- El número de víctimas mortales civiles ha aumentado considerablemente en los últimos meses
- Se reanudan los ataques ilícitos contra infraestructuras antes del invierno
Amnistía Internacional ha advertido hoy de que el aumento de los ataques selectivos de Rusia contra infraestructuras energéticas y de calefacción amenaza con provocar una nueva catástrofe humanitaria para la población civil antes de la llegada del invierno.
El número de víctimas mortales civiles durante la invasión ilegal a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha aumentado considerablemente en los últimos meses, y se prevé que octubre de 2026 sea uno de los periodos más mortíferos para la población civil de los últimos años.
Habida cuenta de los ataques militares rusos perpetrados antes de los inviernos anteriores, existen pruebas abrumadoras de que los ataques deliberados contra las infraestructuras energéticas y de calefacción, cuyo propósito es causar sufrimiento a la población civil, provocarán daños inmensos. La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado acta de acusación formal contra el teniente general ruso Sergei Ivanovich Kobylash y el almirante Viktor Nikolayevich Sokolov por crímenes de guerra, por dirigir presuntamente ataques contra la infraestructura eléctrica de Ucrania.
Se trata de una campaña ilegal, llevada a cabo con un flagrante desprecio por las leyes de la guerra, y que parece estar concebida para crear unas condiciones de vida insoportables para la población civil ucraniana.
Scott Edwards, director del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional
“La Federación Rusa está llevando a cabo una vez más una campaña en gran escala contra la infraestructura energética y de calefacción de Ucrania ante la llegada de un invierno gélido, incluidos ataques contra zonas alejadas de las líneas del frente”, ha declarado Scott Edwards, director del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Estos ataques contra infraestructuras esenciales están creando una situación mortífera para la población civil, que sufre directamente sus consecuencias. Se trata de una campaña ilegal, llevada a cabo con un flagrante desprecio por las leyes de la guerra, y que parece estar concebida para crear unas condiciones de vida insoportables para la población civil ucraniana.”
“Sean cuales sean los motivos que se esconden tras el plan del Kremlin para hacer insoportable la vida de la población civil, se trata de una actuación criminal que no puede tolerarse. Los dirigentes mundiales que buscan poner fin a este conflicto deben utilizar de inmediato toda su capacidad de influencia para reducir al mínimo cualquier posible daño a la población civil, antes de que la llegada del invierno dé paso a otra catástrofe humanitaria deliberada.”
El 26 de octubre, la Comisión Internacional de Investigación sobre Ucrania informó de que Rusia había cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania al atacar deliberadamente infraestructuras energéticas, dejando a millones de personas sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas glaciales.
Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad cómo los ataques generalizados de Rusia contra infraestructuras energéticas de Ucrania pueden constituir crímenes de guerra, haciendo hincapié en que sus consecuencias ponen en peligro de muerte a la población civil.
Víctimas civiles y cortes de electricidad generalizados
La Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania, de la ONU, constató que, en septiembre de 2026, al menos 328 civiles murieron y 2.105 resultaron heridos como consecuencia de los ataques rusos, lo que supone un aumento del 85% con respecto a septiembre de 2025. Se registraron víctimas en 22 de las 24 regiones de Ucrania. La Misión también calificó la primera mitad de octubre de 2026 como uno de los periodos más mortíferos para la población civil de los últimos años.
Según informes, los días 13 y 14 de octubre los ataques alcanzaron varias instalaciones energéticas, incluidas las tres principales centrales eléctricas de Kiev, y dejaron temporalmente sin electricidad a aproximadamente 600.000 personas. El 17 de octubre, nuevos ataques rusos causaron presuntamente la muerte de al menos ocho personas, heridas a otras 60 e interrumpieron el suministro eléctrico a más de un millón de personas en nueve regiones.
Tanto el Ministerio de Defensa ruso como el presidente Vladimir Putin han realizado declaraciones públicas en las que anuncian ataques deliberados contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Los ataques anteriores contra las infraestructuras energéticas y de calefacción de Ucrania provocaron un sufrimiento generalizado entre la población civil, ampliamente documentado y conocido por los responsables de la planificación militar y estratégica de Rusia.
Durante el invierno de 2025-2026, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo al menos 423 ataques contra infraestructuras eléctricas y 74 ataques contra instalaciones de calefacción, según datos de la ONU. Estos ataques provocaron cortes rotatorios del suministro eléctrico que afectaron a millones de personas e interrumpieron el suministro de calefacción a cientos de miles de personas, cuando las temperaturas descendieron por debajo de los –20 °C. La consiguiente falta de electricidad, agua y calefacción perturbó el funcionamiento de los servicios sanitarios y educativos y afectó de manera desproporcionada a las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y las familias con hijos e hijas.
En virtud del derecho internacional humanitario, las instalaciones de suministro eléctrico y calefacción son bienes de carácter civil, salvo durante el tiempo y en la medida en que reúnan los estrictos requisitos para ser consideradas objetivos militares. Incluso cuando una instalación constituye un objetivo militar, las fuerzas atacantes deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Dirigir intencionadamente ataques contra bienes de carácter civil, lanzar ataques indiscriminados o llevar a cabo ataques de los que quepa prever que causarán daños excesivos a la población civil en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista puede constituir crímenes de guerra.
Garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes requiere mecanismos de justicia internacional sólidos e independientes, capaces de investigar y enjuiciar a las personas responsables, incluidos los cargos de más alto nivel.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense está llevando a cabo actualmente una campaña para desmantelar la labor de la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional ha instado a todos los Estados pertinentes a adoptar las medidas oportunas para hacer frente a este ataque y a proteger activamente a la Corte y al sistema de justicia internacional en su conjunto. El presidente Vladimir Putin es objeto de una orden de detención de la CPI por presuntos crímenes de guerra, y Amnistía Internacional ha pedido que todas las partes que estén en condiciones de hacerlo lo detengan y lo entreguen a la CPI.
Peticiones a las autoridades rusas
Amnistía Internacional insta a las fuerzas rusas a que pongan fin a sus ataques sistemáticos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Las autoridades rusas también deben poner fin de inmediato a otras violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques contra otras infraestructuras civiles en Ucrania, como edificios residenciales, hospitales y escuelas, así como a la campaña de ataques contra personas que no participan en los combates.
Todas las partes en el conflicto deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y proteger a la población civil y los bienes de carácter civil. Los Estados que apoyan los mecanismos de rendición de cuentas deben proporcionar la pericia y los recursos necesarios para que se investiguen de manera efectiva las denuncias de violaciones de derechos humanos, se preserven las pruebas y se identifique a las personas sospechosas de ser responsables, incluidos los mandos y altos cargos que puedan tener responsabilidad en ellas. Todos los Estados deben actuar urgentemente para proteger el funcionamiento de la CPI y ejecutar las órdenes de detención siempre que estén en condiciones de hacerlo.