¿Por qué pide Amnistía Internacional justicia internacional para los crímenes de lesa humanidad cometidos en Irán?

Advertencia sobre el contenido: Este artículo contiene descripciones de actos violentos, tales como disparos, palizas, tortura, violencia sexual y discriminación. También menciona cuestiones relativas al suicidio. Incluimos estos detalles para honrar a las víctimas y sus familias, que quieren que la verdad salga a la luz.

En Irán se ha matado, torturado o encarcelado a miles de manifestantes por reclamar sus derechos humanos y un cambio político. Las autoridades responsables de los crímenes de lesa humanidad relacionados con las protestas están eludiendo la justicia, mientras los y las supervivientes y familiares que piden justicia sufren persecución.

A finales de 2022, Irán se vio atenazado por protestas en gran escala que se dieron a conocer como el levantamiento Mujer, Vida, Libertad. Tras años de concienzudas investigaciones, Amnistía Internacional ha sacado a la luz la manera en que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para aplastar el levantamiento. Basándose en su amplia documentación sobre los crímenes cometidos y en su análisis de las estructuras de mando de las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional ha identificado a 87 altos cargos que deben ser objeto de una investigación penal por su papel en estos crímenes.

Es evidente que las autoridades iraníes no están dispuestas a garantizar la rendición de cuentas, ya que se basan en una política estatal de fuerza letal para reprimir la disidencia. Por tanto, Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a procurar urgentemente justicia penal internacional para los numerosos homicidios cometidos durante protestas multitudinarias en Irán. La impunidad por estos crímenes expone a la población de Irán a nuevas atrocidades, como quedó patente el 8-9 de enero de 2026, cuando las fuerzas de seguridad iraníes mataron ilegítimamente a miles de manifestantes y transeúntes. La continuada inacción respecto a la administración de justicia internacional afianza aún más la normalización de los homicidios cometidos durante protestas multitudinarias en Irán.

¿Qué sucedió en las protestas de 2022? 

El levantamiento Mujer, Vida, Libertad comenzó el 16 de septiembre de 2022, tras la muerte bajo custodia de una mujer kurda de 22 años, Zhina Mahsa Amini, a manos de la policía “de la moral” iraní que obligaba a cumplir las leyes discriminatorias sobre el uso obligatorio del velo.

Durante los tres meses siguientes, cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar pacíficamente contra decenios de represión, discriminación e impunidad. Las mujeres y las niñas ocuparon la primera línea de las protestas, desafiando las leyes discriminatorias que, durante decenios, habían permitido la violencia a manos del Estado, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, y la exclusión de la educación, el empleo y los espacios públicos.

Las imágenes de mujeres quemando pañuelos y protestando con la cabeza descubierta reverberaron por todo el mundo, además de en Irán. El lema “Mujer, Vida, Libertad” pronto se difundió por todo Irán y por el resto del mundo. Las autoridades respondieron con una violencia mortífera: las descripciones de testigos presenciales equiparan la brutalidad con una zona de guerra en la que las fuerzas de seguridad abrieron fuego repetidamente y sin piedad contra personas que se manifestaban pacíficamente.

Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional revelaron la manera en que las autoridades utilizaron de forma extensiva e ilegítima armas de uso militar y escopetas cargadas con perdigones metálicos para dispersar, intimidar y castigar a manifestantes y disuadir a otras personas de ejercer su derecho de reunión pacífica. Cientos de manifestantes y transeúntes, entre ellos decenas de niños y niñas, fueron víctimas de homicidio ilegítimo.

Las fuerzas de seguridad sometieron a miles de personas más a detenciones arbitrarias, reclusión en régimen de incomunicación, desaparición forzada y tortura u otros malos tratos. Cometieron violaciones y otros actos de violencia sexual, también contra menores. Además, persiguieron a las familias en duelo de las personas fallecidas.

¿Qué crímenes cometieron las autoridades iraníes? 

En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), ciertos actos prohibidos constituyen crímenes de lesa humanidad cuando se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Amnistía Internacional ha concluido que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes para aplastar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad constituyen los siguientes crímenes de lesa humanidad de:

• asesinato;
• tortura;
• violación;
• violencia sexual;
• desaparición forzada;
• encarcelación;
• y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos entrecruzados.

Estos crímenes se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil que exigía derechos humanos y dignidad; ese ataque a su vez formaba parte de una política estatal para aplastar las protestas, castigar a quienes se manifestaban y crear un clima de terror para disuadir frente a futuras protestas.

El crimen de lesa humanidad de asesinato

Centenares de manifestantes y transeúntes fueron víctimas de homicidio ilegítimo en la represión letal del levantamiento Mujer, Vida, Libertad.

Resulta imposible determinar el número real de víctimas pero, tras llevar a cabo investigaciones exhaustivas, Amnistía Internacional ha recopilado información y datos sobre 377 manifestantes y transeúntes, 56 de ellos menores, que perdieron la vida durante el levantamiento. Estas muertes se engloban en cuatro categorías:

• Homicidios cometidos durante la dispersión violenta de protestas y en zonas militarizadas: Un total de 326 de las víctimas registradas murieron a manos de las fuerzas de seguridad que utilizaron armas de fuego u otros medios letales, la mayoría durante dispersiones de protestas. A otras las mataron las fuerzas de seguridad en zonas cercanas a protestas que se estaban celebrando o se habían celebrado recientemente, o en las que había una presencia militarizada de las fuerzas de seguridad, como patrullas armadas, controles, cortes de carretera, persecuciones de vehículos, órdenes de detenerse o redadas violentas en domicilios particulares o lugares de trabajo;
• muertes bajo custodia del Estado: Un total de 18 de las víctimas registradas perdieron la vida bajo custodia del Estado tras haber sido detenidas en las represiones de las protestas;
• muertes después de estar bajo custodia: Un total de 10 personas murieron tras haber sido puestas en libertad, y los informes publicados por defensores o defensoras de los derechos humanos o por periodistas indicaban que sus muertes estaban relacionadas con su estancia en prisión, ya fuera por lesiones físicas sufridas a consecuencia de tortura y otros malos tratos o por suicidio poco después de la excarcelación;
• muertes sospechosas, en muchos casos tras un periodo de desaparición: Un total de 23 de las víctimas registradas desaparecieron tras haber participado en las protestas o haberlas apoyado, sin que haya información disponible sobre las circunstancias de su detención o secuestro y su final muerte. Numerosos indicadores sugieren que las víctimas murieron a manos de agentes del Estado.

El crimen de lesa humanidad de tortura

Las fuerzas de seguridad infligieron intencionadamente lesiones dolorosas a manifestantes y transeúntes mediante un uso ilegítimo de la fuerza que constituye tortura. Utilizaron armas de fuego, como rifles de asalto y ametralladoras, así como armas prohibidas que nunca deberían haberse utilizado en el control policial de las protestas, como escopetas cargadas con perdigones. Al menos 45 personas murieron después de que las fuerzas de seguridad les dispararan con ese tipo de escopetas desde corta distancia. Muchas murieron a consecuencia de sus heridas, en algunos casos después de que las fuerzas de seguridad les impidieran acudir al hospital. Hubo manifestantes y transeúntes que sobrevivieron con traumatismos físicos severos, que incluían la pérdida permanente de la visión y otras lesiones con consecuencias permanentes que alteraron sus vidas.

Las autoridades iraníes también torturaron a personas bajo custodia del Estado. Entre los métodos de tortura utilizados se encontraban métodos físicos como palizas y descargas eléctricas, y métodos psicológicos como amenazas de violación o desaparición forzada de familiares.

El crimen de lesa humanidad de encarcelamiento

Decenas de miles de personas, entre ellas menores de tan sólo 10 años, fueron detenidas arbitrariamente durante el levantamiento. Los datos recopilados por Amnistía Internacional muestran que estas detenciones se produjeron en su mayoría por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como celebrar protestas pacíficas, corear lemas, bailar, quitarse el pañuelo, escribir lemas, hacer sonar las bocinas de los vehículos, mostrar solidaridad online y, en el caso de las familias afligidas, buscar verdad y justicia.

En muchos casos, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas sin orden judicial, las secuestraron, las torturaron y las abandonaron en zonas remotas. A otras finalmente las inscribieron en los registros de centros de detención gestionados por las fuerzas de seguridad, donde sufrieron nuevas torturas, y las coaccionaron para que escribieran falsas “confesiones” que dieron lugar a largas penas de prisión e incluso a la pena de muerte.

En todos los casos documentados, las detenciones y reclusiones violaron el derecho a un juicio justo. A las personas detenidas les negaron el acceso a abogados, la protección frente a la tortura, información oportuna sobre los cargos formulados, el derecho a guardar silencio, la presunción de inocencia y la capacidad de impugnar la legalidad de su detención, preparar adecuadamente su defensa y acceder a una apelación significativa.

El crimen de lesa humanidad de violación y otras formas de violencia sexual

Amnistía Internacional documentó 45 casos de violación y otras formas de violencia sexual contra manifestantes o transeúntes a manos de las fuerzas de seguridad. Los actos de violación incluyeron la penetración con barras de madera o metal, botellas de cristal, mangueras y/o los órganos sexuales y los dedos de agentes. Hubo personas que fueron violadas por múltiples agentes. Los actos de violencia sexual se cometieron contra mujeres, niñas, niños y hombres, e incluyeron actos de agresión física y tortura psicológica como amenazas de violación.

A las mujeres y las niñas las manosearon y las golpearon, les quitaron la ropa (incluso delante de detenidos varones), las sometieron a registros corporales intrusivos y las tuvieron desnudas durante horas o días bajo custodia, a veces delante de cámaras de vídeo y a temperaturas extremadamente bajas. También obligaron a desnudarse a hombres y niños, y a algunos los sometieron a descargas eléctricas y otras formas de tortura en los genitales. Los amenazaron con violarlos a ellos y a sus familiares.

El crimen de lesa humanidad de desaparición forzada

Las autoridades sometieron con frecuencia a las personas detenidas a desaparición forzada durante días o semanas reteniendo toda la información sobre su suerte o paradero. A algunas las recluyeron en centros de detención oficiales, y a otras en lugares no oficiales como almacenes, escuelas y edificios residenciales a los que las fuerzas de seguridad se referían coloquialmente como “casas de seguridad”.

Las familias entrevistadas por Amnistía Internacional describieron cómo visitaban comisarías de policía, dependencias de la fiscalía, tribunales revolucionarios y prisiones en busca de sus seres queridos. Las autoridades a menudo ocultaban la información pese a saber que las personas detenidas estaban bajo custodia, o admitían que estaban detenidas pero se negaban a revelar dónde.

Esta incertidumbre provoca un enorme daño psicológico a las familias, que sufren la angustia de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos.

El crimen de lesa humanidad de persecución

La persecución se define como la privación intencionada y grave de los derechos fundamentales de un grupo, por razón de su identidad (por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos prohibidos) y en relación con actos prohibidos como el asesinato, la tortura, la desaparición forzada y el encarcelamiento.

Durante la brutal represión, todos los manifestantes y sus simpatizantes fueron perseguidos por motivos políticos; las mujeres y las niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo sufrieron persecución por motivos políticos entrecruzados con motivos de género y religiosos; los manifestantes de las comunidades minoritarias oprimidas kurda y baluchi sufrieron persecución por motivos políticos entrecruzados con el origen étnico, y las familias de quienes murieron sufrieron persecución por motivos políticos.

Ataques selectivos contra las minorías étnicas kurda y baluchi

Las víctimas kurdas y baluchis representan el 62% del total de víctimas registradas, pese a constituir tan sólo entre el 10% y el 15% y el 5% de la población del país, respectivamente. Amnistía Internacional ha constatado que esta cifra desproporcionada de víctimas no puede explicarse sólo por la magnitud de las protestas: los patrones de uso intencionado de fuerza letal contra estas comunidades fueron distintos y mucho más graves.

Amnistía Internacional registró el nombre de 106 manifestantes y transeúntes baluchis que murieron a manos de las fuerzas de seguridad en la provincia de Sistán y Baluchistán durante dispersiones de protestas. De las personas identificadas, 87 —entre ellas 15 niños y niñas— fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad en un solo día, durante la operación letal de represión del 30 de septiembre de 2022 que la población iraní conoce como el “Viernes Sangriento”.

La investigación identificó también a 95 manifestantes y transeúntes kurdos que fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental. Se trata de 79 hombres, tres mujeres y 13 menores de edad. En estas tres provincias, las fuerzas de seguridad desplegaron de forma sistemática armas de fuego de uso militar.

¿Quién cometió estos crímenes?

La planificación, dirección, organización y ejecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el levantamiento Mujer, Vida, Libertad fueron posibles gracias a un vasto y coordinado aparato de seguridad. La investigación de Amnistía Internacional concluye que las dos principales fuerzas de seguridad responsables de los crímenes documentados fueron:

• La Guardia de Seguridad de la Revolución Islámica (IRGC): Entre las ramas de la IRGC implicadas estaban las divisiones operativas, las Unidades de Seguridad provinciales y diversos batallones Basij. Estas ramas operaban bajo el mando del correspondiente cuerpo provincial de la IRGC, supervisado a su vez por un cuartel general regional de esta fuerza.

• La Jefatura de Policía de la República Islámica de Irán (conocida por su acrónimo persa, FARAJA): Entre las ramas de la FARAJA implicadas estaban la Policía de Prevención, incluidas sus Unidades de Asistencia, y las Unidades Especiales.  La Policía de Prevención desempeña funciones policiales ordinarias, incluida la primera respuesta ante las protestas. Las Unidades Especiales se despliegan cuando las protestas superan la capacidad de dispersión de la Policía de Prevención.

Ambas fuerzas operaban bajo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que a su vez está bajo el mando del líder supremo, comandante en jefe de todas las fuerzas de seguridad.

Entre sus mandatos figuran la “defensa sagrada del islam”, la “protección de los logros de la Revolución Islámica”, la “expansión del imperio de la ley de Dios” y la “lucha contra los elementos y movimientos que perturban la seguridad nacional”. Estas fuerzas aplicaron estrategias represivas formuladas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad del Estado y los consejos de ámbito provincial y comarcal. Dichas estrategias se ejecutaron mediante órdenes del ministro del Interior y de los gobernadores provinciales y comarcales.

Estos mandatos amplios y de definición imprecisa fallan manifiestamente a la hora de distinguir entre actos violentos y disidencia pacífica. De este modo, las fuerzas de seguridad obtienen amplios poderes para reprimir los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y para emplear fuerza letal contra quienes critican a la clase dirigente, cuestionan la autoridad del líder supremo y defienden por medios pacíficos ideologías sociopolíticas laicas alternativas.

¿Quiénes son los 87 mandos y altos cargos que, según Amnistía Internacional, deben ser objeto de investigación penal por crímenes de lesa humanidad?

Amnistía Internacional ha identificado a 87 personas que deben ser objeto de investigación penal, basándose en la documentación detallada de las fuerzas de seguridad implicadas en la comisión de crímenes de lesa humanidad en las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental y en un análisis en profundidad de sus estructuras de mando. Entre ellas hay 10 altos cargos de ámbito nacional y otros 77 de ámbito regional, provincial y comarcal.

Amnistía Internacional aplicó el criterio probatorio de “motivos razonables para creer” a la hora de identificar a estos altos cargos. Este criterio significa que era razonable creer que estas personas tienen responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, a la luz de las pruebas disponibles sobre la autoridad y el control que ejercían dentro de la estructura de mando de las fuerzas de seguridad iraníes o sobre su papel esencial en la coordinación y facilitación de la comisión de los crímenes.

Al nombrar a personas para que sean objeto de investigación penal, Amnistía Internacional tuvo en cuenta los elementos siguientes:

• el cargo que ocupaba la persona dentro de la jerarquía del aparato de seguridad de Irán y la función concreta que desempeñaba en virtud de ese cargo;
• la autoridad y el control que ejercía la persona, en su calidad de superior, sobre sus subordinados;
• los actos llevados a cabo por la persona para colaborar en la comisión de crímenes de lesa humanidad, alentarla o prestarle apoyo moral, así como el efecto sustancial que esa colaboración tuvo en la comisión de los crímenes;
• las declaraciones públicas de altos mandos de las fuerzas de seguridad y de altos cargos del Ministerio del Interior que alentaron o respaldaron a los agentes que cometieron crímenes de lesa humanidad sobre el terreno;
• las órdenes oficiales filtradas que autorizaron o facilitaron crímenes de lesa humanidad;
• la vinculación de la persona con los crímenes de lesa humanidad documentados.

Las conclusiones de Amnistía Internacional no son exhaustivas y no deben impedir que se tenga en cuenta el papel —ya sea directo o indirecto— que hayan podido desempeñar en la comisión de los crímenes otros altos cargos a quienes la organización no ha señalado públicamente por su nombre.

¿Existe alguna relación entre las protestas de 2022 y las de enero de 2026?

Sí, ambos episodios reflejan un patrón recurrente de atrocidades cometidas por la misma mortífera maquinaria estatal de represión contra una población civil que ha salido reiteradamente a la calle para reclamar derechos humanos, dignidad y cambio político.

La impunidad sistémica y la falta de vías internas de rendición de cuentas, unidas a la inacción mundial a la hora de impulsar la justicia penal internacional, allanaron el camino a las masacres cometidas durante las protestas de enero de 2026. Estas masacres sin precedentes presentaban las mismas características que los crímenes de lesa humanidad de 2022, pero a una escala aún más sobrecogedora.

Envalentonadas por la falta de rendición de cuentas por anteriores operaciones letales de represión de sucesivas oleadas de protestas, entre ellas el levantamiento Mujer, Vida, Libertad, las autoridades iraníes respondieron a las protestas que estallaron el 28 de diciembre de 2025 desatando una represión militarizada.

Los días 8 y 9 de enero de 2026, cuando las protestas se extendieron por todo el país a una escala no vista en Irán desde la Revolución de 1979, las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron armas de fuego a una escala sin precedentes y mataron ilegítimamente a miles de manifestantes y transeúntes. Fue la represión de protestas más mortífera registrada en Irán en los decenios que abarca la investigación de Amnistía Internacional.

¿Qué riesgos corre ahora la población de Irán?

La población de Irán sigue corriendo el riesgo de sufrir nuevas masacres durante las protestas. Las reivindicaciones que impulsan las repetidas protestas en todo el país no se han atendido, lo que hace probable que se produzcan nuevas protestas. Las autoridades siguen recurriendo a la fuerza letal como política estatal para aplastar la disidencia y no han afrontado ninguna consecuencia que las obligue a cambiar de rumbo.

Además, desde el 28 de febrero de 2026 la población de Irán sufre ataques mortales e ilegales de Estados Unidos e Israel. Decenas de miles de ataques aéreos contra objetivos situados en Irán han causado graves daños a la población civil. Según cifras oficiales comunicadas por las autoridades iraníes, entre el 28 de febrero y el 24 de julio de 2026 los ataques causaron la muerte de al menos 1.469 civiles, entre ellos centenares de niños y niñas. Los ataques de Estados Unidos e Israel también han causado destrucción y daños generalizados en las infraestructuras civiles, lo que ha condenado a la población a mayores penurias económicas y a daños medioambientales.

En uno de los frentes, la población de Irán está expuesta a violaciones del derecho internacional humanitario y a crímenes de guerra derivados de los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel. En el otro, ha sufrido decenios de represión brutal y violencia a manos de las autoridades iraníes, sin apenas reparación. Además, las autoridades han utilizado el pretexto de las “condiciones bélicas” para intensificar la represión interna: han amenazado abiertamente con cometer matanzas masivas de manifestantes y disidentes y han recrudecido las ejecuciones arbitrarias por motivos políticos.

En este contexto, la población de Irán está atrapada entre los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel y la letal represión interna.

¿Cuáles son los obstáculos específicos para obtener justicia por estos crímenes en el sistema de justicia interno de Irán? 

Irán afronta una crisis de impunidad: no existen vías internas para obtener justicia por los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de derecho internacional. La impunidad es intencionada y forma parte del propio sistema judicial, jurídico y constitucional del país. Este arraigo da a los autores la confianza necesaria para seguir cometiendo sus crímenes, imponiendo una política estatal de aplastar la disidencia mediante la comisión de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos.

Las autoridades iraníes llevan mucho tiempo negándose a llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas sobre estos posibles crímenes en el contexto de la represión de las protestas. Para mantener esta situación, han construido una maquinaria de negación y encubrimiento estatal que se pone en marcha en cuanto surgen denuncias de homicidios ilícitos o tortura. Todo ello se ve reforzado después por una judicatura estructurada para colaborar en el silenciamiento de la disidencia y para proteger de la justicia a los altos cargos responsables.

En el ámbito constitucional, el sistema de justicia adolece de una falta total de independencia e imparcialidad, ya que su aparato está bajo el control del líder supremo y comandante en jefe. En el ámbito legislativo, las leyes represivas facilitan aún más las violaciones de derechos humanos: tipifican como delito el ejercicio de derechos, autorizan el uso de armas de fuego para dispersar protestas, eximen a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal por los homicidios ilícitos derivados de dicho uso de la fuerza y otorgan competencia a los tribunales militares.

Esta situación ha propiciado la repetición de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos que continúan hoy en día. Las investigaciones de Amnistía Internacional han concluido que el sistema de justicia penal de Irán carece tanto de voluntad como de capacidad para hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

¿Cuáles son las vías hacia la justicia y la rendición de cuentas en el ámbito internacional? 

Dado que, en la práctica, la justicia y la rendición de cuentas están fuera de alcance en el ámbito interno, un enfoque eficaz de la justicia internacional exige respuestas internacionales contundentes. Estas respuestas deben incluir:

• la remisión de la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por parte del Consejo de Seguridad de la ONU;
• la creación de un mecanismo de justicia penal internacional a través de la Asamblea General de la ONU, destinado a procesar a las personas más implicadas en crímenes de lesa humanidad en Irán;
• la apertura de investigaciones penales coordinadas de ámbito nacional, basadas en la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial, contra altos cargos iraníes presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de derecho internacional, incluidos los mencionados en este informe.

¿Cómo puedes ayudar? 

Las personas sobrevivientes y los familiares de las víctimas de los reiterados homicidios masivos de manifestantes en Irán merecen justicia. La impunidad por esos crímenes sigue envalentonando a las autoridades iraníes para que cometan nuevas atrocidades contra la población de Irán.

Estamos recogiendo firmas para una petición en la que se reclama la creación de un mecanismo de justicia penal internacional para los crímenes de lesa humanidad cometidos en Irán. En conjunto, podemos lanzar un llamamiento tan potente que la comunidad internacional no pueda mirar hacia otro lado.