“La campaña intensificada de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) afecta a mucho más allá de los miembros de la judicatura y de la fiscalía, y de los grupos de derechos humanos a los que ha sancionado: desalienta la colaboración de la sociedad civil con la Corte y menoscaba el acceso de las víctimas a la justicia”, han declarado hoy Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y otras 36 organizaciones de la sociedad civil.
No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que el presidente Trump destruya el Estatuto de Roma.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
El 23 de septiembre de 2026, 38 grupos de la sociedad civil presentaron un informe de amicus curiae (amigo de la corte) conjunto ante la Corte Federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York en apoyo de una demanda formulada por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto para una Sociedad Abierta que cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas en virtud de la orden ejecutiva 14203. Estas sanciones afectan a miembros del ministerio público y de la judicatura de la CPI, a una experta en derechos humanos de la ONU y a tres grupos palestinos de derechos humanos.
“Detrás de cada organización de la sociedad civil a la que se silencia o expulsa de la CPI están las víctimas y sobrevivientes que esperan que se haga justicia. Estas sanciones afectan a las redes de personas y organizaciones que apoyan a las víctimas que llevan sus historias y pruebas ante la Corte, y siembran el temor mucho más allá de quienes son su blanco directo”, dijo Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.
“Para las víctimas a quienes la justicia ya ha dado la espalda en su país, cerrar estas vías puede significar perder una de sus últimas oportunidades de que se rindan cuentas”.
“Cuando la administración Trump intensifica sus ataques contra la CPI y las organizaciones de la sociedad civil esenciales para su labor, es crucial demostrar a la Corte Federal estadounidense que las sanciones perjudican a la sociedad civil global, a víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional, y al propio concepto de justicia internacional”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que el presidente Trump destruya el Estatuto de Roma. El gran número de organizaciones de la sociedad civil que presentan este informe demuestra la resiliencia y la determinación de la sociedad civil para oponerse a las sanciones de Estados Unidos y proteger la CPI”.
El informe de las organizaciones de la sociedad civil expone dos argumentos fundamentales. En primer lugar, las sanciones están fracturando las redes de la sociedad civil que son esenciales para el funcionamiento de la CPI. Las organizaciones de la sociedad civil y quienes defienden los derechos humanos —profesionales del derecho, representantes de víctimas, y defensores y defensoras de sobrevivientes— llevan a cabo un gran abanico de actividades de las que depende la Corte: conectan a víctimas y testigos con la Corte; documentan crímenes atroces; apoyan la participación de víctimas y que se las indemnice; aportan conocimientos especializados fundamentales en materia jurídica, contextual y cultural, y promueven la cooperación de los Estados y las investigaciones y enjuiciamientos en el ámbito nacional, sobre todo en países afectados a los que la Corte tiene acceso limitado.
Es crucial demostrar a la Corte Federal estadounidense que las sanciones están perjudicando el propio concepto de justicia internacional.
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
En segundo lugar, imponiendo y amenazando con penas draconianas de índole económica y legal a organizaciones de la sociedad civil y a actores individuales, la orden ejecutiva 14203 viola sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, y ha dañado gravemente la colaboración y la infraestructura de las que depende el sistema internacional de justicia. La orden ejecutiva 14203 ya ha hecho que las entidades designadas pierdan financiación, personal, acceso al sistema bancario y a alianzas; ha disuadido a organizaciones de la sociedad civil de relacionarse con la Corte, y la fracturado las relaciones entre muchas de ellas. El resultado es un daño mensurable e irreparable no solo a la sociedad civil, sino a la CPI, a la administración de la justicia penal internacional y, en última instancia, a las víctimas y sobrevivientes a las que el sistema ha de servir.
Información complementaria
Las 38 organizaciones de la sociedad civil que presentan el informe son (en orden alfabético):
1. Action for the Reform of Justice and Promotion of Human Rights (ARJPDH)
2. Amnesty International
3. Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)
4. Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)
5. Baltasar Garzón International Foundation (FIBGAR)
6. Center for Development of International Law (CDIL)
7. Center for Justice and Accountability (CJA)
8. Centre marocain pour la loi et la paix
9. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
10. Chinese Initiative on International Law (CIIL)
11. Clinique de droit international pénal et humanitaire, Faculté de droit, Université Laval (CDIPH)
12. COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding-Nigeria
13. Croatian Helsinki Committee for Human Rights
14. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
15. European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
16. Global Justice Center
17. Human Rights Now
18. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
19. Indonesian Legal Aid Association for Women (APIK)
20. International Federation for Human Rights (FIDH)
21. International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net)
22. Just Access
23. Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)
24. Lawyers’ Rights Watch Canada
25. Libya Crimes Watch (LCW)
26. No Peace Without Justice
27. The Nuhanovic Foundation
28. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
29. Platform for Peace and Humanity
30. Refugees in Libya
31. Rights for Peace
32. Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
33. StoptheDrugWar.org
34. Students for Global Democracy Uganda
35. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
36. Women’s Initiatives for Gender Justice
37. World Organisation Against Torture (OMCT)
38. World Without Genocide
El informe de amicus curiae contó con la inestimable ayuda de la secretaría de la Coalición por la Corte Penal Internacional, cuyo informe sobre las sanciones estadounidenses Criminalising Accountability: The US lawfare against the international justice system sirvió de referencia clave.
Las organizaciones (amici) fueron representadas por Mascarenhas Law PLLC.