Las autoridades de Argelia deben abandonar de inmediato cualquier plan de ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte o de reanudar las ejecuciones tras más de tres decenios sin llevar a cabo ninguna; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando el gobierno examina las enmiendas al Código Penal que ampliarían el uso de la pena capital. La organización pide a las autoridades argelinas que declaren inmediatamente una suspensión oficial como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte. Asimismo pide a las autoridades que adopten una respuesta centrada en los derechos humanos frente a los devastadores incendios forestales en fechas recientes, entre otras cosas garantizando investigaciones eficaces sobre todos los factores que llevaron a la trágica pérdida de vidas así como rendición de cuentas sin recurrir a la pena capital.
El 30 de agosto, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, dio instrucciones al ministro de Justicia de reformar el Código Penal antes del 15 de septiembre para “reintroducir” la pena de muerte por provocar o instigar incendios de forma intencionada. Recalcó que toda persona condenada a muerte sería ejecutada en cuanto hubiera agotado todas las vías de apelación. La directiva venía precedida de varios incendios forestales letales desatados entre el 26 y el 30 de agosto, que arrasaron pueblos enteros de la región de la Cabilia y otras zonas del noreste de Argelia. El 6 de septiembre, el gobierno empezó a examinar las propuestas de reforma del Código Penal y el presidente indicó que, además, se introduciría la pena capital para “secuestradores y abusadores infantiles”.
“La destrucción y pérdida de vidas causada por estos incendios es una tragedia terrible y debería impulsar a las autoridades argelinas a adoptar medidas inmediatas centradas tanto en la prevención como en la rendición de cuentas. Pero desandar los más de 30 años sin ejecuciones es una respuesta profundamente regresiva que es contraria al respeto del derecho a la vida”, ha afirmado Nadege Lahmar, investigadora sobre Argelia.
“Además, es incompatible con las obligaciones internacionales de Argelia en materia de derechos humanos, y con su apoyo sistemático a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en favor de una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.”
Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el máximo exponente de castigo cruel, inhumano y degradante, que carece de un efecto disuasorio especial sobre el delito y perpetúa un círculo vicioso de violencia.
Además de basarse en investigaciones anteriores sobre juicios de motivación política en Argelia, Amnistía Internacional examinó declaraciones públicas del gobierno argelino así como informes publicados en medios de comunicación desde que se desataron los incendios, y analizó las disposiciones jurídicas relativas al incendio provocado. El 7 de septiembre, Amnistía Internacional expuso sus preocupaciones y recomendaciones a las autoridades argelinas. En el momento de redactarse este comunicado no se había recibido respuesta.
Los incendios forestales no deben utilizarse para justificar la represión
El gobierno argelino no ha compartido datos exhaustivos sobre el número de personas muertas y heridas a causa de los incendios. Los datos oficiales del gobierno a fecha de 26 de agosto documentaban 12 muertes y 54 hospitalizaciones pero, desde entonces, fuentes fiables han informado de un número de víctimas notablemente superior, con más de 70 muertes en un solo municipio. En julio, seis personas perdieron la vida en distintos incendios también en el noreste del país. Aunque las autoridades vincularon los incendios de julio a una grave ola de calor y anteriormente habían calificado los incendios forestales de grave riesgo y problema estructural agravado por el cambio climático, el presidente de Argelia señaló en agosto la responsabilidad de elementos criminales que “pretenden debilitar Argelia y socavar su unidad”.
Entre el 26 de julio y el 10 de septiembre, las autoridades anunciaron que había 20 personas detenidas en espera de investigación por incendio provocado y “subversión”, cargo relacionado con terrorismo que acarrea la pena de muerte preceptiva. Según afirmaron, entre las personas detenidas había un simpatizante del Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK), grupo de oposición política que las autoridades argelinas calificaban de “terrorista”.
Las autoridades argelinas ya han utilizado los incendios forestales en ocasiones anteriores para justificar la represión y recurrir a la pena capital. Tras los incendios descontrolados del noreste de Argelia en 2021, que acabaron con la vida de al menos 90 personas, las autoridades culparon a grupos de oposición política, principalmente al MAK, y procesaron a decenas de personas por terrorismo y otros delitos graves. En noviembre de 2022, un tribunal declaró culpable y condenó a muerte a 56 personas en un juicio colectivo empañado por graves violaciones del derecho a un juicio justo y por denuncias de tortura que no se investigaron; al menos 10 de ellas fueron condenadas a muerte por su filiación política. Posteriormente, el Tribunal Supremo ordenó un nuevo juicio, que comenzó el 1 de marzo de 2026.
Los tribunales también han utilizado cargos de motivación política relacionados con terrorismo que acarrean la pena de muerte para enjuiciar a activistas pacíficos en al menos otros dos casos no relacionados con los incendios forestales desde 2021. Este historial hace que la propuesta de ampliar la pena de muerte sea aún más alarmante.
Urge una respuesta centrada en los derechos humanos
Argelia se enfrenta a incendios forestales cada vez más frecuentes y graves en el contexto del calentamiento global debido al cambio climático; ante esa realidad, las autoridades deberían centrarse en proteger vidas, reforzar la prevención y la respuesta de emergencia —lo que incluye abordar las causas originarias de las catástrofes agravadas por el cambio climático— y garantizar investigaciones verosímiles y rendición de cuentas.
“La rendición de cuentas por la terrible pérdida de vidas causada por los incendios descontrolados no puede reducirse a perseguir a los presuntos autores de incendios provocados. Las autoridades deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre todos los factores que causaron o contribuyeron a causar los incendios y la pérdida de vidas, incluidos los fallos que puedan haber cometido autoridades públicas y las deficiencias en materia de prevención, preparación y respuesta de emergencia”, ha dicho Nadege Lahmar.
“Las conclusiones deben hacerse públicas y, si existen pruebas suficientes de responsabilidad penal, se debe procesar a los responsables en actuaciones justas que excluyan la pena de muerte. Sobrevivientes y familiares, además, tienen derecho a obtener información oportuna, accesible y precisa sobre las personas desaparecidas o fallecidas.”
Información complementaria
Según la legislación argelina actual, el incendio provocado conlleva penas de entre tres años y cadena perpetua, y la pena capital si causa muertes. Aunque Argelia no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1993, los tribunales siguen dictando condenas de muerte, sobre todo por asesinato. En julio de 2025, las autoridades ya ampliaron el ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir varios delitos relacionados con drogas.
Argelia es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que restringe el uso de la pena capital a los “más graves delitos”, que son los delitos que conllevan homicidio intencional, y establece su abolición como un objetivo en los países que aún mantienen este castigo cruel. En línea con el artículo 6 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos afirmó que “los Estados partes no pueden transformar en un delito castigado con la pena capital aquel que, en el momento de la ratificación del Pacto o en cualquier momento posterior, no fuera punible con la pena de muerte” ni debe aumentar su aplicación. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.