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MADAGASCAR 2020

La pandemia de COVID-19 tuvo efectos devastadores en el acceso a alimentos. La violencia por motivos de género seguía estando muy extendida, y un número cada vez mayor de mujeres y niñas se sometían a abortos en condiciones de riesgo. Una mujer se enfrentaba al encarcelamiento por mantener relaciones homosexuales consentidas. Decenas de miles de personas, entre las que había cientos de menores, estaban sometidas a detención prolongada en espera de juicio en condiciones terribles. El derecho a la libertad de expresión fue objeto de restricciones, y las autoridades impusieron medidas para impedir que los medios de radiodifusión compartieran información sobre la COVID-19.

Información general

El 22 de marzo, ante el brote de COVID-19, el presidente declaró el estado de emergencia, que se fue ampliando periódicamente hasta el 18 de octubre.

Derechos económicos, sociales y culturales

La pandemia de COVID-19 tuvo efectos devastadores en los medios de vida y en los ingresos de las familias. En junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística, más del 64% de las familias encuestadas dijeron que sus ingresos habían disminuido de forma significativa, alrededor del 60% manifestaron que no tenían suficientes alimentos, y más o menos el 50% (en zonas urbanas) tenían dificultades para comprar arroz durante el confinamiento, sobre todo a causa del súbito aumento del precio.

En el sur del país, 1,5 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria inmediata de emergencia después de tres años de sequía que habían afectado a las cosechas.

Violencia por motivos de género

A pesar de los recientes esfuerzos del gobierno para abordar los derechos de las mujeres, que incluían la introducción en diciembre de 2019 de una nueva disposición —la Ley 009/2019— para combatir la violencia de género, esta práctica seguía estando muy extendida. Las organizaciones locales informaron de un aumento del número de casos de violencia de género intrafamiliar durante el confinamiento.

Derechos sexuales y reproductivos

La ONG Médicos del Mundo afirmó que el aumento de la violencia de género durante el confinamiento había dado lugar a un aumento del número de embarazos no deseados y de abortos en condiciones de riesgo. El aborto seguía siendo delito, y Médicos del Mundo sostuvo que el aborto en condiciones de riesgo era la segunda causa principal de mortalidad materna en el país, tras las hemorragias posparto.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las relaciones sexuales de gays y lesbianas seguían siendo tabú en la sociedad malgache, y en ningún momento el gobierno protegió a las personas LGBTI frente a la estigmatización y la discriminación.

El 10 de marzo, una mujer de 33 años quedó recluida en espera de juicio en la prisión de Antanimora por cargos de “corrupción de menores” por mantener relaciones sexuales consentidas con una mujer de 19 años. Su juicio se aplazó al menos cuatro veces, pero finalmente fue absuelta en diciembre con el beneficio de la duda. El artículo 331 del Código Penal llevaba aparejada una pena de dos a cinco años de prisión y el pago de una cuantiosa multa para “quien comet[iera] un acto impúdico o contra natura con una persona del mismo sexo menor de 21 años”. En cambio, la edad de libre consentimiento para las relaciones heterosexuales era de 14 años.

Derecho a un juicio justo

A pesar de las promesas realizadas por el presidente en 2019, continuaron el uso excesivo de la detención prolongada en espera de juicio y el grave hacinamiento en las prisiones. Miles de personas seguían estando detenidas durante años sin juicio, y en mayo las personas detenidas en espera de juicio constituían el 55% de la población reclusa. En agosto, las prisiones de Madagascar —que tenían capacidad para 10.360 reclusos— albergaban a 27.327 personas, de ellas 734 menores, en condiciones inhumanas.

En junio, el presidente indultó a unos 1.700 presos y presas condenados, entre los que había personas condenadas por delitos menores a las que les quedaba por cumplir un máximo de tres meses de su pena, mujeres de más de 55 años y hombres de más de 60 que llevaban 10 o más años en prisión, y menores que habían cumplido al menos la mitad de su pena.

Mientras tanto, miles de personas continuaban en detención prolongada en espera de juicio, práctica que se usaba ampliamente contra autores de delitos menores. En agosto, el 60% de las mujeres y niñas y el 75% de los menores en prisión estaban en espera de juicio.

Se violaba el derecho de las personas detenidas en espera de juicio a un juicio justo. En la práctica, la asistencia letrada gratuita no estaba disponible, a pesar de las disposiciones legales que garantizaban el derecho a defensa jurídica en todas las etapas del proceso. Por consiguiente, a estas personas se les negaba el acceso a información sobre sus derechos o sobre los avances en sus causas.

En agosto, 88 reclusos se fugaron de la prisión de Farafangana, en el sudeste del país, al parecer como protesta por la detención en espera de juicio (incluido su uso contra personas acusadas de delitos leves), el grave hacinamiento y las precarias condiciones, así como los informes generalizados de corrupción en el seno del sistema penitenciario (que los obligaba a pagar sobornos a varias personas dentro del sistema para poder recibir visitas de la familia, entre otras cosas). Según fuentes locales, los detenidos no recibían visitas de familiares desde el brote de COVID-19. Durante la fuga, las fuerzas de seguridad mataron a 20 reclusos, y otros 3 murieron en los días siguientes a consecuencia las heridas que habían sufrido. Un total de 17 de estos reclusos se encontraban detenidos en espera de juicio.

Libertad de expresión

El 28 de mayo, Stéphane Ralandison, profesor y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toamasina, fue detenido e interrogado por el departamento criminal de la brigada de Toamasina de la gendarmería. Al día siguiente, el profesor compareció ante el Tribunal de Toamasina y fue acusado de asesinar a un colega suyo, el doctor Daniel Randriamiarivonjy, quien, según el personal hospitalario, se había ahorcado el 24 de mayo. Sin embargo, durante el interrogatorio de tres horas al que fue sometido Stéphane Ralandison se le preguntó también por una publicación reciente en LinkedIn en la que criticaba la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 y los riesgos derivados de hacer caso omiso de la investigación científica sobre remedios, entre otras cosas. Finalmente no se presentaron cargos en su contra.

El 16 de julio, Harry Laurent Rahajason, experiodista y ministro de Comunicación en el gobierno anterior, fue detenido junto con otras cuatro personas y quedó recluido en espera de juicio en la prisión de Antanimora, situada en la capital (Antananarivo). Fue acusado de menoscabar la seguridad del Estado en relación con la organización y financiación de una protesta que presuntamente tuvo lugar en julio, a pesar de la normativa del estado de emergencia que prohibía ese tipo de actos. La protesta guardaba relación con el caso del líder estudiantil Berija Ravelomanantsoa, detenido en espera de juicio desde el 8 de junio. El 30 de septiembre, Berija Ravelomanantsoa fue declarado culpable, en virtud de la Ley de Delitos Informáticos, de atentar contra el Estado y de insultar al presidente en Facebook, y fue condenado a 44 meses de prisión. Harry Laurent Rahajason y los otros cuatro acusados fueron condenados a 44 meses de prisión el 15 de octubre.

Medios de comunicación

Después del brote de COVID-19, el gobierno tomó medidas drásticas para controlar la información difundida por medios de comunicación y personas a título individual. Se acogió a la Ley 91-011 de 1991, concebida para ser aplicada en circunstancias excepcionales, para que los medios sólo pudieran difundir información oficial del gobierno. Otra de las medidas restrictivas fue la prohibición a las emisoras de radio de retransmitir programas con participación telefónica de la audiencia.

El 4 de abril, la periodista Arphine Helisoa —supuestamente alineada con la oposición— fue detenida, recluida en espera de juicio en la prisión de Antanimora y acusada, por segunda vez desde 2019, de difundir noticias falsas y de incitar al odio contra el presidente. Quedó en libertad un mes más tarde en aplicación de una amnistía presidencial para periodistas encarcelados, aunque no se sabía con certeza si se habían retirado los cargos. Ese mismo mes, una presentadora de televisión conocida como Sabrina, que trabajaba para Kolo Channel, fue acusada de difundir noticias falsas en las redes sociales sobre el número de casos de COVID-19 en el país; fue recluida en espera de juicio en la prisión de Antanimora y quedó en libertad el 6 de mayo en virtud de la amnistía presidencial.

El 6 de abril, la emisora Real TV, cercana a la oposición, intentó emitir una entrevista repetida con el expresidente Ravalomanana en la que éste criticaba la gestión de la pandemia de COVID-19 por el gobierno. La emisión no se realizó porque el transmisor y la antena habían sido dañados. Según Reporteros sin Fronteras, el incidente tuvo lugar poco después de que el Ministerio de Comunicación y Cultura advirtiera a Real TV y otros dos medios de comunicación afines a la oposición de que no debían informar sobre la COVID-19. La advertencia indicaba que las emisoras no habían transmitido las emisiones en directo de los boletines de noticias de los medios estatales sobre la pandemia.