Se intensificó la represión de los medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición política. Las desapariciones forzadas continuaron siendo frecuentes sin que nadie rindiera cuentas por ellas. La COVID-19 supuso nuevas dificultades para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Se detuvo a profesionales de la salud por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, y también fueron víctimas de ataques en el lugar de trabajo. Pese a la propagación de la COVID-19 en las prisiones, el Tribunal Supremo bloqueó iniciativas destinadas a atenuar el hacinamiento. Se continuó utilizando la legislación sobre la blasfemia para perseguir judicialmente a las minorías religiosas, que también fueron atacadas por agentes no estatales. La violencia contra las mujeres siguió siendo una práctica muy extendida. El primer ministro, Imran Khan, anunció una serie de alentadoras medidas para liberar a presas y penalizar la tortura cuya aplicación, sin embargo, apenas avanzó. El Ministerio de Derechos Humanos acometió reformas trascendentales sobre la pena de muerte y los abusos contra la infancia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos permaneció inactiva.
Conserva la pena de muerte en la ley
