República del Congo

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.
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República del Congo 2023

Se prohibieron las manifestaciones organizadas por un partido político de oposición. Continuó la detención arbitraria de dirigentes de la oposición. Una triple epidemia azotó el sur del país y puso de manifiesto el mal estado de los centros sanitarios. En Vindoulou, una empresa de reciclaje de plomo prosiguió sus actividades pese a la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental. Se avanzó poco en cuanto a los derechos de las mujeres.

Información general

El Partido del Trabajo del Congo, al que pertenecía el presidente Sassou Nguesso —que llevaba 38 años en el poder—, obtuvo en agosto la mayoría absoluta de los 72 escaños en las elecciones al Senado, celebradas en un contexto económico marcado por la alta inflación. Los precios de los combustibles subieron un 25%, lo que provocó un aumento del costo de los productos básicos. En agosto se estableció una coalición contra el alto costo de la vida, compuesta por 8 ONG de derechos humanos, para protestar por las subidas del precio de los combustibles. En mayo, 3 partidos políticos de la oposición iniciaron una petición contra la presunta corrupción del gobierno. En octubre, el país fue el anfitrión de la Cumbre de las Tres Cuencas, donde se dieron cita dirigentes de las regiones del Amazonas, el Congo y Borneo-Mekong (sudeste asiático).

Libertad de reunión pacífica

El partido político opositor Movimiento Republicano convocó una manifestación el 9 de marzo para homenajear a Guy Brice Parfait Kolelas, representante principal de la oposición, fallecido durante las elecciones presidenciales de marzo de 2021. El prefecto de Brazzaville prohibió tanto esta manifestación como otra prevista para el 23 de marzo, acusó a Movimiento Republicano de socavar la cohesión social y perturbar la paz pública, y declaró que éste no disponía de pruebas documentales que justificaran su condición de partido político. Una coalición de ONG pidió a las autoridades que adoptaran una ley que requiriera simplemente notificar las manifestaciones previstas a las autoridades, sin que fuera necesario solicitar su autorización previa, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Detención arbitraria

André Okombi Salissa, candidato en las elecciones presidenciales de 2016, continuaba detenido, a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideraba arbitraria su detención y pedía su liberación inmediata, así como una indemnización por el tiempo que había pasado recluido. En 2019 había sido condenado a 20 años de trabajos forzados por “atentado contra la seguridad interna del Estado” y “posesión ilegal de armas y munición de guerra”.

Jean-Marie Michel Mokoko, otro candidato en las elecciones presidenciales de 2016, continuaba también detenido, a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideraba arbitraria su detención. En 2018 había sido condenado a 20 años de prisión por los mismos delitos de “atentado contra la seguridad interna del Estado” y “posesión ilegal de armas y munición de guerra”.

Derecho a la salud

En junio se propagó por el sur del país una epidemia de shigelosis, cólera y fiebre tifoidea. Según la OMS, hasta el 29 de agosto se habían registrado un total de 2.389 casos sospechosos, 52 de ellos mortales, entre los departamentos de Niari, Pointe-Noire, Bouenza, Kouilou y Brazzaville. Más del 90% de los casos se concentraron en Dolisie, capital del departamento de Niari.

El 26 de julio, la policía de Dolisie detuvo y recluyó al artista DSP Malakay, que había criticado la mala gestión de la epidemia por parte de las autoridades de esa localidad, en particular la falta de recursos médicos para tratar pacientes. El artista fue puesto en libertad sin cargos el 2 de agosto.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, los habitantes de Vindoulou, barrio de Pointe-Noire, iniciaron procedimientos judiciales para cerrar una planta de reciclaje de plomo situada cerca de sus hogares y de una escuela. Según la información proporcionada por la comunidad residente, se efectuaron análisis de plomo a un mínimo de 15 personas; todos ellos arrojaron niveles 10 veces superiores a los límites recomendados por la OMS. La comunidad residente denunció también la falta de una evaluación del impacto ambiental de la planta, activa desde 2013.

En abril, el Centro de Acciones para el Desarrollo (CAD) publicó un informe sobre la gestión del parque nacional de Ntokou-Pikounda. Según esta ONG, la población indígena había sufrido varios desalojos forzosos, uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria por parte de la guardia forestal.

Congo participó en la One Forest Summit (Cumbre “Un solo bosque”), celebrada en Libreville (Gabón) en marzo. Entre las recomendaciones de la cumbre se hallaban el establecimiento de un fondo de 100 millones de euros para financiar “créditos de biodiversidad” para los países que hubieran salvaguardado sus bosques y su biodiversidad, y la creación de 10 millones de puestos de trabajo en industrias ecológicas. La ONG Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo – Tierra Solidaria (CCFD-Terre Solidaire) denunció en una declaración lo que consideraba un posible “lavado de imagen verde” y destacó la ausencia de la voz de las poblaciones locales en la cumbre.

Al concluir la Cumbre de las Tres Cuencas, celebrada en octubre, los participantes se comprometieron a preservar sus bosques, a la vez que insistieron en la necesidad de que se ampliara la cooperación internacional para proteger dichos bosques.

Derechos de las mujeres

Un informe del Banco Mundial publicado en marzo, titulado La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023, acogió con satisfacción la adopción de la ley Mouebara de 2022 para combatir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en él se señalaba que las mujeres no recibían de su entidad empleadora el equivalente al salario íntegro durante la baja por maternidad, y se recomendaba reformar el Código Laboral y el Código de la Seguridad Social para poner fin a la discriminación, incluido el despido de trabajadoras por quedar embarazadas.