La grave sequía en el sur del país tuvo efectos devastadores para una amplia diversidad de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y al saneamiento. Al menos 2.747 personas presas fueron indultadas pero los centros de detención continuaron abarrotados y las condiciones seguían siendo deficientes. Se hostigó a profesionales de los medios de comunicación por informar de temas tales como la pandemia de COVID-19. La violencia por motivos de género, especialmente contra mujeres y niñas, era generalizada y el aborto seguía estando penalizado. La población LGBTIQ+ seguía sufriendo discriminación.
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