Los grupos armados y las fuerzas de seguridad cometieron impunemente crímenes de derecho internacional. La policía usó fuerza excesiva contra manifestantes y otras personas. Se detuvo y recluyó arbitrariamente a activistas y altos cargos vinculados al anterior gobierno. Las autoridades no actuaron para proteger a las mujeres y niñas de la mutilación genital femenina. Se discriminó a gente en función de su supuesta condición social. El conflicto en curso y la pandemia de COVID-19 menoscabaron gravemente el derecho a la salud y a la educación.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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