Brasil 2023
Brasil seguía presentando uno de los niveles más elevados de desigualdad del mundo. El racismo sistémico persistía y afectaba a los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales de la población negra. Las mujeres, especialmente las negras, seguían encontrando obstáculos para acceder a sus derechos. El número de casos de COVID-19 continuaba siendo elevado y el exceso de mortalidad superó ampliamente las previsiones. La inseguridad alimentaria seguía teniendo un alcance considerable y la tercera parte de la población continuaba por debajo de la línea de la pobreza. Persistía la baja asistencia escolar y aumentó la violencia en los centros educativos. La violencia policial seguía suscitando honda preocupación y se tradujo en homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos. Imperaba la impunidad. Las personas defensoras y activistas de los derechos humanos seguían expuestas a riesgos importantes. Los fenómenos meteorológicos extremos causaron muertes, destrucción de bienes y desplazamientos de población. Los pueblos indígenas se vieron privados del disfrute pleno de sus derechos, y se avanzó con lentitud en la demarcación de tierras. La violencia de género seguía estando alarmantemente extendida y suponía un riesgo importante para las personas transgénero. El aborto continuaba siendo ilegal, lo que puso en peligro a personas embarazadas.
Información general
Luiz Inácio Lula da Silva asumió su cargo como presidente en enero, tras haber logrado en 2022 su tercera victoria electoral. El 8 de enero, 3.900 personas se manifestaron contra los resultados electorales en la capital, Brasilia. En diciembre, 1.345 personas habían sido acusadas formalmente de delitos tales como “abolición violenta del Estado democrático de derecho” e “intento de golpe de Estado”, y 30 de ellas habían sido declaradas culpables.
El Tribunal Superior Electoral prohibió a Jair Bolsonaro presentarse como candidato a cargos políticos hasta 2030. El expresidente estaba siendo investigado por varios delitos, incluidos unos mecanismos de fraude relacionados con los certificados de vacunación contra la COVID-19.
En diciembre, la Defensoría Nacional de Derechos Humanos había registrado más de 3,4 millones de denuncias de violaciones de derechos humanos en Brasil, especialmente actos de racismo, violencia física y psicológica y acoso sexual. Esa cifra representaba un incremento del 41% respecto al total de casos denunciados en 2022.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los derechos económicos y sociales continuaban conculcándose, y las desigualdades de género y raza seguían siendo un factor clave. Los niveles de desigualdad de Brasil figuraban entre los más altos del mundo; las mayores brechas de ingresos y empleo se presentaban entre la población negra y la blanca, especialmente en el caso de las mujeres.
Pese a que se aumentó el salario mínimo ligeramente por encima de la inflación y se amplió el programa nacional de ayuda social Bolsa Familia —una de las iniciativas de transferencias de efectivo más importantes del mundo—, el 1% más rico de la población seguía poseyendo casi la mitad de la riqueza del país, según el Banco Mundial.
Derecho a la salud
Entre enero y mediados de julio se registraron 48.515 muertes en exceso (un 18% más de las previstas) debido a la infranotificación de los casos de COVID-19 y los efectos a largo plazo de la enfermedad, la saturación de los hospitales y los centros de salud, y el hecho de que las personas con enfermedades crónicas o repentinas no solicitaran atención sanitaria por temor a contraer la COVID-19.
Según el Ministerio de Salud, la mortalidad materna fue causa de 477 fallecimientos entre enero y mayo, y afectó de forma desproporcionada a las mujeres negras e indígenas. La tasa de mortalidad materna entre las mujeres negras duplicaba la de las mujeres blancas.
Derecho a la alimentación
La inseguridad alimentaria afectaba de forma desproporcionada a las familias de personas negras, y en el 22% de los hogares encabezados por mujeres negras se padecía hambre. Más de 70 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria y 21,1 millones (el 10% de la población) padecían hambre. El plan Brasil sin Hambre del gobierno pretendía reducir la pobreza un 2,5% y sacar al país del mapa del hambre, publicado por la FAO, antes de 2030.
Derecho a la vivienda y al trabajo
El racismo y el sexismo sistemáticos seguían restringiendo el derecho a una vivienda adecuada y a un trabajo digno. El 63% de los hogares encabezados por mujeres negras se encontraban por debajo del umbral de pobreza.
En 2022, el 33% de la población seguía por debajo del umbral de pobreza y el 6,4% vivía en situación de pobreza extrema; 100 millones de personas carecían de servicios de saneamiento y acceso fácil al agua. Según los datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre marzo y septiembre de 2023 superaron el umbral de pobreza unos 3 millones de familias beneficiarias de Bolsa Familia, programa que ayudó a 21,4 millones de familias durante el año.
El déficit de vivienda seguía siendo elevado y al menos 215.000 personas estaban en situación de sinhogarismo, según la Universidad Federal de Minas Gerais. En Brasil había 11.403 favelas (barrios marginales ubicados en las principales ciudades), en las que vivían unos 16 millones de personas (el 12% de la población) en 6,6 millones de hogares.
Un gran porcentaje de la población carecía de acceso al salario mínimo. Según la Fundación Abrinq, el 50,8% de los niños y niñas de hasta 14 años (22,3 millones) vivía en hogares cuyos ingresos per cápita no superaban la mitad del salario mínimo, lo que suponía 2,7 millones más que en 2022. De ellos, 10,6 millones (el 24,1% de los niños y niñas de esa franja de edad) vivían en hogares cuyos ingresos per cápita no superaban la cuarta parte del salario mínimo.
La tasa de desempleo se redujo del 9,2% de 2022 al 7,7% del tercer trimestre de 2023 (8,3 millones de personas). Unos 39 millones de personas trabajaban en el sector informal.
Durante el año, la Defensoría Nacional de Derechos Humanos recibió denuncias en relación con 3.422 casos de trabajo análogo a la esclavitud, 3.925 casos de explotación laboral y 1.443 prácticas institucionales que vulneraban los derechos humanos.
Derecho a la educación
Un estudio de UNICEF reveló que, en 2023, unos 2 millones de niños, niñas y adolescentes (el 10% del total) no asistían a la escuela en Brasil. Los motivos principales eran el trabajo infantil (el 48%) y las dificultades de aprendizaje (el 30%). Se les añadían otros factores como el embarazo infantil (el 14%) y el racismo (el 6%). El 63% de los niños y niñas que no asistían a la escuela eran negros. El Congreso Nacional prorrogó hasta 2033 su sistema de cuotas —acción afirmativa en relación con el ingreso a la universidad— e incluyó de forma específica a la población quilombola (véase, infra, “Comunidades quilombolas”) como beneficiaria.
Aumentó la violencia en los centros escolares. Al concluir octubre se habían producido 13 episodios de agresiones con armas en las escuelas, especialmente tiroteos, que habían causado la muerte a 9 personas y equivalían al 30% de todos los incidentes ocurridos en los 20 años anteriores. Todos los perpetradores eran hombres y casi todas las víctimas eran mujeres.
Uso ilegítimo de la fuerza
Persistían la violencia policial, los homicidios ilegítimos y las detenciones arbitrarias. Debido al racismo sistémico, éstos afectaban de forma desproporcionada a la población negra. Entre julio y septiembre de 2023, al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron lugar en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo. Pese al alcance de la crisis, se tuvo noticia de que el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública había señalado, en referencia a Bahía, que el crimen organizado no se combatía “con armas cargadas de rosas”.
Siguió sin acatarse una sentencia de 2019 del Supremo Tribunal Federal en la que se introducían medidas para reducir la violencia policial. Las operaciones policiales fuertemente armadas y orientadas a la denominada “guerra contra la droga” en las favelas y otros barrios marginados provocaron tiroteos intensos, homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales, invasión y destrucción de bienes, tortura y otros malos tratos, restricciones a la libertad de circulación, desapariciones forzadas y la interrupción de servicios básicos tales como los centros escolares y de salud. En octubre, más de 120.000 habitantes de la favela de Complexo da Maré, en la ciudad de Río de Janeiro, se vieron afectados por unas operaciones policiales que duraron 6 días. Durante ese tiempo, más de 17.000 estudiantes no tuvieron acceso a la escuela y se suspendieron más de 3.000 citas médicas.
En la zona de Baixada Santista (estado de São Paulo), una operación policial que se puso en marcha el 28 de julio como respuesta a la muerte de un agente de policía dio lugar a la detención de 958 personas y la muerte de 30, y a redadas ilegales. Amnistía Internacional, en colaboración con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, documentó 11 casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, como ejecuciones extrajudiciales, entrada ilegal a viviendas y tortura y otros malos tratos. En el estado de Río de Janeiro, una operación policial que tuvo lugar en el barrio de Vila Cruzeiro el 2 de agosto causó la muerte de 10 personas y heridas a 4.
Las acciones policiales siguieron provocando la muerte de niños, niñas y adolescentes. El 7 de agosto, la policía mató ilegítimamente a Thiago Menezes, de 13 años, cuando circulaba en una motocicleta. El 4 de septiembre, el tribunal estatal de Río de Janeiro ordenó la detención sin cargos de 4 agentes de policía involucrados en el homicidio. El 12 de agosto, Eloah Passos, de 5 años, fue alcanzada por una bala perdida mientras jugaba en el interior de su casa. El 16 de agosto, Heloísa Santos, de 3 años, murió tras haber recibido disparos efectuados por un agente de policía contra el vehículo en el que se encontraban la niña y su familia.
Impunidad
Seguía sin investigarse de forma inmediata y efectiva el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía.
La desaparición forzada en 2014 de Davi Fiuza, que entonces tenía 16 años, durante una redada policial en la ciudad de Salvador (estado de Bahía) seguía sin resolverse. Aún no se había enjuiciado a los 3 agentes de policía acusados formalmente del asesinato en 2018 en Tucano (estado de Bahía) del activista Pedro Henrique Cruz, cuya madre, Ana Maria, seguía sufriendo amenazas e intimidación.
El 26 de septiembre, el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro reabrió la investigación sobre el asesinato del niño de 10 años Eduardo de Jesus, que había muerto en 2015 por un disparo efectuado por la policía militar en la zona de Complexo do Alemão, en la ciudad de Río de Janeiro, mientras jugaba frente a su casa. Se dictó acta de acusación formal contra 3 agentes de policía por el asesinato en 2020 del niño de 14 años João Pedro mientras jugaba en el interior de su casa; al concluir 2023, los agentes aún no habían sido enjuiciados y seguían participando en operaciones policiales.
En el estado de Ceará, entre junio y septiembre tuvo lugar el juicio de 20 de los 33 agentes de policía acusados formalmente de haber participado en 2015 en la masacre de Curió. De ellos, 6 fueron declarados culpables de asesinato y tortura, y 14 fueron absueltos; los 13 agentes restantes seguían pendientes de juicio.
El 24 de julio, la Policía Federal detuvo al exbombero Maxwell Simões Corrêa como tercer sospechoso en la prolongada investigación sobre el asesinato en 2018 de la concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco y su chófer, Anderson Gomes. El hombre y los otros dos sospechosos —los exagentes de la policía militar Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz— permanecían bajo custodia y estaban acusados.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Brasil no actuó para proteger a quienes defendían los derechos humanos. Justicia Global señaló que, en promedio, 3 personas defensoras habían perdido la vida de forma violenta cada mes en los 4 años anteriores.
El Programa de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, creado por decreto en 2007, seguía sin estar respaldado por la legislación y carecía de enfoques diferenciados en función del género, la raza, el origen étnico, la diversidad sexual y el territorio. Un total de 16 estados no contaban con programas propios, lo que ponía en peligro la eficacia de las medidas de protección. Según el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, el 30% de los 269 casos que se estaban analizando en agosto tenían que ver con la persecución de personas defensoras indígenas y, el 44%, de personas defensoras negras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó dos medidas cautelares para la protección de personas defensoras de los derechos humanos: una a favor de los miembros del pueblo indígena Pataxó (estado de Bahía), y otra a favor del territorio quilombola Boa Hora III (estado de Maranhão).
Más de un año después de los asesinatos de los activistas ambientales Bruno Pereira y Dom Phillips, un juez federal decidió someter a los acusados a juicio por asesinato y ocultamiento de cadáver. La Policía Federal sostenía que Rubens Villar Coelho, conocido como “Colombia”, había ordenado los asesinatos, pero la investigación seguía abierta al concluir el año.
El asesinato de Raimundo Nonato, activista del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra muerto a manos de tres encapuchados en 2022, seguía sin resolverse.
Maria Bernadete Pacífico (“Madre Bernadete”), sacerdotisa del candomblé de 72 años y lideresa del quilombo de Pitanga dos Palmare, situado en la localidad de Simões Filho (estado de Bahía), fue asesinada en agosto. Llevaba luchando desde 2017 para que se hiciera justicia por el homicidio de su hijo, conocido como “Binho del Quilombo”. Madre Bernadete había denunciado varias veces que recibía amenazas, y estaba incluida en el programa de protección.
Derecho a un medioambiente saludable
Brasil no había ratificado aún el Acuerdo de Escazú. Los fenómenos meteorológicos extremos causaron muertes, destrucción de bienes y desplazamientos que afectaron de forma desproporcionada a la población negra, que tenía más probabilidades de vivir en zonas de alto riesgo sin medidas de prevención ni protección.
La Defensa Civil Nacional identificó aproximadamente 14.000 zonas con un riesgo muy elevado de desastre geológico, lo que afectaba potencialmente a las viviendas de 4 millones de personas. Las respuestas del gobierno no abordaron adecuadamente esos riesgos, lo que ponía seriamente en jaque el derecho a la vivienda, el agua, la seguridad y la vida de miles de personas. El 16 de febrero, unas intensas precipitaciones en el litoral del estado de São Paulo causaron la muerte de 49 personas y lesiones a 23; dejaron sin hogar a 2.251 y provocaron el desplazamiento de 1.815. Los servicios de agua, electricidad y telefonía se vieron afectados. En junio, unas lluvias torrenciales afectaron a 31.000 familias del estado de Maranhão y dejaron un saldo de 6 personas muertas, 1.920 sin hogar y 3.923 desplazadas. En el estado de Acre se vieron afectadas aproximadamente 32.000 personas; en el estado de Pará, al menos 1.800 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares; y, en la ciudad de Manaos, 172 familias perdieron su hogar.
En septiembre, 21 personas murieron y miles quedaron sin hogar en el estado de Río Grande del Sur tras el paso del tercer ciclón del año, que dejó decenas de municipios inundados, interrumpió el suministro eléctrico y destruyó viviendas. Según el proyecto Rastreador de Acciones Climáticas, las políticas gubernamentales de adaptación y mitigación fueron muy insuficientes, y todas las respuestas carecían de planificación y de coordinación a nivel federal.
En algunas zonas del estado de Amazonas se registró el nivel más bajo de precipitaciones en 40 años, lo que dio lugar a sequías extremas.
Según los datos oficiales, la deforestación de la cuenca amazónica —uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo— alcanzó su nivel más bajo en 5 años, pero seguía equivaliendo a 1.300 campos de fútbol diarios. Durante la 28ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28), el presidente Lula anunció que Brasil se incorporaría a la alianza informal OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países aliados) y confirmó en su discurso que el país tomaría la iniciativa en materia de políticas climáticas para garantizar una transición justa a la economía verde. La COP confirmó también que Brasil acogería en 2025 la COP30 en la ciudad de Belén de Pará, situada en la región amazónica.
Derechos de los pueblos indígenas
Sônia Guajajara, de origen indígena, se convirtió en la primera titular del Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil.
Los pueblos indígenas se vieron privados del disfrute pleno del derecho a sus tierras y territorios, a la salud, a la seguridad alimentaria, a la libre determinación y las formas de vida tradicionales. El 20 de enero, el Ministerio de Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia nacional debido a la falta de asistencia disponible para el pueblo Yanomami, afectado por la desnutrición, la contaminación y la violencia sexual a causa principalmente de la presencia de actividades mineras ilegales. Pese a ello, seguía habiendo 263.000 hectáreas de puntos de minería ilegal, el 90% de las cuales estaban situadas en la región amazónica.
El gobierno aprobó la demarcación de 8 tierras indígenas, pero 134 trámites seguían en la fase de estudio, según la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. El Congreso aprobó a principios de octubre un proyecto de ley que limitaba el marco temporal de la demarcación de tierras indígenas; el presidente vetó parcialmente la cuestión y, finalmente, el Congreso rechazó el veto presidencial.
Como consecuencia del conflicto y la violencia relacionados con la demarcación de tierras, en enero, dos jóvenes pataxó —Nawir Brito de Jesus y Samuel Cristiano do Amor Divino— fueron asesinados en el estado de Bahía. En junio, un adolescente de 16 años, también pataxó, fue asesinado en ese mismo estado. En abril, un hombre yanomami murió como consecuencia de un ataque efectuado por mineros en el estado de Roraima. En septiembre, una pareja de la etnia guaraní kaiowá —Sebastiana Gauto y Rufino Velasque— fue hallada muerta en su casa, en el estado de Mato Grosso del Sur; ambos habían sido calcinados vivos.
Según el Ministerio de Derechos Humanos, había 11 personas de la etnia guaraní kaiowá incluidas en el Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
Comunidades quilombolas
Según el censo de 2022, había 1.327.802 personas que se identificaban como quilombolas (integrantes de las comunidades tradicionales descendientes de la población africana que había escapado de la esclavitud), cifra que representaba el 0,65% de los habitantes de Brasil. Se registraron escasos avances en lo relativo a la titulación de tierras en favor de las comunidades quilombolas. En octubre había 1.787 procesos de titulación en trámite, según el Observatorio Tierras Quilombolas. En 2023 se entregaron 5 nuevos títulos a comunidades quilombolas, lo que benefició a 960 familias.
Violencia sexual y de género
El alcance de la violencia por motivos de género seguía siendo alarmante. De enero a junio de 2023 se registraron 599 feminicidios y 263 intentos de feminicidio. Hasta octubre se habían denunciado 86.593 casos de violencia contra las mujeres.
El Estado seguía sin aplicar políticas públicas contra la violencia de género que abordaran las intersecciones de género y raza.
Las personas transgénero seguían sufriendo violencia extrema y violaciones de derechos humanos. Brasil presentó por decimocuarto año consecutivo la cifra de homicidios de personas transgénero más elevada de todos los países del mundo. En octubre, la Defensoría Nacional de Derechos Humanos había registrado 3.873 violaciones de derechos humanos que afectaban a la población transgénero —especialmente actos de violencia física, discriminación y racismo— frente a los 3.309 casos notificados en 2022.
Derechos sexuales y reproductivos
El aborto continuaba siendo delito. El Ministerio de Salud informó de que, hasta julio, al menos 19 personas habían muerto a causa de abortos practicados en condiciones de riesgo. En septiembre, el Supremo Tribunal Federal comenzó a examinar un recurso en el que se solicitaba la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, pero la votación se aplazó.