Las autoridades continuaron reprimiendo las críticas y restringiendo el derecho a la libertad de expresión. A lo largo del año salieron a la luz nuevas denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. En algunos de los casos se tomaron medidas disciplinarias y se presentaron cargos contra los agentes implicados. Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo elevados índices de violencia de género. En su respuesta a la pandemia de COVID-19, Fiyi no incluyó ayudas económicas específicas para las mujeres ni para las personas que trabajaban en el sector informal, con lo que creció el peligro de que se produjeran situaciones de pobreza y de penuria económica entre personas ya marginadas.
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