Las ejecuciones sumarias de al menos 19 soldados malienses perpetradas por miembros de grupos armados en Tabrichat, un pueblo de la región de Gao (centro de Malí) deben ser investigadas como crímenes de guerra, ha afirmado Amnistía Internacional tras analizar imágenes de vídeo del incidente, que tuvo lugar el 18 de julio tras caer los soldados en una emboscada.
Amnistía Internacional analizó 12 vídeos publicados en redes sociales que ayudaron a reconstruir el incidente. En tres de ellos, un grupo de al menos 19 soldados malienses camina por el desierto con las manos tras la cabeza, en clara señal de rendición. En otro se ve a cinco hombres armados disparando sobre un grupo de hombres tendidos en el suelo. En un vídeo aparecen primeros planos de los cadáveres de los hombres que habían sido grabados rindiéndose momentos antes. Los vídeos muestran también cómo los hombres armados someten a los prisioneros a golpes y malos tratos.
“En las imágenes que ha examinado Amnistía Internacional, queda claro que los soldados estaban “fuera de combate” (habían dejado de participar activamente en las actividades bélicas) antes de que los maltrataran y acabaran con su vida a sangre fría. El derecho internacional humanitario establece que cualquier persona que esté fuera de combate, incluidos los soldados que se han rendido o han sido hechos prisioneros, debe ser protegida. La evidencia de que se han cometido crímenes de guerra es irrefutable”, manifestó Ousmane Diallo, investigador sobre el Sahel de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
Terribles imágenes circulando en redes
En dos vídeos se veían banderas blancas en la parte delantera de los vehículos de los atacantes, características del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés).
Se publicaron 17 vídeos en cuentas de X y en un canal de Telegram relacionado con la empresa militar privada rusa Wagner Group, activa en Malí entre 2022 y junio de 2025.
En una declaración efectuada el 18 de julio, el Frente de Liberación de Azawad (FLA) reivindicó la autoría de la emboscada tendida en Tabrichat a soldados malienses y combatientes rusos aliados miembros del Africa Corps, y afirmó que había causado “numerosas víctimas mortales y considerables daños materiales”. El GSIM también afirmó haber tendido una emboscada a un convoy conjunto de soldados malienses y combatientes del Africa Corps ruso en la zona de Tabrichat, e hizo referencia a “víctimas mortales y graves daños materiales en las filas del enemigo”.
Es necesaria una investigación independiente e imparcial
Las ejecuciones sumarias son una grave violación del artículo 3 de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, que garantiza la protección absoluta e incondicional de cualquier persona fuera de combate (que no participa directamente en las hostilidades). Cualquier ejecución, trato cruel o ataque a su dignidad constituiría crimen de guerra por el que sus autores (incluidos los mandos) serían considerados penalmente responsables a nivel individual.
Las víctimas y supervivientes de crímenes de derecho internacional tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Ousmane Diallo, investigador sobre el Sahel de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
El 23 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que condenaba la tortura y el asesinato de soldados malienses que se habían rendido y exigía rendición de cuentas.
“El derecho internacional humanitario debe ser respetado por todas las partes en el conflicto. El FLA y el GSIM deben sancionar y retirar de sus filas a todos los sospechosos de haber cometido estas violaciones del derecho internacional humanitario. Pedimos a las autoridades malienses que lleven a cabo una investigación independiente e imparcial de estos crímenes de guerra perpetrados por el FLA y el GSIM, que reivindicaron la responsabilidad del ataque. Deben establecerse las responsabilidades, y los perpetradores deben ser castigados tras un juicio con las debidas garantías. Las víctimas y supervivientes de crímenes de derecho internacional tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha declarado Ousmane Diallo.
Información complementaria
El sábado 18 de julio de 2026, un convoy militar que se dirigía de Anéfis a Bourem cayó en una emboscada cerca de Tabrichat, pueblo del distrito de Bourem de la región de Gao, en el centro de Malí. En convoy se desplazaba por la carretera de Anéfis a Bourem cuando se produjo el ataque.
La emboscada fue realizada conjuntamente por el Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el GSIM, conocido también como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), dos grupos armados no estatales aliados desde 2025 en Malí.
En una declaración del 18 de julio, el Estado Mayor de las fuerzas armadas malienses afirmó que los ataques aéreos habían “permitido al convoy escapar de las emboscadas y continuar su camino”.
En los últimos diez años, el conflicto entre Malí y diversos grupos armados no estatales ha causado muchas muertes de civiles y miembros de las partes en el conflicto. El país está gobernado por autoridades militares desde que tuvo lugar el golpe contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta en 2020.
La Corte Penal Internacional (CPI) lleva investigando la situación en Malí desde 2013. La retirada del país del Estatuto de Roma no afectará a las investigaciones en curso y los procedimientos ante la CPI. La Corte también seguirá siendo competente en los delitos sujetos a su jurisdicción perpetrados antes de que la retirada se haga efectiva el 23 de junio de 2027.