El gobierno apoyó la propuesta de incorporar el delito de ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El planteamiento de la policía con respecto al control de protestas pacíficas siguió siendo restrictivo. Las autoridades no investigaron denuncias de tortura contra un alto mando militar fiyiano al que las Fuerzas de Defensa de Australia nombraron subcomandante de brigada. Los niveles de violencia contra las mujeres siguieron siendo elevados, y las personas LGBTI corrían riesgo de sufrir violencia.
Leer másNo aplica la pena de muerte para ningún delito
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