Las autoridades de Aotearoa-Nueva Zelanda están sometiendo a la población de las islas del Pacífico de Tuvalu y Kiribati —en peligro de sufrir daños asociados al clima— a políticas de migración discriminatorias que separan familias y no tienen en cuenta los derechos infantiles; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy, un mes antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2025 (COP 30).
El informe, titulado Navigating Injustice (“Afrontar la injusticia”), pone al descubierto que los programas de migración por sorteo de Aotearoa-Nueva Zelanda para la población de países isleños del Pacífico afectados por el clima excluyen a personas basándose en su edad, su estado de salud o su discapacidad, lo que supone una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo analiza casos de personas procedentes de islas del Pacífico que no han tenido más remedio que exceder el plazo de permanencia de sus visados en Aotearoa-Nueva Zelanda y corren peligro de deportación.
“La población de Oceanía es doblemente castigada: primero por una crisis climática de la que no es responsable, y después por unos sistemas de migración discriminatorios que violan sus derechos”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Sistema de migración discriminatorio
En los últimos años, las catástrofes y el cambio climático han agravado las desigualdades sociales y la penuria económica en toda Oceanía, lo que ha llevado a muchos de sus habitantes a pensar que su mejor opción es emigrar. Para muchos habitantes de Tuvalu y Kiribati, Aotearoa-Nueva Zelanda es el destino más viable dados los estrechos vínculos históricos y culturales que unen a sus países.
Sin embargo, los cauces migratorios del país no tienen en cuenta los efectos de las catástrofes y el cambio climático. Un ejemplo es el Visado de Residente de la Categoría de Acceso de Oceanía (PAC), que proporciona la residencia permanente a un número limitado de nacionales de Kiribati, Tuvalu, Tonga y Fiyi.
Sólo las personas de 18 a 45 años con opción a un empleo y un “estado aceptable de salud” probado pueden acceder al programa de visados PAC. Quedan excluidas todas las personas con impedimentos asociados a una discapacidad, y también aquellas con determinadas condiciones médicas que se consideran onerosas para Aotearoa-Nueva Zelanda.
“Para muchos habitantes de Tuvalu y Kiribati, quedarse o irse no es cuestión de preferencia sino de supervivencia”, ha dicho Agnès Callamard. “Las comunidades isleñas de Oceanía han demostrado una resiliencia extraordinaria con la adopción de estrategias de adaptación y mitigación que permiten a la gente seguir viviendo en sus tierras, pero el gobierno neozelandés debe hacer más para apoyarlas, sin discriminación.”
Es totalmente inaceptable que un gran emisor de carbono como es Aotearoa-Nueva Zelanda diga que no puede aceptar a personas supuestamente por el gasto que pueden generarle, sobre todo teniendo en cuenta que las personas con discapacidad corren riesgos añadidos durante los fenómenos meteorológicos extremos inducidos por el clima.
Agnès Callamard
Amnistía Internacional se reunió con varias personas con discapacidad y sus familias, que tuvieron que separarse debido a los requisitos del visado.
Alieta, residente en Tuvalu, maestra y madre con una discapacidad visual, tuvo que eliminar su nombre de la solicitud de visado PAC de su familia para que su esposo y su hija de seis años pudieran entrar en Aotearoa-Nueva Zelanda en 2016. Lleva separada de ellos desde entonces.
Hablando sobre los efectos del cambio climático, Alieta explicó: “Cuando subía la marea, toda la carretera y la casa se inundaban […] por eso necesito alejarme del mar.” Cuenta que aceptó que su hija se fuera a Aotearoa-Nueva Zelanda porque quiere una vida mejor para ella, aunque le duele mucho la separación.
“Al principio no estaba indignada con Nueva Zelanda. Seguí solicitando un visado […] Pero siento tristeza por mi hija. No quería separarme de ella. Para los niños es muy difícil.”
Agnès Callamard ha manifestado: “Es totalmente inaceptable que un gran emisor de carbono como es Aotearoa-Nueva Zelanda diga que no puede aceptar a personas supuestamente por el gasto que pueden generarle, sobre todo teniendo en cuenta que las personas con discapacidad corren riesgos añadidos durante los fenómenos meteorológicos extremos inducidos por el clima”.
Deterioro de las condiciones en Tuvalu y Kiribati
Las islas de Tuvalu y Kiribati, con una altitud media de dos metros sobre el nivel del mar, están especialmente expuestas a los efectos de la subida de ese nivel. La erosión costera, las inundaciones y las sequías, así como la contaminación y salinización del agua y el suelo, limitan drásticamente la disponibilidad de agua potable y tierras para cultivar alimentos y edificar casas. Esto está afectando negativamente a la salud de la población, en particular a las personas mayores y con discapacidad.
Aleki, residente en Funafuti (capital de Tuvalu) junto a su esposo, sus cuatro hijos y la familia de su hermana, contó a Amnistía Internacional que conseguir agua limpia y potable se ha convertido en un reto: “Cada día vamos con cubos a la sede gubernamental a recoger agua filtrada para beber.”
Las olas de calor, sequías y mareas gigantes han destruido todas las plantas.
Una mujer de 56 años de Kiribati
La contaminación del suelo por agua salada, que lo deja inservible para la mayoría de los cultivos, es un problema tan grave en Kiribati que la isla ya depende casi por completo de alimentos importados, que a menudo presentan poca variedad y son tremendamente caros.
Una mujer de 56 años de Kiribati contó a Amnistía Internacional: “En Kiribati es muy difícil encontrar buena comida. Sólo hay arroz y comida enlatada. No encuentras verduras ni cosas por el estilo. No podemos sembrar en nuestras tierras. Las olas de calor, sequías y mareas gigantes han destruido todas las plantas.”
Riesgo de deportación de Aotearoa-Nueva Zelanda
La situación también es precaria para quienes logran llegar a Aotearoa-Nueva Zelanda y quedan en situación irregular al expirar sus visados. Sin acceso a mecanismos de protección específicos, las personas que están en esa situación viven con miedo constante a la deportación y no tienen acceso a servicios públicos, como asistencia médica y educación.
Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, todas las personas tienen derecho a no ser objeto de traslado forzoso a un lugar donde corren peligro real de sufrir violaciones graves de sus derechos humanos, incluso debido a catástrofes y al cambio climático.
“Amnistía Internacional pide a Aotearoa-Nueva Zelanda que reforme con carácter urgente sus políticas sobre inmigración para ponerlas en consonancia con un enfoque del desplazamiento causado por el clima que esté basado en derechos. Para ello, el gobierno debe elaborar e implementar políticas compatibles con los derechos de los pueblos indígenas, Te Tiriti o Waitangi”, ha afirmado Agnès Callamard.
Oceanía está dando la voz de alarma. Si el mundo no actúa aquí, fracasará en todas partes.
Agnès Callamard
Eso incluye ofrecer visados humanitarios específicos que prioricen a quienes no cumplan los requisitos existentes para inmigrantes, a fin de garantizar los derechos, incluida la unidad familiar, de quienes migran. También hacen falta mecanismos de protección específicos contra la deportación, que incluyan la suspensión de las deportaciones de nacionales de Tuvalu y Kiribati.
“Aotearoa-Nueva Zelanda —y la comunidad internacional en general— debe actuar para proteger, respetar y promover los derechos y la dignidad de la población de Oceanía ante la crisis climática, tanto dentro del país como en el país de destino. No hacerlo supone traicionar nuestra responsabilidad común de respetar los derechos humanos y garantizar justicia climática”, ha dicho Agnès Callamard.
“Tomar medidas sobre el cambio climático y el desplazamiento ya no es una elección política, sino una obligación jurídica. Oceanía está dando la voz de alarma. Si el mundo no actúa aquí, fracasará en todas partes.”
Alieta: “Tengo miedo del cambio climático”
Alieta, de 55 años y residente en Tuvalu, es maestra y madre con una discapacidad visual. En 2016 tuvo que eliminar su nombre de la solicitud de visado PAC de su familia para que su esposo y su hija de seis años pudieran entrar en Aotearoa-Nueva Zelanda. Desde entonces no puede visitar a su hija en ese país, ya que todas sus solicitudes de visado de visita han sido rechazadas.
“En 2015 solicitamos el visado PAC y al año siguiente mi esposo se marchó con nuestra hija. Fuimos a Fiyi, pero me quedé atrapada allí esperando. Me quedé allí para volver a intentar solicitar visado para mí. La primera vez, cuando solicitamos el PAC, fui rechazada por mi discapacidad. Tengo visibilidad reducida; sólo veo a corta distancia.
En el primer formulario [de inscripción en el sorteo] no pone nada sobre discapacidades. Es en la segunda fase cuando los formularios indican que las personas con discapacidad quedan excluidas. Sentí tristeza durante el proceso de solicitud. No habría solicitado el visado para mi familia de haber sabido que no aceptaban a personas con discapacidad. No quería que la familia se separara.
Tengo una discapacidad, pero quería que mi hija estuviera orgullosa de mí. Si iba a Aotearoa-Nueva Zelanda, pensaba hacer todo lo posible para encontrar trabajo allí, y que ella se sintiera orgullosa de ver lo que estaba haciendo por ella.
Cuando subía la marea, toda la carretera y la casa se inundaban.
Quería que [mi esposo] tuviera un buen trabajo para poder escolarizar a nuestra hija, y pienso en el cambio climático aquí. Tengo miedo del cambio climático.
El cambio climático y las personas con discapacidad… Es muy difícil para nosotras. Vivía en un lugar muy cerca del mar, entre el océano y la laguna. Cuando subía la marea, toda la carretera y la casa se inundaban. La lluvia entraba en casa. En situaciones así, a las personas con discapacidad nos cuesta desenvolvernos, y además la casa no era segura. Cuando hacía mal tiempo teníamos que quedarnos dentro […] por eso necesito alejarme del mar.
Intentaba ser fuerte por mi hija.
Cuando se despidió de mí, a la hora de embarcar, mi hija lloraba y decía: “¡Mamá, no quiero ir, quiero que tú vengas!” Yo intentaba ser fuerte por mi hija, quería que recibiera una educación. Quería un buen futuro para ella. [Como maestra] yo había cursado estudios de educación infantil y sabía lo difícil que podía ser para mi hija. Procuré que no viera lo débil que me sentía.
Después de que se marcharan en 2016, sólo pude reunirme con ellos una vez en Fiyi, en 2017, durante una visita de un mes. Llamo a mi hija y hablo con ella pero, desde entonces, no hemos vuelto a vernos. Hablo con mi hija, pero mi esposo me ha bloqueado […] La primera vez, con la solicitud del visado PAC, yo no podía ir. Hablé con el abogado del pueblo aquí, en Tuvalu, y me dijo que volviera a solicitar visado. Solicité un visado de visita a Fiyi en 2017 pero me lo denegaron. Presenté la solicitud dos o tres veces, y siempre la rechazaban. Tuve que pagar entre 200 y 300 dólares australianos por cada solicitud.
Al principio no estaba indignada con Nueva Zelanda. Seguí solicitando un visado […] Pero siento tristeza por mi hija. No quería separarme de ella. Para los niños es muy difícil.”
La crisis climática es una amenaza para las familias, su futuro y su dignidad.
Expidan visados climáticos para la población de las islas del Pacífico
Insten al gobierno de Aotearoa-Nueva Zelanda a intensificar su apoyo a un futuro más seguro y justo, expidiendo visados por razones humanitarias, basados en los derechos, para estas familias.