Desde que comenzaron los ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, las autoridades iraníes han ejecutado arbitrariamente a al menos 36 personas que fueron declaradas culpables de cargos de motivación política tras juicios manifiestamente injustos y condenadas a muerte. Al menos 78 manifestantes, disidentes y otras personas con vínculos reales o percibidos a grupos de oposición prohibidos han sido condenadas a muerte y corren peligro de ejecución. De ellas, 41 fueron arrestadas en relación con las protestas de enero de 2026, de las cuales al menos cinco eran menores de edad en el momento del presunto delito.
