BRASIL 2020

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BRASIL 2020

Siguió intensificándose la retórica contra los derechos humanos, por lo que aumentó el peligro que corrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuó reduciéndose el espacio de actuación de la sociedad civil fomentado por un discurso oficial que estigmatizaba a ONG, periodistas, activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y movimientos sociales. Los obstáculos a la libertad de expresión y los intentos de restringir este derecho afectaban a la labor de quienes se dedicaban al periodismo y trabajaban en los medios de comunicación. Los ataques y homicidios de defensores y defensoras ambientales y de los derechos humanos, miembros de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas seguían siendo problemas crónicos. Continuó el desmantelamiento y debilitamiento de las estructuras gubernamentales encargadas de amparar a los pueblos indígenas y el medioambiente, por lo que la protección de los recursos naturales y los territorios ancestrales quedo desatendida. La violencia contra las mujeres aumentó en el marco de las medidas adoptadas para frenar la propagación de la COVID-19. La pandemia reveló la arraigada desigualdad de la sociedad brasileña y afectó de manera desproporcionada a las comunidades que sufrían discriminación. La negación constante de la gravedad de la pandemia de COVID-19 por parte del presidente no hizo más que exacerbar la situación.

Información general

El 31 de marzo, un grupo de personas se congregó frente al cuartel general del Ejército en Brasilia para conmemorar el golpe de Estado de 1964 que había dado lugar a un gobierno militar que duró 21 años. El presidente Bolsonaro, que calificó esa fecha de “día de la libertad”, participó en la manifestación. Según la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, centenares de personas habían sido sometidas de manera sistemática a tortura, desaparición y ejecución extrajudicial durante el régimen militar. Debido fundamentalmente a la interpretación adoptada de la Ley de Amnistía de 1979, seguía predominando la impunidad por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos en el periodo del gobierno militar (1964-1985).

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 afectó con fuerza a Brasil, incrementó la desigualdad histórica, estructural y persistente que ya existía, y agravó la crisis económica, política y de salud pública y saneamiento en la que se hallaba sumido el país. El gobierno no garantizaba el derecho a la salud, incluido el acceso a asistencia médica, ni la protección de todos los pueblos. El número de personas que habían muerto por COVID-19 al concluir el año ascendía a 195.000, la segunda cifra más elevada del mundo. Con más de 7 millones de casos de coronavirus, Brasil fue un epicentro de la pandemia.

Aunque la gestión de la pandemia de COVID-19 fue difícil en todo el mundo, el brote se vio agravado en Brasil por las continuas tensiones entre las autoridades estatales y federales, la carencia de un plan de acción claro fundamentado en la mejor información científica disponible y la falta de transparencia de las políticas públicas, entre otras deficiencias.

Derechos económicos y sociales

El gobierno no tomó medidas para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19 para los grupos en situación de vulnerabilidad, como las comunidades de bajos ingresos, las mujeres, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y otras minorías (LGBTI), los habitantes de las favelas, los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas. Los programas de ayuda económica para las personas de bajos ingresos fueron insuficientes y deficientes. Muchas personas encontraron dificultades a la hora de inscribirse para recibir estas prestaciones, y el proceso estuvo marcado por denuncias de falta de transparencia.

En noviembre de 2020, el estado de Amapá se vio afectado por un apagón eléctrico masivo que duró 21 días. Según la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ), la falta de electricidad intensificó la crisis humanitaria que sufrían las comunidades indígenas y quilombolas de ese estado.

Personal sanitario

El Estado no proporcionó suficiente asistencia al personal sanitario durante la pandemia de COVID-19. Según la Sociedad Brasileña de Salud Colectiva y la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria, los profesionales de la salud soportaron condiciones laborales difíciles que incluían escasez de equipos de protección individual, inexistencia de protocolos claros para gestionar el contagio, falta de apoyo a la salud mental, carencia de protección social para las familias de los trabajadores y precariedad laboral.

Población reclusa

Las inadecuadas medidas tomadas por el Estado para gestionar y frenar la pandemia no respetaron el derecho a la salud de las personas encarceladas. El hacinamiento sistémico, los servicios de salud inadecuados y las malas condiciones sanitarias y de vida suponían un grave problema para el derecho a la salud de la población reclusa tanto adulta como menor de edad. Según el Consejo Nacional de Justicia, en octubre se habían registrado más de 39.000 casos de COVID-19 en las prisiones para personas adultas y 4.190 en los centros de reclusión de menores. Entre octubre y diciembre de 2020, en al menos cinco estados (Amazonas, Espírito Santo, Paraíba, Rondônia y Roraima) no se practicó ni una sola prueba diagnóstica adicional a la población penitenciaria. El estado de Roraima, por ejemplo, no había comunicado haber realizado prueba alguna a presos o trabajadores del sistema penitenciario al concluir el año. El área administrativa con el índice de población reclusa más elevado era el Distrito Federal, donde se les habían practicado pruebas diagnósticas desde el inicio del brote (en marzo) hasta diciembre al 15% de las personas detenidas.

Libertad de expresión

Los ataques contra periodistas y medios de comunicación restringían y reprimían la libertad de expresión. Según un informe elaborado por la ONG Article 19, entre enero de 2019 y septiembre de 2020 distintos miembros del gobierno federal hicieron, en 449 ocasiones, declaraciones agresivas y que estigmatizaban a los periodistas y su trabajo. Entre esos ataques figuraban actos de intimidación, campañas de desprestigio, difamación, discriminación de género y cuestionamiento de la legitimidad de la labor periodística.

Las restricciones a la participación de la sociedad civil en el debate público sobre las políticas gubernamentales se intensificaron como consecuencia de la actitud hostil del gobierno hacia los movimientos sociales y las ONG. Las autoridades utilizaron de forma constante y sistemática una retórica que estigmatizaba el activismo y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo emblemático de esta cuestión fue el discurso que el presidente pronunció ante la Asamblea General de la ONU en septiembre. En él, Jair Bolsonaro afirmó que existía una “campaña de desinformación”, dirigida por instituciones internacionales, sobre los incendios y la deforestación de la Amazonía. También sostuvo que los incendios forestales eran consecuencia de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. Días después, el general Augusto Heleno —jefe del Gabinete de Seguridad Institucional— acusó al movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) de poner en peligro la seguridad nacional con su trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y citó la misma legislación que la dictadura militar había utilizado en decenios anteriores para acusar de traición a la oposición.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Un informe de la ONG Global Witness puso de relieve la peligrosa situación de los defensores y defensoras del territorio, la tierra y el medioambiente en Brasil, que era el tercer país más letal para los activistas medioambientales y de derechos humanos.

El 18 de abril, Ari Uru-Eu-Wau-Wau fue asesinado en la ciudad de Jaru (estado de Rondônia) después de haber recibido varias amenazas en 2019.

El tristemente célebre homicidio de Marielle Franco —defensora de los derechos de las personas LGBTI, la población negra y las mujeres— y de su chófer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018, puso de relieve los obstáculos que existían para obtener justicia y reparación por los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Dos hombres habían sido acusados de ser los autores materiales de los homicidios. Sin embargo, dos años después de las muertes, las investigaciones seguían sin determinar quién estaba detrás de ellas.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Una de las consecuencias indirectas de las medidas de restricción de la libre circulación para frenar la propagación de la COVID-19 fue el incremento de los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Los datos consolidados del Foro Brasileño de Seguridad Pública revelaron que la tasa de feminicidio había aumentado en 14 de los 26 estados entre marzo y mayo de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. En el estado de Acre, por ejemplo, la tasa de feminicidios aumentó un 400%. El número de feminicidios también aumentó de forma considerable entre marzo y mayo en otros estados: el 157,1% en Mato Grosso; el 81,8% en Maranhão y el 75% en Pará.

En el primer semestre de 2020, un total de 1.861 mujeres fueron asesinadas y otras 648 fueron víctimas de feminicidio según los datos de 12 estados recopilados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Los avisos a la policía realizados por los servicios telefónicos de emergencia en relación con la violencia de género en el ámbito familiar aumentaron un 3,8% en los primeros seis meses de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. En el estado de Ceará, según el Foro Popular de Seguridad Pública, el número de mujeres asesinadas aumentó un 66% en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo periodo de 2019; en ese intervalo de tiempo murieron 216 mujeres. El número de niñas asesinadas aumentó un 124% en ese mismo estado.

En el primer semestre del año hubo más de 119.546 casos de violencia de género en el ámbito familiar que ocasionaron lesiones físicas a mujeres, lo que equivalía a un promedio de 664 casos diarios. Esta cifra suponía una disminución del 11% con respecto al mismo periodo de 2019, probablemente debido a que muchos casos quedaron sin denunciar durante la pandemia. Sin embargo, seis estados registraron un aumento de casos de lesiones físicas durante ese mismo periodo. El mayor incremento tuvo lugar en el estado de Pará, donde se documentaron 2.674 casos (un 46,4% más que en el mismo periodo del año anterior). En promedio, 126 niñas y mujeres fueron violadas cada día en el país durante el año.

Derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales

Pese a los compromisos internacionales contraídos por Brasil para la protección de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, y la legislación nacional al respecto, en 2020 se intensificó la falta histórica de respeto de los derechos de esos grupos de población.

La minería ilegal, los incendios forestales y la apropiación de tierras para actividades ganaderas y agroindustriales ilegales continuaban siendo una amenaza para los pueblos indígenas y otras comunidades tradiciones, y afectaban al derecho a la tierra de esos grupos de población y también al entorno natural.1

Según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la destrucción de selva aumentó un 9,5% entre agosto de 2019 y julio de 2020 en relación con el mismo periodo del año anterior. En ese periodo se devastaron más de 11.000 km² de selva. El desmantelamiento progresivo de las instituciones nacionales encargadas de la vigilancia y protección de estas zonas reflejaba el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar el derecho de las comunidades afectadas a un medioambiente saludable, al sustento y a gozar de protección frente a los desalojos forzosos.

En muchos casos, los incendios forestales de la Amazonía fueron iniciados por ganaderos que invadían ilegalmente los territorios de los pueblos indígenas con el fin de habilitar terrenos para el ganado. Hubo ganado criado ilegalmente en la Amazonía que entró en la cadena de suministro de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo.2

En octubre, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos representantes de los pueblos indígenas condenaron la invasión de los territorios yanomamis y las amenazas contra los líderes indígenas por parte de individuos que pretendían llevar a cabo actividades mineras ilegales. También condenaron la invasión de las tierras de los pueblos Uru-Eu-Wau-Wau, Karipuna, Guajajara y Tembé para su explotación económica. Muchos miembros de las comunidades indígenas perdieron la vida de manera violenta en el marco de estas invasiones. Entre ellos figuraban Edilson Tembé dos Santos y Ari Uru-eu-Wau-Wau, que murieron en septiembre y abril, respectivamente.

Derecho a la salud

Las ineficaces políticas públicas y medidas adoptadas para mitigar las repercusiones de la COVID-19 en las comunidades tradicionales pusieron de relieve que el Estado no garantizaba el derecho a la salud de estos grupos.

En julio, y junto con seis partidos políticos, la APIB presentó ante el Supremo Tribunal Federal la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) 709, en la que se pedían medidas de protección en materia de salud para estas comunidades en respuesta a la pandemia. Según la demanda, la tasa de letalidad entre la población indígena era del 9,6%, mientras que el promedio nacional era de 5,6%. El Supremo Tribunal Federal determinó que el Estado debía poner en marcha un plan de emergencia específico y medidas sanitarias de salud pública en las zonas indígenas. No obstante, ese mismo tribunal rechazó en diciembre la tercera versión del plan presentado por el gobierno porque no ofrecía respuesta a cuestiones básicas tales como el acceso al agua y a servicios de saneamiento, y no incluía medidas detalladas para proporcionar equipos de protección individual, material para las pruebas diagnósticas y recursos humanos. La APIB afirmó que, ante el incumplimiento por parte del gobierno federal de la decisión del Supremo Tribunal Federal de proteger a las comunidades frente a la pandemia, las propias comunidades se estaban encargando de ofrecer una respuesta adecuada. La organización se vio obligada a crear un plan de emergencia para dotar a las unidades especiales de todo el país de pruebas diagnósticas, tubos respiratorios, botiquines de higiene, equipos de protección individual y bombonas de oxígeno.

En septiembre, la CONAQ presentó ante el Supremo Tribunal Federal la ADPF 742 —inspirada en la ADPF 709—, en la que se exigía un plan nacional en respuesta a la incidencia de la pandemia en las comunidades quilombolas. El plan se presentó, pero aún no se habían adoptado medidas concretas. La organización puso en marcha su propia iniciativa para vigilar la propagación de la COVID-19 entre las comunidades y siguió alertando de las elevadas tasas de letalidad y la infranotificación de casos. Las comunidades también denunciaron otras dificultades —e incluso la denegación— que encontraban a la hora de acceder a las pruebas diagnósticas.

Uso excesivo de la fuerza

Durante la pandemia de COVID-19, la violencia policial aumentó en las favelas y otros barrios marginados. Entre enero y junio, la policía mató en el país al menos a 3.181 personas, un promedio de 17 muertes diarias y un 7,1% más que en 2019. Aunque la población cumplía las recomendaciones de quedarse en casa, la policía siguió realizando incursiones en las favelas para efectuar detenciones que acababan en homicidios. Varios gobiernos y representantes de ámbito federal y estatal apoyaron públicamente la idea de que “el delincuente bueno es el delincuente muerto”, y apoyaron también el uso de la fuerza por parte de la policía en las favelas y las afueras de las ciudades.

Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 79,1% de las personas que murieron a manos de la policía eran negras, y el 74,3% tenía menos de 30 años. Las personas negras representaban el 54% de la población brasileña, de acuerdo a la información del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La población de los barrios marginados fue la más afectada.

Durante el año, las fuerzas policiales de Río de Janeiro siguieron llevando a cabo operaciones militarizadas en las favelas, utilizando con frecuencia helicópteros y vehículos blindados. Los homicidios cometidos por la policía en ese estado alcanzaron un nivel sin precedentes desde que empezaran a documentarse en 1998. Entre enero y mayo murieron por esa causa un total de 741 personas, la cifra más elevada del país.

En mayo, 13 hombres murieron en el Complexo do Alemão (un conjunto de favelas de Río de Janeiro) durante una violenta operación policial efectuada por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) y la policía.

João Pedro Mattos, de 14 años, murió pocos días después en una operación que tuvo lugar en la favela de Salgueiro, situada en el municipio de São Gonçalo (Río de Janeiro). El joven se encontraba en su casa con unos amigos cuando unos miembros de la Coordinación de Recursos Especiales de la Policía Civil (CORE) irrumpieron en la vivienda y efectuaron más de 70 disparos. João Pedro Mattos recibió un disparo en la espalda.

El deterioro de la situación en Río de Janeiro provocó que las organizaciones de la sociedad civil, activistas locales, la Defensoría Pública del estado, el Partido Socialista Brasileño y familiares de víctimas presentaran una petición al Supremo Tribunal Federal para que se pusiera fin a las incursiones policiales en las favelas. En junio, el Supremo Tribunal emitió una decisión preliminar en la que resolvía suspender las operaciones policiales en las favelas durante la pandemia. Después de esta decisión, los homicidios cometidos por la policía disminuyeron un 74%.

En São Paulo, los agentes policiales mataron a 514 civiles entre enero y junio, un 20% más que en el mismo periodo de 2019 y la cifra más elevada desde que se empezaran a recopilar denuncias en 2001. Una ley de reciente aprobación conocida como el “paquete anticrimen” determinaba que los policías investigados debían tener asistencia jurídica durante las investigaciones y que la autoridad policial debía proporcionársela en caso de que no la tuvieran. Además, el estado de São Paulo determinó que los policías militares debían tener acceso a asistencia jurídica gratuita. Las Defensorías Públicas no actuaban durante las investigaciones y no se había designado defensa privada de los casos, lo que implicaba que las investigaciones debían suspenderse en cumplimiento del reglamento interno de la Policía Militar. Como consecuencia de todo ello, al menos 300 homicidios cometidos por la policía quedaron sin investigar.

En el estado de Bahía, los homicidios cometidos por la policía pasaron de 361 en el primer semestre de 2019 a 512 en el mismo periodo de 2020, lo que supuso un incremento del 42%. En el estado de Ceará, en el primer semestre del año murieron 96 personas, un 12,5% más que en el mismo periodo de 2019. En julio, la policía mató a Mizael Fernandes da Silva, de 13 años, mientras dormía en su casa. Se iniciaron dos procedimientos paralelos para llevar a cabo investigaciones. La investigación militar concluyó que los agentes policiales que habían matado al niño habían actuado en legítima defensa. Las conclusiones de la investigación realizada por la Policía Civil determinaron que un agente de policía debía ser acusado del delito de homicidio y fraude procesal. La fiscalía no había presentado cargos al finalizar el año.

Desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas continuaban siendo motivo de honda preocupación en todo el país, habida cuenta de la participación de grupos paramilitares —que incluían a agentes policiales y exagentes del Estado— en ese tipo de delitos en los últimos decenios.

A pesar de la lucha por la justicia de las familias, la impunidad persistía y no hubo avances significativos en el esclarecimiento de casos de desaparición forzada ocurridos en el pasado.

La legislación nacional no estaba adaptada para reflejar los tratados internacionales y no contemplaba específicamente el delito de desaparición forzada, que continuaba tratándose con arreglo a otras disposiciones, como el secuestro. Esta laguna jurídica seguía constituyendo un obstáculo para el enjuiciamiento de los responsables de desapariciones forzadas, así como para la aplicación de políticas de reparación en favor de las víctimas. El sistema de justicia también carecía de mecanismos independientes y eficaces para investigar esos delitos.

No hubo avances en el caso de Davi Fiuza, un joven negro de 16 años que, según testigos, había sido sometido a desaparición forzada en octubre de 2014. Había sido visto por última vez en la ciudad de Salvador (estado de Bahía) atado de pies y manos mientras lo introducían en el portaequipajes de un vehículo escoltado por la Policía Militar del estado. En 2018, el Ministerio Público había acusado a siete agentes de la Policía Militar de secuestro y privación ilegítima de la libertad. En 2019 se trasladó el caso a un tribunal militar, práctica contraria a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Las audiencias judiciales que debían celebrarse en abril y junio se aplazaron, supuestamente por la COVID-19. Al terminar el año no se había fijado la fecha de las nuevas audiencias.


  1. Brasil: Detectado número alarmante de incendios forestales antes del Día del Amazonas (noticia, 3 de septiembre)
  2. Brasil: Ganado criado ilegalmente en la Amazonía descubierto en la cadena de suministro de la importante procesadora de carne JBS (noticia, 15 de julio)