Líbano: La abolición de la pena de muerte, triunfo histórico que reafirma la justicia, debe fundamentarse en los derechos humanos

Ante la noticia de que el Parlamento de Líbano ha aprobado una ley que establece la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado:

“La decisión de Líbano de abolir la pena de muerte marca un hito importante y una gran victoria para los derechos humanos en el país. La justicia debe fundamentarse en los derechos humanos, no en un castigo cruel e irreversible. Después de más de dos decenios sin ejecuciones, el paso dado hoy transforma un precario paréntesis en las ejecuciones en una protección jurídica duradera que defiende el derecho a la vida y pone a Líbano en consonancia con la tendencia mundial hacia la abolición.

La justicia debe fundamentarse en los derechos humanos, no en un castigo cruel e irreversible.

Heba Morayef, Amnistía Internacional

La aprobación de esta ley da testimonio de la incansable labor de incidencia realizada durante décadas por defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de derechos humanos de Líbano, y del liderazgo de autoridades clave que han reconocido que la pena capital es un castigo cruel e inhumano, que a menudo se impone tras juicios injustos en los que la carga de la prueba suele recaer en los más desfavorecidos.

Ahora, para llevar esta ley del papel a la práctica, las autoridades libanesas deben garantizar la conmutación de todas las condenas de muerte y ratificar los tratados internacionales clave relativos a la abolición, y al mismo tiempo impulsar reformas más amplias para fortalecer un sistema de justicia basado en la dignidad, la imparcialidad y el respeto de los derechos humanos. Las autoridades deben acompañar esta ley de una reforma legislativa más amplia, que incluya garantías de que toda sanción en el ámbito de la justicia penal es compatible con los principios de derechos humanos.”

Información complementaria

El 11 de agosto, el Parlamento libanés aprobó una ley que declara abolida la pena de muerte y establece la cadena perpetua con trabajos forzados como condena alternativa.

Líbano no ha llevado a cabo ejecuciones desde el 17 de enero de 2004. A fecha de enero de 2026 había 85 personas condenadas a muerte en el país, según la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia. La adopción de esta ley sucede a los esfuerzos sostenidos de la sociedad civil libanesa e internacional. En la vanguardia de las iniciativas de incidencia han estado la Asociación Libanesa por los Derechos Civiles (LACR), la Campaña Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte en Líbano y la Asociación Justicia y Clemencia (AJEM).

El 7 de octubre de 2025, siete miembros del Parlamento presentaron el anteproyecto de ley ante la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos. Tras recabar la opinión del gobierno, el Consejo de Ministros emitió un dictamen favorable el 20 de noviembre de 2025. El anteproyecto de ley fue aprobado primero por la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos el 23 de febrero de 2026 y después por la Comisión Parlamentaria de Justicia y la Comisión Mixta los días 2 de junio y 9 de julio, respectivamente, antes de su aprobación en sesión plenaria del Parlamento el 11 de agosto. La ley se remitirá al presidente para su firma definitiva y se publicará en el Boletín Oficial antes de su entrada en vigor.

Para que la abolición de la pena de muerte sea irreversible en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades libanesas deben ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado. Cuando la ley entre en vigor, Líbano será el 114 país del mundo que ha abolido la pena de muerte para todos los delitos. Un total de 145 países son abolicionistas de esta pena en la legislación o en la práctica, mientras que 54 la mantienen.