Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de la justicia guatemalteca de cerrar el proceso penal en contra de cuatro autoridades indígenas acusadas de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, obstrucción a la justicia, sedición y obstaculización de la acción penal, tras su participación en las protestas pacíficas del paro nacional de octubre de 2023.
Esta resolución beneficia a Luis Pacheco, Héctor Chacán y Basilio Puac de los 48 cantones de Totonicapán, y Esteban Toc, de la alcaldía indígena de Sololá, quienes fueron objeto de un proceso penal infundado en represalias por sus acciones en defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho.
“Este proceso infundado y todas las violaciones a derechos humanos que derivaron de él nunca debieron existir. Luis Pacheco y Héctor Chaclán jamás debieron estar en la cárcel. Esta resolución es un primer paso hacia el cese de las arbitrariedades en su contra” dijo Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán jamás debieron estar en la cárcel. Esta resolución es un primer paso hacia el cese de las arbitrariedades en su contra.”
Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
En mayo de 2026, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que permanecieron más de 15 meses en detención preventiva, injustamente separados de sus familias y comunidades. Además, la organización también alertó sobre el uso indebido de delitos penales que buscaba castigar las formas de organización de los Pueblos Indígenas y disuadirles de hacer uso de su derecho de protesta pacífica y libertad de expresión, en violación de los estándares internacionales de derechos humanos.
«La criminalización de autoridades indígenas por su participación en manifestaciones pacíficas no solo afecta a las personas acusadas, sino que ponen en riesgo las formas de organización comunitaria y los sistemas de representación de los pueblos indígenas en Guatemala. Exhortamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar que ninguna persona vuelva a ser sometida a procesos penales arbitrarios por ejercer pacíficamente sus derechos”, agregó Astrid Valencia.
La criminalización de autoridades indígenas por su participación en manifestaciones pacíficas no solo afecta a las personas acusadas, sino que ponen en riesgo las formas de organización comunitaria y los sistemas de representación de los pueblos indígenas en Guatemala.”
Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Finalmente, llamamos a las autoridades a asegurar que Luis, Héctor, Basilio y Esteban reciban una reparación integral por los daños causados contra ellos, sus familias y comunidades, garantizando, entre otras cosas, que los sospechosos de ser responsables del uso indebido de la justicia penal para hostigarles sean investigados y enjuiciados
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