Siguió intensificándose la retórica contra los derechos humanos, por lo que aumentó el peligro que corrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuó reduciéndose el espacio de actuación de la sociedad civil fomentado por un discurso oficial que estigmatizaba a ONG, periodistas, activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y movimientos sociales. Los obstáculos a la libertad de expresión y los intentos de restringir este derecho afectaban a la labor de quienes se dedicaban al periodismo y trabajaban en los medios de comunicación. Los ataques y homicidios de defensores y defensoras ambientales y de los derechos humanos, miembros de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas seguían siendo problemas crónicos. Continuó el desmantelamiento y debilitamiento de las estructuras gubernamentales encargadas de amparar a los pueblos indígenas y el medioambiente, por lo que la protección de los recursos naturales y los territorios ancestrales quedo desatendida. La violencia contra las mujeres aumentó en el marco de las medidas adoptadas para frenar la propagación de la COVID-19. La pandemia reveló la arraigada desigualdad de la sociedad brasileña y afectó de manera desproporcionada a las comunidades que sufrían discriminación. La negación constante de la gravedad de la pandemia de COVID-19 por parte del presidente no hizo más que exacerbar la situación.
Leer másMantiene la pena de muerte sólo para crímenes graves, como los cometidos en tiempos de guerra
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