El 3 de octubre de 2023, el gobierno paquistaní anunció su decisión de deportar a las personas refugiadas afganas no registradas y devolverlas a una situación de peligro en Afganistán, incumpliendo flagrantemente sus obligaciones internacionales, y fijó como fecha el 1 de noviembre. Desde entonces, las autoridades han deportado a personas afganas e incrementado la represión sobre las personas refugiadas afganas no registradas, lo cual ha dado lugar a arrestos arbitrarios, detenciones ilegítimas de personas refugiadas y separación de familias, incluidos menores de edad, mujeres y personas de edad avanzada.
