- Se ha identificado a cinco empresas de seguridad privada cuyos guardas cometieron abusos o los facilitaron
- Miembros de la élite política, las fuerzas armadas y la policía mantienen vínculos con empresas de seguridad en varios centros de ciberestafas
- Pese a la ofensiva del gobierno, no ha habido rendición de cuentas
Según afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, varias empresas de seguridad privada camboyanas que mantienen vínculos con las fuerzas armadas, la policía y poderosas redes empresariales del país han ayudado a sostener una industria de las ciberestafas edificada sobre la trata de personas, el trabajo forzoso, la tortura y la esclavitud.
Official Business: Security companies and authorities at scamming compounds in Cambodia (Actividad oficial: autoridades y empresas de seguridad en centros de ciberestafas en Camboya) identifica a cinco empresas de seguridad privada que prestaban servicio en centros de ciberestafas y detalla sus vínculos con miembros del ejército, la policía y las élites empresariales de Camboya. Amnistía también identificó a varios miembros de las fuerzas armadas y la policía que trabajaban como guardas de seguridad, formaban o supervisaban a guardas en más de 20 centros.
“Durante años, personas sobrevivientes de estos centros dantescos relataron haber visto a miembros de las fuerzas armadas o la policía de Camboya en su interior. Estos relatos no habían podido verificarse de manera independiente hasta ahora”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Este informe demuestra la implicación directa de actores empresariales camboyanos en la actividad de los centros de ciberestafas. Nuestras conclusiones también empiezan a revelar la existencia de vínculos, sospechados desde hacía tiempo, entre las redes de ciberestafas camboyanas, que mueven miles de millones de dólares, y personas con conexiones políticas que en gran medida han eludido el escrutinio.”
“Las empresas de seguridad ocupan un lugar central en esos vínculos, dado que sus guardas controlaban las salidas de los centros, daban caza a quienes escapaban y obligaban a cumplir sus normas mediante el amedrantamiento y la violencia. Sin ellas, este sistema de explotación masiva no habría podido funcionar.”
Los guardas desempeñaron un papel esencial en la reclusión y los abusos
Basándose en sus investigaciones previas, que revelaron prácticas de esclavitud, trata de personas, violación, trabajo forzoso y tortura en los centros de ciberestafas de Camboya y documentaron las deficiencias de la subsiguiente ofensiva del gobierno, la investigación más reciente de Amnistía examina la infraestructura de seguridad que permitió a los centros recluir y controlar a personas víctimas de trata y obligarlas a estafar a personas de todo el mundo.
Entre enero de 2023 y septiembre de 2026, Amnistía Internacional entrevistó a 151 sobrevivientes de centros de ciberestafas y examinó documentación relativa a al menos otras 400 víctimas. El equipo investigador identificó 86 centros, de los que visitó 82, y encontró guardas de seguridad en todos ellos.
En este informe, el más reciente, Amnistía identifica a las empresas de seguridad privada responsables de la custodia de los centros de ciberestafas y de los abusos infligidos a las víctimas. También hemos geolocalizado en 23 centros de estafas de toda Camboya los vídeos publicados en las cuentas de TikTok de más de 200 guardas de seguridad hasta agosto de 2026. Los nuevos indicios recabados por Amnistía vinculan a más de 20 miembros de las fuerzas armadas y la policía con empresas de seguridad privada que custodian centros de ciberestafas y con al menos 22 de los 86 centros.
Cuando los guardas conducen a las víctimas de trata a salas de castigo o montan guardia durante las violaciones y las torturas están permitiendo que se cometan esos abusos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
El informe de Amnistía también relaciona a varias destacadas figuras empresariales y políticas con estas empresas de seguridad, incluido un ex consejero delegado de un banco, un promotor inmobiliario y el hijo de un ex viceprimer ministro.
Las personas sobrevivientes coincidían en describir a los guardas como los responsables de impedir las fugas, y muchas denunciaron que golpeaban a quienes intentaban huir. También describieron cómo los guardas les aplicaban descargas eléctricas y les propinaban palizas, las recluían en “salas oscuras” y montaban guardia mientras los jefes del centro violaban a mujeres.
“Maia”, camerunesa, contó que en el centro de ciberestafas Park 8, también conocido como PV01, los guardas la inmovilizaron al llegar y luego la llevaron a una sala oscura donde los jefes la violaron mientras ellos montaban guardia. “Gabe”, ugandés sobreviviente del mismo centro, describió que lo encadenaron y suspendieron sobre cubetas con agua, lo golpearon durante horas y le infligieron descargas eléctricas con una porra.
La mayoría de las 151 personas sobrevivientes entrevistadas afirmó que los guardas llevaban porras eléctricas o tenían acceso inmediato a ellas. Varias contaron haber visto a guardas u otras personas que portaban armas de fuego.
“Cuando los guardas conducen a las víctimas de trata a salas de castigo o montan guardia durante las violaciones y las torturas están permitiendo que se cometan esos abusos, y también lo hacen los actores empresariales supuestamente legítimos que los contratan”, afirmó Agnès Callamard.
“Las investigaciones deben determinar y rastrear la cadena de responsabilidades desde los escalafones más bajos hasta las empresas, incluidos los jefes y propietarios que reclutaban, desplegaban y controlaban a los guardas de seguridad en los centros de ciberestafas.”
Cinco empresas vinculadas a al menos 23 centros de ciberestafas
Amnistía Internacional identificó a cinco empresas privadas que custodiaban centros de ciberestafas en los que se documentaron graves abusos contra los derechos humanos. Tres tenían vínculos con las autoridades camboyanas.
De las empresas identificadas, Leap Somnang es la que tenía una mayor implantación: estaba vinculada al menos a 15 centros de ciberestafas de ocho provincias. Un total de 12 personas sobrevivientes identificaron a guardas de la empresa, sus uniformes o su logotipo. Todas afirmaron que sus guardas les impedían abandonar los centros con amenazas de violencia, y algunas relataron que intervenían en palizas, la aplicación de descargas eléctricas o el sometimiento de las víctimas a aislamiento prolongado.
Security Response, empresa que mantiene estrechos vínculos con Panda Bank y el entramado de empresas Huione, estaba vinculada a cinco centros, incluido Park 8 (PV01).
ZD Security, antes BIC Security, mantenía vínculos con dos centros de ciberestafas de Botum Sakor, incluido Long Bay (BS04), donde, según el relato de sobrevivientes, se cometía tortura y otros malos tratos, trabajo forzoso, reclusión ilegal y violencia contra quienes trataban de abandonar el centro.
Dara Security estaba vinculada a dos centros de ciberestafas de Sihanoukville, mientras que Best Security guardaba relación con un centro de Bavet en el que Amnistía documentó trata de seres humanos, trabajo forzoso o trabajo infantil.
El informe de Amnistía concluye que al menos tres altos mandos militares y policiales tenían vínculos con los centros, lo que apuntaba claramente a su participación en el sector:
- La empresa Leap Somnang está bajo control de Ban Sophat, quien figuraba públicamente como presidente de su consejo de administración al tiempo que ostentaba el rango de coronel de las Reales Fuerzas Armadas Camboyanas.
- En su análisis, Amnistía mostró que en un anuncio de Best Security figuraban números de teléfono del subcomisario de policía Lay Channy. Channy participó en la ofensiva llevada a cabo en Bavet, un centro de ciberestafas custodiado por Best Security.
- El general de brigada Tek Bunthoeun tiene interés directo, y potencialmente de control, en la promoción inmobiliaria que comprende el centro BM02, donde Amnistía documentó tortura, aislamiento y trabajo forzoso.
Amnistía también identificó a múltiples personalidades presuntamente vinculadas con los centros, sin formular ninguna conclusión respecto a su responsabilidad personal por los abusos documentados en el informe. Amnistía Internacional escribió a cada actor empresarial y a cada persona identificada en este informe e incluyó en él sus respuestas completas.
Los vínculos con las fuerzas armadas y la policía exigen una investigación
Amnistía Internacional analizó uniformes oficiales, insignias, números de placa, registros públicos y cronologías de redes sociales para ayudar a precisar en qué lugares y momentos había personal militar y policial presente en los centros.
En tres centros, se observó a presunto personal militar activo entrenando, dirigiendo o supervisando a los guardas. En otros casos, Amnistía identificó a presunto personal del Estado portando armas de fuego u ocupando puestos de guardia.
“Los indicios de implicación de miembros de las fuerzas armadas y de la policía en varios centros de ciberestafas ayudan a explicar la persistencia de los abusos pese a que llevaban años denunciándose públicamente y a las reiteradas operaciones de aplicación de la ley”, ha declarado Agnès Callamard.
Clausura sin rendición de cuentas
Tras la ofensiva gubernamental de junio de 2025, en la actualidad parece que la actividad de los centros de ciberestafas a gran escala ha cesado. No obstante, a Amnistía Internacional no le consta que se esté investigando a las cinco empresas de seguridad identificadas en el informe, sus propietarios y directivos, ni sus vínculos con el Estado y las redes empresariales más amplias.
Antes de la publicación del informe de Amnistía, las autoridades camboyanas respondieron el 15 de octubre señalando que se habían impuesto medidas disciplinarias a 77 agentes de policía en relación con los centros de ciberestafas.
Por otro lado, en respuesta a las conclusiones de Amnistía, Sophat Ban negó tener participación alguna en la propiedad de Leap Somnang o desempeñar funciones de dirección o gestión en ella, declarando que él había “asesorado al propietario de la empresa”.
Best Security negó que Lay Channy ejerciera ningún control sobre la empresa, pese a reconocer que su número de teléfono figuraba en un cartel corporativo. Security Response negó todas las acusaciones que Amnistía realiza en su informe, y Best Security respondió que “no ha prestado servicios en el sitio BA06” y dijo que consideraría “emprender acciones legales si alguien [hubiera] robado (el) uniforme de la empresa”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Camboya que inicien sin demora investigaciones independientes y adecuadamente dotadas de las empresas de seguridad privada vinculadas a centros de ciberestafas; que investiguen a presuntos miembros en activo de las fuerzas armadas y de la policía implicados en la seguridad de los centros; que suspendan las licencias a las empresas mientras se investigan las denuncias creíbles de abusos graves contra los derechos humanos y que se garantice a las víctimas el acceso a un recurso efectivo y a reparación.
Muchos de los abusos documentados podrían constituir graves crímenes previstos en el derecho internacional y en la legislación camboyana, entre ellos los perpetrados por los guardas de seguridad que participaron en los abusos, así como por los jefes, ejecutivos y directivos de las empresas de seguridad que tenían conocimiento de ellos.
“Aunque en el momento de publicación de este informe la actividad de los centros de ciberestafas haya cesado, las conclusiones de nuestra investigación muestran claramente que la infraestructura de impunidad no ha sido desmantelada”, afirmó Agnès Callamard.
“Respondiendo en gran medida a la indignación internacional con respecto a los centros de ciberestafas, las autoridades camboyanas han anunciado una serie de medidas enérgicas. “Pero una ofensiva que se mida únicamente por el número de redadas, detenciones y deportaciones corre el riesgo de dejar indemnes a quienes orquestan y facilitan estas prácticas. Camboya no habrá puesto fin a esta industria abusiva hasta que haya sometido a rendición de cuentas a quienes dotaron de personal, gestionaron, financiaron y protegieron este sistema abusivo.”