El racismo seguía alentando la violencia estatal. Los homicidios en masa a manos de agentes de las fuerzas de seguridad eran frecuentes y afectaban en un grado desproporcionado a la población negra de los barrios marginados. Las mujeres cisgénero y transgénero, sobre todo las negras, fueron objeto de diversas formas de violencia. En un año electoral, la difusión de declaraciones y noticias falsas por el presidente Jair Bolsonaro instigó violencia de motivación política, hizo peligrar las instituciones del Estado y menoscabó el funcionamiento de las instituciones judiciales. Quienes ejercían el periodismo y defendían los derechos humanos eran frecuentemente víctimas de amenazas y homicidio. La situación económica, política y social siguió deteriorándose, lo que dio lugar a violaciones de los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo y la asistencia social, entre otros. Se archivaron las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19. La inacción histórica del Estado para hacer frente al racismo estructural seguía provocando que los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes sufrieran de forma desproporcionada la insuficiencia de las medidas y acciones institucionales.
Leer másMantiene la pena de muerte sólo para crímenes graves, como los cometidos en tiempos de guerra
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.