Resumen

El racismo seguía alentando la violencia estatal. Los homicidios en masa a manos de agentes de las fuerzas de seguridad eran frecuentes y afectaban en un grado desproporcionado a la población negra de los barrios marginados. Las mujeres cisgénero y transgénero, sobre todo las negras, fueron objeto de diversas formas de violencia. En un año electoral, la difusión de declaraciones y noticias falsas por el presidente Jair Bolsonaro instigó violencia de motivación política, hizo peligrar las instituciones del Estado y menoscabó el funcionamiento de las instituciones judiciales. Quienes ejercían el periodismo y defendían los derechos humanos eran frecuentemente víctimas de amenazas y homicidio. La situación económica, política y social siguió deteriorándose, lo que dio lugar a violaciones de los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo y la asistencia social, entre otros. Se archivaron las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19. La inacción histórica del Estado para hacer frente al racismo estructural seguía provocando que los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes sufrieran de forma desproporcionada la insuficiencia de las medidas y acciones institucionales.