Ante nuevas revelaciones sobre la presunta participación de Estados Unidos en los ataques contra de embarcaciones ecuatorianas, incluyendo la embarcación Fiorella, de la cual aún se desconoce el paradero de ocho de sus tripulantes, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“El papel de Estados Unidos en este ataque es cada día más difícil de negar. Las autoridades estadounidenses deben investigar imparcialmente el suceso y, de existir pruebas suficientes y admisibles, establecer las responsabilidades penales del caso. No debe olvidarse que ocho familias llevan casi siete meses esperando saber qué ocurrió con sus seres queridos”.
El papel de Estados Unidos en este ataque es cada día más difícil de negar. Las autoridades estadounidenses deben investigar imparcialmente el suceso y, de existir pruebas suficientes y admisibles, establecer las responsabilidades penales del caso”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
El pasado 12 de agosto, el diario The New York Times publicó una investigación que develó que un avión de patrullaje marítimo, con pilotos angloparlantes y con base en una instalación militar en El Salvador, voló y siguió a la embarcación Fiorella por cuatro días, incluyendo el 20 de enero, día que desapareció. De acuerdo con el diario, dicho avión no forma parte de la flota estatal de Estados Unidos, sino que se encontraba registrado con una empresa privada en el estado de Virginia, sugiriendo una posible colaboración entre entidades privadas y las autoridades estadounidenses en el ataque.
Un día después, el 13 de agosto, el diario The Washington Post publicó un reportaje alegando que el ataque contra el Fiorella habría sido perpetrado como parte de un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), con supuesta aprobación directa del presidente de los Estados Unidos.
En julio, Amnistía Internacional reconstruyó la trayectoria del Fiorella utilizado datos de VMS (Vessel Monitoring System), con los cuales corroboró que la embarcación zarpó del puerto de Jaramijó el 13 de enero y emitió su última señal el 20 de enero, en aguas internacionales entre la costa ecuatoriana y las Islas Galápagos. Desde entonces, ocho de sus diez tripulantes permanecen desaparecidos.
“El Congreso de Estados Unidos debe continuar impulsando investigaciones legislativas sobre este incidente, y tomar en cuenta la posible participación de agencias estatales en colaboración con entidades privadas, dada la nueva evidencia disponible. Asimismo, debe continuar exigiendo rendición de cuentas y transparencia frente a todos los ataques a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en el último año, que se han llevado a cabo como parte de la política antidrogas del presidente Trump. Las violaciones de derechos humanos cometidas como parte de estos ataques, incluyendo más de 200 posibles ejecuciones extrajudiciales, no pueden quedar en la impunidad”, declaró Piquer.
“El Congreso de Estados Unidos debe continuar impulsando investigaciones legislativas sobre este incidente, y tomar en cuenta la posible participación de agencias estatales en colaboración con entidades privadas, dada la nueva evidencia disponible”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
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