La pobreza disminuyó, pero seguía afectando a más de la cuarta parte de la población. Se redujo el índice de mortalidad infantil. Las muertes maternas afectaban de forma desproporcionada a las mujeres negras. Aumentaron las muertes por dengue y tuberculosis. Descendió el desempleo, pero seguían preocupando los desalojos forzosos y el sinhogarismo. Se recortó el presupuesto para educación. La policía continuaba ejerciendo violencia en un grado alarmante en nombre de la “guerra contra las drogas”. Los niños, niñas y adolescentes, especialmente las personas jóvenes negras, seguían corriendo peligro de morir de forma violenta. Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado. Brasil seguía siendo uno de los países más peligrosos para quienes defendían los derechos sobre las tierras, especialmente las personas indígenas y quilombolas. Estaban en curso los juicios por los homicidios de varios defensores y defensoras de los derechos humanos. La deforestación y los incendios forestales seguían sin freno ante la respuesta insuficiente del gobierno. Las inundaciones de Río Grande del Sur afectaron de forma especial a los grupos vulnerables. Se seguían produciendo ataques frecuentes contra las comunidades indígenas y quilombolas, debido sobre todo a la ineficacia de las políticas de demarcación de tierras. Aumentó la violencia de género —sobre todo contra las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)—, incluidos los feminicidios y la violencia política por motivos de género. Había propuestas legislativas que ponían en peligro el acceso al aborto.
Read MoreRetains the death penalty only for serious crimes, such as those committed during times of war
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