siguen siendo de los pocos espacios globales en los que casi todos los Estados se reúnen con pueblos indígenas, representantes de la sociedad civil con toda su diversidad y comunidades que luchan por la justicia climática. También estarán allí los grupos de presión en favor de los combustibles fósiles, al igual que lo están en casi todos los foros en los que se debate el cambio climático. La protección del espacio cívico en la COP es fundamental para superar la obstrucción de quienes defienden los combustibles fósiles y conseguir una acción climática efectiva. En la situación actual, la balanza se inclina en favor del sector de los combustibles fósiles. Cualquier erosión de la protección de la sociedad civil en la COP la inclinará aún más.
En todo el mundo, gobiernos y empresas han sometido a los defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente a intimidación, vigilancia, detenciones y violencia. Los ataques autoritarios contra los defensores y defensoras ambientales, las mujeres, las personas LGBTI+ y otras comunidades marginadas no son proyectos políticos separados. Dividen a las sociedades, debilitan la acción colectiva y protegen el poder afianzado mientras continúa la producción de combustibles fósiles.
Sin embargo, la gente sigue oponiendo resistencia, como ha documentado Amnistía Internacional en su nuevo informe Proteger nuestro futuro: Defensores y defensoras de los derechos ambientales impulsan una transición justa’.
No puede haber justicia climática si no hay libertad para exigirla.
Descubre más historias de defensoras y defensores de los derechos ambientales en todo el mundo que luchan por las personas y el planeta:
Alexandre Anderson, Brasil
Antonia Burke, Australia
Erica Njuguna, Kenia
El conocimiento es poder
Descubre cómo actuar contra los combustibles fósiles
Personas en todo el mundo están exigiendo el final de los combustibles fósiles. Las comunidades de primera línea están oponiendo resistencia y tú puedes unirte a ellas.