En 2015 hubo un aumento espectacular del número de personas ejecutadas —al menos 1.634—, el más elevado que ha registrado Amnistía Internacional desde 1989.
Los países usaron diversos métodos para matar: la horca, las armas de fuego, la inyección letal, la decapitación. Mataron con fría eficacia, elevando el número de ejecuciones más de la mitad en comparación con 2014.
Casi el 90 % de ellas se llevaron a cabo en sólo tres países: Arabia Saudí, Irán y Pakistán. Pero estos datos excluyen China, cuyas cifras siguen siendo secreto de Estado
Aunque este aumento de las ejecuciones proyecta una larga sombra a lo largo del año, aún hay atisbos de esperanza. Cuatro países eliminaron la pena de muerte de su legislación, por lo que hoy más de la mitad de los países del mundo han vuelto la espalda a este castigo cruel, inhumano y degradante.
La base de la justicia es el respeto a la dignidad humana […]. En ninguna circunstancia es aceptable la pena capital.
Tsakhia Elbegdorj, presidente de Mongolia, 16 de junio de 2015
La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en tres países
De todas las ejecuciones registradas en 2015, el 89 % se llevaron a cabo en sólo tres países: Arabia Saudí, Irán y Pakistán. Por primera vez desde 2008, Pakistán fue uno de los cinco países donde se realizaron más ejecuciones. La inmensa mayoría de todas las ejecuciones registradas se llevaron a cabo en la región de Oriente Medio y el Norte de África debido sobre todo a Arabia Saudí e Irán. Ambos países realizaron por segundo año consecutivo el mayor número de ejecuciones en la región.
Las ejecuciones en Arabia Saudí aumentaron un 76 % en comparación con 2014; fueron ejecutadas al menos 158 personas en 2015. Mientras tanto, Irán ejecutó al menos a 977 personas, principalmente por delitos de drogas.
Irán siguió ejecutando a personas menores de 18 años cuando cometieron el presunto delito, lo que vulnera el derecho internacional. Junto con Maldivas y Pakistán, también condenó a muerte a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito en 2015.
Varios países siguieron haciendo caso omiso de otros aspectos del derecho internacional, ejecutando a personas con discapacidad mental o intelectual, así como a personas acusadas delitos no letales. Además de por delitos de drogas, se ejecutó a personas por delitos como adulterio, blasfemia, corrupción, secuestro y “cuestionamiento de políticas del líder”.
El número de países que llevaron a cabo ejecuciones aumentó: de 22, en 2014, a 25, en 2015. Al menos seis países reanudaron las ejecuciones: Bangladesh, Chad, India, Indonesia, Omán y Sudán del Sur.
Al menos 1.998 personas fueron condenadas a la pena capital en 2015 y al finalizar el año había al menos 20.292 personas en el corredor de la muerte.
Las ejecuciones en cifras
Pakistán ejecutó a más personas que nunca
Desde que Pakistán puso fin a su moratoria de las ejecuciones de civiles en diciembre de 2014, el país ha entrado en el poco envidiable club de Estados que ejecutan a cientos de personas al año. Hoy se codea con Arabia Saudí e Irán, y es el tercer país más prolífico en ejecuciones.
Un ataque contra una escuela en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, impulsó al gobierno a ejecutar de nuevo, lo que llevaba sin hacer desde 2008. Inicialmente, se levantó la moratoria para las personas acusadas de delitos de terrorismo, pero en marzo el gobierno reanudó las ejecuciones para todos los delitos penados con la muerte, como el asesinato y la blasfemia.
Al concluir 2015, Pakistán había ejecutado a 326 personas, el número más elevado registrado por Amnistía. En un país donde se niega habitualmente el derecho a un juicio con garantías y se emplean pruebas obtenidas bajo tortura para imponer sentencias condenatorias, cientos de personas son enviadas al patíbulo con el pretexto de hacer justicia.
Vidas segadas
Aun así, continúa la tendencia mundial hacia la abolición
Aunque en 2015 aumentaron las ejecuciones, éstas fueron contrarrestadas por una avalancha de aboliciones. Cuatro países abolieron la pena de muerte para todos los delitos, el mayor número que adopta esta medida en un solo año en casi un decenio.
Madagascar abrió el camino en enero, seguido de Fiyi en febrero. En marzo, el Estado sudamericano de Surinam eliminó la pena de muerte de su legislación. Y en noviembre, Congo aprobó una nueva Constitución que relegó la pena de muerte a los libros de historia de una vez por todas para toda su ciudadanía.
Mongolia aprobó en diciembre un nuevo Código Penal que excluía la pena de muerte para todos los delitos que entrará en vigor en septiembre de 2016.
Incluso Estados Unidos, que siguió vulnerando el derecho internacional al ejecutar a personas con discapacidades mentales, continuó su marcha hacia la abolición. Pensilvania abolió la pena de muerte para todos los delitos, elevando el número total de estados que han abolido la pena capital a 18.
Estos cambios son un claro indicio de que la tendencia hacia la abolición sigue teniendo fuerza. Hoy, 102 países —la mitad del mundo— han dado el paso positivo de volver la espalda a la pena de muerte. Si se añaden los países que han abolido esta pena en la práctica, aunque no en la ley, el total llega a dos tercios de los países del mundo.
Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones son una pequeña minoría frente a una oleada de oposición. Este puñado de países tiene que tomar una decisión: quedarse enraizados en un sistema que valora más el castigo que la rehabilitación o unirse al camino trillado hacia la abolición y abrazar el principio del derecho a la vida de todas las personas.