Del 18 al 20 de agosto de 2026, representantes de los Estados de América Latina y el Caribe se reunirán en Montevideo, Uruguay para participar en la sexta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD).
Esta Conferencia de las Naciones Unidas da seguimiento al Consenso de Montevideo: uno de los acuerdos regionales más trascendentales para la garantía de los derechos de distintas poblaciones, entre ellas las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, migrantes, afrodescendientes e indígenas, con discapacidad, LGBTQIA+, entre otras.
“En medio de una cruzada de ataques contra los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, el Consenso de Montevideo debe seguir siendo una hoja de ruta para la protección de los derechos humanos y no una lista de promesas pendientes. Los desafíos actuales exigen acciones concretas, recursos suficientes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas”, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En medio de una cruzada de ataques contra los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, el Consenso de Montevideo debe seguir siendo una hoja de ruta para la protección de los derechos humanos y no una lista de promesas pendientes.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta cita ocurre mientras crecen los discursos que buscan desacreditar décadas de avances en igualdad de género y restringir el trabajo de quienes defienden estos derechos. En buena parte de la región, se ha profundizado el desmantelamiento de políticas públicas esenciales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos como la educación integral en la sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos, la información en salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto legal, limitando la toma de decisiones libres e informadas sobre los cuerpos y los proyectos de vida de las mujeres, niñas y adolescentes.
Estas medidas afectan más a las adolescentes, ya que aún sufren altas tasas de embarazo no intencional que condicionan sus trayectorias de vida, su acceso a la educación, al empleo y su derecho a la igualdad. También a las mujeres migrantes, quienes padecen más barreras para acceder a salud materna, sexual y reproductiva por la discriminación asociada a su origen y/o estatus legal.
Con relación a la violencia sexual contra niñas, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazos en niñas. La campaña Niñas, No Madres ha documentado durante años cómo los sistemas de justicia, salud y protección social fallan sistemáticamente en garantizar los derechos de niñas víctimas de violencia sexual, negándoles acceso oportuno a información, atención integral, justicia y reparación. Además, niñas enfrentan abandono institucional, estigmatización, barreras educativas, afectaciones permanentes a su salud física y mental y la imposición de la maternidad en medio de su infancia.
“La región debe dejar de normalizar una realidad intolerable. Ninguna niña debería verse obligada a convertirse en madre. La prevención de la violencia sexual, la educación integral en sexualidad, el acceso a servicios de salud y a la justicia y la garantía de reparación integral deben ocupar un lugar central en la agenda de esta Conferencia”, Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay.
La prevención de la violencia sexual, la educación integral en sexualidad, el acceso a servicios de salud y a la justicia y la garantía de reparación integral deben ocupar un lugar central en la agenda de esta Conferencia”.
Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay.
Las Américas padecen de una preocupante expansión de discursos que buscan desacreditar y criminalizar las denuncias de violencia basada en género, alcanzando en algunos países la formulación de proyectos de ley. De acuerdo con ONU Mujeres, la evidencia apunta que las denuncias falsas corresponden a una parte ínfima del total de denuncias y no constituyen un problema generalizado ni mucho menos asociado a la violencia sexual o de género. Al contrario, la violencia contra las mujeres sigue subdenunciada.
Las iniciativas legales en este ámbito refuerzan estereotipos discriminatorios y generan un efecto inhibidor sobre quienes ya enfrentan más obstáculos para denunciar, más dificultades probatorias y más temor a no ser creídas, reforzando el silencio y la impunidad. Esta tendencia es grave cuando las desapariciones y la violencia feminicida sigue cobrando miles de vidas en la región.
«La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo debe afianzar los avances institucionales orientados a garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Empezando por hacer de la justicia de género una prioridad de los Estados y proteger las instituciones que velan por los derechos de las mujeres del desmantelamiento, desfinanciamiento, subordinación o fusión con otras instancias», Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
«La Conferencia debe afianzar los avances institucionales orientados a garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Empezando por hacer de la justicia de género una prioridad de los Estados y proteger las instituciones que velan por los derechos de las mujeres del desmantelamiento, desfinanciamiento, subordinación o fusión con otras instancias»,
Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Durante los últimos años, organizaciones feministas, mujeres buscadoras de personas desaparecidas, defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han enfrentado crecientes restricciones y ataques para desarrollar su trabajo. En distintos países de la región se han promovido reformas e iniciativas legislativas, campañas de estigmatización y controles administrativos excesivos contra organizaciones que trabajan por el acceso a la justicia, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos o la atención a víctimas de violencia basada en género.
Las mujeres defensoras suelen enfrentarse a riesgos específicos por razón de género. Además de amenazas, vigilancia o criminalización, con frecuencia son objeto de campañas de descrédito sobre su labor y su vida personal. En muchos casos, estas agresiones incluyen lenguaje sexista, ataques contra su reputación y cuestionamientos a su legitimidad para participar en el debate público. Bajo contextos de criminalidad, impunidad e inefectividad institucional, esta violencia ha llegado a ser letal.
Las continuas restricciones para la sociedad civil tienen consecuencias directas para la implementación del Consenso de Montevideo. Las organizaciones de mujeres han desempeñado un papel decisivo en la promoción de reformas legales, el acceso a la salud sexual y reproductiva, dando acompañamiento a víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, la producción de evidencia, el monitoreo de políticas públicas y la exigencia de rendición de cuentas.
“La Conferencia de Montevideo debe enviar un mensaje claro: toda mujer, niña y adolescente debe poder tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, toda sobreviviente de violencia debe tener el acompañamiento y protección del Estado y toda defensora debe poder exigir justicia e igualdad sin temor a represalias”, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Toda mujer, niña y adolescente debe poder tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, toda sobreviviente de violencia debe tener el acompañamiento y protección del Estado y toda defensora debe poder exigir justicia e igualdad sin temor a represalias”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo podrá seguirse virtualmente en los canales oficiales de la Comisión Económica para América Laltina (CEPAL). El 18 de agosto tendrá lugar la declaración de sociedad civil consensuada por las redes feministas. Amnistía Internacional se sumará a las acciones de incidencia, comunicación y movilización para exigir que los Estados reiteren y profundicen el Consenso de Montevideo en favor de la igualdad de género en la región.
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