La detención extraterritorial de migrantes y solicitantes de asilo en virtud del acuerdo firmado entre Italia y Albania está poniendo en peligro la seguridad, libertad y derechos humanos de esta población, ha afirmado Amnistía Internacional en un documento informativo publicado cuando los acontecimientos de Ceuta siguen poniendo de manifiesto los peligros de las políticas migratorias que la Unión Europea (UE) lleva años aplicando, centradas en la exclusión y la contención.
Italy: Extraterritorial migration detention and human rights obligations (Italia: La detención extraterritorial de migrantes y las obligaciones de derechos humanos) examina el acuerdo de 2023 para establecer dos centros para migrantes en Albania gestionados por las autoridades italianas, que condujo a traslado forzoso de centenares de personas que corren peligro de ser privadas de libertad, en muchos casos sin acceso a asistencia letrada. Las condiciones de reclusión y el lesivo coste humano de las políticas extraterritoriales de Italia han llevado a varias personas a autolesionarse o intentar suicidarse.
“En última instancia, la detención extraterritorial busca disuadir la migración, así como trasladar y eludir la responsabilidad de responder a ella y la obligación de proporcionar asilo a quienes lo necesitan. El acuerdo entre Italia y Albania muestra de nuevo el coste ineludible de este enfoque para los derechos humanos”, ha afirmado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“Justo antes de la entrada en vigor del acuerdo, Amnistía Internacional alertó de las consecuencias perjudiciales que inevitablemente tendría en los derechos de las personas que corrían peligro en el mar y las que se trasladaran a Albania. Es evidente que estas preocupaciones se han materializado.”
Amnistía Internacional considera que sus conclusiones deben servir de advertencia a la UE sobre los efectos calamitosos de las políticas migratorias que promueven una creciente dependencia de países fuera de sus fronteras para gestionar la migración, a costa de ampliar las rutas seguras y regulares.
Crueldad innecesaria
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, Italia llevó a cabo tres operaciones marítimas en las que, en virtud del acuerdo, trasladó forzosamente a 74 personas directamente de aguas internacionales a Albania. Tras numerosas sentencias de tribunales italianos que anularon las órdenes de detención de esas personas, Italia puso fin a los traslados a Albania desde alta mar.
No obstante, en marzo de 2025, el gobierno italiano modificó el acuerdo para permitir la detención de hombres albaneses contra los que pesaran órdenes de expulsión en Italia. De resultas de la modificación, en los últimos 15 meses se ha trasladado por la fuerza a cientos de hombres (más de 500, según los informes), predominantemente racializados, al centro de detención albanés de Gjadër.
Entre el 11 de abril y el 16 de mayo de 2025, en el centro de Gjadër se registraron 42 incidentes penitenciarios, incluidos al menos dos intentos de ahorcamiento, una protesta en la que tres personas resultaron heridas con cristales rotos y varios casos de autolesión.
El gobierno italiano ha obstruido la observación independiente de la implementación del acuerdo mediante la restricción del escrutinio parlamentario y la elusión de procesos legislativos ordinarios, entre otras acciones. Al limitar el acceso y la vigilancia de observadores independientes de derechos, lo que sucede en los centros de detención albaneses sigue estando en gran medida rodeado de secretismo.
Aunque las personas detenidas en Albania están bajo la jurisdicción italiana, su distancia física de Italia, sumada al acceso limitado a asistencia letrada, tribunales y otras salvaguardias, menoscaba considerablemente la efectividad del derecho a solicitar asilo y a acceder a la justicia.
Un abogado al que entrevistó Amnistía Internacional afirmó que no había logrado reunirse con su cliente antes de la vista ni había tenido tiempo para preparar la defensa adecuadamente. En su opinión, las actas de las audiencias judiciales de asilo, en las que constaba que las personas respondían a las preguntas con monosílabos, indicaban que habían sido intimidadas.
Las personas detenidas en Albania están traumatizadas, como es comprensible. Se las obliga a soportar una crueldad intolerable e innecesaria.
Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas
“Las personas detenidas en Albania están traumatizadas, como es comprensible. Es posible que hayan cruzado el desierto, sido detenidas y sufrido abusos en Libia, sobrevivido a la travesía marítima en embarcaciones no aptas para la navegación y, posteriormente, tras ser interceptadas por las autoridades italianas, pasado días viajando hasta Albania. A otras, trasladadas desde centros de detención en Italia, se las arranca de sus vidas; dejan atrás sus comunidades y sus redes de apoyo, y se espera de ellas que, de la noche a la mañana, lidien con un entorno nuevo, controles y trámites burocráticos, todo ello desde un lugar de aislamiento. Se las obliga a soportar una crueldad intolerable e innecesaria”, ha afirmado Eve Geddie.
Menoscabo del Estado de derecho
Los tribunales italianos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han concluido que las normas y las prácticas italianas relativas a las solicitudes de asilo presentadas por personas de países que Italia ha designado como “seguros” (base de la tramitación acelerada de las solicitudes) son incompatibles con la legislación de la UE y no ofrecen suficientes salvaguardias a las personas solicitantes.
A pesar de las reiteradas sentencias de tribunales italianos que ordenan la puesta en libertad de las personas detenidas en Albania, el gobierno italiano ha seguido adelante con la aplicación del acuerdo. Ha intentado limitar el escrutinio de los tribunales de la designación de “países seguros” recurriendo a legislación concebida para situaciones de emergencia y menoscabando el Estado de derecho sin aducir justificaciones para ello.
Las personas contra las que pesan órdenes de expulsión en Italia y que ya se encontraban detenidas allí también han sido objeto de traslados extraterritoriales ilegales, que incumplen lo dispuesto en el derecho nacional y europeo.
“Resulta más que evidente que Italia no puede aplicar el acuerdo con Albania sin incumplir sus obligaciones de derechos humanos. La realidad debe ser una llamada de atención para que la UE paralice cualquier plan futuro de ampliar el uso de la detención extraterritorial y otras herramientas de externalización”, ha afirmado Eve Geddie.
“Las autoridades italianas deben poner fin de inmediato al acuerdo con Albania, ofrecer alternativas a la detención de las personas migrantes —que, en virtud del derecho internacional, debe seguir siendo una medida de último recurso— y garantizar el acceso a procedimientos de asilo efectivos y no discriminatorios y a condiciones de acogida dignas en territorio italiano para todas las personas que buscan protección internacional. Todas las personas refugiadas y migrantes deben poder acceder a salvaguardias jurídicas efectivas y beneficiarse de una observación independiente.”
Información complementaria
El acuerdo firmado entre Italia y Albania entró en vigor el 23 de febrero de 2024 por un periodo inicial de cinco años tras el cual se renovará de forma automática. Según informes, el gobierno italiano ha destinado más de 670 millones de euros para esta operación hasta 2028.
Dado que el Ministerio del Interior italiano ha denegado reiteradamente las solicitudes de Amnistía Internacional de acceder a los centros de detención en Albania alegando motivos de seguridad y orden público, la investigación se basa en la correspondencia mantenida con ese ministerio y en el examen de documentos judiciales, información intercambiada con la red de la sociedad civil Tavolo Asilo e Immigrazione, informes de representantes del Parlamento y la Defensoría del Pueblo, entrevistas con agencias de la ONU y con dos abogados de personas detenidas en Gjadër.