Madagascar 2023
Las condiciones de reclusión continuaron siendo deficientes. Persistieron las restricciones a los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica; las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones. Las autoridades estatales no protegieron a los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales frente a amenazas, intimidación, hostigamiento y detenciones arbitrarias. Los fenómenos meteorológicos extremos y la sequía provocaron desplazamientos internos generalizados, y los niveles de inseguridad alimentaria aumentaron. La discriminación afectó a las mujeres, la población LGBTI y las personas con albinismo.
Información general
El 1 de diciembre, el Tribunal Supremo Constitucional confirmó la reelección del presidente Andry Rajoelina.
Derechos de las personas detenidas
Las condiciones de reclusión —en especial en prisiones, comisarías de policía y gendarmería, e instituciones psiquiátricas— continuaron siendo deficientes. En mayo, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó las prisiones malgaches y reiteró su preocupación ante el hacinamiento existente. La Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, que actuaba como mecanismo nacional de prevención (organismo encargado de vigilar y formular recomendaciones para proteger los derechos de las personas detenidas), siguió falta de personal y recursos, lo que dificultó su capacidad para observar y mejorar la situación de los derechos humanos en los centros de detención.
Libertad de reunión y de asociación
Durante el periodo preelectoral, las fuerzas de seguridad interrumpieron las actividades de campaña de los partidos de oposición. El 4 de abril, el Ministerio del Interior declaró que las reuniones políticas debían celebrarse en lugares cerrados y que todas las manifestaciones públicas debían autorizarse en virtud de la Orden 60-082 de 13 de agosto de 1960. Esta orden, que se aplicó durante toda la campaña electoral, vulneraba las normas internacionales sobre el derecho de reunión pacífica. El objetivo de la declaración del Ministerio era restringir este derecho para los partidos de oposición. Durante el periodo de campaña comprendido entre el 10 de octubre —fecha en que comenzó la campaña de las elecciones presidenciales— y el 16 de noviembre, se documentaron violaciones de los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica como mínimo en 20 ocasiones.
En octubre, la Prefectura de Antananarivo prohibió a manifestantes de partidos de oposición acceder a varias de las zonas principales de la capital. Se detuvo a periodistas y hubo candidatos a la presidencia que resultaron heridos. Según informes, se sometió a detención arbitraria tanto a activistas políticos como a transeúntes. Las autoridades aplicaron el derecho penal indebidamente para arrestar, detener o amenazar a quienes expresaban opiniones disidentes. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) mostró su preocupación ante el deterioro de la situación de los derechos humanos y señaló el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.
Además, se violaron los derechos de reunión pacífica y asociación de activistas ambientales. Las autoridades no protegieron a estas personas frente a las amenazas y los ataques de otros miembros de la comunidad ni de las fuerzas de seguridad. El 5 de julio, la defensora de los derechos ambientales Angélique Decampe recibió amenazas de muerte de otro miembro de la comunidad en relación con su labor para salvaguardar el bosque de Vohibola de los cazadores furtivos y la deforestación. También en julio, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 80 manifestantes de la Asociación para la Lucha del Sur (LUSUD) en la región de Anosy, que habían bloqueado una carretera para impedir que la empresa minera Rio Tinto —que operaba a través de la filial QIT Madagascar Minerals— continuara sus actividades de extracción. Todas las personas detenidas fueron puestas en libertad en agosto. Sin embargo, seguían vigentes las órdenes de arresto contra los dirigentes de LUSUD Eugène Chrétien y Laurent Manjary, no detenidos durante la protesta.
Libertad de expresión
El 23 de marzo, las autoridades detuvieron a Lôla Rasoamaharo, propietario de La Gazette de la Grande Île, acusado de extorsión, difamación, amenazas e insultos, después de registrar las oficinas del periódico y confiscar material. Estos hechos tuvieron lugar tras una prolongada disputa entre Lôla Rasoamaharo y el alcalde de Antananarivo, mantenida a través de sus respectivos periódicos.
Derecho a un medioambiente saludable
Según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Catástrofes, en enero el ciclón Cheneso provocó el desplazamiento de unas 90.870 personas y se cobró la vida de al menos 33 en la región suroriental. Poco después, en febrero, el ciclón Freddy arrasó cultivos comerciales y elevó los niveles de inseguridad alimentaria en la región. Los daños causados a las infraestructuras, centros sanitarios incluidos, y la lejanía de las zonas afectadas dificultaron la llegada de la ayuda humanitaria.
La situación en la región del Gran Sur, azotada por la sequía, se estabilizó en cierta medida a lo largo del año, lo que mejoró el acceso a la ayuda humanitaria. Sin embargo, la seguridad alimentaria siguió siendo precaria. La dependencia de la ayuda humanitaria entre las poblaciones locales las hizo más vulnerables a otros fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático. Durante el año, el gobierno puso en marcha medidas para prevenir catástrofes derivadas de ciclones, y emitió alertas y evacuó zonas afectadas. Sin embargo, no recibió la financiación necesaria de los Estados desarrollados —tal y como exige el Acuerdo de París—, lo que dificultó a Madagascar adaptarse al cambio climático y hacer frente a los daños y perjuicios resultantes.
Derechos de las personas internamente desplazadas
El desplazamiento interno provocado por fenómenos graduales como el aumento del nivel mar y la subida de las temperaturas, y también por fenómenos de aparición rápida, se hizo más pronunciado. Según el Centro de Observación de los Desplazamientos Internos (ONG internacional) y los informes de los medios de comunicación, más de 2.000 personas de la región del Gran Sur se trasladaron a zonas urbanas y rurales del norte para huir de la sequía. La ausencia de protección gubernamental para la población internamente desplazada dio lugar a denuncias de casos de violencia sexual contra las mujeres, trata de personas y tensiones entre las comunidades de acogida y la población desplazada, a menudo relacionadas con controversias sobre el uso de la tierra.
Discriminación
Las mujeres y las niñas, la población LGBTI y las personas con albinismo se encontraban entre los grupos que sufrieron discriminación y desigualdad.
Los derechos reproductivos de las mujeres y su acceso a la atención sanitaria se vieron restringidos; el aborto continuó siendo ilegal en cualquier circunstancia. La discriminación por motivos de género era generalizada y afectaba de forma desproporcionada a mujeres y niñas, sobre todo en el ámbito educativo, donde —según los medios de comunicación— las ideas preconcebidas sobre los roles de género provocaron desigualdad y discriminación contra las niñas.
Las personas LGBTI sufrieron discriminación y marginación tanto en la ley como en la práctica. En mayo, una mujer transgénero de 56 años fue objeto de violencia física por parte de miembros de las fuerzas armadas debido a su identidad.
Las personas con albinismo sufrían persecución constante y eran víctimas de ataques y asesinatos rituales. Se documentaron al menos 12 casos de secuestro de personas con este tipo de afección en el transcurso del año, motivados por la falsa creencia de que las partes de sus cuerpos permitían atraer la buena suerte.