La ejecución pública de dos manifestantes hoy, que sucede a la ejecución arbitraria de al menos otros tres manifestantes la semana pasada, marca una nueva escalada en el uso de la pena de muerte por las autoridades para aplastar la disidencia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La organización sospecha que al menos 60 más, incluidas tres personas arrestadas cuando eran menores de edad, continúan en peligro de ejecución tras haber sido condenadas a muerte, y que muchas más se enfrentan a enjuiciamiento por cargos de pena de muerte en relación con las protestas.
En la primera mitad de 2026, las autoridades iraníes han recurrido cada vez más al uso de cargos de seguridad nacional de amplia definición, como espionaje y colaboración con Estados hostiles, para declarar culpables y condenar a muerte a personas arrestadas en el contexto de las protestas de enero de 2026. Desde principios de año han ejecutado arbitrariamente a al menos 26 personas declaradas culpables de delitos en relación con las protestas de enero de 2026, después de juicios manifiestamente injustos y empañados por tortura ante tribunales revolucionarios. Además de las personas perseguidas en el contexto de las protestas, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a otras 26 como mínimo por cargos de motivación política, y continúan llevando a cabo cientos de ejecuciones por delitos relacionados con drogas y de otra índole.
Las autoridades iraníes han desatado una ola terrorífica de ejecuciones y condenas de muerte para castigar y reprimir la disidencia, y así proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en pleno ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes.
Heba Morayef, Amnistía Internacional
“Las autoridades iraníes han desatado una ola terrorífica de ejecuciones y condenas de muerte para castigar y reprimir la disidencia, y así proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en pleno ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La titubeante reacción de la comunidad internacional anima a las autoridades iraníes a continuar con sus ataques letales. Los Estados miembros de la ONU deben adoptar medidas diplomáticas urgentes y coordinadas para presionar a las autoridades iraníes a fin de que se abstengan de llevar a cabo más ejecuciones. Deben situar la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyar la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.”
Amnistía Internacional ha hablado con 10 fuentes informadas, incluidos familiares de víctimas fuera de irán y profesionales de la abogacía dentro de Irán. La organización también ha examinado declaraciones oficiales de las autoridades iraníes, así como informes de medios de comunicación estatales y de organizaciones de derechos humanos radicadas fuera de Irán.
En los casos documentados, personas ejecutadas arbitrariamente o condenadas a muerte fueron declaradas culpables de los cargos excesivamente generales e imprecisos de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). Entre ellas hay personas ejecutadas por presunta participación en incendio premeditado, daños a la propiedad, bloqueo de carreteras o alteración del orden público, actos que no alcanzan el umbral necesario para la aplicación de la pena de muerte según el derecho y las normas internacionales, que restringen su uso a los “más graves delitos” que implican homicidio intencional.
Otras han sido enjuiciadas en aplicación de la Ley para Intensificar la Pena por Espionaje y Colaboración con el Régimen Sionista y Estados Hostiles contra la Seguridad y los Intereses Nacionales (Ley de Espionaje), promulgada tras la guerra de los 12 días en junio de 2025. La ley penaliza actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como la participación pacífica en protestas y la difusión de información a organizaciones de medios de comunicación.
Dado que miles de manifestantes fueron arrestados en el contexto de las protestas de enero de 2026 y que los familiares a menudo se abstienen de denunciar públicamente las condenas de muerte por miedo a represalias, Amnistía Internacional cree que muchos más corren peligro de ser condenados de muerte.
Ejecuciones arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026
Desde que Israel y Estados Unidos atacaron ilegalmente a Irán el 28 de febrero de 2026, las autoridades iraníes han intensificado su uso de la pena de muerte contra personas arrestadas en el contexto del levantamiento de enero de 2026.
El 28 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente y en público a Amir Hossein Safari y a Abolfazl Sepahi. Ambos fueron arrestados durante las protestas en Isfahán el 8 de enero de 2026 y condenados a muerte tras un juicio colectivo manifiestamente injusto con decenas de personas acusadas. El juicio colectivo se refería al homicidio de cuatro agentes de policía durante las protestas de la plaza Alikhani (Isfahán) y a denuncias según las cuales los acusados poseían armas y habían incendiado edificios y causado daños en bienes públicos. Días antes, el 19 de julio, otros dos manifestantes procesados en la misma causa, Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi, fueron ejecutados arbitrariamente. La agencia de noticias Mizan informó de que sus “confesiones” bajo custodia habían servido para declararlos culpables.
Otros ocho individuos condenados a muerte en la misma causa corren peligro inminente de ejecución. Se trata de Ali Dashti, Alireza Raisi, Abolfazl Ebrahimi, Alireza Sepahi, Amirhossein Ebrahimi, Amirhossein Maleki, Ghaem Hosseini y Shervin Bagherian. Una fuente informada contó a Amnistía Internacional que uno de los jóvenes —Shervin Bagherian— había sufrido desaparición forzada durante 21 días así como tortura y otros malos tratos, incluidas palizas. Su “confesión” forzada fue difundida en un vídeo propagandístico el 25 de enero de 2026, antes del juicio, y se le negó el derecho a asistencia letrada durante toda la fase de investigación.
Mehdi Khaneki, Mohammad Amini Dehaghani, Javad Zamani, Abolfazl Saedi, Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia están entre las personas ejecutadas arbitrariamente tras ser declaradas culpables de delitos que no conllevaban “homicidio intencional”, en contravención del derecho y las normas internacionales.
La agencia de noticias Mizan de la judicatura anunció la ejecución de Mehdi Khaneki en Karaj (provincia de Alborz) el 22 de julio de 2026. Según informó, Khaneki había sido condenado a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje tras ser declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho bajo custodia. Las autoridades lo habían acusado de vinculación a un grupo de oposición prohibido, posesión de armas y explosivos, y “acciones operativas” en nombre de Israel, Estados Unidos y “grupos hostiles”.
El 15 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Mohammad Amini Dehaghani después de que un tribunal revolucionario de la provincia de Isfahán lo declarara culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en relación con las protestas en la ciudad de Isfahán el 9 de enero de 2026. Según la agencia de noticias Mizan, también fue declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho cuando estaba detenido. La agencia afirmaba que las condenas de muerte se basaron en múltiples actos, entre ellos “perturbar la opinión pública”, “intentar establecer contacto con cuentas online asociadas a grupos contrarrevolucionarios”, bloquear carreteras y causar daños en bienes públicos.
El 16 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Javad Zamani y a Abolfazl Saedi tras sendos fallos condenatorios por “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) mediante “ alteración del orden público”, “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional” e incendio premeditado en relación con las protestas en Shahrud (provincia de Semnán). La judicatura difundió sus “confesiones” forzadas el día de sus ejecuciones.
Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia, de la minoría kurda oprimida de Irán, fueron ejecutados arbitrariamente y en secreto el 1 de junio de 2026 en la provincia de Alborz, sin previa notificación a familiares ni abogados. La Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán los condenó a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por incendiar una mezquita y un seminario en Teherán. Según la agencia de noticias Mizan, fueron declarados culpables y condenados a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje, y las “confesiones” que hicieron bajo custodia —difundidas en la televisión estatal antes de su juicio, lo que constituye una violación de su derecho a la presunción de inocencia— se utilizaron para declararlos culpables. Arman Marefati, acusado junto a ellos, corre peligro inminente de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar en Karaj (provincia de Alborz).
Jueces y medios de comunicación estatales han calificado reiteradamente a los manifestantes ejecutados de “soldados de infantería enemigos”, “asesinos armados con espadas vinculados al Mosad” y “agentes enemigos disfrazados de manifestantes”.
Aumento de las condenas de muerte arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026
Desde que se restableció el acceso a Internet en Irán el 26 de mayo de 2026, tras un apagón nacional que duró tres meses, Amnistía Internacional ha documentado una escalada del uso de la pena de muerte en relación con las protestas de enero de 2026. Desde entonces se han recibido informes de al menos 15 condenas de muerte dictadas por tribunales revolucionarios y 13 condenas de muerte confirmadas por el Tribunal Supremo en las provincias de Alborz, Isfahán, Fars, Hamedán, Qazvin, Markazi, Semnán, Teherán y Yazd.
Amnistía Internacional cree que el número real de condenas de muerte vinculadas a las protestas de enero de 2026 es muy superior. Según Iran Human Rights, organización de derechos humanos con sede fuera de Irán, sólo en una prisión de la provincia de Isfahán han sido condenadas a muerte más de 70 personas arrestadas en relación con las protestas de enero de 2026.
Este aumento del uso de la pena capital llega en plena proliferación de declaraciones oficiales e informes publicados en medios de comunicación estatales que califican sistemáticamente las protestas de enero de 2026 de “conspiración terrorista sionista-estadounidense” o de “golpe de Estado”. Además, altos cargos judiciales y otras autoridades siguen comprometiéndose públicamente a acelerar los procesamientos y amenazan con la imposición de duras penas a manifestantes.
Amnistía Internacional ha documentado casos de manifestantes condenados a muerte tras juicios manifiestamente injustos y procedimientos a puerta cerrada caracterizados por desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, negación del acceso a representación letrada durante la fase de instrucción, negación del derecho a un abogado de su elección en el juicio y uso de “confesiones” forzadas, que atentan contra el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a recibir protección frente a la tortura y otros malos tratos, el derecho a no inculparse y el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. El Tribunal Supremo, además, ha ratificado condenas de muerte sin una revisión significativa, privando a las personas acusadas de su derecho a un recurso justo y efectivo.
Las autoridades han generado también un clima de miedo al recurrir cada vez más a la Ley de Espionaje, que penaliza actividades pacíficas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como difundir información sobre protestas y violaciones de derechos humanos a medios de comunicación extranjeros, si las autoridades consideran esas actividades contrarias a la seguridad nacional e impone la pena de muerte por actos definidos como “actividad de inteligencia” o espionaje en nombre de Israel, Estados Unidos u otro Estado o grupo calificado de “hostil”.
En otra escalada de la represión, el Ministerio de Inteligencia publicó el 14 de julio de 2026 una lista con más de 400 personas y entidades, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes radicados fuera de Irán, a las que califica de “hostiles” según la Ley de Espionaje. Quien esté en Irán y se comunique con los individuos o entidades incluidos en la lista se arriesga a su procesamiento y posible condena a muerte si las autoridades califican sus actos de “actividad de inteligencia” o espionaje.
Entre las personas en peligro de ejecución está el atleta de artes marciales Benyamin Naghdi, arrestado durante las protestas en Shiraz (provincia de Fars) el 3 de enero de 2026 y acusado de accionar un extintor contra las fuerzas de seguridad. Estuvo más de 50 días sometido a desaparición forzada y su “confesión” forzada fue emitida en la televisión estatal al día siguiente del arresto y antes del juicio. Según la información recopilada por Amnistía Internacional, la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Shiraz lo condenó a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en mayo de 2026 tras un juicio manifiestamente injusto, aunque Naghdi no fue informado de su condena hasta julio de 2026.
Peyman Ganji también corre peligro de ejecución. Las fuerzas de seguridad lo arrestaron en Teherán a principios de febrero de 2026. La Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo condenó a muerte en mayo de 2026, y la sentencia se le notificó formalmente el 26 de julio. Fue declarado culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) en relación con su presunta implicación en el incendio de una mezquita y la fabricación de cócteles Molotov, acusaciones que él negó rotundamente. Según una fuente informada, “confesó” bajo tortura y otros malos tratos y se retractó de su “confesión” en el juicio.
Ni Peyman Ganji ni Benyamin Naghdi se enfrentan a acusaciones de implicación en muertes de miembros de las fuerzas de seguridad.
Al menos tres individuos —Erfan Amiri, Mansour Jafari y Matin Mohammadi— que eran menores de edad en el momento de los presuntos delitos también corren peligro de ejecución. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente imponer la pena de muerte a personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del presunto delito.
Las autoridades iraníes deben suspender de inmediato todas las ejecuciones previstas y declarar una suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena de muerte.
Información complementaria
La respuesta de las autoridades iraníes ante las protestas que estallaron en todo el país el 28 de diciembre de 2025 fue una campaña de represión militarizada sin precedentes. Utilizando ilegalmente armas de fuego y otros medios letales a escala masiva, mataron a miles de manifestantes y transeúntes los días 8 y 9 de enero de 2026 y arrestaron a decenas de miles. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el Estado iraní intensificó la represión interna con el pretexto de las “condiciones de guerra” y ejecutó a al menos 52 personas, entre las que había manifestantes y disidentes, por cargos de motivación política.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Esta pena viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.