Se restringió la libertad de reunión, y las fuerzas de seguridad propinaron palizas a personas bajo custodia. El país aprobó una ley sobre violencia de género, pero la discriminación contra las mujeres seguía siendo generalizada. Continuaron los obstáculos para disponer de atención de la salud y acceder a ella, y se recibieron informes de degradación ambiental.
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